Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de abril de 2023
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; puesto que la UAGRM no cumplió la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre, a pesar que asumió conocimiento del mismo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/22 de 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 72 a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada de manera provisional, debiendo el Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre, en consecuencia, reincorporar a Carlos Alberto Vigo Saldaña al mismo puesto que ocupaba, más el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos. 2° Denegar la tutela solicitada en cuanto al pago de costas judiciales y reparación de daños y perjuicios, de acuerdo a lo expuesto en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0156/2023-S3 Sucre, 4 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 46320-2022-93-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/22 de 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 72 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Alberto Vigo Saldaña contra Vicente Remberto Cuellar Tellez, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM).
El accionante, por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 52 a 64, manifestó lo siguiente:
Su relación laboral con la UAGRM se inició con contrato de trabajo a plazo fijo de 17 de septiembre de 2019 a 16 de igual mes de 2020, en el cargo de Profesional III -nivel 09- dependiente de la Oficina del Vicerrectorado de la referida Universidad, que le fue comunicada mediante Memorando 795/2019 de 17 de septiembre; sin embargo, en esa fecha dicha Oficina, para el mejor cumplimiento de funciones propias de la citada Universidad, dispuso que se ponga a órdenes del Jefe del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales, asignándole el código administrativo 8949, que subsistió hasta que fue despedido injustificadamente. Previa evaluación en el Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la UAGRM que desarrolló sus actividades laborales, en la que obtuvo la calificación de bueno y excelente en el cargo desempeñado de “…ASESOR JURÍDICO DE CONVENIOS LOCALES…” (sic), aunque eventualmente apoyaba en el proceso de elaboración de convenios internaciones, informes jurídicos y otros, propias de las funciones de dicho Departamento, firmó su segundo Contrato de trabajo a plazo fijo de 17 de septiembre de 2020 a 16 de ese mes de 2021, que le fue comunicado mediante Memorando 407/2020 de 17 septiembre, y cumpliendo un procedimiento similar al primer contrato, continuo desempeñando las referidas funciones, incluso asumiendo toda la carga laboral, por la baja médica de sus compañeros enfermos con el Coronavirus (COVID-19). Un mes antes de cumplirse su segundo contrato, el entonces Rector de la UAGRM, constatando su trabajo desempeñado, se comprometió suscribir un tercer contrato de trabajo, lo cual no sucedió. El 14 de septiembre de 2020, hizo llegar al Rector hoy accionado su solicitud de reconversión de contrato de trabajo de plazo fijo a contrato de trabajo indefinido, haciendo notar sus antecedentes laborales; sin emitirse respuesta alguna continuó desempeñando sus funciones, sobrepasando la fecha de finalización del contrato a plazo fijo, conforme se evidencia en las actas de asistencia diaria de los últimos seis meses de 2021 en la que se advirtió su firma, informe del Jefe de Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la UAGRM, en la que se consigna el personal trabajador, incluyendo su nombre en el cargo de “…ASESOR JURÍDICO DE CONVENIOS LOCALES Y NACIONALES…” (sic), su informe individualizado recibido el 30 de septiembre de ese año, dirigido al citado Jefe de Departamento. El 30 de septiembre de 2021, le comunicaron el relevo de la Jefatura del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la UAGRM, y el retiro de sus funciones y que debía proceder a la entrega del equipo de computación y documentos a su cargo a un nuevo abogado, y cualquier tema pendiente lo trate con el Rector hoy accionado y Recursos Humanos (RR.HH.), ambos de la citada Universidad; el nuevo Jefe del referido Departamento llegó con un grupo de jóvenes para el indicado cometido, por lo que para evitar actos de violencia y en el temor de que se le responsabilice de actos ajenos, procedió a la entrega ordenada, en presencia de sus colegas. Con esos atropellos fue despedido en desconocimiento de sus derechos laborales y dejando a su familia en precaria situación de subsistencia; por lo que acudió a la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia en la que se pronunció la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre, que conminó a la UAGRM a su reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos; no obstante, se hizo caso omiso a dicha determinación, conforme evidenció la Inspectora de la referida Jefatura en su Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 17/2022 de 2 de febrero.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; citando al efecto los arts. 15, 16, 18 y 46.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) El cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre; por consiguiente, su inmediata reincorporación laboral al cargo que ocupaba, más el pago de sus sueldos devengados y por devengarse y la restitución de todos los derechos que le correspondan; y, b) El pago de costas judiciales, y reposición de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 70, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la UAGRM, a través de su representante legal por informe presentado el 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 86 a 87 así como en audiencia manifestó que: 1) La UAGRM cumplió la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021, dictada en favor del accionante, mediante Informe Legal UNIDAD J. LEGAL INF 43/22 de 26 de enero de 2022 y Memorando 111/2022 de 25 de febrero de reincorporación, emitidos antes de la notificación con la acción tutelar; y, 2) En ese entendido, cesaron los efectos del acto reclamado; por lo que conforme a la teoría del hecho superado, estamos ante una causal de improcedencia o denegatoria; por lo que solicitó se deniegue la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la cuestión planteada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 14/22 de 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 72 a 75 vta., concedió la tutela solicitada, debiendo los “accionados” dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021, de forma integral e inmediata; es decir, que el accionante tiene que presentarse a su lugar de trabajo el “día de mañana” a primera hora; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto al Memorando de reincorporación laboral recibido en la Sala Constitucional, no se evidenció su entrega o notificación al accionante; por lo que no puede considerarse la sustracción de materia o hecho superado, ya que la referida Conminatoria establece el pago de salarios devengados, aspecto que esa Sala Constitucional no tuvo conocimiento de su cumplimiento; y, ii) La Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 y el Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 17/2022 de la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, evidencian el incumplimiento de dicha Conminatoria por la UAGRM.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorando 795/2019 de 17 de septiembre, emitido por Alberto Guzmán Barja, Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, se comunicó a Carlos Alberto Vigo Saldaña -hoy accionante- su contratación laboral en el cargo de Profesional III, bajo dependencia del Vicerrectorado de esa Universidad, de acuerdo al Contrato PF144/2019 desde esa fecha al 16 de igual mes y año. Asimismo, por Memorando de 17 de ese mes y año, Oswaldo Ulloa Peña, Vicerrector de la UAGRM, comunicó al accionante que debe ponerse a disposición del Jefe del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la citada Unidad a través del Memorando 407/2020 de 17 de septiembre, emitido por Alberto Guzmán Barja, Jefe del Departamento Desarrollo Humano de la UAGRM se comunicó al accionante su vinculación laboral en el cargo de Profesional III, bajo dependencia de Vicerrectorado de esa Universidad, mediante Contrato PF50/2020 desde el 17 de septiembre de 2020 hasta el 16 de ese mes de 2021; y, mediante Memorando de 17 del mismo mes de 2020 el referido Vicerrector comunicó al accionante que debe ponerse a disposición del Jefe del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la UAGRM (fs. 2 a 3 y 6 a 7). II.2. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre; emitido por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social por el cual conminó a que la UAGRM proceda a la reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba, reponiendo sus sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley (fs. 46 a 48 vta.). II.3. Consta el Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 17/2022 de 2 de febrero, dirigido al Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, por el que la Inspectora de la citada Jefatura constató que la UAGRM no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 (fs. 51).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; puesto que la UAGRM no cumplió la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre, a pesar que asumió conocimiento del mismo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por una parte, es preciso señalar que el derecho al trabajo se encuentra consagrado como un derecho fundamental con la denominación derecho al “trabajo digno”, cuyo alcance “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” según establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado a la Norma Suprema mediante el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es necesario también resaltar en la norma constitucional citada, el deber constitucional que le impone al Estado de proteger el trabajo en todas sus formas; en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86. inc. g) del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009.
1 Respecto al derecho al trabajo, el art. 46 de la CPE determina que:
“I. Toda persona tiene derecho:
1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (las negrillas son nuestras). 2 El alcance dado al derecho al trabajo, en el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho” (las negrillas nos corresponden). 3 Respecto al bloque de constitucionalidad el art. 410.II de la CPE, refiere que:
“II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país…” (las negrillas nos pertenecen). 4 La Constitución Política del Estado, en su art. 50 establece que:
“El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.
Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 0495 de 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: a) El pago de beneficios sociales; o, b) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación laboral, debe acudir al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La referida norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.
5 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece expresamente que:
“Artículo 10°.- (Beneficios sociales o reincorporación)
I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.
II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.
III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras). 6 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 0495, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V al art. 10 del DS 28699, en su artículo único, refiere:
“Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:
III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.
Se incluyen los Parágrafos IV y V en el artículo 10 del Decreto Supremo 28699, con los siguientes textos:
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas nos corresponden). 7 Mediante SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa.
En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se sustancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia constitucional también señalo que las normas reglamentarias que 8 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como expresa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra concluyo que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo entiende la SCP 0900/2013 de 20 de julio. 9 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó que:
“…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos corresponden). 10 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen). 11 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, y 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros.
imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas nos pertenecen). Esta referida jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013, 12 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas y el subrayado nos corresponde). 13 Cita jurisprudencial que fue citándose textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2014-S3, 1500/2014, 1760/2014, 0240/2015-S2, 2015, 0510/2015-S1, 0203/2017-S3, 0594/2017-S2, entre otras. 14 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012)
“…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado son nuestras).
citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación;…” (las negrillas nos corresponden). Esta jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia, por lo que la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada.
Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expresó el siguiente razonamiento: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas son nuestras). Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva: “1 En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones” (las negrillas y el subrayado es añadido). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral; y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por las Jefaturas Departamentales o Regionales del Trabajo, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatorio y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
Si bien la acción de amparo constitucional tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito; sin embargo, la Ley procesal estableció causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, en ese entendido el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prescribió que ésta acción tutelar no procederá “…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado”; ésta causal de improcedencia ya tuvo un desarrollo en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional a través de diferentes fallos constitucionales, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente, recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional bajo la denominación de la teoría del hecho superado, en la SCP 1541/2014 de 25 de julio, puntualizando los siguientes aspectos: 1) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto lesivo reclamado cesaron es, hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en la acción tutelar; 2) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante; y, 3) No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación. En ese marco legal y jurisprudencial, cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, la acción de amparo constitucional ya no tiene razón de ser, ni objeto; puesto que no se puede pretender la protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, porque el acto u omisión ilegal del particular o la autoridad que fundo la acción tutelar, desapareció; por lo que, en caso de corregirse o enmendarse cualquier situación fáctica que configure los elementos esenciales de la pretensión de la acción de amparo constitucional, evidentemente desaparece el objeto de la tutela, por lo tanto, es plenamente aplicable la teoría del hecho superado, reconocida por la jurisprudencia.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud, y a la alimentación; puesto que la UAGRM no cumplió la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre, a pesar que asumió conocimiento del mismo. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se establece que la relación laboral entre la UAGRM y el accionante tiene como fundamento, los Contratos Laborales suscritos de manera anual, escrita y consecutiva, desde el 17 de septiembre de 2019 hasta el 16 de ese mes de 2020 y desde el 17 de igual mes y año hasta el 16 de dicho mes 19 Respecto a la sistematización de la teoría del hecho superado, la SCP 1541/2014 de 25 de julio, expresó que:
“Por ello, a través de una infinidad de sentencias constitucionales se dio contenido a la comprensión de la causal de denegatoria del amparo constitucional cuando el acto reclamado cesó, en una línea jurisprudencial que se puede leer de la siguiente manera: a) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron es hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la SC 0254/2001-R de 2 de abril); b) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, c) No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de febrero)” (las negrillas nos corresponden). 20 La SC 0050/2004-R de 14 de enero, respecto al hecho superado expresó que: “Cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el recurso de amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó el recurso; situación, que torna improcedente el recurso, por haber cesado los efectos del acto reclamado, como prevé el art. 96. 2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)” (las negrillas son añadidas), citada por la SCP 1541/2014 de 25 de julio, entre otras. 21 Con relación al hecho superado la SC 1640/2010-R de 15 de octubre, establece que: “De acuerdo a lo expuesto, los elementos esenciales de la pretensión del amparo, son dos: a) la usa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de un acto o vía de hecho; y b) el petitum, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, elementos que procesalmente configuran el objeto de la tutela a ser brindada por el órgano contralor de constitucionalidad, en este contexto, debe establecerse que en caso de corregirse o enmendarse cualquier situación fáctica que configure los elementos esenciales de la pretensión del amparo, evidentemente desaparece el objeto de la tutela y por tanto, es plenamente aplicable la teoría del hecho superado, reconocida por la línea jurisprudencial antes señalada y por tanto en estas circunstancias, la tutela debe ser denegada” (las negrillas son nuestras), citada por la SCP 1541/2014 de 25 de julio, entre otras.
de 2021, desempeñando funciones bajo dependencia de la Jefatura del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la UAGRM (Conclusión II.1.). En calidad de dependiente de la UAGRM, el accionante presentó ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, obteniendo la emisión de la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021, por el cual conminó a la UAGRM su reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba, reponiendo sus sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley (Conclusión II.2.); determinación que la citada Universidad no cumplió, según Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 17/2022 de 2 de febrero (Conclusión II.3.). En ese contexto se ingresarán a analizar los hechos de relevancia constitucional que motivan la presente acción de amparo constitucional y en el marco constitucional y jurisprudencial desarrollado precedentemente; empero, antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde pronunciarse a aspectos de orden procesal presentados por el Rector hoy accionado, como el hecho de la presunta cesación de los efectos del acto reclamado. Respecto a la presunta cesación de los efectos del presunto hecho lesivo conforme manifiesta esta causal de improcedencia Esta cuestión fue interpuesta por el Rector ahora accionado a tiempo de presentar su informe, al señalar que cumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021, al emitir el Informe Legal Unidad jurídica Legal INF 043, Memorando 111/2022 y solicitud de pago de costas judiciales, y reposición de daños y perjuicios, antes que se le notifique con la acción de amparo constitucional; sin embargo, es necesario precisar que, si bien se tiene adjunto el citado Memorando de reincorporación, suscrito por el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la UAGRM, no se tiene evidencia alguna que dicho Memorando se hizo conocer al accionante, de esa forma que, por ese acto administrativo hayan cesado los efectos del hecho lesivo, y consiguientemente operó la teoría del hecho superado a fin de sustentar la improcedencia de la acción de amparo constitucional o su denegatoria. Con relación al problema jurídico planteado Superada la cuestión procesal es necesario ingresar al análisis de fondo de la cuestión interpretada en la presente acción tutelar. En esa comprensión, si bien la jurisprudencia constitucional, se inclinó en sus diferentes fallos hacia la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral en las acciones de amparo constitucional presentados; empero, ésta posición no tiene ese fundamento, solo la finalidad de hacer cumplir dichas conminatorias; puesto que el Tribunal Constitucional Plurinacional no es una entidad ejecutora de las conminatorias de reincorporación laboral; siendo el régimen constitucional que establece valores, principios, normas, garantías constitucionales y derechos fundamentales, promueve e impone el deber de protección al trabajador a través del desarrollo normativo, reglamentario. Además, estableció un procedimiento en sede administrativa para el caso de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, cuya conminatoria de reincorporación laboral, es de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que dicha conminatoria sea objeto de impugnación en sede administrativa -recurso de revocatorio y jerárquico- y revisión en sede judicial; empero, conforme la jurisprudencia constitucional citada, la jurisdicción constitucional otorga una tutela provisional de inmediata ejecución, salvaguardando los derechos y garantías de los trabajadores, protección que supera el interés personal del trabajador, alcanza su ámbito familiar; puesto que un despido injustificado afecta al trabajador en su fuente laboral y medio de subsistencia; así como su entorno familiar, y su medio de subsistencia familiar; por lo que la tutela provisional inmediata o el cumplimiento provisional de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada, conforme se manifiesta, mientras se dilucide la situación jurídico laboral del trabajador, a través de la substanciación de los medios y recursos en sede administrativa -recurso de revocatoria y jerárquico- o la revisión judicial -en la jurisdicción laboral-, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En el presente caso, el accionante al acudir ante la autoridad administrativa de protección laboral obtuvo la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021, por el cual conminó a la UAGRM a su reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba, reponiendo sus sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley, que no fue cumplida por la citada Universidad. Extremo que indudablemente constituye una vulneración a los derechos laborales, que no solo afectan al trabajador, sino también a su entorno familiar comprometiendo su derecho a la alimentación, a la salud, porque ese incumplimiento priva al trabajador de contar con los medios económicos indispensables para su subsistencia y la de su entorno familiar.
En ese entendido, corresponde a la jurisdicción constitucional conceder la tutela solicitada de manera provisional, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021, en resguardo de los derechos laborales del trabajador y de su entorno familiar, sin perjuicio de que la parte patronal promueva los medios de impugnación en sede administrativa, a través del recurso de revocatoria y jerárquico o promueva el control judicial de aquellos actos administrativos que conciernen a la citada conminatoria, para definir la situación jurídico laboral del trabajador. Finalmente, respecto al pago de costas judiciales y reparación de daños y perjuicios, estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/22 de 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 72 a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada de manera provisional, debiendo el Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral-por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 0212/2021 de 31 de diciembre, en consecuencia, reincorporar a Carlos Alberto Vigo Saldaña al mismo puesto que ocupaba, más el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos. 2° Denegar la tutela solicitada en cuanto al pago de costas judiciales y reparación de daños y perjuicios, de acuerdo a lo expuesto en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
15 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
16 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
17 El art. 128 de la CPE, expresamente establece que: “ARTÍCULO 53. (IMPROCEDENCIA). La Acción de Amparo Constitucional no procederá: 1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas nos pertenecen).
18 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre señalo que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”. (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0156_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3ecd3e8f3924a92f419eb82ee76840076c85dea6fe9fdde7cd00a19f821000f8
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