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SCP 0155/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57620-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión del derecho a la libertad y al debido proceso, toda vez que, la autoridad judicial demandada no remitió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023, que dispuso la detención preventiva de Antonio Diego Rada Cuadros y la detención domiciliaria de Ramón Rada Velasco, manteniendo el cuaderno procesal en su despacho y generando una dilación indebida, situación que le impidió acceder a una revisión oportuna de la medida cautelar por el Tribunal de alzada. Ante ello, el Juez demandado señaló que: i) Se encontraba en suplencia legal, en tal condición contaba con un plazo de tres días para toda actuación, al igual que el Secretario; ii) La transcripción y remisión de la resolución mencionada era responsabilidad de funcionario referido; iii) Las Salas solo reciben antecedentes hasta el mediodía; y, iv) La remisión del recurso de apelación incidental, aún se encuentra dentro del plazo dispuesto por norma. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 16 de junio, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital de departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al Fundamento Jurídico expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0155/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57620-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 16 de junio, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Orgaz Trujillo en representación sin mandato de Antonio Diego Rada Cuadros y Ramón Rada Velasco contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de junio de 2023, cursante a fs. 1; y, 8 a 10, los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de junio de 2023, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, llevó a cabo una audiencia de verificación de medidas de protección dentro del proceso identificado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102032202077. En el marco de dicha audiencia, mediante Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023, se dispuso su detención preventiva por el lapso de tres días, así como la detención domiciliaria de Ramón Rada Velasco por el término de un mes. Contra esa determinación, se interpuso recurso de apelación incidental en la misma audiencia; sin embargo, dicho recurso no fue tramitado oportunamente, debido a que la resolución impugnada no fue transcrita y el cuaderno procesal permaneció en despacho de la autoridad judicial demandada, sin ser remitido a la Sala Penal correspondiente para su conocimiento y resolución. Como consecuencia de esta omisión, se generó en una situación de indefensión, al verse impedido de acceder a una revisión pronta, efectiva y oportuna de la medida cautelar impuesta. Esta falta de remisión de los antecedentes evidencia una actuación carente de celeridad, eficacia y eficiencia por parte de la autoridad judicial demandada, configurando una dilación procesal indebida que afectó de manera directa su derecho a la libertad personal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: la inmediata remisión de obrados ante la Sala Penal correspondiente en el día, a fin de que se considere el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 16 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, manifestaron lo siguiente: a) El 16 de junio de 2023, el personal del juzgado les informó que el cuaderno procesal aún permanecía en el despacho del Juez, circunstancia que -a su criterio- evidenciaba una dilación procesal indebida atribuible a la autoridad judicial demandada; y, b) Se vulneró su derecho a la libertad personal y al debido proceso; siendo que, no se transcribió el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023 en el plazo legal y en consecuencia no se remitieron los antecedentes, a pesar de que se apersonaron al juzgado oportunamente fin de proveer los recaudos necesarios para las fotocopias.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia sostuvo que: 1) El “día de ayer”, -entiéndase el 15 de junio de 2023- se llevó a cabo la audiencia de verificación de las medidas de protección; 2) Conforme a ley, no le corresponde realizar la transcripción de una resolución, por cuanto dicha labor es de competencia del Secretario del Juzgado; 3) De acuerdo a la línea jurisprudencial aplicable, el plazo para la remisión de antecedentes es de veinticuatro horas, precisando además que las Salas reciben documentación únicamente hasta el mediodía; y, 4) Se encontraba ejerciendo funciones en suplencia legal y que, en tal condición, contaba con un plazo de tres días para el cumplimiento de determinadas actuaciones, añadiendo que el Secretario también se encontraba en suplencia, circunstancia que incidiría en los tiempos de remisión.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital de departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 55/2023 de 16 de junio, cursante a fs. 16 y vta., denegó la tutela impetrada, con base en que, la acción de libertad fue dirigida de manera incorrecta, por cuanto la formación de legajos, la transcripción de resoluciones y la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada son responsabilidades del personal subalterno del Juzgado, y no del Juez. En ese sentido, concluyó que la autoridad judicial demandada no era competente para realizar la remisión cuestionada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2023, Ximena Victoria Rada Cuadros solicitó a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado- el señalamiento de día y hora para la audiencia de verificación del cumplimiento de medidas de protección (fs. 4). II.2. Por decreto de 1 de junio de 2023, la autoridad judicial demandada, fijó audiencia virtual de consideración y verificación de medidas de protección para el 15 del mismo mes y año, a horas 9:30 (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión del derecho a la libertad y al debido proceso, toda vez que, la autoridad judicial demandada no remitió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023, que dispuso la detención preventiva de Antonio Diego Rada Cuadros y la detención domiciliaria de Ramón Rada Velasco, manteniendo el cuaderno procesal en su despacho y generando una dilación indebida, situación que le impidió acceder a una revisión oportuna de la medida cautelar por el Tribunal de alzada. Ante ello, el Juez demandado señaló que: i) Se encontraba en suplencia legal, en tal condición contaba con un plazo de tres días para toda actuación, al igual que el Secretario; ii) La transcripción y remisión de la resolución mencionada era responsabilidad de funcionario referido; iii) Las Salas solo reciben antecedentes hasta el mediodía; y, iv) La remisión del recurso de apelación incidental, aún se encuentra dentro del plazo dispuesto por norma. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De la compulsa de obrados remitidos en revisión y de lo expuesto en audiencia de acción de libertad, se tiene que la pretensión constitucional se circunscribe a cuestionar una supuesta dilación procesal indebida atribuida al Juez demandado, por no haberse viabilizado de forma inmediata, la transcripción de la resolución pronunciada en audiencia de verificación de medidas de protección y, en consecuencia, la remisión del cuaderno procesal para la sustanciación del recurso de apelación incidental interpuesto contra las medidas cautelares impuestas.

Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se orienta a tutelar el principio de celeridad únicamente en aquellos supuestos en los que una demora irrazonable, injustificada y atribuible a la autoridad demandada derive en una afectación o restricción indebida del derecho a la libertad. Desde esta premisa, resulta indispensable precisar que dicha tutela no se activa frente a cualquier retardo aparente o incidencia de orden administrativo, sino únicamente cuando se verifica una dilación procesal constitucionalmente relevante, lo que exige constatar: a) La existencia de una inactividad u omisión efectiva en el trámite con incidencia material en la libertad personal; b) Que dicha omisión sea objetivamente imputable a la autoridad demandada; y, c) Que la demora sea ilegal o indebida, esto es contrario a la ley o carente de justificación y fuera de los márgenes del plazo razonable.

En el caso concreto, se advierte que la audiencia de verificación de medidas de protección, fue señalada y llevada a cabo el 15 de junio de 2023 a horas 9:30 (Conclusión II.2), oportunidad en la que el Juez demandado, mediante resolución, dispuso la detención preventiva por tres días de Antonio Diego Rada Cuadros y la detención domiciliaria de Ramón Rada Velasco por el lapso de un mes, determinación que fue impugnada mediante recurso de apelación incidental interpuesto en la misma audiencia. Posteriormente, la acción de libertad fue promovida el 16 de ese mes y año, es decir, al día siguiente de haberse dictado la resolución cuestionada.

Desde esa secuencia temporal, resulta evidente que no se cumplió con el tercer requisito señalado en el citado Fundamento Jurídico; toda vez que, al momento de la interposición de esta acción tutelar, no transcurrió un tiempo que permita calificar la actuación judicial como una demora irrazonable o injustificada; siendo que la parte accionante se apersonó al Juzgado en el que se le informó que el cuaderno procesal aún se encontraba en despacho del Juez y que la resolución no se transcribió; sin embargo, tales extremos, aun cuando reflejan que el trámite se encontraba en curso, no permiten por sí solos afirmar la existencia de dilación indebida, por el contrario, el trámite de remisión del recurso de apelación incidental, se encontraba aún dentro de un período de tramitación, sin que se evidencie la superación del plazo legal aplicable ni la existencia de una inactividad ilegal o indebida o una negativa expresa de remitir antecedentes que permita afirmar la configuración de una dilación procesal.

En efecto, si bien el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que “…las actuaciones pertinentes serán remitidas al Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad…”, ello no implica que dicha remisión deba materializarse de forma instantánea, prescindiendo de las actuaciones mínimas necesarias para la organización y formación del legajo lo que obliga a este Tribunal a denegar la tutela solicitada en la medida en la que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho no tiene por finalidad reemplazar el trámite judicial ordinario cuando éste aún se desarrolla dentro de plazos legales y razonables, sino intervenir únicamente frente a una demora indebida y relevante que genere una afectación arbitraria al derecho a la libertad.

III.3. Otras consideraciones

Es pertinente señalar que, la Resolución 55/2023 de 16 de junio, emitida por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital de departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, solo menciona a Antonio Diego Rada Cuadros y no consigna a Ramón Rada Velasco. No obstante, se entiende que el alcance de dicha decisión, es igualmente para ambos; siendo que, la misma se emitió conforme el Auto de admisión de 16 de junio de 2023 (fs. 11). En ese sentido, se solicita a la Jueza de garantías, que en futuras acciones de defensa señale e identifique los nombres de los sujetos procesales en las distintas piezas procesales, y no se las dé por sobrentendido, esto con el objetivo de contar con la información concreta. Cabe remarcar que, este aspecto, a fin de no generar ninguna afectación a la parte accionante, no causó ningún impedimento para su análisis en el presente examen. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 16 de junio, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital de departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al Fundamento Jurídico expuesto en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0155_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7fd1ec3bcbc4d8af1467a022bbfa963632fa5ac877d67a409629b62bfb4d4260

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