B.IA.LEGAL

SCP 0155/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
21 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50516-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 913, se identifican los siguientes agravios: 1) Presentado el recurso de apelación incidental en contra de los Autos Interlocutorios 128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio, que rechazaron la solicitud de los imputados -ahora accionantes-, sobre la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva y la cesación a la detención preventiva respectivamente, el Juez de Instrucción ahora demandado, incumplió el plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, conforme el art. 251 del CPP; 2) Los Autos interlocutorios -128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio- impugnados no fueron resueltos por el Tribunal de alzada, ya que fueron devueltos al Juzgado de origen -ahora demandado-; debido a que, por providencia de 20 de junio de 2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que no se adjuntaron las piezas procesales necesarias para su tramitación; 3) Presentada la Acusación Formal el 26 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción ahora demandado, mediante providencia de la misma fecha, ordenó su notificación conforme el art. 393 ter. inc. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 233/2022 de “10 de julio” -siendo lo correcto 11 de julio-, cursante de fs. 69 a 72, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación al primer, segundo y cuarto agravio, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez de Instrucción ahora demandado:

1) Con relación al primer y segundo agravio, en lo sucesivo, ante la presentación del recurso de apelación incidental de medidas cautelares conforme el art. 251 del CPP, remita antecedentes al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas, evitando demoras injustificadas en su tramitación, al tratarse de un recurso directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física del procesado.

2) Con relación al cuarto agravio, en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del plazo legal, siempre y cuando aún no se hubieran realizado la misma y no se hubiera modificado la situación jurídica del impetrante de tutela. 3º DENEGAR la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación al tercer y quinto agravio, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Llamar severamente la atención a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional. 5° Dimensionar los efectos de la presente resolución constitucional respecto de la revocatoria de la Resolución 233/2022 de “10 de julio” -siendo lo correcto 11 de julio-, cursante de fs. 69 a 72, manteniendo firmes y subsistentes los efectos de la misma, conforme al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  4. III.4. El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0155/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50516-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 233/2022 de “10 de julio”, cursante de fs. 69 a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gonzalo y Nancy ambos Tallacahua Huanca contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto; Patricia Chávez García, Jueza y Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria, ambas del Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto todos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de julio de 2022, cursante de fs. 58 a 60 y vta., la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gonzalo y Nancy ambos Tallacahua Huanca -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, en relación al art. 33 inciso m) de la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas -Ley 913 de 16 de marzo de 2017-; el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, incumplió el plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en atención al recurso de apelación incidental planteado por los procesados -ahora accionantes-, contra el Auto Interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, que resolvió su situación jurídica y, el Auto Interlocutorio “137/2022” de cesación de su detención preventiva. A la fecha, dichos Autos Interlocutorios impugnados no fueron resueltos por el Tribunal de alzada, ya que fueron devueltos al Juzgado de origen -ahora demandado-; debido a que, por providencia de 20 de junio de 2022, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que no se adjuntaron las piezas procesales necesarias para su tramitación. Por otro lado, el Ministerio Público presentó Acusación Formal el 26 de mayo de 2022, cuya providencia, emitida el mismo día por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del referido departamento -ahora demandado-, ordenó la notificación conforme el art. 393 ter. inc. 4) del CPP, para la presentación de pruebas de descargo en el plazo de cinco días; sin embargo, la indicada autoridad jurisdiccional -ahora demandada- rechazó indebidamente la presentación de dichas pruebas de descargo, argumentando que el caso ya se encontraba radicado en el Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de la misma ciudad de dicho departamento -ahora demandado-, a pesar de que aún no había vencido el plazo correspondiente. Asimismo, el 13 de junio de 2022, los accionantes solicitaron la cesación a la detención preventiva, conforme el art. 239.1 y 2 del CPP; sin embargo, mediante providencia de la misma fecha, el Juez ahora demandado señaló que, según la revisión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), el caso se encontraba radicado ante el Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, como efecto de la Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022; esto ocurrió, a pesar de que el Juez de Instrucción Penal Sexto de dicha ciudad del mismo departamento -ahora demandado-, tenía competencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva y sanear el proceso antes de su remisión, sin observaciones ni trámites pendientes. Al respecto, cabe señalar que los indicados memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva, presentados el 13 de junio de 2022, fueron decretados por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- en la misma fecha, señalando que el caso se encontraba radicado ante el Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto de la misma ciudad y departamento -ahora demandado-; sin embargo, posteriormente, esta última autoridad judicial emitió el Auto de Apertura de Juicio 184/2022, de 20 de junio, evidenciando una contradicción con dicha providencia; asimismo, mediante proveído de 22 de igual mes y año, la Jueza de Sentencia ahora demandada, estableció que la Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022 fue remitida por el Juez de Instrucción ahora demandado el 20 de junio del mismo año a horas 8:30, no siendo evidente el contenido de las “providencias de 7, 7, 13 y 13 de junio de 2022” (sic); emitidos por el Juez de Instrucción ahora demandado, motivo por el cual la Jueza de Sentencia -autoridad demandada- devolvió los cuatro memoriales al indicado Juez de Instrucción -ahora demandado-. Por último, la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz ahora demanda, procedió a radicar la causa y dictar el Auto de Apertura de Juicio 184/2022 de 20 de junio, sin realizar una revisión minuciosa de los antecedentes; asimismo, por proveído de 22 de igual mes y año, aceptó que faltaban actuados que eran competencia del Juzgado de Instrucción -ahora demandado-; en ese entendido, tanto la Jueza como la Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia -ahora demandadas- incumplieron con su deber de revisar los antecedentes del presente caso, lo que derivó en la vulneración del derecho al debido proceso previsto por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, citando al efecto el art. 115 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Apertura de Juicio 184/2022 de 20 de junio, debiendo la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, devolver obrados al Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de referida ciudad y departamento -ahora demandado-; b) Una vez devueltos los antecedentes, el Juez de Instrucción ahora demandado o en su caso el suplente, convoque, subsane el memorial de ampliación llevando a cabo la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por los ahora accionantes, en el plazo no mayor a veinticuatro horas, debiendo realizar una valoración conforme a la sana crítica debiendo aplicar en caso de duda, lo más favorable; c) Una vez subsanada la observación del recurso de apelación y el memorial que no fue providenciado en cuanto a la ampliación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción -ahora demandado- remita antecedentes al Juzgado de Sentencia -ahora demandado-; y, d) En caso de incumplimiento por las autoridades jurisdiccionales, se remita antecedentes al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 11 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 68, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos señaló que: 1) Se emitió el Auto Interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, sobre la -solicitud de aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva- de los ahora accionantes; asimismo, se generó el Auto Interlocutorio 137/2022 de 2 de junio que resuelve la solicitud de cesación a la detención preventiva, siendo que ambas fueron rechazadas por el Juez de Instrucción ahora demandado; sin embargo, conforme el art. 251 del CPP, los ahora accionantes interpusieron recurso de apelación incidental en contra de ambas resoluciones, lo que implica que debieron ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas; en ese entendido, la falta de resolución por el Tribunal de alzada deriva en la improcedencia de cualquier otro acto, ya que debió resolverse el sistema recursivo intraprocesal para tener definida la situación jurídica del procesado; 2) Por otra parte, frente a la Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción ahora demandado, dispuso la notificación de los ahora accionantes para que presenten sus pruebas de descargo en el plazo de cinco días; sin embargo, la indicada autoridad judicial remitió antecedentes a la Jueza de Sentencia autoridad demandada, pese a que existía un plazo de ofrecimiento de prueba y se tenían apelaciones incidentales y trámites pendientes que todavía no fueron resueltos por el Juez de Instrucción -ahora demandado-; 3) Al existir dos apelaciones pendientes de trámite, la Jueza de Sentencia ahora demandada, nuevamente hizo abstracción y procedió de manera ilegal a radicar la causa y emitir el Auto de Apertura de Juicio 184/2022 de 20 de junio, sin corregir los antecedentes; y, 4) Hasta la fecha no se resolvieron los agravios denunciados, ya que radicó la causa coartando el derecho de impugnación en cuanto a los recursos de apelación pendientes; y, después con la notificación conforme el “art. 396 ter. inc. 4) del CPP” (sic), coartaron el derecho a presentar pruebas de descargo, porque la autoridad que puede tramitar y conceder esos recursos y además verificar luego su ejecución, es la misma que dictó la resolución y no así otra persona, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez del Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 73 y vta., manifestó lo siguiente: i) Hace conocer que el 17 de junio presentó su renuncia al cargo de Juez del indicado Juzgado; ii) Al haber dejado el cargo no tiene acceso al expediente y los antecedentes del caso, motivo por el cual no pudo responder con precisión la acción tutelar interpuesta; sin embargo, tomo contacto con la Secretaria del referido Juzgado -ahora demandada-, quien le señaló que todos los cuestionamientos de la presente acción de libertad se cumplieron, y el proceso de referencia se encuentra con acusación, perdiendo su competencia desde el 26 de mayo de 2022, conforme se verificó en el SIREJ, mismo que fue sorteado ante el Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de dicha ciudad y departamento -ahora demandado-, habiendo remitido el expediente en original en la misma fecha -26 de mayo de 2022-; y, iii) Todos los cuestionamientos de los ahora accionantes son recurribles, por lo que se debe tener en cuenta la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; en consecuencia, solicita se deniegue la tutela impetrada. Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 87 y vta., manifestó lo siguiente: a) En fecha 26 de mayo de 2022, el Ministerio Público presentó la Acusación Formal, por lo que a través del SIREJ el mismo fue sorteado al Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de la mencionada ciudad y departamento -ahora demandado-, remitiendo dicho expediente en forma original mediante oficio de 26 de mayo de 2022; b) El 6 de junio del citado año, se presentó dos memoriales solicitando fotocopias legalizadas y desglose, cuyas providencias de 7 de igual mes y año, dispusieron la remisión de los mismos ante el Juzgado de Sentencia ahora demandado; c) Asimismo, el 13 de junio del mismo año, los ahora accionantes presentaron su solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que por providencia y oficio de la misma fecha fue igualmente remitido al Juzgado de Sentencia ahora demandado; y, d) El 26 de mayo de 2022, el Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, perdió la competencia al momento en que el Ministerio Público presentó Acusación Formal; siendo que la presente acción tutelar no es subsidiaria solicita se rechace la misma. Hector Quilla Vargas, Juez en suplencia legal del Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 77 y vta., manifestó lo siguiente: 1) Fue designado en suplencia legal del Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz, desde el 27 de junio de 2022; en ese entendido, la vulneración de los derechos de los ahora accionantes se dio cuando el titular de dicho Juzgado se encontraba en funciones; y, 2) El presente caso, cuenta con Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022, misma que fue remitida al Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, por lo que correspondería a dicho juzgado, resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva; además, el cuaderno del control jurisdiccional se encontraría en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como resultado de los recursos de apelación incidental pendientes, por lo que debe resolverse previamente a considerar la nueva cesación a la detención preventiva. Patricia Chávez García, Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 105 y vta., manifestó lo siguiente: i) Señaló haber sido legalmente notificada con la presente acción tutelar, el 11 del mismo mes y año indicado (fs. 105); asimismo, refiere que el cuaderno procesal, correspondiente al proceso penal, seguido por el Ministerio Público en contra de los accionante, radica ante el Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto de la mencionada ciudad y departamento -ahora demandado-, remitido el 20 de junio del mismo año a horas 08:30 conforme consta en el libro de altas y bajas; y, actualmente el expediente fue remitido ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, el 6 de julio de 2022, en original, tras la emisión del auto interlocutorio 214/2022 de 5 de julio, emitida en audiencia de juicio oral, siendo esa la razón por la cual no es posible remitir los actuados correspondientes ante el juez de garantías; ii) El proceso se encuentra en etapa de juicio oral y conforme el art. 393 quater y quinter del CPP, en esa fase, la defensa de los acusados -ahora accionantes-, plantearon dos incidentes de actividad procesal defectuosa, relativos a la falta de actuaciones para subsanar dos apelaciones incidentales sobre medidas cautelares, y por falta de vencimiento de plazo para la presentación de pruebas de descargo, ambos en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, incidentes que fueron declarados infundados; no obstante, la defensa de los ahora accionantes interpusieron un recurso de apelación incidental, conforme los arts. 403 y 404 del CPP, disponiendo la remisión ante el Tribunal de alzada; iii) Posteriormente, llegó un memorial solicitando audiencia de cesación a la detención preventiva para los ahora accionantes, señalando audiencia para el 8 de julio de 2022 a horas 12:30, dónde se emitió el Auto Interlocutorio 128/2022 rechazando su solicitud, constatándose la emisión del Auto Interlocutorio 137/2022 de cesación a la detención preventiva, contra el cual se había emitido recurso de apelación incidental, por lo que se produjo su rechazo; iv) El 11 de julio de 2022 a horas 8:30, se tiene un memorial por el que los ahora accionantes solicitan nuevamente la cesación a la detención preventiva, efectuando el correspondiente señalamiento de audiencia, conforme el art. 239 del CPP; en consecuencia, no se vulneró en ningún derecho o garantía de los ahora accionantes. Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria del Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a audiencia de la presente acción de defensa; sin embargo, no cursa la notificación efectuada por el Juez de garantías, pese a que la misma fue individualizada como demandada, en el memorial de acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 233/2022 de “10 de julio” -siendo lo correcto 11 de julio-, cursante de fs. 69 a 72, concedió la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) Se evidencia que el Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, incurrió en un vicio procesal al remitir el proceso penal sin saneamiento procesal y la debida tramitación de los recursos de apelación incidental interpuestos por los ahora accionantes; b) En cuanto al Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de dicha ciudad y departamento -ahora demandado-, se debe tomar en cuenta que conforme el derecho a la tutela judicial efectiva y la jurisprudencia que establece que toda resolución que resuelva un incidentes de actividad procesal defectuosa pueda ser apelada; en ese entendido, el Juez o Tribunal de Sentencia al tener conocimiento de la existencia de las apelaciones incidentales pendientes de resolución ante el Tribunal de alzada, debió haber devuelto antecedentes al Juzgado de origen -ahora demandado-, hasta que sea resuelta la misma y no radicar la causa en su Juzgado, por lo que se entiende que este aspecto no es responsabilidad de la Jueza de Sentencia ahora demandada, puesto que estas son responsabilidades de la Secretaria de dicho Juzgado -ahora demandada- según la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; c) Conforme la SCP “0811/2013”, pese a que no se encuentra en vigencia la audiencia conclusiva, sigue siendo aplicable; empero, a toda apelación incidental pendiente de resolución en la fase preparatoria del juicio, interpuesta con anterioridad a la presentación de la Acusación Formal, por lo que solo procederá la remisión al Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, cuando la resolución se encuentre plenamente ejecutoriada, lo contrario implicaría desconocer el derecho a la impugnación de las partes, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, al no esperar la resolución del Tribunal de alzada, que puede afectar incluso la resolución conclusiva de acusación. En la vía de aclaración, enmienda o complementación, el solicitante de tutela a través de su abogado pidió que el Juzgado de Instrucción ahora demandado, proceda a una nueva y legal notificación con la acusación para que pueda, dentro del plazo, ejercer el derecho de presentación de pruebas conforme se solicitó, esto se genera porque al disponer la nulidad y la devolución del cuaderno el plazo ya habría caducado. Petición que fue atendida y tenida presente por el Juez de garantías, estableciendo que “De conformidad al art. 13 aclaración, enmienda y complementación del código procesal constitucional impetrada por parte del abogado accionante Gonzalo Tallacahua Huanca y Nancy Tallacahua Huanca como solicita por el juzgado sexto de instrucción penal de la ciudad de el alto deberá notificarse nuevamente con el pliego acusatorio presentado por el fiscal asignado al caso, siendo claro y concreto, ha concluido la audiencia …” (sic).

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Auto interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, emitido por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en audiencia de consideración de la situación jurídica de Gonzalo y Nancy ambos Tallacahua Huanca -ahora accionantes-, señalada por Auto Interlocutorio 118/2022 de 23 de abril que dispuso su detención preventiva por el plazo de treinta días, por el que resolvió:

“RECHAZA la solicitud de aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva en favor de los imputados GONZALO TALLLACAHUA HUANCA Y NANCY TALLACAHUA HUANCA, y ACEPTA la solicitud de ampliación de la detención preventiva por el lapso de 60 días misma que es computable a partir de la presente fecha, al efecto se señala audiencia de situación jurídica procesal para el día lunes 25 de junio de 2022 a horas 10:00 am. (…) ABOGADO DEL IMPUTADO.- La palabra señor Juez, solicitamos fotocopias legalizadas de la Resolución, así mismo anunciamos recurso de apelación.

JUEZ.- Se tiene presente y por anunciado, franquéese como solicita por Secretaria.” (sic [fs. 1 y vta.]). II.2. Se tiene Nota Cite. Of. 127/2022 de 25 de mayo, por el que el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, remitió el recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento a la providencia de 25 de mayo de 2022, con cargo de recepción de 17 de junio de igual año (fs. 4 y vta.); remisión que fue observada por el Secretario de Cámara del Tribunal de alzada, a través de la providencia de 20 de junio de igual año, señalando que:

“De la revisión de antecedentes conforme lo establece el Art. 17 Parg. I de la Ley del Órgano Judicial se evidencia que el juzgado a quo no ha adjuntado las piezas procesales necesarias para que este Tribunal de Alzada pueda valorar los argumentos de las partes procesales, de tal manera que el juzgado a quo deberá subsanar las siguientes observaciones:

 De la revisión del cuaderno de apelación, se tiene que no cursa la providencia que da respuesta al memorial cursante a fojas 34 -35, debiendo adjuntar el misma y si corresponde también las notificación a las partes. Por lo que se dispone la devolución de obrados al juzgado de origen, y se exhorta al personal del juzgado a quo a subsanar los aspectos observados, y deberán devolver los actuados observados” (sic [fs. 5]). II.3. Por Nota de 24 de junio de 2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió obrados -del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo (Conclusión II.1)- al Juez de Instrucción -ahora demandado- en cumplimiento de la providencia de 20 de igual mes y año; mismo que fue decretado el 24 de igual mes y año -por el Juez a quo-, disponiendo la subsanación de lo observado y la remisión en el día con la debida nota de atención (fs. 6 y vta.); por ello, mediante Nota de la indicada fecha -24 de junio de 2022-, suscrita por la Secretaria del Juzgado de Instrucción -ahora demandada-, se devolvió antecedentes del recurso de apelación incidental; cuyo cargo de recepción por el Tribunal de alzada, consigna el 30 del mismo mes y año (fs. 84 y vta.). II.4. Por Auto interlocutorio 137/2022 de 2 de junio, emitido por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en audiencia de cesación a la detención preventiva presentada por Gonzalo Tallacahua Huanca y Nancy Tallacahua Huanca -ahora accionantes-, se resolvió lo siguiente:

“RECHAZA la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por el imputado GONZALO TALLACAHUA Y NANCY TALLACAHUA HUANCA. ABOGADO DEL IMPUTADO.- De conformidad al Art. 251 del CPP apelo a la resolución dictada por su autoridad, solicitando admita el recurso y en el plazo se remita antecedentes.

JUEZ.- Se tiene presente, habiéndose interpuesto recurso de apelación incidental contra la presente resolución, remítase antecedentes al tribunal de alzada dentro del término establecido por ley.” (sic [fs. 2 a 3]). II.5. Por Nota Cite Of. 129/2022 de 3 de junio, el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, remitió el recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento al Auto interlocutorio 137/2022 de 2 de junio (Conclusión II.4), con cargo de recepción de 17 de igual mes y año (fs. 7 y vta.); sin embargo, el Secretario de Cámara del Tribunal de alzada, por providencia de 20 del indicado mes y año, realizó la siguiente observación:

“De la revisión de antecedentes conforme lo establece el Art. 17 Parg. I de la Ley del Órgano Judicial se evidencia que el juzgado a quo no ha adjuntado las piezas procesales necesarias para que este Tribunal de Alzada pueda valorar los argumentos de las partes procesales, de tal manera que el juzgado a quo deberá subsanar las siguientes observaciones:

De la revisión del cuaderno remitido, se deberá adjuntar el Auto de Vista  que se hubiera dictado en razón del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 128/2022 de fecha 23/05/2022. Por lo que se dispone la devolución de obrados al juzgado de origen, y se exhorta al personal del juzgado a quo a subsanar los aspectos observados, y deberán devolver los actuados observados.” (sic [fs. 8]). II.6. Se tiene Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022, ante el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-; a través de la cual, el Fiscal de Materia de la Unidad Especializada en Delitos de Narcotráfico de la ciudad de La Paz, acusó formalmente a Gonzalo y Nancy ambos Tallacahua Huanca -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 913 (fs. 20 a 24 vta.); Resolución conclusiva que, fue decretada en la misma fecha, disponiendo lo siguiente:

“Téngase presente la acusación fiscal presentada por el representante del ministerio público bajo SSC-RVM No 20-2022 de 24 de mayo en contra de GONZALO TALLACAHUA HUANCA Y NANCY TALLACAHUA HUANCA, por el delito de TRAFICO. Asimismo, conforme el art. 393 ter. Num. 4) del C.P.P. Notifíquese con la presente resolución a la parte acusada a fin de que presente sus pruebas de descargo, siendo un proceso de oficio. Así mismo remítase al juzgado de sentencia correspondiente previo a las formalidades de ley.” (sic [fs. 25]). II.7. Por Memorial presentado el 7 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, los ahora accionantes solicitaron fotocopias legalizadas; el cual fue decretado en la misma fecha, señalando que:

“De la revisión del sistema SIREJ, el presente proceso se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia Cuarto por el delito de tráfico de sustancias controlada, por lo que remítase el correspondiente memorial y sea en el día, con nota de atención.” (sic [fs. 47 a 48]). II.8. Por Memorial presentado el 13 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, Gonzalo Tallacahua Huanca -ahora accionante- solicitó se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; el cual fue decretado en la misma fecha, señalando que:

“De la revisión del sistema SIREJ, el presente proceso se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia Cuarto por el delito de tráfico de sustancias controlada, por lo que remítase el correspondiente memorial y sea en el día, con nota de atención.” (sic [fs. 49 a 50]). II.9. Por Memorial presentado el 13 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, Nancy Tallacahua Huanca -ahora accionante- solicitó se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; el cual fue decretado en la misma fecha, señalando que:

“De la revisión del sistema SIREJ, el presente proceso se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia Cuarto por el delito de tráfico de sustancias controlada, por lo que remítase el correspondiente memorial y sea en el día, con nota de atención.” (sic [fs. 51 a 52]).

II.10. Se tiene Auto de Apertura de Juicio 184/2022, de 20 de junio, emitido por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, disponiendo que:

“POR TANTO: Encontrándose radicada la causa en este juzgado y cumplidas las actuaciones preliminares conforme al Art. 393 Quater del C.P.P. de la Ley 1970, modificada por la Ley 586, estando constituida la base del juicio, se DISPONE LA APERTURA DEL JUICIO ORAL EN PROCEDIMIENTO INMEDIATO, bajo los siguientes parámetros: 1. Para la Audiencia Pública de CELEBRACIÓN DE JUICIO ORAL, se señala el día MARTES 28 de junio de 2022, a horas 13:00 pm en delante de forma oral y continua en forma virtual con los resguardos de seguridad en salubridad...” (sic [fs. 53 a 54]).

II.11. Por providencia de 22 de junio de 2022, la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, señaló lo siguiente:

“De la revisión de los datos del proceso caratulado Min. Publico contra Gonzalo Tallacahua Nancy Tallacahua Huanca se tiene que el cuaderno procesal en su integridad incluyendo prueba del acusador fiscal ha sido remitido por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar en 20 de junio de 2022 a hrs. 08:30, no siendo evidente el contenido de la providencias de 7, 7, 13 y 13 de junio de 2022 a los cuatro memoriales que anteceden no correspondiendo arrimar al cuaderno procesal memoriales que le fueron dirigidos a esa autoridad cuando el expediente se encontraba bajo su responsabilidad, por lo que devuélvase los 4 memoriales y sus oficios, con nota de atención.” (sic [fs. 55]). II.12. Cursan Notas Cite Of. 127/2022 de 7 de junio (fs. 79); Cite Of. 127/2022 de 7 de junio (fs. 80); Cite Of. 129/2022 de 13 de junio (fs. 81); y, Cite Of. 128/2022 de 13 de junio (fs. 82), de remisión de memoriales de 7 y 13 de igual mes y año, en cumplimiento de las providencias de las mismas fechas (Conclusiones II.7, II.8 y II.9), emitidas por el Juez de Instrucción -ahora demandado, dirigidos ante la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, cuyo cargo de recepción por Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, consigna el 20 de junio de 2022 a horas 14:46, 14:47, 14:42 y 14:45 respectivamente (fs. 79 a 82).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 913, se identifican los siguientes agravios: 1) Presentado el recurso de apelación incidental en contra de los Autos Interlocutorios 128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio, que rechazaron la solicitud de los imputados -ahora accionantes-, sobre la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva y la cesación a la detención preventiva respectivamente, el Juez de Instrucción ahora demandado, incumplió el plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, conforme el art. 251 del CPP; 2) Los Autos interlocutorios -128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio- impugnados no fueron resueltos por el Tribunal de alzada, ya que fueron devueltos al Juzgado de origen -ahora demandado-; debido a que, por providencia de 20 de junio de 2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que no se adjuntaron las piezas procesales necesarias para su tramitación; 3) Presentada la Acusación Formal el 26 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción ahora demandado, mediante providencia de la misma fecha, ordenó su notificación conforme el art. 393 ter. inc. 4) del CPP, otorgando un plazo de cinco días para la presentación de pruebas de descargo, siendo notificados “en fecha 8 de junio de 2022” (sic [fs. 58 vta.]); sin embargo, dicha autoridad jurisdiccional remitió antecedentes al Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, antes del vencimiento del plazo referido; 4) El 13 de junio de 2022 solicitaron la cesación a la detención preventiva, con fundamento en el art. 239.1 y 2 del CPP; sin embargo, mediante providencia de la misma fecha, el Juez de Instrucción ahora demandado indicó que, según la revisión del SIREJ, el caso se encontraba radicado ante el Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, pese a que tenía competencia para resolver la solicitud -de cesación a la detención preventiva- y sanear el proceso antes de su remisión, sin observaciones ni trámites pendientes; y, 5) Tanto la Jueza como la Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia -ahora demandados-, incumplieron con su deber de revisar los antecedentes del proceso penal de referencia, omitiendo verificar si la remisión de los mismos se realizó sin trámites pendientes; en ese entendido, la Jueza de Sentencia ahora demandada, emitió el Auto de apertura de juicio 184/2022 de 20 de junio, sin efectuar una revisión minuciosa de los antecedentes; asimismo, mediante proveído de 22 de igual mes y año, reconoció que faltaban actuados que eran competencia del Juzgado de Instrucción -ahora demandado-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; iv) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; v) Análisis del caso concreto; y, vi) Otras consideraciones.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0753/2019-S2 de 4 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento:

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

2El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación.

esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

9El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”.

Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.

Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.

Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual 10El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”.

11El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”.

12El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)

….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”.

13El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aun cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva.

Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:

·Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.

Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”.

14El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.

De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”.

línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-Ra lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:

…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros]. Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada 15El FJ III.2, señala: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.

ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.

Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva.

Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

III.4. El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SSCCPP 0490/2019-S2 de 9 de julio y 0306/2020-S1 de 12 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, 16 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”.

17 El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

18 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

19 El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido]. Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el 20 El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”.

derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del 21 La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 913, se identifican los siguientes agravios: a) Presentado el Recurso de apelación incidental en contra de los Autos interlocutorios 128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio, que rechazaron la solicitud de los imputados -ahora accionantes-, sobre la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva y la cesación a la detención preventiva respectivamente, el Juez de Instrucción ahora demandado, incumplió el plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, conforme el art. 251 del CPP; b) Los Autos interlocutorios -128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio- impugnados no fueron resueltos por el Tribunal de alzada, ya que fueron devueltos al Juzgado de origen -ahora demandado-; debido a que, por providencia de 20 de junio de 2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que no se adjuntaron las piezas procesales necesarias para su tramitación; c) Presentada la Acusación formal el 26 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción ahora demandado, mediante providencia de la misma fecha, ordenó su notificación conforme el art. 393 ter. inc. 4) del CPP, otorgando un plazo de cinco días para la presentación de pruebas de descargo, siendo notificados “en fecha 8 de junio de 2022” (sic [fs. 58 vta.]); sin embargo, dicha autoridad jurisdiccional remitió antecedentes al Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, antes del vencimiento del plazo referido; d) El 13 de junio de 2022 solicitaron la cesación a la detención preventiva, con fundamento en el art. 239.1 y 2 del CPP; sin embargo, mediante providencia de la misma fecha, el Juez de Instrucción ahora demandado indicó que, según la revisión del SIREJ, el caso se encontraba radicado ante el Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, pese a que tenía competencia para resolver la solicitud -de cesación a la detención preventiva- y sanear el proceso antes de su remisión, sin observaciones ni trámites pendientes; y, e) Tanto la Jueza como la Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia -ahora demandados-, incumplieron con su deber de revisar los antecedentes del proceso penal de referencia, omitiendo verificar si la remisión de los mismos se realizó sin trámites pendientes; en ese entendido, la Jueza de Sentencia ahora demandada, emitió el Auto de apertura de juicio 184/2022 de 20 de junio, sin efectuar una revisión minuciosa de los antecedentes; asimismo, mediante proveído de 22 de igual mes y año, reconoció que faltaban actuados que eran competencia del Juzgado de Instrucción -ahora demandado-. Ahora bien, los impetrantes de tutela cuestionan varios aspectos a través de la presente acción de libertad, en cuyo orden se resolverá, analizando los siguientes agravios planteados en la demanda tutelar. Respecto al primer agravio planteado, los accionantes refieren que, presentado el recurso de apelación incidental en contra de los Autos interlocutorios 128/2022 de 23 de mayo y 137/2022 de 2 de junio, que rechazaron la solicitud de los imputados -ahora accionantes-, sobre la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva y la cesación a la detención preventiva respectivamente, el Juez de Instrucción ahora demandado, incumplió el plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, conforme el art. 251 del CPP. Al respecto, de la revisión del legajo constitucional, se tiene que por Auto interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en audiencia de consideración de la situación jurídica de Gonzalo y Nancy ambos Tallacahua Huanca -ahora accionantes-, señalada por Auto interlocutorio 118/2022 de 23 de abril -que dispuso su detención preventiva por el plazo de treinta días-, resolvió rechazar la solicitud de medidas menos gravosas a la detención preventiva planteada por los imputados -ahora accionantes-, aceptando la solicitud de aplicación de la detención preventiva por el plazo de sesenta días a partir de la emisión del indicado Auto interlocutorio -128/2022-, señalando audiencia de consideración de la situación jurídica de los procesados -ahora accionantes- para el 25 de junio de 2022 (Conclusión II.1). En ese marco, los ahora accionantes en la indicada audiencia solicitaron fotocopias legalizadas de la resolución y anunciaron el recurso de apelación incidental; por ello, presentada la impugnación contra el Auto interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, el Juez de Instrucción -ahora demandado-, remitió el expediente ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento a la providencia de 25 de mayo de 2022, a través de la Nota Cite. Of. 127/2022 de la misma fecha -25 de mayo-; sin embargo, consigna el cargo de recepción de 17 de junio de igual año (Conclusión II.2). En ese marco, se advierte que los ahora accionantes anunciaron el recurso de apelación incidental de manera verbal, en audiencia de consideración de su situación jurídica celebrada el 23 de mayo de 2022; y la autoridad judicial ahora demandada, si bien emitió el decreto de 25 de mayo del mismo año, ordenando el envío del recurso conforme la Nota Cite. Of. 127/2022 de la misma fecha -25 de mayo-, recién envió dicha apelación incidental al Tribunal de alzada el 17 de junio de igual año, permitiendo que transcurrieran veinticinco días desde el decreto de remisión dictado por el Juez de instrucción ahora demandado hasta la fecha de cargo de recepción por el Tribunal de alzada, es decir, que no se remitió dentro del plazo de veinticuatro horas, previsto por el art. 251 del CPP. Por su parte, por Auto interlocutorio 137/2022 de 2 de junio, el Juez de Instrucción -ahora demandado-, en audiencia de cesación a la detención preventiva presentada por los imputados -ahora accionantes-, resolvió rechazar la misma; sin embargo, dicha decisión fue objeto de recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP; solicitud que fue atendida por la indicada autoridad judicial, disponiendo que ante su interposición “remítase antecedentes al tribunal de alzada dentro del término establecido por ley.” (sic [Conclusión II.4]). Posteriormente, mediante Nota Cite Of. 129/2022 de 3 de junio, el Juez de Instrucción -ahora demandado-, remitió el recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento al Auto interlocutorio 137/2022 de 2 de junio; sin embargo, contiene el cargo de recepción de 17 de junio de igual año (Conclusión II.4). Al respecto, se advierte que los ahora accionantes interpusieron el recurso de apelación incidental de forma verbal en la audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 2 de junio de 2022; en ese entendido, si bien la referida autoridad judicial ahora demandada ordenó la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada dentro del término establecido por ley, se verifica que conforme la Nota Cite Of. 129/2022 de 3 de junio, recién envió dicha apelación al Tribunal de alzada el 17 de igual mes y año, dejando transcurrir catorce días desde la providencia emitida en audiencia por el Juez de instrucción ahora demandado hasta la fecha de cargo de recepción por el Tribunal de alzada; en consecuencia, no se remitió antecedente dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP. En ese contexto, se evidencia la vulneración en la que incurrió el Juez de Instrucción ahora demandado, puesto que no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por los ahora accionantes en contra de los Autos Interlocutorios 128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio, dentro del plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, provocando una demora excesiva e injustificada en la tramitación de un recurso directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física de los impetrante de tutela, que debe ser tramitado con la debida celeridad procesal, incurriendo en una dilación indebida; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de pronto despacho. Respecto al segundo agravio planteado, los ahora accionante señalan que los Autos Interlocutorios -128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio- impugnados no fueron resueltos por el Tribunal de alzada, ya que fueron devueltos al Juzgado de origen -ahora demandado-; debido a que, por providencia de 20 de junio de 2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que no se adjuntaron las piezas procesales necesarias para su tramitación.

De la revisión de antecedentes del expediente constitucional, se tiene que presentados los recursos de apelación incidental interpuestos por los ahora accionantes en contra de los Autos interlocutorios 128/2022 de 23 de mayo; y, 137/2022 de 2 de junio, estos fueron remitidos por el Juez de Instrucción ahora demandado, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2), cuyos cargos de recepción consignan el 17 de junio de 2022 (Conclusión II.2 y II.5). Sin embargo, dichas remisiones fueron observadas por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante providencia de 20 de junio de 2022, señalando en cuanto a la apelación incidental del Auto Interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, que “no cursa la providencia que da respuesta al memorial cursante a fojas 34 -35, debiendo adjuntar el misma y si corresponde también las notificaciones a las partes” (sic [Conclusión II.2]); y, en cuanto al Auto Interlocutorio 137/2022 de 2 de junio, señaló que “se deberá adjuntar el Auto de Vista que se hubiera dictado en razón del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 128/2022 de fecha 23/05/2022” (sic [Conclusión II.5]). En ambos casos, dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen -ahora demandado-, exhortando la subsanación de las observaciones y la devolución de antecedentes. En esa línea, respecto a la apelación incidental del Auto interlocutorio 128/2022 de 23 de mayo, mediante Nota de 22 de junio del mismo año el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió obrados al Juez de Instrucción -ahora demandado- en cumplimiento de la providencia de 20 de igual mes y año, siendo recibido el 24 del mismo mes y año por el Juez a quo -ahora demandado-, quien en la misma fecha emitió providencia disponiendo la subsanación de lo observado y la remisión de antecedentes en el día, con la debida nota de atención (Conclusión II.3) En ese contexto, se verifica que, mediante Nota de 24 de junio de 2022, suscrita por la Secretaria del Juzgado de Instrucción -ahora demandada-, se devolvieron los antecedentes del recurso de apelación incidental; sin embargo, el cargo de recepción por parte del Tribunal de alzada, consigna el 30 de junio de 2022 (Conclusión II.3). Ahora bien, con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción ahora demandada, se advierte que conforme la providencia de 24 de junio de 2022, el Juez de Instrucción -ahora demandado-, dispuso la subsanación y remisión de antecedentes en el día, con la debida nota de atención; no obstante, aunque la Nota fue emitida en la misma fecha, los antecedentes fueron enviados recién el 30 del señalado mes y año (Conclusión III.3), transcurriendo seis días desde la providencia emitida por la indicada autoridad judicial hasta la recepción de los antecedentes por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, provocando una dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto por los ahora accionantes. En ese entendido, se verifica una omisión en la labor de la Secretaria del Juzgado de Instrucción ahora demandada, quien debió cumplir el proveído de 24 de junio de 2022, subsanando las observaciones con la mayor eficiencia y celeridad posible, coadyuvando en el adecuado manejo del despacho judicial, realizando las gestiones pertinentes y remitiendo los antecedentes del recurso de apelación incidental el mismo día o, en su defecto, dentro de un plazo razonable; por ello, al haber incumplido o inobservado las funciones y obligaciones que confiere la ley a los funcionarios de apoyo judicial, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada en su contra. Asimismo, respecto al Juez de Instrucción ahora demandado, se verifica que una vez recibidos los antecedentes del recurso de apelación remitidos por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 24 de junio de 2022, el Juez de Instrucción ahora demandado, mediante providencia de la misma fecha dispuso se subsanen las observaciones y se remitan antecedentes en el día con la debida nota de atención; en ese entendido, si bien se podría manifestar que dicha autoridad judicial cumplió su obligación de gestionar con la mayor celeridad posible el trámite del recurso de apelación incidental observado, al tratarse de un recurso que involucra el derecho a la libertad física o personal del procesado. No obstante, de la revisión de antecedentes del expediente constitucional, no cursa prueba alguna que demuestre que dicha autoridad judicial haya cumplido su obligación de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente a sus actuaciones; pues al no hacerlo, consintió la dilación indebida en la tramitación del mencionado recurso de impugnación interpuesto por los ahora accionantes; en consecuencia, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, con relación a la actuación del Juez de Instrucción ahora demandado, se debe conceder la tutela solicitada en este punto. En relación al tercer agravio, los ahora accionantes sostienen que, presentada la Acusación Formal el 26 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción ahora demandado, mediante providencia de la misma fecha, ordenó su notificación conforme el art. 393 ter. inc. 4) del CPP, otorgando un plazo de cinco días para la presentación de pruebas de descargo, siendo notificados “en fecha 8 de junio de 2022” (sic [fs. 58 vta.]); sin embargo, dicha autoridad jurisdiccional remitió antecedentes al Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, antes del vencimiento del plazo referido.

Del análisis y revisión de antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se establece que el 26 de mayo de 2022 el Fiscal de Materia de la Unidad Especializada en Delitos de Narcotráfico de la ciudad de La Paz presentó Acusación Formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, acusando formalmente a Gonzalo y Nancy ambos Tallacahua Huanca -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 913, (fs. 20 a 24 vta.); Resolución conclusiva que, fue decretada ese mismo día, teniéndose presente la acusación formal y ordenando la notificación de los acusados para que presenten sus pruebas de descargo, conforme el art. 393 ter. inc. 4) del CPP; asimismo, dispuso su remisión al Juzgado de Sentencia -ahora demandado- previo a las formalidades de ley (Conclusión II.6). Por otra parte, consta en el expediente que por providencia de 22 de junio de 2022, la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, verificó que, de la revisión de los datos del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes, se tiene que “el cuaderno procesal en su integridad incluyendo prueba del acusador fiscal ha sido remitido por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar en 20 de junio de 2022 a hrs. 08:30” (sic [Conclusión II.11]). En ese contexto, se confirma que el Juez de Instrucción ahora demandado, mediante proveído de 26 de mayo de 2022, dio curso a la Acusación Formal presentada ese mismo día, disponiendo la notificación de los ahora accionantes para que presenten sus pruebas de descargo en el plazo de cinco días conforme el art. 393 ter. inc. 4) del CPP; dicha providencia fue notificada “en fecha 8 de junio de 2022” (sic fs. 58 vta.) conforme manifiestan los ahora accionantes en su demanda tutelar, sin que este extremo haya sido refutado por la parte accionada. No obstante, de acuerdo a la providencia de 22 de junio de 2022 emitida por la Jueza de Sentencia ahora demandada, se verifica que los antecedentes del proceso en su integridad, incluyendo la referida Acusación Formal, fueron remitidos por el Juez de Instrucción ahora demandado, el 20 de junio de 2022 a horas 8:30, transcurriendo doce días desde la notificación de los ahora accionantes con la referida Acusación formal, hasta su remisión ante la Jueza de Sentencia -ahora demandado-. En consecuencia, se verifica que los ahora accionantes tuvieron la posibilidad de presentar sus pruebas de descargo dentro del plazo de cinco días previsto por ley; por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada en este punto. Respecto al cuarto agravio planteado, los ahora accionante señalan que el 13 de junio de 2022 solicitaron la cesación a la detención preventiva, con fundamento en el art. 239.1 y 2 del CPP; sin embargo, mediante providencia de la misma fecha, el Juez de Instrucción ahora demandado indicó que, según la revisión del SIREJ, el caso se encontraba radicado ante el Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, pese a que tenía competencia para resolver la solicitud -de cesación a la detención preventiva- y sanear el proceso antes de su remisión, sin observaciones ni trámites pendientes. Del análisis y revisión de antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se verifica que mediante Memoriales presentados el 13 de junio de 2022 ante el Juez de Instrucción -ahora demandado-, los ahora accionantes solicitaron se fije día y hora de audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva; no obstante, la indicada autoridad judicial a través de proveídos de la misma fecha, sostuvo que el proceso se encontraba radicado ente el Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, disponiendo la remisión de los memoriales a esa instancia, ordenando se realice en el día y con la nota de atención (Conclusión II.8 y II.9). Posteriormente, mediante providencia de 22 de junio de 2022, la Jueza de Sentencia ahora demandada verificó que, de la revisión de los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes, se constató que el “cuaderno procesal” fue remitido por el Juez de Instrucción ahora demandado, el “20 de junio de 2022 a hrs. 08:30”; en ese sentido, la indicada autoridad judicial señaló que, no resultan evidentes las “providencias de 7, 7, 13 y 13 de junio de 2022” (sic), disponiendo la devolución de los memoriales y sus oficios con nota de atención (Conclusión II.11). En ese marco, considerando que los memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva fueron presentados el 13 de junio de 2022, se concluye que el Juez de Instrucción ahora demandado, no resolvió oportunamente la situación jurídica de los ahora accionantes, limitándose a señalar que el proceso se encontraba radicado ante el Juzgado de Sentencia -ahora demandado- y ordenando su remisión; no obstante, se evidencia que la remisión efectiva del proceso, junto con las pruebas de la Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022, se realizó recién el 20 de junio del mismo año a horas 8:30. Estos extremos demuestran que el Juez de Instrucción ahora demandado ordenó de forma innecesaria la remisión de los memoriales a la Jueza de Sentencia ahora demandada, omitiendo fijar la audiencia correspondiente y dilatando la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada; al respecto, conforme la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Jueces de Instrucción Penal mantienen su competencia para resolver solicitudes de cesación de la detención preventiva hasta que la causa radique formalmente ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal. Por lo expuesto, en el presente caso, correspondía que la autoridad judicial ahora demandada señale audiencia con la mayor prontitud posible y definir la situación jurídica de los procesados garantizando su acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, pues toda solicitud vinculada con la libertad debe ser resuelta con la mayor celeridad posible; en ese entendido, la remisión de antecedentes ante la Jueza de Sentencia -ahora demandada- sin realizar una verificación adecuada, generó dilaciones que afectaron el derecho a la libertad física de los ahora impetrantes de tutela; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada en este punto. En cuanto al quinto agravio, los ahora accionantes sostienen que tanto la Jueza como la Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia -ahora demandadas-, incumplieron con su deber de revisar los antecedentes del proceso penal de referencia, omitiendo verificar si la remisión de los mismos se realizó sin trámites pendientes; en ese entendido, la Jueza de Sentencia ahora demandada, emitió el Auto de Apertura de Juicio 184/2022 de 20 de junio, sin efectuar una revisión minuciosa de los antecedentes; asimismo, mediante proveído de 22 de igual mes y año, reconoció que faltaban actuados que eran competencia del Juzgado de Instrucción -ahora demandado-. Al respecto, es preciso señalar que el Juez de Instrucción -ahora demandado-, mediante proveído de 26 de mayo de 2022, dio curso a la Acusación Formal presentada ese mismo día, disponiendo la remisión de los antecedentes al Juzgado de Sentencia -ahora demandado- previo a las formalidades de ley. Asimismo, conforme el Auto de Apertura de Juicio 184/2022, de 20 de junio, emitido por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, se verifica que radicada la causa y cumplidas las actuaciones preliminares conforme el art. 393 quater del CPP, se dispuso la apertura de juicio oral en procedimiento inmediato, señalando audiencia para el 28 de junio de 2022 a horas 13:00 (Conclusión II.10). Posteriormente, se tiene que las Notas Cite Of. 127/2022 de 7 de junio (fs. 79); Cite Of. 127/2022 de 7 de junio (fs. 80); Cite Of. 129/2022 de 13 de junio (fs. 81); y, Cite Of. 128/2022 de 13 de junio (fs. 82), de remisión de memoriales de 7 y 13 de igual mes y año, en cumplimiento de las providencias de las mismas fechas, dirigidos a la Jueza de Sentencia ahora demandada, consignan el cargo de recepción de 20 de junio de 2022 a horas 14:46, 14:47, 14:42 y 14:45 respectivamente, en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusiones II.12).

Al respecto, por providencia de 22 de junio de 2022, la Jueza de Sentencia -ahora demandada- verificó que, de la revisión de los datos del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes, se tiene que “…el cuaderno procesal en su integridad incluyendo prueba del acusador fiscal ha sido remitido por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar en 20 de junio de 2022 a hrs. 08:30, no siendo evidente el contenido de la providencias de 7, 7, 13 y 13 de junio de 2022 a los cuatro memoriales que anteceden no correspondiendo arrimar al cuaderno procesal memoriales que le fueron dirigidos a esa autoridad cuando el expediente se encontraba bajo su responsabilidad, por lo que devuélvase los 4 memoriales y sus oficios, con nota de atención” (sic [Conclusión II.11]). En ese contexto, conforme a lo expuesto, se verifica que presentada la Acusación Formal el 26 de mayo de 2022, el Juez de Instrucción -ahora demandado-, mediante providencia de la misma fecha, dispuso su remisión al Juzgado de Sentencia -ahora demandado-, previo cumplimiento de las formalidades de ley; en consecuencia, los antecedentes del proceso en su integridad, incluyendo la mencionada Acusación Formal, fueron remitidos por el Juez de Instrucción ahora demandado, el 20 de junio de 2022 a horas 08:30 -conforme establece la providencia de 22 de igual mes y año-; es así que, verificada la radicatoria, la Jueza de Sentencia ahora demandada emitió en la misma fecha el Auto de Apertura de Juicio 184/2022 -de 20 de junio-, disponiendo la apertura del juicio oral en procedimiento inmediato y señalando audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 28 de igual mes y año a horas 13:00. En relación a la Jueza de Sentencia ahora demandada, cabe precisar que, respecto a los actos preparatorios del Juicio Inmediato, el art. 393 quater del CPP establece que, en el plazo de veinticuatro horas de recibidas las actuaciones, el Juez de Sentencia radicará la causa y dictará Auto de Apertura de Juicio, señalando día y hora de audiencia de juicio oral, en un plazo no mayor a cinco días, en base a la acusación pública y/o particular; en ese entendido, se verifica que la actuación de la Jueza de Sentencia ahora demandada se ajustó a la normativa mencionada, toda vez que, radicada la causa en su juzgado y cumplidas las actuaciones preliminares, emitió el Auto de Apertura de Juicio 184/2022 de 20 de junio, señalando audiencia de juicio oral, público y contradictorio conforme a ley. Asimismo, se evidencia que dicho Auto de Apertura de Juicio -184/2022 de 20 de junio-, fue emitido el mismo día de la remisión de los memoriales de 7 y 13 de junio de 2022 a conocimiento de la Jueza de Sentencia ahora demandada, cuyo cargo de recepción por plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, consigna el 20 de junio de 2022 a horas 14:46, 14:47, 14:42 y 14:45 respectivamente (Conclusiones II.12); en ese entendido, no se advierte que el Auto de Apertura de Juicio haya sido emitido después de la remisión de los memoriales de 7 y 13 de junio de 2022 por el Juez de Instrucción -igualmente demandado-, ya que en dicha oportunidad el Juez de Sentencia -ahora demandado- tuvo conocimiento cierto y efectivo de los trámites pendientes a cargo del Juez de Instrucción; en virtud de ello, mediante providencia de 22 de junio de 2022, dispuso la inmediata devolución de los memoriales que fueron presentados cuando el expediente se encontraba bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción -ahora demandado-; bajo ese contexto, no se advierte vulneración alguna al debido proceso, razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a la Jueza de Sentencia ahora demandada. Con relación a la Secretaria del Juzgado de Sentencia ahora demandada, es preciso señalar que, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que los funcionarios de apoyo judicial, carecen de facultades jurisdiccionales, estando sus funciones limitadas a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales, en ese entendido, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o que, mediante sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas. En consecuencia, del análisis de los antecedentes del legajo constitucional, no se tiene prueba alguna que acredite que esta funcionaria de apoyo judicial con su actuación haya incumplido las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado -la Jueza de Sentencia ahora demandada- o que mediante sus actos u omisiones relacionados a sus deberes haya provocado la vulneración de los derechos de la parte ahora accionante; por lo tanto, se verifica que la misma no tiene legitimación pasiva para ser accionada en la presente causa; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna a los derechos invocados por los ahora accionantes, correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela solicitada en su contra.

III.6. Otras consideraciones

Es necesario considerar el accionar de Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, quién, fungió como Juez de garantías en la presente acción tutelar, y al conceder la tutela en favor de la parte accionante, resolvió lo siguiente: “(…) -Se anula todos los actuados realizado por el juzgado de sentencia penal hasta antes del auto de admisión” (sic). Posteriormente, en atención a la solicitud de aclaración, enmienda o complementación, el solicitante de tutela a través de su abogado pidió que el Juzgado de Instrucción ahora demandado, proceda a una nueva y legal notificación con la acusación para que pueda, dentro del plazo, ejercer el derecho de presentación de pruebas. Petición que fue atendida y tenida presente por el Juez de garantías, estableciendo que “De conformidad al art. 13 aclaración, enmienda y complementación del código procesal constitucional impetrada por parte del abogado accionante Gonzalo Tallacahua Huanca y Nancy Tallacahua Huanca como solicita por el juzgado sexto de instrucción penal de la ciudad de el alto deberá notificarse nuevamente con el pliego acusatorio presentado por el fiscal asignado al caso, siendo claro y concreto, ha concluido la audiencia …” (sic). Determinaciones que fueron adoptada sin un análisis previo, en el entendido de que las decisiones de los Jueces o Tribunales de garantías y Salas Constitucionales, deben observar el debido proceso, emitiendo resolución debidamente fundamentadas, motivadas y congruentes, exponiendo con claridad las razones por las que consideran que la actuación de la parte accionada es lesiva o no a los derechos invocados por el peticionante de tutela, y que sirva de sustento a la decisión de conceder o denegar la tutela, en atención al principio procesal de motivación previsto por el art. 3.7 del CPCo; situación que cobra mayor relevancia, cuando se pretende anular obrados de la jurisdicción ordinaria, como sucede en el presente caso cuando el Juez de garantías dispuso anular el “auto de admisión” (sic) -se entiende que hace referencia al Auto de Apertura de Juicio 184/2022, de 20 de junio- emitido por el Juez de Sentencia ahora demandado; de igual forma, omitió dicha labor, sin considerar lo previsto por el art. 13 del CPCo, resolviendo la solicitud de aclaración enmienda y complementación, sin previo análisis ordenando nuevamente la notificación con la Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022, dejando incertidumbre sobre la notificación ya efectuada a los ahora accionantes “en fecha 8 de junio de 2022” (sic [fs. 58 vta.]). En ese entendido, es preciso reiterar que la jurisdicción constitucional no se constituye en una instancia ordinaria que pueda emitir decisiones sobre el fondo de la causa sometida a conocimiento de las autoridades jurisdiccionales; por lo tanto, corresponde llamar severamente la atención a la autoridad jurisdiccional que sustanció la presente acción tutelar, en razón a la inobservancia de los límites de las facultades que le fueron conferidas como Juez de garantías, dejando sin efecto la nulidad del “auto de admisión” (sic) y la orden de nueva notificación con la Acusación Formal presentada el 26 de mayo de 2022 dispuestas en la parte resolutiva de la Resolución 233/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 69 a 72. Sin embargo, en mérito de la facultad prevista por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con el fin de evitar la anulación de las decisiones judiciales que ya se hubieran producido, con la consiguiente afectación del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante que se produciría por efecto de la revocatoria de la resolución traída en revisión. Por último, de la revisión de antecedentes remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, se extrañan las notificaciones con el Auto de admisión de 11 de julio de 2022 (fs. 61) y decreto de la misma fecha (fs. 65 vta.), efectuadas a Patricia Chávez García, Jueza y Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria, ambas del Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionadas-, que imperativamente debieron ser remitidas, toda vez que estos se constituyen en un actuado esencial que permite verificar que las autoridades demandadas tuvieron conocimiento de la acción tutelar a efectos de asumir su defensa, presentar informes y remitir antecedentes del proceso ordinario que dio lugar a la presente acción tutelar, por lo que su omisión implica para este Tribunal el desconocimiento de dicha actuación; sin embargo, considerando que la Jueza de Sentencia autoridad demandada, señaló en su informe haber sido legalmente notificada -el 11 de julio de 2022- (fs. 105) y al haberse denegado la tutela impetrada en contra de dichas autoridades accionadas, corresponde aclarar que esa falta de remisión no incide en la decisión asumida en el presente fallo constitucional, por lo que corresponde llamar severamente la atención al Juez de garantías por esta omisión. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 233/2022 de “10 de julio” -siendo lo correcto 11 de julio-, cursante de fs. 69 a 72, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación al primer, segundo y cuarto agravio, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez de Instrucción ahora demandado:

1) Con relación al primer y segundo agravio, en lo sucesivo, ante la presentación del recurso de apelación incidental de medidas cautelares conforme el art. 251 del CPP, remita antecedentes al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas, evitando demoras injustificadas en su tramitación, al tratarse de un recurso directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física del procesado.

2) Con relación al cuarto agravio, en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del plazo legal, siempre y cuando aún no se hubieran realizado la misma y no se hubiera modificado la situación jurídica del impetrante de tutela. 3º DENEGAR la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación al tercer y quinto agravio, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Llamar severamente la atención a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional. 5° Dimensionar los efectos de la presente resolución constitucional respecto de la revocatoria de la Resolución 233/2022 de “10 de julio” -siendo lo correcto 11 de julio-, cursante de fs. 69 a 72, manteniendo firmes y subsistentes los efectos de la misma, conforme al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0155_2025-S1.pdf · páginas 1 a 39.

Huella digital del PDF (SHA-256): de7201be0c890bcb42dcb474701727687bdecbaf6c9ff48d339104807f02cb39

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