B.IA.LEGAL

SCP 0155/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
26 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
56685-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en su elemento de celeridad y a la defensa; alegando que, se encuentra detenido ilegalmente, dado que el tiempo previsto para su detención preventiva -tres meses- fue superado sin que exista solicitud de ampliación alguna, y pese a que existía fecha señalada para considerar su situación jurídica, no fue llevada a cabo; por lo que, tuvo que impetrar su cesación; no obstante, en lugar de que dicho acto se disponga su libertad ante el evidente vencimiento del plazo, se amplió su detención por el lapso de treinta días, en desmedro de sus derechos pues la oportunidad para pedir su ampliación ya había precluido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; 2) La activación de la acción de libertad frente a posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida debe emerger de circunstancias ciertas, reales y directas; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución V- 167/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentados jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas
  2. III.2. La activación de la acción de libertad frente a posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida debe emerger de circunstancias ciertas, reales y directas
  3. III.3. Análisis en el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0155/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56685-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-167/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erik Raúl Rollano en representación sin mandato de Rubén Flores Tarqui contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de junio de 2023, cursante de fs. 2 a 4 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 20 de enero de 2023, se dispuso su detención preventiva por el plazo de tres meses; sin embargo, ante el vencimiento de dicho plazo no se convocó audiencia para considerar su situación jurídica, no existiendo ni por parte de la víctima ni por el Ministerio Público, solicitud de ampliación alguna; por lo que, correspondía que el Juez ahora accionado de oficio disponga su libertad; sin embargo, ello no sucedió; razón por la cual, al encontrarse detenido ilegalmente solicitó la cesación de su detención preventiva, cuya audiencia fue realizado el 9 de junio del citado año. No obstante, en la audiencia señalada, el Juez ahora accionado, invirtió la solicitud para que la Fiscal de Materia, se pronuncie sobre una posible ampliación, a la cual dio curso por treinta días, situación que no correspondía al no existir solicitud escrita previa antes del vencimiento del plazo inicial dispuesto, habiendo precluido el tiempo oportuno para que la nombrada solicite ampliación de plazo, siendo la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, bastante clara en cuanto al límite de la detención preventiva y cuando procede su ampliación, lo que no podía ser sujeto a criterios subjetivos, dado que además en la misma audiencia el nombrado Juez reconoció la negligencia en la que incurrió -se entiende el Ministerio Público-; el cual, no realizó los actos investigativos dispuestos. En ese marco, manifestó que se encuentra privado de libertad cuatro meses y veinte días; además, delicado de salud y en serio riesgo su derecho a la vida, sin que tampoco se atienda su solicitud de cesación a la detención en los plazos que la ley establece, encontrándose en la necesidad de acudir a la jurisdicción constitucional que en el caso no exige el agotamiento de la vía subsidiaria, dado que la jurisprudencia constitucional estableció que corresponde ingresar al análisis de fondo, sea concediendo o denegando la tutela solicitada, en los siguientes casos: “a) Cuando esté en peligro el derecho a la vida a causa de la lesión al derecho a la libertad por la persecución, procesamiento o detención indebidos.

b) AL HABER PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y EVIDENTE NEGLIGENCIA O DILACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES QUE RIGEN LA ACTIVIDAD PROCESAL PENAL, POR EJEMPLO SI FIJAN AUDIENCIAS DE CONSIDERACIÓN CON PLAZOS NO RAZONABLES, LA INJUSTIFICADA SUSPENSIÓN, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

c) Falta de valoración de la prueba, en su componente de razonabilidad. Finalmente se tiene que la S.C.P. 0249/2013, de fecha 8 de marzo, ha establecido que: La Constitución Política del Estado en Bolivia, ha asignado a libertad una dimensión no solo de derecho fundamental, sino también de valor, expresando su inviolabilidad, asumiendo además la obligación de y protegerla como deber primordial del Estado” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en su elemento de celeridad y a la defensa, citando los arts. 22, 23.II, 73.I, 115, 116, 117.I y II, 118.I, 119, y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 5, 7, 8, 11 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, señaló que: a) El 20 de enero de 2023, fue dispuesta su detención preventiva por el lapso de noventa días, habiéndose en la misma Resolución señalado verificativo para considerar su situación jurídica para el día 20 de abril de 2023, la cual lamentablemente nunca fue llevada a cabo; por lo que, solicito la cesación a su detención preventiva, disponiéndose audiencia para el día 6 de junio del mismo año, la cual fue suspendida ante la ausencia de la Fiscal de Materia para el 9 de similar mes y año; pese a que, se advirtió al Juez ahora accionado que existía un plazo que excedido; en la cual, una vez instalada la audiencia se procedió a desvirtuar con prueba los riesgos procesales, demostrando que no existe lugar a la detención preventiva o ampliación; no obstante, dirigió el procedimiento y preguntó a la Fiscal de Materia, si solicitará la ampliación, la cual pidió cuarenta días más ante la negligencia de la nombrada que inicialmente conoció el caso, cuando el plazo ya se encontraba vencido para poder solicitar la ampliación; b) Por otro lado, de forma incongruente además con una serie de contradicciones en la motivación se dispuso mi detención preventiva por treinta días más; además, señala en una forma textual que es evidente la negligencia del Ministerio Público; empero, el Juez hoy accionado debe velar por los derechos de la víctima, motivo por el cual dio curso a la ampliación señalada, reconociendo por un lado que no ha hubo actos investigativos y por otro establece una ampliación; c) La cesación a la detención preventiva, fue solicitada por cumplimento de plazo; por lo que, simplemente debió sujetarse a la norma respecto al cumplimiento de la detención preventiva y disponer mi libertad, y no agravar mi situación, yendo más allá de lo pedido, actuando de oficio, vulnerando mis derechos, dado que el control de los plazos de la Convención Americana de Derechos Humanos, toma en cuenta que esta medida cautelar es de forma temporal; y, d) El fundamento fue basado en que el caso era complejo, porque el desistimiento de la víctima, al ser difícil ubicarla; lo cual, resulta arbitrario, cuando la normativa es clara, respecto la detención, en dos casos, por la complejidad del caso o cuando la víctima o querellante señalen y fundamenten actos tendientes que oportunamente fueron solicitados y no se introdujeron por negligencia, sin que concurra ninguna figura; argumentos en torno a los cuales solicito se conceda la tutela y se disponga en el día mi libertad. A la consulta efectuada por el Juez de garantías, respecto si se hubiera interpuesto recurso de apelación incidental contra la aludida resolución; el accionante, señala que, “se ha presentado la apelación el día de hoy contra la resolución sin embargo tomando en cuenta que se toma la libertad, no corresponde el principio de subsidiariedad, pero sin embargo se tiene un abuso del juzgado de instrucción” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 14 de junio de 2023, cursante de fs. 13 a 14, señaló que: El 9 de similar mes y año, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, donde se consideró su situación jurídica, emitiendo la Resolución 543/2023 del mismo mes y año, la cual no fue apelada por el accionante; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada, al no ser la jurisdicción constitucional el medio idóneo para cambiar la situación jurídica del accionante.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-167/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 17 a 18 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme se evidencia de los datos del proceso, se establece que el accionante cuestionó la Resolución 543/2023, emitido por el Juez ahora accionado, a través de la cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva e inclusive determinó la ampliación de su la misma por un lapso de treinta días, determinación que conforme fue admitido en la presente audiencia tutelar fue objeto de apelación incidental presentada el día de hoy -se entiende 14 de junio de 2023-, evidenciándose con ello que no agotó las vías idóneas de impugnación intraprocesal, inobservando de esa forma la reiterada jurisprudencia constitucional, que determinó que frente a resoluciones de medidas cautelares emitidas en primera instancia; y, 2) Se tiene como recurso idóneo de reclamación la apelación incidental, el cual debe ser activado previamente a la interposición de esta acción de defensa y no en forma paralela a fin de evitar una confrontación entre la jurisdicción ordinaria y constitucional en caso de emitir determinaciones opuestas; lo que, impide a la jurisdicción constitucional, ingresar al análisis de fondo sobre la problemática expuesta.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 75/2023 de 20 de enero, emitido por: Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- dispuso la detención preventiva del imputado Rubén Flores Tarqui -hoy accionante- por el plazo de tres meses, señalándose audiencia para la consideración de su situación jurídica el 20 de abril de igual año a horas 08:30 (fs. 8 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en su elemento de celeridad y a la defensa; alegando que, se encuentra detenido ilegalmente, dado que el tiempo previsto para su detención preventiva -tres meses- fue superado sin que exista solicitud de ampliación alguna, y pese a que existía fecha señalada para considerar su situación jurídica, no fue llevada a cabo; por lo que, tuvo que impetrar su cesación; no obstante, en lugar de que dicho acto se disponga su libertad ante el evidente vencimiento del plazo, se amplió su detención por el lapso de treinta días, en desmedro de sus derechos pues la oportunidad para pedir su ampliación ya había precluido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; 2) La activación de la acción de libertad frente a posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida debe emerger de circunstancias ciertas, reales y directas; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas

La SCP 0395/2022-S1 de 3 de junio, reiterando el entendimiento de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto que de lo contrario, se crearía una disfunción procesal opuesta al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.

Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional” (las negrillas son nuestras).

III.2. La activación de la acción de libertad frente a posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida debe emerger de circunstancias ciertas, reales y directas

Sobre dicha condición, la SCP 0272/2025-S1 de 10 de abril, rememorando los entendimientos de la SCP 0235/2021-S1 de 19 de julio, establece que: “El derecho a la vida fue comprendido inicialmente, como el origen de donde emergen todos los demás derechos (SC 0411/2000-R); el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, el derecho de toda persona al ser y a la existencia, que obliga al Estado a su respeto y su protección (SC 0687/2000-R). No obstante, a la luz de un nuevo espíritu constitucional, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, precisó que al derecho a la vida, se le asignó tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado); lo que quiere decir, que el derecho a la vida, ya no puede ser conceptualizado de manera unívoca, como la interdicción de la muerte arbitraria, sino como la obligación que tiene el Estado de crear condiciones de vida adecuadas y dignas, con el objeto de consolidar el principio ético moral del vivir bien.

En el mismo sentido, la SCP 0272/2018-S2 de 25 de junio, luego de analizar los mandatos constitucionales e internacionales de derechos humanos, concluyó que: (…)

Ahora bien, respecto al mecanismo procesal por el cual se tutelará este derecho, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, indicó que podrá ser conocida por la acción de amparo constitucional o la acción de libertad indistintamente, sin requerir en este último caso, su vinculación con el derecho a la libertad, por el carácter primordial de su protección. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional desarrolló la acción de libertad en su modalidad instructiva, que tiene por finalidad resguardar el derecho a la vida, ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el mismo, por parte de servidores públicos o personas particulares (SCP 1889/2013).

No obstante, para que la acción de libertad proteja el derecho a la vida, debe existir un peligro real y directo a éste, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción, tal como precisó la SCP 1278/2013 de 2 de agosto. Razonamiento que fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional, tal como se advierte de la SCP 223/2020-S4 de 23 de julio, que precisó:

De dicha jurisprudencia se tiene que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, goza de protección especial, mereciendo así la tutela impetrada vía acción de libertad siempre y cuando exista un real peligro para éste, incluso puede ser activada de forma directa de demostrarse dicho peligro real.

Así, como de la SCP 0019/2019-S2 de 15 de marzo, que dijo:

…en el caso de acciones de tutela en las que se denuncien amenazas contra el derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas y de inminente realización, no pudiendo basarse en hechos subjetivos, sino que deberán ser apreciadas de forma integral en elementos de juicio objetivos que permitan verificar, se reitera, que las amenazas demandadas son reales y que el peligro al que se pone al actor es grave. Caso contrario, no se puede otorgar una tutela constitucional, al no ser viable para el órgano de constitucionalidad, sustentar su decisión en hechos no probados o controvertidos.

En mérito al desarrollo jurisprudencial precedente, es posible concluir que para que se active la acción de libertad ante posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida, éstas deben ser ciertas, reales y directas; para lo cual la parte que pretende su tutela tiene la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca; por cuya razón, no podrán tutelarse simples enunciaciones emergentes de hechos o apreciaciones subjetivas, debido a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, caso contrario se ve imposibilitada de analizar y resolver la problemática planteada” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis en el caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en su elemento de celeridad y a la defensa; alegando que, se encuentra detenido ilegalmente, dado que el tiempo previsto para su detención preventiva -tres meses- fue superado sin que exista solicitud de ampliación alguna, y pese a que existía fecha señalada para considerar su situación jurídica, no fue llevada a cabo; por lo que, tuvo que impetrar su cesación; no obstante, en lugar de que dicho acto se disponga su libertad ante el evidente vencimiento del plazo, se amplió su detención por el lapso de treinta días, en desmedro de sus derechos pues la oportunidad para pedir su ampliación ya había precluido. Ahora bien, en el marco de lo expuesto, conforme a la literal cursante en el legajo procesal, consistente en la Resolución 75/2023, se evidencia que a través de la misma se dispuso la detención preventiva del accionante por el plazo de tres meses, señalándose audiencia para la consideración de su situación jurídica el 20 de abril de igual año a horas 08:30 (Conclusión II.1.). En ese contexto, si bien el accionante denuncia irregularidades que se cometieron al momento de considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, no es posible obviar lo manifestado por el accionante; por lo cual, al momento de desarrollarse la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, donde en respuesta a la pregunta efectuada por el Juez de garantías, hizo conocer que contra la resolución que rechazó su cesación a la detención preventiva y amplió el plazo del mismo -Resolución 543/2023 de 9 de junio-, formuló recurso de apelación incidental el mismo día que planteó la presente acción de defensa, lo que evidencia la activación simultánea de la jurisdicción ordinaria y constitucional; actuación que se encuentra excluida, dado que de conformidad a la línea jurisprudencial contenida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, no es posible atender una solicitud cuando se activan dos vías de forma paralela, ello a efectos de evitar una disfunción procesal; por lo que, en el presente caso corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional por vías paralelas; dado que, previamente corresponde que sea el Tribunal de alzada, quién resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, y solo en caso que considere que en la instancia ordinaria no se hubiesen reestablecido las irregularidades que ahora son motivo de denuncia, puede activar recién la jurisdicción constitucional, procurando la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, correspondiendo en consecuencia por las razones expuestas denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Finalmente, considerando que esta acción de defensa también fue sostenida invocando la tutela del derecho a la vida del accionante, debe tenerse presente que de acuerdo al Fundamento Jurídico III. 2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad protege el derecho a la vida, cuando exista un peligro real para el mismo, aunque no se encuentre vinculado con el derecho a la libertad física o personal; situación que, no acontece al presente; puesto que, el accionante se limitó a hacer simple mención a ello, sin fundamento ni prueba alguna; por lo que, sin mayores consideraciones concierne que la tutela también sea denegada en cuanto al referido derecho. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución V- 167/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentados jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0155_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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