B.IA.LEGAL

SCP 0156/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48075-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en su componente celeridad, porque dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez demandado no señaló audiencia de consideración de su situación jurídica, a pesar de estar vencido el plazo de su detención preventiva y haberlo solicitado, so pretexto de no contar con el expediente original, remitido en apelación al Tribunal ad quem. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de los derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en su componente celeridad, por la demora en que incurrió William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0156/2024-S2 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48075-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Apaza Tito en representación sin mandato de Rafael Enrique Nowak Gutiérrez contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del referido Juzgado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante a fs. 1; y, 7 a 8 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se dictó el Auto Interlocutorio 528/2021 de 31 de octubre, que dispuso su detención preventiva por cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que no habiéndose señalado audiencia de consideración de su situación jurídica, presentó memorial pidiendo que se efectúe dicho acto procesal; empero, el Juez demandado rechazó dicha solicitud, alegando que el cuaderno de control jurisdiccional se encontraría en el Tribunal de alzada; sin embargo, el 19 de mayo de 2022, ya se habría devuelto el mismo al mencionado Juez; ahora bien, como no existía ninguna petición de ampliación de la citada medida extrema, correspondía que dicha autoridad jurisdiccional señale el indicado verificativo, pues desconoce hasta cuándo estará detenido preventivamente, lo que vulnera sus derechos a la libertad y a la libre locomoción.

Rechazada como fue su pretensión, interpuso recurso de reposición, pero el Juez demandado no dio lugar al mismo, indicando el mismo fundamento anteriormente señalado, que una vez devuelvo antecedentes del Tribunal de alzada, se dispondría lo que corresponda; sin embargo, hasta el momento de la presentación de esta acción de defensa, no se cuenta con ningún señalamiento de audiencia para resolver su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en su componente de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, señalándose día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de mayo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 48 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la demanda tutelar y ampliándolo manifestó: El 10 de mayo de 2022, presentó escrito ante el Juez demandado, adjuntando los antecedentes correspondientes, para que no se alegue que no se contaba con dichos antecedentes.

I.2.2. Informe de los demandados

William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, por informe escrito de 24 de mayo de 2022, cursante de fs. 13 a 14, indicó que: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, se evidenció la audiencia de cesación de la detención preventiva -no señaló fecha- que ameritó el Auto Interlocutorio 166/2022 de 18 de abril, en el que rechazó dicha solicitud; asimismo, se conminó al peticionante de tutela -que anunció apelación- cumpla con el art. 112 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la entrega de fotocopias para la conformación del legajo de apelación; pues el mismo incumplió con ese extremo conforme se advirtió en el verificativo de medidas cautelares -no refirió data-; en el presente caso, se denotó igual forma de actuar, intentando burlar la correcta administración de justicia, al plantear maliciosamente esta acción de libertad sin previa revisión de actuados, tratando de hacer incurrir en error a la Jueza de garantías; b) Mediante informe de 28 del referido mes y año Tito Champani Saavedra, Secretario -no citó el Juzgado- se conoció que el impetrante de tutela no proveyó los recaudos para las copias y la confección del legajo procesal; motivo por el cual, se remitieron obrados en originales ante la Sala Penal Segunda -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-; c) El 10 de “abril” del mismo año, el prenombrado presentó memorial solicitando audiencia de situación jurídica, que mereció el decreto de 10 de mayo de ese año, que dispuso: ‘“…es de conocimiento de las partes que el proceso habría sido remitido en obrados originales ante el tribunal de alzada una vez devuelto el mismo se dispondrá lo que en derecho corresponda…’” (sic); y, d) La indicada Sala Penal Segunda devolvió actuados originales de forma posterior a la petición de audiencia del solicitante de tutela, es decir, fue devuelto el 18 de mayo de 2022, al Juzgado, confirmando el Auto Interlocutorio 166/2022 de rechazo de cesación de la detención preventiva del nombrado; consiguientemente, el 23 del mismo mes y año, se procedió a señalar audiencia de situación jurídica del accionante para el 25 de ese mes y año, a horas 15:30, siendo notificadas todas las partes procesales con dicho actuado. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del indicado Juzgado, presentó su informe escrito de 24 de mayo de 2022, cursante a fs. 31 y vta., reiterando los términos del supra citado informe del Juez demandado.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 49 a 50 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El peticionante de tutela se halla sujeto a un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el que se determinó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses; posteriormente, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 166/2022, rechazando la solicitud de cesación de dicha medida impuesta; contra esa determinación, el accionante planteó impugnación “…a cuyo fin por proveído de (…) 22 de abril de 2022, el señor Juez de instrucción determina la remisión de antecedentes a la Sala penal de turno y le señala al accionante que deberá tener presente lo determinado por el Art. 112 del C.P.P.” (sic); 2) Una vez resuelta la señalada apelación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, devolvió obrados el 18 de mayo de igual año, ante el Juzgado de origen, y su proveído de la misma fecha dispuso que se arrime a sus antecedentes; sin embargo, antes de ello, el accionante reiteró a través de memorial de 10 del indicado mes y año, se señale día y hora de consideración de su situación jurídica, a cuyo fin el Juez demandado mediante proveído de igual fecha dictaminó que no era posible porque el expediente original se hallaba en el Tribunal de alzada; pese a ello, se evidenció que por decreto de 23 del referido mes y año, la autoridad demandada fijó el verificativo de dicha situación procesal, para el 25 de mayo de 2022 a horas 15:30; 3) Tomando en cuenta el Auto Interlocutorio 528/2021, el plazo de la detención preventiva venció a inicios de marzo de ese año; empero, no se llevó adelante ninguna audiencia al respecto, existiendo retardación y vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; sin embargo, existe un auto interlocutorio de rechazo de cesación a la detención preventiva, el cual fue apelado, pero sus antecedentes tuvieron que ser remitidos en originales debido a la falta de recaudos para las fotocopias que no fueron provistas por el prenombrado, por lo que dicho demandado no pudo llevar adelante la solicitud del impetrante de tutela, disponiendo aguardar la devolución de obrados originales de la Sala Penal para ese fin, pese a la solicitud de reposición, con igual resultado; 4) Al respecto, si bien es posible llevar adelante ese verificativo, sin conocer el resultado del Tribunal de alzada, no es menos cierto que se podría generar la emisión de dos resoluciones contradictorias, una del Tribunal ad quem y otra de la autoridad judicial de instancia; ello no desvirtuó que hubo un retraso en la resolución de su situación procesal por más de dos meses, aunque con el indicado argumento, lo que de alguna manera justificó esa dilación; 5) El cuaderno de control jurisdiccional original fue devuelto el 18 de “marzo” de 2022, mereciendo el decreto de ‘“Arrímese a sus antecedentes”’ (sic) cuando debió fijarse audiencia inmediatamente, porque ese sería el óbice para no haber llevado la misma, por lo que, el señalamiento debió emitirse hasta el 19 del citado mes y año -jueves-, como máximo plazo; sin embargo, recién el 23 de mayo de igual año, se emitió el proveído respectivo, existiendo una demora de cuarenta y ocho horas, programando audiencia para el 25 del indicado mes y año a horas 15:30, empero, no se trató de una grosera retardación, sino que fue emitido dicho decreto en un plazo considerablemente razonable, incluso la referida providencia fue expedida antes del planteamiento de esta acción de libertad; y, 6) Se recomienda a la autoridad demandada que ante las mismas circunstancias se debe llevar adelante la consideración de situación jurídica del solicitante de tutela, efectuando el señalamiento de oficio y de forma inmediata, y como el nombrado indicó que no fue notificado con ese verificativo, se ordenó a la Secretaria codemandada a realizar la inmediata notificación al accionante con el señalamiento de consideración de su situación jurídica.

II.CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través de Auto Interlocutorio 166/2022 de 18 de abril, dictado dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rafael Enrique Nowak Gutiérrez -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se declaró no ha lugar la solicitud de cesación de su detención preventiva, señalando que: i) La víctima, el día de los hechos de agresión sexual, era menor de edad; consiguientemente, existe una clara desproporción entre ella y su agresor; al margen de aquello, se debe considerar lo que establece el art. 15 de la CPE; y, ii) En referencia al art. 235.2 del CPP, el peticionante de tutela presentó certificado de permanencia y conducta emitido por el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en el que se indicó que se encontraba en dicho recinto, desde el 1 de noviembre del 2021, procesado por el citado ilícito, estando allí por cuatro meses y veintisiete días, extremo que se debe cotejar con el sistema “… JL1 [h]a inter operado la Representante del Ministerio Público Dra. Lourdes del Pilar Días Ríos que ha solicitado la ampliación de la Detención Preventiva del Imputado (…) por el lapso de 3 meses quién refiere complejidad del caso señalando como víctima una adolescente mujer siendo población vulnerable…” (sic [fs. 32 a 34 vta.]). II.2. Mediante informe de 28 de abril de 2022, Tito Champani Saavedra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octavo -en suplencia legal de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto- de la Capital del departamento de La Paz, dentro del supra mencionado proceso penal, señaló que contra el Auto Interlocutorio 166/2022 el peticionante de tutela a través de su abogado, planteó recurso de apelación, para lo cual el Juez demandado conminó a observarse lo establecido por el art. 112 del CPP en relación a sacar fotocopias para la elaboración del legajo procesal. Asimismo, informó que ya se cumplió el plazo de setenta y dos horas, no habiéndose apersonado el prenombrado al Juzgado, para dejar los señalados recaudos, por lo que se procedió a remitir obrados en originales al Tribunal de alzada (fs. 23). II.3. Por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, ante William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, solicitó se señale audiencia de consideración de su situación jurídica, indicando adjuntar “…resoluciones a efectos del señalamiento de audiencia” (sic [fs. 2 y vta.]). II.4. Mediante decreto de 10 de mayo de 2022, el Juez demandado dispuso que: “…Es de conocimiento de las partes que el proceso habría sido remitido en obrados originales ante el Tribunal de Alzada una vez devuelto el mismo se dispondrá lo que en derecho corresponde” (sic [fs. 3]). II.5. A través de memorial presentado el 13 de mayo de 2022, a la autoridad demandada, el impetrante de tutela planteó reposición al amparo del art. 401 del CPP, solicitando audiencia, bajo los siguientes argumentos: a) A tiempo de realizar la petición de verificativo de consideración de su situación jurídica, se le adjuntaron los suficientes elementos para desarrollar la misma que al no haber sido programada, ya generó responsabilidad al incumplir la normativa en vigencia; b) El hecho de que se hayan remitido antecedentes ante el Tribunal de alzada, no impide que se lleve a cabo dicho verificativo, ya que este instituto jurídico tiene ciertas características que están siendo desconocidas por el Juez demandado, máxime cuando al escrito presentado el 10 de igual mes y año, se adjuntaron las fotocopias legalizadas y simples para que no haya óbice al respecto; y, c) Pidió que se rectifique la omisión en la que se incurrió, al no haber llevado a cabo la audiencia de consideración de situación jurídica requerida (fs. 4 a 5). II.6. Mediante decreto de 13 de mayo de 2022, la autoridad demandada determinó que: “…Es de conocimiento de la parte solicitante que el cuaderno se encuentra en apelación ante el Tribunal de Alzada, siendo el mismo que no hubiera provisto para el sacado de copias para el formado del legajo de apelación causando su propia negligencia, asimismo es evidente que el proceso se encontraría ante el superior jerárquico conforme al principio de seguridad jurídica, una vez devuelto por el mismo se dispondrá lo que en derecho corresponde” (sic [fs. 6]). II.7. Por oficio de “mayo” de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió el proceso penal, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento, siendo recibido el 18 de ese mes y año, el cual fue decretado por el Juez demandado en la misma fecha (fs. 25 y vta.). II.8. A través de decreto de 23 de mayo de 2022, la autoridad demandada señaló audiencia de consideración de situación jurídica del impetrante de tutela para el 25 de mayo de 2022 a horas 15:30, habiendo sido notificado el imputado el 24 de mayo de 2022 con dicho decreto (fs. 28 y 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en su componente celeridad, porque dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez demandado no señaló audiencia de consideración de su situación jurídica, a pesar de estar vencido el plazo de su detención preventiva y haberlo solicitado, so pretexto de no contar con el expediente original, remitido en apelación al Tribunal ad quem. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

A fin de ingresar al tema anunciado, corresponde enmarcarse en el art. 115 de la CPE, que establece: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, el art. 178.I de la Norma Suprema dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad…” (énfasis agregado). Al efecto, también es pertinente citar el art. 180.I de la Ley Fundamental, que refiere: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (las negrillas fueron añadidas). Entonces, tomando en cuenta las directrices constitucionales de prontitud y oportunidad con la que las autoridades jurisdiccionales deben actuar, así como las de celeridad e inmediatez que tienen que ejercerse en la jurisdicción ordinaria, se pasa a citar la SC 0044/2010-R de 20 de abril, a su vez contenida en la SCP 1399/2022-S2 de 17 de octubre, que explicó el alcance de la acción de libertad de pronto despacho, cuya vocación es la de resolver las quejas de demoras indebidas en la atención de las peticiones de privados de libertad relacionadas a este derecho, señalando que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (subrayado agregado).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en su componente celeridad, porque dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez demandado no señaló audiencia de consideración de su situación jurídica, a pesar de estar vencido el plazo de su detención preventiva y haberlo solicitado, so pretexto de no contar con el expediente original, remitido en apelación al Tribunal ad quem. Ahora bien, una vez descrita la problemática planteada por el peticionante de tutela, se tiene que este es procesado por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, contra una menor de edad, previsto por el art. 272 bis del Código Penal (CP), ante el Juez demandado, habiéndose emitido el Auto Interlocutorio 166/2022 de 18 de abril, que declaró no ha lugar a su solicitud de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1); asimismo, del informe de 28 de ese mes y año, evacuado por Tito Champani Saavedra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octavo -en suplencia legal de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto- de la Capital del departamento de La Paz, se conoce que a fin de resolverse la apelación del impetrante de tutela contra esa Resolución, el expediente original -y no fotocopias del mismo- fue elevado al Tribunal de alzada, porque el recurrente -solicitante de tutela- no proveyó los recaudos exigidos para la tramitación de su recurso (Conclusión II.2.). Posteriormente, por memorial de 10 de mayo de 2022, solicitó ante el Juez demandado que señale audiencia de consideración de su situación jurídica, indicando que adjuntaba las resoluciones pertinentes al efecto (Conclusión II.3); en la misma fecha, dicha autoridad negó su petición, alegando no contar con el cuaderno de control jurisdiccional (Conclusión II.4); ante ello, el accionante planteó reposición, resuelta mediante decreto de 13 de ese mes y año, rechazando el indicado recurso (Conclusiones II.5 y 6); seguidamente, el 18 de igual mes y año, el Tribunal ad quem devolvió actuados al Juzgado de origen a lo que el Juez demandado emitió el decreto de 23 de mayo de 2022, señalando audiencia de consideración de la situación jurídica del peticionante de tutela para el 25 del mismo mes y año a horas 15:30, actuado con el que fue notificado el nombrado el 24 del indicado mes y año (Conclusiones II.7 y 8). En ese contexto, la presente acción de defensa fue planteada el 23 de mayo de 2022, en la que se solicita que se programe audiencia de consideración de la situación jurídica del impetrante de tutela, denunciando que no cuenta con ningún señalamiento a ese fin y que dicha omisión afecta su libertad, dada la detención preventiva que está cumpliendo más allá del plazo de cuatro meses inicialmente previsto. Lo formulado por el prenombrado, tomando en cuenta que considera vulnerado su derecho al debido proceso en su componente celeridad, debe ser resuelto a la luz de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuyo fin es precautelar que las peticiones de los privados de libertad sean atendidas con la prontitud correspondiente; ya que, de por medio se halla su libertad; de ello se entiende que la celeridad con la que se debe actuar obedece a que el derecho a la libertad de locomoción no puede ser más afectado aun, por dejadez de la autoridad de la causa o de algún funcionario de apoyo judicial, debiendo enmarcarse su intervención en el cumplimiento estricto de los plazos previstos por ley; de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho a la libertad de locomoción. Ahora bien, corresponde repasar el plazo que dispone el Código de Procedimiento Penal para resolver la situación jurídica del imputado que esté cumpliendo una medida cautelar de detención preventiva (situación que debe disponerse por un plazo preestablecido, como lo prevé el art. 233.3 del CPP), así se advierte que el art. 239 del citado Código ordena: “…Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)

meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (negrillas añadidas).

En el presente caso, lo que se busca dilucidar es si hubo una dilación indebida en la actuación del Juez y la Secretaria demandados; con relación al primero, se puede advertir que si bien existe una solicitud de resolución de la situación jurídica del accionante, del 10 de mayo de 2022, dicha autoridad resolvió en el día, más allá de que la haya negado, consideró que al no contar con el expediente original no podía resolver la situación del prenombrado; por tanto, en esa oportunidad no incurrió en dilación indebida; al respecto, cabe aclarar que no es objeto de esta acción tutelar el juzgar esa forma de resolver, sino verificar la falta de celeridad con la que se hubiese actuado a fin de determinar un aspecto relacionado con la libertad del impetrante de tutela, pues es atribución exclusiva del juez de la causa la forma de resolver dicha petición y en caso de no estar de acuerdo con ello, una vez agotada la vía, es posible cuestionar constitucionalmente esa actuación judicial, empero, en el presente caso, la reclamación se centró en el componente celeridad del debido proceso de los actos judiciales; en ese mérito, es menester determinar que la acción de libertad de pronto despacho no busca que el demandado asuma alguna decisión pretendida por el peticionante de tutela, sino que actúe con la debida oportunidad y celeridad, de estar expedito el camino para ello; en ese marco, se puede concluir que -como ya se advirtió- esa petición fue resuelta oportunamente; asimismo, el recurso de reposición fue planteado el 13 de mayo de 2022 y resuelto en el día, aunque negando dicho recurso; todo lo cual indica que el referido Juez actuó con la debida celeridad. Por consiguiente, respecto de este primer escenario, no se advierte que la autoridad judicial demandada hubiese restringido derecho alguno del impetrante de tutela. Sin embargo, el 18 de mayo de 2022, la autoridad prenombrada recibió el expediente correspondiente al caso del solicitante de tutela; empero, no abordó la petición de este -que había quedado pendiente desde el 10 de dicho mes y año, por no contar con el indicado expediente-, sino hasta el 23 del mismo mes y año, cuando emitió el decreto en el que recién programó el verificativo de la situación jurídica del accionante, para dos días después, con el que notificó al accionante el 24 de dicho mes y año. Ahora bien, el art. 239.2 del CPP dispone que ante el vencimiento del plazo de detención preventiva, la solicitud planteada -en este caso, de consideración de situación jurídica del impetrante de tutela-merecerá señalamiento de audiencia que se deberá llevar a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; en el presente asunto, el Juez demandado tenía ese plazo desde que el expediente llegó a su Juzgado, es decir, desde el 18 de igual mes y año -jueves-, debiendo haberse programado la correspondiente audiencia -como máximo- para el 22 de dicho mes y año; consiguientemente, hubo una dilación en la actuación de la referida autoridad de setenta y dos horas, ya que se fijó el verificativo para el 25 de mayo de 2022, el cual fue notificado el 24 de dicho mes y año, al accionante; por lo tanto, retrasó la dilucidación de la situación jurídica del mencionado, por el tiempo señalado; lapso en el cual no se resolvieron aquellos aspectos que involucraban su libertad, ingresando en una dilación indebida en afectación de este derecho, advirtiéndose con claridad que en relación a este segundo momento, corresponde conceder la tutela contra el referido Juez.

Finalmente, si bien se demandó a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no se advierten argumentos, menos antecedentes que develen que en su condición de servidora pública de apoyo judicial hubiese incurrido en alguna dilación, impidiendo resolver este mecanismo de defensa respecto a la misma, debiendo denegarse la tutela en lo que a ella atinge. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de los derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en su componente celeridad, por la demora en que incurrió William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0156_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 78d761b8e3bb6732def1d175d8eee846665f0da0d4bc4aeac94e659216d26e6c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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