B.IA.LEGAL

SCP 0157/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48108-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los peticionantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de legalidad; toda vez que, el Juez demandado impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, no libró mandamiento de libertad, estando aprehendidos desde el 30 de mayo de 2022 en celdas de la FELCC, impedidos de cumplir las medidas dispuestas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del Código del Procedimiento Penal; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del Código del Procedimiento Penal
  4. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0157/2024-S1 Sucre, 28 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48108-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Blady Choquetilla Mayta en representación sin mandato de Patricia Virgenia Poma Herrera, Rubén Orlando Duran Quispe y Carmen Chávez Ochoa contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 8 a 10, los accionantes a través de su representante sin mandato, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de receptación, fueron aprehendidos a horas 05:30 del 30 de mayo de 2022, es así que, a efectos de resolver su situación jurídica se señaló audiencia para el 1 de junio del mismo año a horas 09:30; sin embargo, dicha audiencia se celebró a horas 14:30, es decir, fuera de los plazos establecidos por ley, acto procesal en el que el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso otorgarles medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ante tal determinación, solicitaron se libre mandamiento de libertad de forma inmediata para que puedan cumplir las medidas sustitutivas impuestas porque no tienen a nadie quien pueda realizar los trámites; sin embargo, la autoridad judicial sin justificación legal negó el pedido estableciendo que previamente deben presentar garantes personales, fundamentando su decisión en supuesta actividad delictiva reiterada, cuando el espíritu del art. 231 bis. III del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que no corresponde solicitar que cumplan las medidas impuestas estando privados de libertad, sino, dentro del plazo señalado. Aclara que el delito de receptación prevé una pena de 6 meses a 2 años de privación de libertad; en consecuencia, no se trata de un delito de gravedad que merezca trato diferente; por lo que desde su aprehensión se encuentran detenidos en las carceletas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Consideran lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de legalidad; citando al efecto, los arts. 15, 22, 178, 109.I, 115.II, 116.I, 119.I y II, 120.I, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que en el acto el Juez demandado otorgue mandamiento de libertad a su favor y dentro del plazo otorgado se aguarde el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas, sea con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia el 2 de junio de 2022, según acta cursante de fs. 15 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de su representante sin mandato, ratificaron el contenido de su demanda tutelar; y, ampliándola manifestaron: a) Estando aprehendidos desde las 05:30 del 30 de mayo, la imputación recién se presentó el 31 de mayo a horas 10:00 fuera de las 24 horas, los plazos no han sido controlados por la autoridad judicial, de igual manera la audiencia cautelar se celebró recién a las 14:30 cuando estaba señalada para las 09:30; b) En la audiencia virtual la autoridad judicial solicitó que la prueba sea presentada de manera física, pese a que la prueba a fin de desvirtuar los riesgos procesales de domicilio y trabajo se vieron por unos segundo en la pantalla, pero no fueron considerados por el Juez; c) En audiencia, se dispuso medidas sustitutivas como la detención domiciliaria en un domicilio que se tiene que acreditar, con salida laboral de 07:00 a 19:00, arraigo y presentación de dos garantes, por cuanto el tipo penal de receptación establece una pena de 6 meses a 2 años, lo que hace improcedente la detención preventiva, sin embargo, son tres días que se encuentran privados de su libertad en celdas de la FELCC; d) En audiencia cautelar se solicitó la aplicación del art. 231 bis.III del CPP lo que también fue reiterado en complementación y enmienda, sin embargo el juez declaro no ha lugar argumentando la actitud delictiva reiterada sin considerar la SCP 0046/2014; e) La SCP 0715/2017-S3 ratificada por la SCP 0140/2015-S3 estableció que si una persona no estaba con detención preventiva, la autoridad judicial no puede disponer su detención como una medida de presión para que el procesado acate su determinación por el contrario otorgara al imputado un plazo prudente para que haga efectiva las medidas impuestas, en el caso los accionantes antes de ser aprehendidos se encontraban en libertad y no tienen a nadie que pueda realizar los trámites para el cumplimiento de las medidas sustitutivas por lo que se pide la aplicación del principio de legalidad; y, f) La “SCP 0791/2015-S3” (sic), estableció que esta acción de libertad no requiere la aplicación del principio de subsidiariedad porque el recurso de apelación tardaría unas dos semanas.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de junio de 2022, cursante a fs. 13 y vta., señaló lo siguiente: 1) No correspondía ordenar mandamiento de libertad ya que en audiencia se dispuso la detención domiciliaria de los mismos, motivo por el cual podría haberse dispuesto mandamiento de detención domiciliaria; 2) Se dispuso la presentación de garantes personales precisamente porque los tres coimputados tiene varios procesos penales abiertos en su contra por delitos similares, por lo que se hizo uso del principio de favorabilidad toda vez que en la audiencia no se acredito de forma objetiva los elementos arraigadores del art. 234.1 del CPP; 3) Los accionantes no consideran los antecedentes policiales que tienen, tampoco la falta de elementos arraigadores y los riesgos de fuga y obstaculización, de igual forma no contemplan el cumplimiento del recurso de apelación que no ha sido agotado por lo que debe aplicarse el principio de subsidiariedad; 4) Ante la interposición del recurso de corrección, complementación y enmienda en audiencia se fundamentó como un elemento efectivo para que los accionantes no se den a la fuga o en su defecto no obstaculicen las investigaciones sustituyendo la falta de elementos arraigadores de los imputados por la simple presentación de garantes, únicamente personales que lógicamente podrán tener mejores arraigos naturales, sociales y económicos que garanticen la presencia de los imputados; y, 5) En el presente caso los tres coimputados se encontraban en calidad de aprehendidos por la comisión de un hecho presuntamente flagrante y evidentemente se les ha otorgado un plazo prudente para el cumplimiento de las medidas sustitutivas, por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 31/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 18 a 19, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada en el día disponga la libertad de los accionantes y en ese mérito los mismos puedan cumplir en el plazo la resolución de medidas cautelares, bajo los siguientes fundamentos: i) El 1 de junio del 2022 se celebró la audiencia de medidas cautelares de los accionantes en la que se impusieron medidas menos gravosas a la detención preventiva entre ellas la detención domiciliaria con salida laboral, presentación de garantes, presentación periódica y otros; sin embargo, no se dispuso la libertad de los imputados para que puedan cumplir con las medidas dispuestas; en ese sentido, se advierte que la autoridad demandada no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 231 bis III de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-que señala: “Cuando el imputado no se encuentra el libertad y en audiencia se determina la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva la Jueza, Juez o Tribunal, mantendrá su situación procesal y le otorgara un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiere lugar…”; b) La referida norma recogió el lineamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional que estableció que los jueces ante la aplicación de medidas cautelares en un resolución primigenia en caso de no disponerse la detención preventiva sino medidas sustitutivas deben disponer inmediatamente la libertad de los aprehendidos para que cumplan las medidas que se impusieron; y, c) No corresponde que la autoridad demandada fundamente en supuestos antecedentes delictivos por el mismo hechos porque no está previsto por la norma menos la jurisprudencia para que permanezcan con privación de su libertad en calidad de aprehendidos por cuanto no son detenidos preventivos, tampoco están cumpliendo detención domiciliaria, por lo que se vulnero su derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente II.1. El 31 de mayo de 2022 a horas 10:00, el Ministerio Público informó el inicio de investigación e imputación formal contra Patricia Virgenia Poma Herrera, Rubén Orlando Duran Quispe y Carmen Chávez Ochoa -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de receptación; ante lo cual, Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -autoridad judicial demandada-, en la misma emitió providencia señalando fecha de audiencia a efecto de considerar las medidas cautelares para el 1 de junio del indicado año a horas 09:30 (fs. 2 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los peticionantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de legalidad; toda vez que, el Juez demandado impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, no libró mandamiento de libertad, estando aprehendidos desde el 30 de mayo de 2022 en celdas de la FELCC, impedidos de cumplir las medidas dispuestas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del Código del Procedimiento Penal; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, señala que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.

En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.3. Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del Código del Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0081/2023-S1 de 23 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: La SC 0807/2006-R de 17 de agosto, estableció que:

…el Juez recurrido a través de la Resolución 388/2006 dispuso la libertad del imputado que estaba arrestado hasta el momento en que fue puesto a su disposición, bajo las siguientes condiciones: presentación periódica ante el Fiscal, prohibición de cambiar el domicilio que tiene señalado, prohibición de tomar contacto o relación con la víctima o sus familiares y presentación de dos garantes solventes y solidarios con domicilio conocido, evidenciándose que hasta lograr el cumplimiento de estas medidas, mantuvo privado de su libertad al recurrente como medio de coacción; extremo que es inadmisible pues la privación de libertad sólo puede continuar mientras se cumplan las medidas sustitutivas, específicamente la fianza real, cuando el imputado se encuentre anteriormente bajo detención preventiva y se le concede la cesación de la misma imponiéndole medidas sustitutivas, conforme prevé el art. 245 del CPP, que no es el caso. Así lo han reconocido las SSCC 1194/2000-R; 0142/2002-R, 0488/2002-R y 1479/2002-R, entre otras.

La SCP 0902/2016-S3 de 25 de agosto sostuvo que:

En este marco, se tiene que el hoy accionante al momento de la celebración de la audiencia de medidas cautelares, no se encontraba privado de su libertad por detención preventiva impuesta mediante resolución pronunciada por autoridad competente, ya que luego de su aprehensión se le impuso medidas sustitutivas, lo que implica que no debió permanecer detenido en celdas judiciales por más de treinta horas mientras cumplía las medidas impuestas, pues ello solo es exigible en los casos que de manera anterior a la otorgación a dichas medidas el imputado se encontrare con detención preventiva dispuesta por resolución judicial conforme lo expuesto en la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual además ha concluido que en estos casos corresponde a la autoridad judicial ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido y concederle un plazo razonable para que dé cumplimiento a los dispuesto por la autoridad jurisdiccional, o en caso de contar con detención domiciliaria, como en el presente, se ordene la misma y no así mantener la privación de libertad en celdas judiciales pues dicha figura no existe cuando ya se ha dispuesto medidas cautelares a un imputado.

En el mismo sentido, el art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y modificado por la Ley 1443 de 4 de julio de 2022, establece que: “III. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar”.

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante sin mandato alegan la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento legalidad, toda vez que, el Juez demandado impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, no libró mandamiento de libertad, estando aprehendidos desde el 30 de mayo de 2022 en celdas de la FELCC impedidos de cumplir las medidas dispuestas. De las conclusiones y antecedentes se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes por la presunta comisión de delito de receptación, el 31 de mayo de 2022 a horas 10:00 se presentó informe de inicio de investigación, remisión de personas aprehendidas, resolución de imputación formal y la solicitud de aplicación de medidas cautelares que mereció la providencia de la misma fecha emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, señalando audiencia de medida cautelar para el día 1 de junio del mismo año a horas 09:30 (Conclusión II.1). Asimismo, de lo expuesto por la parte accionante y del informe escrito de la autoridad judicial demandada se tiene que efectivamente en la audiencia de medidas cautelares señalada se otorgó a los impetrantes de tutela medidas cautelares personales entre ellas la detención domiciliaria, presentación de garantes, arraigo, entre otros, condicionando la libertad de los mismos a la presentación de garantes, bajo el argumento que tienen varios procesos penales abiertos en su contra por delitos similares. En ese contexto, se tiene que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho a la libertad invocado en la presente demanda tutelar al condicionar la emisión del mandamiento de libertad al cumplimiento de la presentación de garantes apartándose de lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar, lo que implica, que si bien en aplicación del principio de favorabilidad dispuso detención domiciliaria sin que se tengan acreditado todavía el domicilio, para hacer efectiva estas medidas requerían cumplir los requisitos necesarios que la misma autoridad impuso; sin embargo, en las circunstancias que se encontraban, es decir aprehendidos en celdas de la FELCC se veían impedidos de efectuarlos.

En tal sentido, se concluye que las medidas cautelares personales en el presente caso, fueron impuestas en la audiencia de 1 de junio del 2022, pero hasta el 2 del mismo mes y año, que es cuando se llevó a cabo la audiencia pública de la presente acción de libertad, los peticionantes de tutela continuaban privados de su libertad en celdas de la FELCC; extremo que fue ratificado por el propio informe del juez demandado al señalar que no libró mandamiento de libertad argumentando que los accionantes tenían varios procesos penales abiertos en su contra. Justificación que carece de sustento legal e impide que los accionantes puedan dejar las celdas de la FELCC para cumplir las medidas impuestas y acceder a la detención domiciliaria en un plazo prudente conforme establece el art. 231.bis.III del CPP; extremo que llegó a lesionar el derecho a libertad de los impetrantes de tutela y además contradice a todas luces el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dado que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de las personas, tiene la obligación de tramitarla y resolverla con la mayor celeridad posible, sin dilaciones indebidas. Consecuentemente, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0157_2024-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6b05b0962f48f5923d1fc513b42192326061f8b65de42bcb350ba8d48835c6a5

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