Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de asociación, presunción de inocencia y al debido proceso; toda vez que, como consecuencia de su derecho a la protesta contra la apertura de un mercado paralelo de la hoja de coca, en calidad de dirigente de este sector social, en horas de la madrugada funcionarios policiales encapuchados sin identificación, sin mostrarle mandamiento de aprehensión, sin hacerle conocer los hechos o los delitos que se le atribuían y el lugar donde sería conducido, ingresaron de forma violenta al lugar, gasificándolo, para secuestrarlo, golpearlo y arrastrarlo hacia una movilidad sin placa de control; siendo conducido a un puesto policial, donde el Director Departamental de la FELCC -demandado-; no impidió que continúen torturándolo incluso en celdas judiciales, ordenándoles que le pisen la mano para forzarle a firmar su mandamiento de aprehensión, ocasionándole lesiones físicas tal cual consta el Certificado Médico Forense que le otorgó cuatro días de impedimento; prohibiéndole tener comunicación con su familia y abogados; además, el Juez y el Fiscal de Materia demandados a pesar que tenían conocimiento de la tortura sufrida, no iniciaron las investigaciones correspondientes frente al uso desproporcional y excesivo de fuerza, menos autorizaron su atención médica oportuna para reparar su salud, atentando contra su derecho a la vida; por lo que, al encontrarse en estado de indefensión frente a amenazas de continuar con …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 371/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 36 a 46, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela, con relación a todas las autoridades demandadas y sobre la base de los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que:
a) El Fiscal Departamental de La Paz, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponga al Fiscal de Materia que corresponda, iniciar el proceso investigativo contra los efectivos policiales dependientes del Centro Especial de Investigación Policial de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de la FELCC, contra el Director Departamental de la FELCC codemandado y otros funcionarios policiales que estuvieron a cargo de la ejecución del mandamiento de aprehensión del accionante, ejerciendo supuestos actos de tortura, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que a la emisión de este fallo constitucional el Ministerio Público cuente con otros mecanismos procesales e institucionales que garanticen la idoneidad, exhaustividad e imparcialidad de la investigación. b) El Ministerio de Gobierno en coordinación con el Comandante General de la Policía Boliviana, cumpla los estándares internacionales establecidos en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de esta Sentencia, a efectos de capacitar al personal policial frente a cualquier circunstancia hostil, evitando toda forma de tortura u otras formas de violencia; por constituirse un mandato de orden constitucional y convencional; 3° Exhortar a:
1) Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal
Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; asumir los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2, relacionados con la oportunidad para conocer y resolver un incidente de actividad procesal defectuosa sobre la ilegalidad de la aprehensión; y, los estándares nacionales e internacionales contra la tortura abordados en el Fundamento Jurídico III.3 y III.4 de este fallo constitucional, a efectos de aplicarlos en otros casos similares y sobre todo, cumplir con las responsabilidades internacionales que asumió el estado Plurinacional de Bolivia contra la tortura y otras formas de violencia; donde de por medio se encuentre la protección del derecho a la vida y sus conexos. 2) Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia, cumplir los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; vale decir, asumir los procedimientos establecidos en casos de tortura, como un mandamiento de orden internacional; y,
3) Rolando Rojas Daza, Director Departamental de la Fuerza
Especial de la Lucha contra el Crimen del departamento de La Paz, asumir el desarrollo jurisprudencial establecido en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a efectos de conducir el ejercicio de sus funciones, en casos similares puestos a su conocimiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0154/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50671-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 371/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 36 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samady Brisa Rodríguez Paredes, en representación sin mandato de Julio César Apaza contra Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia; y, Rolando Rojas Daza, Director Departamental de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen (FELCC) del mismo departamento.
Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1 a 11 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, refirió lo siguiente:
Dentro del conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) por el cierre del mercado paralelo, hubieron enfrentamientos entre cocaleros que forman parte de esta organización y la Policía Boliviana que resguardaba sus instalaciones, intensificándose la violencia, con el uso de balines, gases lacrimógenos, dejando varios heridos entre los productores de coca; posteriormente fue aprehendido, empero al momento de su ejecución fue torturado, amenazado, arrastrado y golpeado por funcionarios policiales encapuchados, atentando contra su vida, sin dejar que fuese atendido por un médico especialista, vulnerando sus derechos a la salud y a la vida.
Los mencionados actos de persecución ilegal fueron realizados por funcionarios policiales de la ciudad de Santa Cruz, instruidos por el “Comandante” de la Policía Boliviana, bajo el mando y dirección de Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, dándose la tarea de amedrentar a civiles que se preparaban para el paro de cuarenta y ocho horas, como expresión de su derecho a la protesta; extremos que ahora se reclaman, pretendiendo la tutela de sus derechos fundamentales y la protección de su integridad física; toda vez que, la Policía Boliviana excedió el uso de la fuerza y la proporcionalidad en su detención ilegal.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de asociación, presunción de inocencia y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 21.4, 51.VII, 53, 116.I, de la Constitución Política del Estado (CPE); 4, 5, 7, 9, 27 y 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3, 5, 9 y 11.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); I, XXII, XXV, XXVI y XVII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8.2, 9 y 16.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3, 6.1, 7, 9.1 y 3, 14.2, 15.1 y 22.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura; y, 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Cesar todas las acciones ilegales de persecución indebida y detenciones arbitrarias producto del amedrentamiento, hostigamiento y amenazas por ejercer sus derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y asociación; protegiendo su vida, respetando su libertad y su seguridad jurídica; b) Dejar sin efecto las actuaciones de los demandados; ordenándoles el cese de todo hostigamiento y persecución indebida en su contra; c) Que los demandados, depongan cualquier amenaza en su contra y la de su familia; y, d) Remitir antecedentes al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Celebrada la audiencia virtual el 25 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 22 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) Existe evidencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes realizados en su contra al momento de su aprehensión, cuestionados también por la Defensoría del Pueblo; 2) El hecho se suscitó durante el allanamiento a instalaciones de ADEPCOCA en Villa Fátima, donde fueron gasificadas varias personas; ingresando encapuchados sin identificarse, quienes lo subieron a un vehículo blanco sin placa de control, realizando su captura y traslado como si se tratase de un secuestro, sin hacerle conocer los hechos, las circunstancias, los delitos que se le atribuyen y el lugar donde sería conducido, prohibiéndole además, tener contacto y comunicación con su familia y abogados; 3) En su condición de Presidente del “Comité de Autodefensa” de ADEPCOCA de los Yungas, fue objeto de un ataque inmisericorde por parte de la “autoridad gubernamental”, quien utilizando efectivos policiales o “parapoliciales” procedió a su secuestro; reconociendo a Rolando Rojas Daza, quien al llegar a un puesto no impidió que el resto de secuestradores -presumiblemente policías encapuchados- lo golpearan; en todo caso, ordenó le pisaran la mano cuando no quiso firmar su orden de aprehensión, disponiendo su traslado a celdas policiales, donde también fue golpeado, torturado, provocándole lesiones, conforme lo establece el certificado médico forense; el cual, indica que presentaba contusiones en las extremidades superiores, inferiores, debido a golpes recibidos en la región abdominal, costado derecho e izquierdo; 4) Su madre denunció ante medios de prensa que estuvo vomitando sangre el día de su privación de libertad; situación por la cual, las instituciones de derechos humanos, se pronunciaron contra dicha medida; 5) No se está cuestionando la legalidad o ilegalidad de la orden de aprehensión emitida por el Fiscal de Materia codemandado, tampoco el contenido de la resolución de medidas cautelares ni otras actuaciones del Juez demandado; sino, la forma en cómo se ejecutó la aprehensión -ejerciendo violencia contra su humanidad-; 6) El certificado médico forense, no solo indicaría cuatro días de impedimento, sino la brutalidad con la que fue agredido, por acciones de odio racista emergente de la institución policial, tal como lo denunciado en los actos de 9 de agosto de 2022, veinticuatro productores de hoja de coca, fueron detenidos en Villa Fátima y Villa del Carmen acusados de ser terroristas, siendo tratados como tales en celdas judiciales, donde fueron golpeados, así como lo ocurrido el 21 de septiembre de igual año, con la detención de su persona, de manera arbitraria, violenta y desproporcional; a través de esta acción tutelar busca se reparen las violaciones a sus derechos humanos, esperando que se garantice su seguridad e integridad; 7) Tanto el Juez como el Fiscal de Materia demandados, a pesar de conocer la tortura sufrida, no autorizaron su atención médica; 8) No tuvo un trato médico oportuno y eficiente, pues un certificado médico forense no acredita que haya recibido atención médica necesaria para reparar su salud; en todo caso, solo compulsó los días de impedimento; empero, no fue atendido por un médico que ordene los exámenes correspondientes para determinar si tenía una costilla rota, hemorragia interna o traumatismo abdominal por los golpes recibidos; 9) Se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, luego de haberse intentado acabar con su vida en un trasporte de origen desconocido por encapuchados, sin uniforme; por lo que, teme por su vida; 10) El video arrimado a la presente acción de defensa, demuestra lo acontecido al momento de su detención, advirtiéndose la llegada de un vehículo blanco, el descenso rápido de personas sin uniformes oficiales de otras dos movilidades que no son patrullas policiales, observándose cómo se introducen al interior del inmueble, gasifican y sacan a una persona, la secuestran y parten a toda velocidad; 11) Los procedimientos de arresto fueron completamente desproporcionales; se atacó la casa de su hermana en horas de la noche; sin que la Policía Boliviana haya acudido a su auxilio; 12) El Director Departamental de la FELCC codemandado, le amenazó que si denunciaba estos actos de tortura contra su persona, iban a matar a su madre, su familia, hermanos e hijos; por ello, busca resguardo en la jurisdicción constitucional, a efectos de lograr un sistema de prohibición a la represión policial violenta, desmedida e irracional; 13) Se debe resguardar su vida y brindarle atención médica, además, en lo futuro el Ministerio Público y jueces ante un hecho de tortura, malos tratos, vejaciones y tratos crueles, deben poner a conocimiento del “Servicio Nacional Contra la Tortura”; y, 14) No tiene duda que se trata de una venganza promovida por el Gobierno. En respuesta a las preguntas realizadas por la Jueza de garantías en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, el impetrante de tutela señaló: i) Solicitó la nulidad de la imputación formal y de la ilegal aprehensión; sin embargo, en la presente demanda tutelar no cuestiona ello, sino, la ausencia de investigación del caso de tortura al que fue sometido, la dejadez tanto del Ministerio Público como del Juez de control jurisdiccional, en disponer su atención médica; ii) Denunció ante la autoridad jurisdiccional los actos de tortura a través de la solicitud de nulidad de aprehensión; sin embargo, fue rechazada, incluso en instancia de reposición, quedando constancia de los actuados; iii) Acudió directamente a la acción de libertad, porque continúa escupiendo sangre, sin recibir la atención médica necesaria; sin embargo, se envió una carta a Luis Leonardo Almagro Lemes, Secretario General de los Estados Americanos y al Comité contra la Tortura, acompañando el certificado médico forense y su declaración; y, iv) La aprehensión ilegal fue realizada en horas de la madrugada.
Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 25 de septiembre de 2022, cursante de fs. 20 a 21 vta., manifestó que: a) La acción tutelar interpuesta es inentendible no identifica de qué forma se habría afectado su derecho a la libertad o la manera en que estuviese perseguido o procesado indebidamente; b) El 22 del indicado mes y año, el Ministerio Público puso a su conocimiento la Resolución de Imputación Formal 47/2022, emitida contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de otros estragos, incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, allanamiento de domicilio o sus dependencias, robo agravado, secuestro, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas e instigación pública a delinquir; c) Se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares; disponiendo mediante Auto Interlocutorio de 23 de septiembre de igual año, la detención preventiva del impetrante de tutela; d) En dicha audiencia su defensa técnica interpuso incidente de actividad procesal defectuosa de ilegalidad de aprehensión, señalando audiencia para el 26 del señalado mes y año; sin embargo, al encontrarse su asunto en conocimiento de un Juez de control jurisdiccional, se mantuvo su detención preventiva; y, e) En ninguna parte de la acción tutelar el accionante señala, de qué forma se le lesionaron sus derechos; toda vez que, la Resolución de Imputación Formal 47/2022 fue emitida en apego a la Constitución Política del Estado y las leyes; no interpuso recurso de apelación incidental. Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 25 de septiembre de 2025, cursante de fs. 17 a 19 y en audiencia virtual, indicó: 1) El proceso tiene aviso de inicio de investigaciones de 9 de septiembre de 2022, por los delitos de otros estragos, incendio, lesiones graves y leves, tenencia y porte o portación ilícita, privación de libertad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones contra autores, con ampliación de la investigación por los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias, lesiones gravísimas, robo agravado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, secuestro, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, organización criminal, instigación pública a delinquir contra Freddy Machicado Vásquez, Julio César Apaza Tintaya y otros; consiguientemente, se están realizando los actuados procesales que corresponden; 2) El accionante debió acudir al Juez de control jurisdiccional a efectos que al tiempo de conocer la imputación formal, sea quien resuelva la situación procesal del imputado; al no ser evidentes los actos denunciados por el prenombrado, no corresponde otorgar la tutela solicitada; 3) El impetrante de tutela, junto con otros autores, tomaron de forma agresiva el mercado de la coca ubicado en la zona de Villa El Carmen, maltratando a sus propios compañeros cocaleros entre ellos mujeres y niños, siendo incluso ensangrentados; razón por la cual, se comenzaron las investigaciones en su contra; 4) El Ministerio Público no vulneró ningún derecho ni garantía; en todo caso, la emisión del mandamiento de aprehensión, la solicitud y audiencia de medidas cautelares fueron realizadas con objetividad; 5) Son falsos los alegatos de haber sufrido torturas y que se hubiera allanado su domicilio; pues, lo desmiente un video que acredita cómo fue la aprehensión; y, 6) El certificado médico forense, le otorga cuatro días de impedimento, pero no nos sugiere que podríamos llevarlo a un centro médico; al margen que ya fue valorado por un galeno legal. En respuesta a las preguntas realizadas por la Jueza de garantías en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, el Fiscal de Materia codemandado, indicó además: i) La aprehensión fue realizada a horas 2:30 de la madrugada del 22 de septiembre de 2022, ordenada por su persona; ii) El accionante tuvo asistencia jurídica en todo momento, incluso dio su declaración informativa; iii) En el cuaderno de control jurisdiccional, consta que se emitió una orden de allanamiento con horas y días extraordinarias, donde se acompañan mandamientos de aprehensión; iv) En ningún momento el impetrante de tutela manifestó que sufrió agresiones o maltratos, cuando se le preguntó si se encontraba bien, afirmó que sí; v) Hasta el momento de emitir la imputación, en ningún momento se evidenció que tenía lesiones; vi) De observar que sufrió vejámenes, se lo habría remitido a un centro médico; y, vii) El Ministerio Público, emitió un requerimiento fiscal a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para que informe si hubo violencia en la aprehensión del impetrante de tutela, estando a la espera del mismo. Rolando Rojas Daza, Director Departamental de la FELCC, en audiencia de garantías, manifestó: a) El presente caso se viene investigando en la FELCC, por los hechos suscitados el 8 de septiembre -se entiende de 2022-, con la toma violenta de la sede del mercado de la coca, ubicado en zona de Villa El Carmen; b) Independientemente de la denuncia realizada por el accionante, la Policía estuvo investigando con carácter previo, otros casos de violencia por el uso desmedido de artefactos explosivos por parte del sector cocalero, en los que se aperturaron diferentes procesos. Se tienen declaraciones informativas de las víctimas donde individualizan la participación de Julio César Apaza, entre otros, como la persona que participó en los hechos referidos, plasmadas en el cuaderno de investigaciones; c) Se lo considera al impetrante de tutela alguien peligroso para la sociedad; es por ello, que se encuentra en curso una investigación penal en su contra; y si bien respetan el derecho a la protesta, pero, cuando se vulnera derechos y libertades, deben hacer cumplir su función policial; d) Llegó a conocer de manera fortuita la referida aprehensión; en consecuencia, desvirtúa enfáticamente toda denuncia realizada sobre hechos de tortura u otro tipo de acciones violentas o discriminatorias ejercidas contra su humanidad; e) La aprehensión fue realizada como consecuencia de un mandamiento emitido por autoridad competente, a efectos de realizar labores investigativas dirigidas por el Ministerio Público, dentro de un proceso penal aperturado contra el accionante; por lo que, niega haber ejercido actos de tortura contra su vida e integridad física; f) Al percatarse de la presencia policial, el accionante se dio a la fuga por rutas alternas en un taxi; por lo que, se realizó una persecución, logrando interceptar el vehículo en la calle Arapata, desvirtuando el alegato de haberse allanado algún domicilio; g) Puso resistencia agresiva y aprovechando su condición corporal, lesionó a una funcionaria policial, para poder escapar; una vez aprehendido, fue puesto a conocimiento de una autoridad de control jurisdiccional; es decir, que se procedió conforme a los arts. 226 y 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, h) El accionante interpuso apelación contra la Resolución que resolvió la medida cautelar de su detención preventiva, donde también denunció sobre las supuestas actuaciones de tortura ejercidas en su contra, por lo que, se encuentra pendiente de resolución, operando la subsidiariedad. Atendiendo las consultas de la Jueza de garantías, el Director Departamental de la FELCC, señaló, además: 1) Funge como Director Departamental de la FELCC y también por disposición del Comando Departamental, desempeña funciones como supervisor en servicios extraordinarios; en el caso del accionante; su actuación fue circunstancial por orden emanada de autoridad competente; 2) No tiene conocimiento que contra el impetrante de tutela se hayan ejercido actos de violencia o tortura por parte de los funcionarios policiales; no percibió ninguna irregularidad en el proceso; 3) Una unidad de inteligencia, es el grupo que ejecutó la aprehensión; y, 4) Dentro del proceso penal, existen las vías para que el accionante pueda averiguar los nombres de los funcionarios policiales que ejecutaron el mandamiento de aprehensión; es más, se encuentran en el cuaderno procesal. Asimismo, cabe aclarar que la Jueza de garantías rechazó la participación del Ministerio de Gobierno, por no ser parte de la presente acción de libertad.
La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 371/2022 de 26 de septiembre -lo correcto es 25 de septiembre-, cursante de fs. 36 a 46, concedió en parte la tutela solicitada: i) Con relación al Fiscal de Materia codemandado, por evidenciarse que, al tiempo de ejecutar la orden de aprehensión, no precauteló el derecho a la integridad personal del accionante vinculado con su vida, libertad personal y de locomoción; dispuso que: i.a) Una vez recibido el informe de la Policía Boliviana, asuma las atribuciones que le concede el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado; en consecuencia, si evidencia la probable comisión de un hecho ilícito, se inicie la acción penal; i.b) Remitir antecedentes y el informe correspondiente ante el Fiscal Departamental de La Paz, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, respecto a las acciones que se tomará con base a lo escuchado en esta acción tutelar; y, i.c) En el instante, emita los requerimientos correspondientes para que se constituya el médico particular o el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a efectos de establecer el tratamiento o la salida del penal para su atención médica; y, ii) Con referencia al Juez demandado, al no haber velado oportunamente por los derechos y garantías del impetrante de tutela al tiempo de ejercer el control de legalidad formal y material de la aprehensión; sin embargo, al efectuarse una audiencia donde se dilucidará esta problemática, determinó que: ii.1) La resolución debe ponerse a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión; ameritando, llamada de atención severa en su contra por no adecuar sus acciones al Código de Procedimiento Penal; y, ii.2) Haga conocer al Juez de Ejecución Penal, sobre el presente caso, para las salidas médicas y todos los reclamos sobre el derecho a la salud del impetrante de tutela. Respecto al Director Departamental de la FELCC, denegó la tutela impetrada; toda vez que, no se demostró que haya tenido conocimiento inmediato, de lo denunciado en esta acción tutelar; sin embargo, se evidenció que los funcionarios policiales no tienen una capacitación adecuada con relación a los alcances de la tortura, para que en lo futuro el Estado no sea responsable por la comisión de este delito; en consecuencia, sean los Ministerios de Justicia y de Gobierno, los responsables de la capacitación de los funcionarios policiales sobre la tortura y las reparaciones que conlleva, antes que llegue alguna denuncia ante Corte IDH; asimismo, se tiene que tomar en cuenta que los funcionarios policiales que ejecutaron la aprehensión no son dependientes del Director Departamental de la FELCC, sino, corresponden a la unidad de inteligencia, quienes tienen que recibir capacitaciones. Esta determinación fue emitida sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Debe considerarse que, antes de resolverse una medida cautelar puede conocerse directamente o vía incidente la legalidad o ilegalidad de una aprehensión; incluso de oficio; sin embargo, el Juez demandado, desconoció lo desarrollado en la SCP 0855/2022-S4 de 22 de julio; b) En las audiencias de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional, debió verificar que no se hayan vulnerado los derechos ni garantías del imputado; en el caso del impetrante de tutela, se lesionaron sus derechos a la vida y a la libertad de locomoción, porque el Juez demandado no realizó el control jurisdiccional sobre una aprehensión que fue realizada en horarios inhábiles para tal efecto; c) El Fiscal de Materia codemandado, una vez conocidas las agresiones, emitió un requerimiento para que se obtenga el certificado médico forense donde se detalla cuatro días de impedimento; sin embargo, también tenía la obligación de verificar que al accionante no se le vulnere ningún derecho; pero, en ningún documento del Ministerio Público consta el reclamo, tampoco que hubiera emitido un requerimiento para obtener la información respecto a los funcionarios policiales sobre lo ocurrido el 22 de septiembre de 2022 en la madrugada, de donde se tiene que, el funcionario fiscal no cumplió con su labor de precautelar no solo el derecho de las víctimas sino también del imputado. No existen antecedentes que se haya iniciado el correspondiente proceso penal contra los autores de los hechos denunciados por el accionante; d) El Director Departamental de la FELCC, conoció circunstancialmente la aprehensión del accionante, como consecuencia de una disposición superior; empero, no se la ejecutó por su orden, pues no se demostró que fuese la persona que agredió al impetrante de tutela; e) Con relación a la solicitud de remitir antecedentes al Alto Comisionado de Derechos Humanos, se debe considerar que se encuentra pendiente la audiencia para determinar la legalidad o no de la aprehensión; por lo que, no corresponde conceder este petitorio; f) Aún se encuentra pendiente de consideración la audiencia sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión; y en consecuencia, la posibilidad de la interposición de un recurso de apelación; por lo que, no opera la subsidiariedad; y, g) Corresponde que el Ministerio Público active la acción penal y precautele el derecho a la vida del solicitante de tutela; ya que hasta el momento no pudo tener un contacto directo con el accionante que se encuentra en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, amerita conceder la tutela con relación a esta autoridad. En la fase de Enmienda, Complementación y Aclaración (ECA), el abogado del Director Departamental de la FELCC codemandado, cuestionó por una parte, la afirmación que fueron los funcionarios de inteligencia de la Policía Boliviana, los que ejecutaron la aprehensión, sobre la base de un video presentado por el accionante; para lo cual, consultó, si el mismo tiene carácter probatorio; y por otra parte, solicitó se pronuncie sobre la aplicación de los arts. 4 y 180 del CPP, respecto a la emisión de órdenes de aprehensión a cargo del Ministerio Público. En respuesta a la solicitud de ECA, la Jueza de garantías, a través del Auto de Vista de 25 de septiembre de 2025, fundamentó lo siguiente: 1) Se consideró que el Director Departamental de la FELCC codemandado, no estaba encargado de ejecutar la orden de aprehensión; sin embargo, queda pendiente la audiencia de consideración sobre la legalidad o ilegalidad de la orden de aprehensión; por lo que, no amerita enmienda, aclaración o complementación; 2) En la audiencia de consideración de esta acción tutelar, se afirmó que son los miembros de inteligencia de la Policía Boliviana los que ejecutaron la aprehensión; y, 3) A pesar de existir una orden de aprehensión emitida por autoridad competente, amerita disponer la capacitación tanto a funcionarios policiales como a los del Ministerio Público con relación a la tortura. En la fase de ECA, la parte accionante solicitó una complementación y aclaración, en sentido que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pueda proveerle de atención médica inmediata. En respuesta la Jueza de garantías a través del Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2022, aclaró que el Ministerio Público debe emitir de forma inmediata un requerimiento para que el accionante reciba atención médica dentro del recinto penitenciario; y en consecuencia, el galeno emita un informe dentro del plazo de las veinticuatro horas. En la fase de ECA, el Fiscal de Materia codemandado señaló que el Ministerio Público emitirá un requerimiento médico forense, para que certifique si evidentemente el accionante requiere o no, una valoración médica. En respuesta la Jueza demandada, aclaró que se debe emitir un requerimiento para permitir el ingreso de un médico al Centro Penitenciario de San Pedro, sea particular a forense, de forma inmediata; y con relación a que si se realizó o no la tortura, devendrá de un debido procedimiento de investigación. Mediante Memorial de 28 de septiembre de 2022, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz demandado, solicitó ECA de la Resolución 371/2022, cuestionando que la SCP 0015/2021-S3 de 23 de febrero, determina la tramitación procesal sobre una aprehensión ilegal, cuando es planteada como incidente, ello siempre es a pedido de partes, no por la vía directa de control jurisdiccional. En respuesta, la Jueza de garantías mediante Auto Interlocutorio de 28 de septiembre de 2022, dispuso no ha lugar a la solicitud de ECA fundamentando lo siguiente: i) La propia SCP 0015/2021-S3, señala que puede conocerse el incidente de aprehensión ilegal, antes de la audiencia de consideración de medidas cautelares, siendo que el control de legalidad puede realizarse incluso de oficio; asimismo, existe otra etapa para interponerlo, conforme al art. 314 del CPP; pues conforme al art. 54.1 y 279 del CPP, puede activarse durante la audiencia o antes, a objeto de tener una resolución debidamente fundamentada antes de la determinación de su situación jurídica; ii) La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, otorga la posibilidad de tutelar hechos y derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad; y, iii) Hasta la fecha de emisión del presente Auto Interlocutorio de Enmienda y aclaración, el Fiscal de Materia ni el Juez demandados, remitieron documentos sobre el cumplimiento o no, de la citada Resolución Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Julio Cesar Apaza Tintaya -ahora accionante-, a instancia del Ministerio de Gobierno y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), a través del memorial de 22 de septiembre de 2022, Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia -ahora codemandado- efectuó la remisión de aprehendido y presentó la Resolución de Imputación Formal 47/2022 de igual fecha ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, por la presunta comisión de los delitos de estragos, incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, allanamiento de domicilio o sus dependencias, robo agravado, secuestro, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas e instigación a delinquir; asimismo, solicitó la medida extrema de detención preventiva; autoridad que mediante decreto de igual fecha, señaló audiencia para el 23 del mismo mes y año a horas 8:45 (fs. 75 a 80 vta.). II.2. A través del Formulario Único de Denuncia (CUD) de 22 de septiembre de 2022, Soledad Limachi Huanca, informó que se encontraba en la zona de Villa Fátima, en la calle Arapata a la altura de ADEPCOCA, junto a cinco camaradas: Alberth Bryan Burgos Saavedra, Limbert Condori Janco, José María Mamani, Jorge Miguel Maldonado y Sergio Kanasa Apaza, con el objeto de ejecutar una orden de aprehensión; sin embargo, al tiempo de acercarse al accionante para indicarle que tenía una orden de aprehensión y debería acompañarlos a la FELCC, le dio un cabezazo en la nariz, la agarró del cuello, la empujó del pecho y la hizo caer al piso, lastimando su nuca y espalda (fs. 136).
II.3. Consta Requerimiento Fiscal de 22 de septiembre de 2022, a través del cual, el Fiscal de Materia codemandado dispuso la valoración médico legal del accionante en la FELCC-El Alto; y ordenó que el médico legal expida el correspondiente certificado médico (fs. 126). II.4. Mediante el Certificado Médico Legal - Forense de 22 de septiembre de 2022, emitido por Julio Guillermo Dalence Montaño, Médico Forense del IDIF, se acredita que el impetrante de tutela durante la valoración médica, le informó que sufrió agresiones físicas por varias personas de sexo masculino en vía pública y por los efectivos policiales de la FELCC, recibiendo golpes de puño en la cara, cabeza y espalda; puntapiés en abdomen y pierna izquierda; pisotón en la mano derecha; no presentó hemorragia por la boca ni por la nariz; siendo que no fue atendido por profesionales médicos por dichas lesiones; consecuentemente, informó que las mismas son compatibles con la data referida de los supuestos hechos; y concluyó que presenta: a) Contusiones simples tipo equimosis en torax, abdomen y pierna izquierda; b) Contusión simple tipo excoriación en cara; y, c) Contusión simple tipo edema en mano derecha; por lo que, le otorgó cuatro días de incapacidad médico legal (fs. 127 y vta.). II.5. Por Informe 320 de 23 de septiembre de 2022, Alberth Bryan Burgos Saavedra, Encargado del Grupo Bravo del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) de La Paz, comunicó al Director Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, que: 1) A horas 23:45 del 21 de septiembre de 2022, se encontró al accionante dentro de la discoteca Akully ubicada en el tercer piso del Edificio Vocal, situado en la avenida Ramiro Castillo; a horas 2:30 salió del local acompañado de cuatro personas, pero al intentar abordarlo se percató de la presencia policial, escapando rápidamente en un radio móvil junto a sus acompañantes; siendo interceptado el vehículo se le indicó que tiene una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público; pero al escuchar esto, realizó acciones violentas para evadir su ejecución, poniendo resistencia física, agrediendo a Soledad Limachi Huanca, funcionaria policial, ya que al tiempo de escapar le propinó un golpe en la cabeza y nariz, empujándola al piso, para caer sobre ella; 2) Ante la resistencia del accionante, se realizó el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza para precautelar la seguridad del aprehendido y los funcionarios policiales, logrando introducirlo al vehículo para ser conducido a la FELCC central; y, 3) Soledad Limachi Huanca, presenta lesiones por las agresiones del aprehendido; siendo evaluada por el médico forense, quien le otorgó tres días de incapacidad médico legal (fs. 134 y vta.). II.6. Cursa Acta de Audiencia Pública de Consideración de Medidas Cautelares de 23 de septiembre de 2022; en la cual, el abogado del accionante planteó incidente de actividad procesal defectuosa por aprehensión ilegal; sin embargo, el Juez demandado amparado en los arts. 314 y 315 del CPP, estableció su consideración para el 26 de septiembre de 2022; ante lo cual, el impetrante de tutela entre otros argumentos cuestionó como puntos centrales que el imputado se encuentra con cuatro de días de impedimento, toda vez que, fue organizado por paramilitares encapuchados, que lo secuestraron agrediéndole físicamente; ante lo cual, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, el Juez demandado rechazó la solicitud de corrección realizada por el imputado; toda vez que, no hubo error en lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional. El abogado del accionante solicitó recurso de reposición; frente a esta solicitud, el Juez demandado por Auto Interlocutorio de la referida fecha, rechazó el recurso de reposición, sin recurso ulterior, señalando que la situación de la supuesta aprehensión ilegal del imputado, será considerada con celeridad el 26 de septiembre de 2022, donde se determinarán si las actuaciones de los policías y del Ministerio Público son ilegales o no (fs. 81 a 86). II.7. Consta Resolución 272/2022 de 23 de septiembre, por la que el Juez demandado, determinó la detención preventiva del accionante por el plazo de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, el accionante haciendo uso del derecho de defensa material, nuevamente denunció que fue secuestrado con violencia, sin hacerle conocer la orden de aprehensión (Disco Compacto -CD- en el cual se encuentra la grabación de la audiencia de medidas cautelares -fs. 86 vta. y 99 a 112 vta.-). II.8. Consta Requerimiento Fiscal de 25 de septiembre de 2022, emitido por el Fiscal de Materia codemandado al Médico Forense de turno, a efectos que se constituya al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para la valoración médica del imputado; y en consecuencia, expida el certificado médico correspondiente (fs. 124). II.9. Del Certificado Médico Legal - Forense de 26 de septiembre de 2022, se tiene que no amerita establecer más días de incapacidad; sin embargo, sugiere valoración por medicina interna, por los parámetros elevados de presión arterial del imputado (fs. 125 y vta.). II.10. Mediante Informe CITE: DDRO-STRIA 951/2022 de 26 de septiembre, el Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; se tiene que, antes de su valoración médica, informó haber sido agredido físicamente, tener dolor de leve a moderada intensidad en la mano derecha; además de dolor en región de abdomen de leve a moderada intensidad; en consecuencia, se le diagnosticó: i) Contusión simple de tipo equimosis de 1 cm de diámetro en torax anterior; ii) Contusión simple de tipo equimosis en abdomen, flanco derecho de 3 cm de diámetro; iii) Contusión en mano derecha a descartar; iv) Obesidad grado II; y, v) Aparentemente estable al momento de la evaluación médica; ante lo cual, dispuso su tratamiento, aplicándole complejo B más dexametasona en inyectable y por vía oral (128 a 129 y vta.). II.11. Mediante el Auto Interlocutorio 274/2022 de 27 de septiembre, el Juez demandado, declaró infundado e improcedente el incidente de ilegalidad de aprehensión interpuesto por el impetrante de tutela, debiéndose continuar las investigaciones conforme a procedimiento y en la situación jurídica en la que se encuentre el imputado; determinación, que fue efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Conforme a los presupuestos establecidos por la SC 0957/2004-R de 17 de junio y SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, ante la denuncia de ilegalidad de aprehensión, debe realizarse el análisis sobre la legalidad formal y material; es así, que al tiempo de realizar la contrastación con el caso del imputado, se llegó a la conclusión que la aprehensión es legal por cumplir con los requisitos formales y materiales para su ejecución; b) Sobre la base de la SCP 2491/2012, la ejecución de la aprehensión emitida en función del art. 226 del CPP, no se encuentra sujeta a determinados horarios; siendo la única exigencia, que el aprehendido sea puesto a disposición del Juez competente en el plazo de veinticuatro horas, computable conforme a lo determinado por el art. 130 del CPP; por lo que, no existe motivo para considerar que la ejecución de una orden de aprehensión, en horas de la madrugada sea ilegal o vulnere algún derecho fundamental; c) Respecto a la supuesta tortura denunciada por el imputado, fue dilucidada y resuelta por la Jueza de garantías a través de la Resolución 371/2022; razón por la cual, no puede disponer sobre la misma, debiéndose cumplir con dicha determinación; y, d) Existe un Certificado Médico Forense que establece cuatro días de impedimento; sin embargo, corresponde oficiar al IDIF, a objeto de que se designe a otro médico forense para realizar nueva valoración sobre su estado de salud, a efectos de determinar su gravedad y la necesidad o no de su internación médica (Disco Compacto -CD- en el cual se encuentra la grabación de la audiencia pública de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa de aprehensión ilegal (fs. 115 a 120 vta.). II.12. Mediante memorial de 29 de septiembre de 2022, el Juez demandado, en cumplimiento de la Resolución 371/2022, remitió a conocimiento de la Jueza de garantías los siguientes documentos: 1) Imputación formal; 2) Acta de Audiencia de Consideración de Medidas Cautelares de 23 de septiembre de 2022, más el disco compacto donde se encuentra su grabación; 3) Acta de Audiencia de Consideración del Incidente de Actividad Procesal Defectuosa por Ilegalidad de Aprehensión, más el disco compacto donde se encuentra su grabación; y, 4) Oficio, mediante el cual, hizo conocer al Juez de Ejecución Penal la situación procesal del imputado (fs. 122 y vta.). II.13. A través del Informe de 29 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia codemandado, comunicó a la Jueza de garantías lo siguiente: i) En atención al Informe de 26 de septiembre de 2022, emitido por el Investigador Manejo y Control de Crisis, se tiene que esa división coordinó su trabajo con la Dirección Nacional de Inteligencia y con el personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) dependiente de la FELCC, a efectos de ejecutar el mandamiento de aprehensión; ii) Del Informe 320 de 23 de septiembre de 2022, emitido por el Encargado del Grupo CEIP La Paz, se tiene que al tiempo de ejecutar el mandamiento de aprehensión, el accionante agredió físicamente a una funcionaria policial; y, iii) Se efectuó el requerimiento para que el personal médico del IDIF y del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se hagan presentes y valoren la salud del solicitante de tutela, cuyos certificados médicos no le otorgan ningún día de impedimento (fs. 132 y vta.). II.14. Mediante el Informe de 30 de septiembre de 2022, dirigido a la Jueza de garantías, el Fiscal de Materia demandado, remite el Informe 320/2022 elaborado por el Encargado del Grupo Bravo CEIP La Paz y antecedentes del proceso penal seguido por Soledad Limachi Huanca contra el accionante, por las agresiones sufridas el día de su aprehensión (fs. 151 a 152). II.15. Cursa Informe de 7 de octubre de 2022, dirigido al Fiscal Departamental de La Paz, mediante el cual, el Fiscal de Materia codemandado, comunicó lo siguiente: a) A pesar de la conducta agresiva del impetrante de tutela, se respetaron sus derechos y garantías; b) Como consecuencia de requerimientos fiscales, tanto el médico forense como el médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, evaluaron el estado físico del solicitante de tutela, concluyendo que no amerita otorgarle más días de incapacidad; c) En su condición de director funcional de las investigaciones, emitió Requerimiento de 22 de septiembre de 2022, a la Dirección Nacional de Inteligencia, a objeto que informe sobre la ejecución de aprehensión de igual fecha; por Informe 320 emitido por el Encargado del Grupo Bravo CEIP La Paz, el 23 de septiembre del referido año, ante la evasión para evitar su aprehensión, el accionante llegó a lesionar a una funcionaria policial, otorgándole tres días de incapacidad; y, d) no pudo establecerse que hubiere existido tortura o malos tratos como emergencia de abuso de poder o inadecuada intervención policial (fs. 198 a 199 vta.). II.16. Por memorial de 7 de octubre de 2022, dirigido a la Jueza de garantías, el accionante solicitó cumplimiento del fallo constitucional; toda vez que, no se remitió la lista de policías involucrados en la aprehensión ilegal; no se le realizó nuevas evaluaciones por parte del IDIF; tampoco se iniciaron las acciones legales correspondientes por desobediencia a las determinaciones que dispuso; mereciendo el decreto de 10 de igual mes y año, por el que, la Jueza de garantías, dispuso notificar a las autoridades demandadas a fin de informar sobre el cumplimiento de la Resolución 371/2022 (fs. 159 a 160). II.17. A través del Informe de 14 de octubre de 2022, el Fiscal de Materia codemandado, señaló que: i) No remitió un listado de los efectivos policiales involucrados en la aprehensión, porque la Resolución 371/2022, no lo dispone; ii) La Jueza de garantías no declaró la ilegalidad de la aprehensión; por el contrario, dispuso que sea de conocimiento y de resolución por parte del Juez de control jurisdiccional; iii) Se emitieron los requerimientos tanto al IDIF como al médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cuyos certificados médicos fueron remitidos a la Jueza de garantías, a través de los cuales, no se estableció días de incapacidad; y, iv) El 22 de septiembre de 2022, se emitió requerimiento dirigido a la Dirección Nacional de Inteligencia a objeto de informar sobre la aprehensión ejecutada contra el accionante; mereciendo el Informe 320 elaborado por el Encargado del Grupo Bravo CEIP La Paz (fs. 200 a 201 vta.). II.18. Cursa memorial de 17 de octubre de 2022, a través del cual, el Juez demandado informó a la Jueza de garantías, que dio cumplimiento a la Resolución 371/2022, tal cual consta en el escrito de 29 de septiembre del mismo año (fs. 175). II.19. Por Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2022, la Jueza de garantías dispuso: a) Con relación al Fiscal de Materia codemandado, el cumplimiento parcial de la Resolución 371/2022; b) Respecto al Juez demandado, el cumplimiento total de la Resolución 371/2022; c) Conminar al Fiscal de Materia codemandado cumplir la referida Resolución constitucional; y, d) Aclarar que la Resolución 371/2022 fue emitida el 25 de septiembre de 2022; empero, por error la Secretaria consignó como 26 de igual mes y año; este fallo se basó en los siguientes fundamentos: 1) El Juez demandado, remitió los antecedentes de las audiencias de consideración de medidas cautelares y del incidente de actividad procesal defectuosa de aprehensión ilegal y la constancia del envío de antecedentes al Juez de Ejecución Penal; 2) Se denegó la tutela contra el Director Departamental de la FELCC, porque supuestamente no correspondía a su unidad la ejecución del mandamiento de aprehensión; empero, en el informe realizado por el Investigador, Manejo y Control de Crisis de la Dirección Nacional de Inteligencia, afirmó que el operativo fue efectuado tanto por funcionarios de la referida Dirección Nacional de Inteligencia como por el personal de la DACI dependiente de la FELCC; lo cual, tendrá que ser analizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional; 3) Se dispuso que el Fiscal de Materia codemandado inicie la acción penal correspondiente y haga conocer sobre sus actuados al Fiscal Departamental; empero, hasta la fecha de emisión de dicho Auto Interlocutorio, no remitió el informe que debió requerir del personal policial a cargo de la ejecución del mandamiento de aprehensión, sobre la hora y día de ejecución, lesiones, órdenes de habilitación de días y horas inhábiles, allanamiento u otros; tampoco se tiene evidencias que haya remitido el caso a conocimiento del Fiscal Departamental; 4) No existe constancia de haberse iniciado algún curso de capacitación sobre tortura; y, 5) La Corte IDH, establece que en casos de tortura, surgen dos supuestos que activan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presenta denuncia; y por otro, cuando exista razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura en el ámbito jurisdiccional del Estado; sin embargo, después de veinticinco días desde que se llevó a cabo la audiencia de acción de libertad, no se tiene informe que el Fiscal de Materia codemandado haya iniciado alguna investigación; únicamente señaló que no existió tortura o malos tratos, sin que hubiera asumido las acciones legales correspondientes (fs. 177 a 180 vta.). II.20. Por Informe de 26 de octubre de 2022, dirigido a la Jueza de garantías, el Fiscal de Materia codemandado, indicó que: i) Se cumplió con la emisión del requerimiento dirigido a la Dirección Nacional de Inteligencia; y como consecuencia de ello, emerge el Informe 320; ii) Se efectuaron los requerimientos a los médicos tanto del IDIF como del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a efectos de evaluar el estado de salud del accionante y otorgarle el tratamiento correspondiente; iii) Informó a su superior jerárquico para que tenga conocimiento sobre lo sucedido en el presente caso (fs.205 y vta.). II.21. Por memorial de 14 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela reiteró el incumplimiento de la Resolución 371/2022, argumentando que no se remitió la lista de los policías involucrados; no se realizaron nuevas evaluaciones por el IDIF, tampoco se dio inicio a investigaciones penales; mereciendo decreto de 15 de noviembre de 2022; por el que, corrió en traslado al Fiscal de Materia codemandado (fs. 213 a 214). II.22. Por Informe de 25 de noviembre de 2022, dirigido a la Jueza de garantías; a través del cual el Fiscal de Materia codemandado, en lo principal comunicó: a) No es evidente que no se hayan realizados nuevas evaluaciones por el IDIF; al contrario, se tienen los informes tanto del médico del IDIF como del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; a través de los cuales, se acredita el estado de salud del accionante; quien no tiene días de incapacidad; b) En su condición de director de las investigaciones, ante las denuncias realizadas por el accionante sobre su aprehensión, emitió el requerimiento a efectos de determinar si hubo o no violencia; c) Sobre la base del Informe 320 emitido por el Encargado del Grupo Bravo CEIP La Paz, se estableció que no hubo ejercicio de tortura ni malos tratos contra el accionante, y, d) Ya no forma parte de la División Especializada en delitos de anticorrupción, sino, de la División Especializada en delitos contra la vida; ante lo cual, la Jueza de garantías mediante decreto de 28 de noviembre de 2022, dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 216 a 218).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de asociación, presunción de inocencia y al debido proceso; toda vez que, como consecuencia de su derecho a la protesta contra la apertura de un mercado paralelo de la hoja de coca, en calidad de dirigente de este sector social, en horas de la madrugada funcionarios policiales encapuchados sin identificación, sin mostrarle mandamiento de aprehensión, sin hacerle conocer los hechos o los delitos que se le atribuían y el lugar donde sería conducido, ingresaron de forma violenta al lugar, gasificándolo, para secuestrarlo, golpearlo y arrastrarlo hacia una movilidad sin placa de control; siendo conducido a un puesto policial, donde el Director Departamental de la FELCC -demandado-; no impidió que continúen torturándolo incluso en celdas judiciales, ordenándoles que le pisen la mano para forzarle a firmar su mandamiento de aprehensión, ocasionándole lesiones físicas tal cual consta el Certificado Médico Forense que le otorgó cuatro días de impedimento; prohibiéndole tener comunicación con su familia y abogados; además, el Juez y el Fiscal de Materia demandados a pesar que tenían conocimiento de la tortura sufrida, no iniciaron las investigaciones correspondientes frente al uso desproporcional y excesivo de fuerza, menos autorizaron su atención médica oportuna para reparar su salud, atentando contra su derecho a la vida; por lo que, al encontrarse en estado de indefensión frente a amenazas de continuar con hechos de tortura en su contra, solicita la tutela de sus derechos y que en adelante se garantice su seguridad y el respeto a su integridad física y dignidad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizará y resolverá los siguientes problemas jurídicos de carácter procesales constitucional y sustantivo: i) La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad; ii) El momento oportuno para conocer y resolver un incidente de actividad procesal defectuosa sobre la ilegalidad de la aprehensión; y, iii) Sobre la actuación de la Policía boliviana, el Ministerio Público y el Juez contralor de garantías frente a la tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, degradantes o de cualquier forma de violencia física o moral, en cumplimiento de estándares nacionales e internacionales contra la tortura.
mención a la tutela del derecho a la vida frente a casos de tortura
La SCP 0104/2018-S2 de 11 de abril, sistematizadora de línea jurisprudencial se ha pronunciado sobre el alcance del ámbito de protección de la acción de libertad con relación al derecho a la vida y derechos conexos señalando lo siguiente: «El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: a) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; b) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; c) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso d) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aún no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-. […] En esa dimensión argumentativa, se establece que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere, puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, pues una interpretación diferente afecta la noción básica de interpretación de los derechos humanos -asimismo de los derechos fundamentales-, cual es la interpretación favorable al ser humano.
En ese marco, cabe señalar que, dado el carácter informal de la acción de libertad y la naturaleza de los derechos que protege, aún el derecho a la vida no hubiere sido invocado por la parte accionante, es posible su tutela si se observa su vulneración o amenaza.
Otro derecho que se encuentra estrechamente vinculado con la vida, es la integridad física, psicológica, sexual y la consiguiente prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así; el art. 114.I de la CPE, establece: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la regulación normativa de la tortura en el ámbito internacional se dirige fundamentalmente a instituir su prohibición absoluta. Así el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…” Por su parte el art. 5 de la CADH, dispone: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…».
De igual forma, la Corte IDH a través de la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, reconoció la función que cumple el hábeas corpus -acción de libertad para Bolivia- como un medio para garantizar el respeto a la vida e integridad de la persona, a efectos de impedir su desaparición, la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entendimiento que fue reiterado en el Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, a través de la Sentencia de 19 de enero de 1995 sobre Fondo.
Así, en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, con relación al derecho a la vida, la Corte IDH señaló que:
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él (las negrillas son nuestras). De donde se tiene que, a través de la acción de libertad instructiva, se tutela el derecho a la vida y por conexitud los derechos a la dignidad, a la integridad física y a la salud, frente a torturas, tratos o penas crueles e inhumanos, degradantes o cualquier forma de violencia física, psicológica, sexual o moral; toda vez que, se constituye en el mecanismo idóneo para garantizar el respeto a la vida, cuyo goce es un requisito para la materialización de los demás derechos humanos; en consecuencia, en razón al carácter fundamental del derecho a la vida y al principio de informalismo de la acción de libertad, no son admisibles enfoques restrictivos o formalismos que impidan su protección o tutela frente a evidentes lesiones cometidas por funcionarios estatales o particulares. Consecuentemente, en casos relacionados con torturas, tratos o penas crueles e inhumanos, degradantes o cualquier forma de violencia física, psicológica, sexual o moral, tomando en cuenta la importancia del derecho a la vida, que es uno de los objetos de protección de la acción de libertad, ante la denuncia de vulneración de este derecho no opera la subsidiariedad; razón por la cual, es posible su interposición directa sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional.
La SCP 0586/2012 de 20 de julio, recogiendo el precedente en vigor se ha referido a los casos de aprehensiones fiscales o policiales consideradas ilegales, exponiendo lo siguiente: «[…]se debe aclarar lo que ocurre en aquellos casos en los cuales, los afectados se encuentran privados de libertad como consecuencia de una aprehensión que consideran ilegal y acuden con su reclamo ante el juez cautelar; y a la par, el Ministerio Público presenta imputación formal solicitando la aplicación de alguna medida cautelar.
En estos casos, al juez de instrucción le corresponderá conocer y resolver las denuncias de aprehensión ilegal previo a atender la imputación formal y resolver la medida cautelar; por tanto, en la audiencia señalada al efecto, deberá en primer término, emitir una resolución debidamente fundamentada respecto a las denuncias de aprehensión ilegal, determinando si ésta se enmarcó dentro de los límites de la legalidad o la ilegalidad antes de pronunciarse sobre la aplicación de alguna medida cautelar, dado que a dicha autoridad no le está permitido convalidar los actos que vulneraron derechos, al contrario, tiene el deber de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; y a continuación, una vez resuelta la lesión alegada con relación a la aprehensión, corresponderá recién someter a su conocimiento, la consideración de la imputación formal y consecuente aplicación de la medida cautelar, si corresponde. Así la SC 0957/2004-R de 17 de junio, reiterada, entre otras, por la SC 0651/2010-R de 19 de julio, afirmó lo siguiente: “…al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber, impuesto por la norma antes transcrita, de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54 inc. 1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos: 1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar si se observaron los presupuestos constitucionales y legales para la aprehensión, consistentes en: a) orden escrita emanada de autoridad competente -salvo caso de flagrancia-; b) adopción de la medida en base a las formalidades legales (aprehensión en caso de desobediencia a la citación prevista en el art. 224 del CPP o resolución debidamente fundamentada si se trata de la atribución conferida al fiscal de acuerdo al art. 226); c) el cumplimiento del término previsto por ley para remitir al aprehendido ante autoridad judicial (art. 226). Si después del análisis formal realizado por el juzgador, se concluye que se observaron las normas para la aprehensión del imputado, el juez deberá examinar la legalidad material de la aprehensión. 2) Legalidad material de la aprehensión.- Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP).
Si del análisis efectuado, el juzgador concluye que tanto el aspecto formal como material fue observado al momento de la aprehensión, determinará la legalidad de la aprehensión y, con los elementos de convicción existentes, pronunciará la Resolución mediante la cual aplicará la medida cautelar pertinente, si es el caso, ajustada a lo previsto por el art. 233 del CPP, definiendo la situación jurídica del imputado.
Si al contrario, del análisis efectuado por el juez cautelar, se concluye que no se observaron las formalidades o existió infracción a la legalidad material en la aprehensión ordenada, el juez anulará la actuación realizada con violación a las normas constitucionales y legales, y pronunciará la resolución de medidas cautelares, en base a los elementos de convicción existentes, que no hubiesen sido obtenidos en infracción a los derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal declarado nulo…'”.
De ello, se colige que si el juzgador declara la ilegalidad -material o formal-de la aprehensión no está obligado, a disponer llanamente la libertad del imputado, dado que previo a ello, deberá culminar con el actuado al que se convocó, cumpliendo con su finalidad; como es la audiencia de medida cautelar, en la que compulsará los elementos de convicción aportados a efectos de establecer la aplicación o no de la detención preventiva o en su caso de una medida sustitutiva, realizando una valoración integral de los presupuestos mencionados en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, dado que la aprehensión ilegal no constituye óbice ni impedimento para realizar el análisis, y tampoco convierte a la decisión posterior en ilegal porque no guarda necesariamente una relación directa con la misma.
En todo caso, si se verifica la ilegalidad de la aprehensión, conllevará la aplicación de responsabilidades para quien corresponda, empero, una eventual decisión posterior de ejecución de una medida cautelar, modifica completamente las razones de su privación de libertad, habida cuenta que el afectado, a partir de ese momento procesal, vería mermado su derecho a la libertad en virtud a otros motivos.
En ese sentido, la SC 0179/2010-R de 24 de mayo, puntualizó que cuando el tribunal de la acción de libertad determina que existió una aprehensión ilegal, y el imputado se encuentra privado de su libertad como resultado de una detención preventiva impuesta por la autoridad jurisdiccional, no podrá disponer su libertad sólo porque su aprehensión inicial fue ilegal, ya que no guarda una relación directa con la detención preventiva: “…dado que una medida de coerción personal se la aplica en función a una valoración integral de varios presupuestos determinados en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, de ahí que la sola aprehensión ilegal no determina en forma automática que la detención preventiva también sea ilegal y que por dicha razón se deba disponer la libertad y dejar sin efecto la medida cautelar. La ilegalidad de una aprehensión tiene sus propios efectos y determinación de responsabilidad para reparársela, por su parte, la detención preventiva tiene también su propio procedimiento y recursos de impugnación, pues responde a otros presupuestos y elementos distintos a los de la aprehensión…» [las negrillas son añadidas].
nacionales e internacionales contra la tortura
El art. 15.I y III de la CPE, prohíbe el ejercicio de la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, en razón a la protección del derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual; estableciendo además que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. De igual forma, el art. 114 de la CPE, establece:
I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley.
II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho (las negrillas son nuestras).
En ese sentido, la SCP 0476/2011-R de 18 de abril, en el Fundamento Jurídico III.3 -reiterada por la SCP 0011/2012 de 16 de marzo-, con relación a la actividad del Ministerio Público frente a supuestos actos de tortura, señala que:
Sin embargo, considerando el nuevo alcance de la acción de libertad que no sólo protege el derecho a la libertad física o personal, sino también el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, para la protección de la persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes -de acuerdo a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, citada en la SC 0044/2010-R de 20 de abril en cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad y responsabilidad del Ministerio Público (art. 225.II de la CPE); los fines y funciones esenciales del Estado, entre ellas, garantizar la protección e igual dignidad de las personas y el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.1) y 2), y las normas contenidas en el art. 299 del CPP que señalan que el fiscal deberá controlar las condiciones físicas del imputado y el respeto estricto de todos sus derechos, es preciso que los representantes del Ministerio Público dejen constancia, en acta u otro documento (certificado médico forense), del estado físico en que encontraron al imputado luego de su aprehensión -sea por particulares o funcionarios policiales- para que se sigan las acciones correspondientes contra los presuntos autores de los actos lesivos a la integridad física o personal del detenido o aprehendido. Dicho documento deberá ser presentado de manera obligatoria al juez cautelar, quien como se tiene señalado ampliamente, ejerce el control del respeto a los derechos y garantías del imputado, y deberá ser solicitado al fiscal por el juez o tribunal de garantías cuando se denuncien torturas o vejámenes -sin perjuicio de acudir al lugar de detención para verificar las condiciones de la privación de libertad, conforme establece el art. 126.I de la CPE- con la finalidad de que dicho Tribunal y, en revisión, este Tribunal Constitucional, pueda contar con los elementos de prueba necesarios para pronunciarse sobre la supuesta lesión al derecho a la integridad física o personal y la amenaza del derecho a la vida.
Sobre la base de la Sentencia Constitucional Plurinacional citada precedentemente, la SCP 1220/2012 de 6 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3 –reiterada por la SCP 0460/2013 de 10 abril-, mencionó que:
[r]ecordando el nuevo alcance de la acción de libertad que no sólo protege el derecho a la libertad física o personal, sino también el a la vida y el derecho a la integridad física, para la protección de la persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes -de acuerdo a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, citada en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló que: a) Los representantes del Ministerio Público deben dejar constancia en acta u otro documento (certificado médico forense), del estado físico en que encontraron al imputado luego de su aprehensión -sea por particulares o funcionarios policiales- para que se sigan las acciones correspondientes contra los presuntos autores de los actos lesivos a la integridad física o personal del detenido o aprehendido. Documento que deberá ser presentado de manera obligatoria al juez cautelar como autoridad judicial encargada del control del respeto de los derechos y garantías del imputado; y, b) El Juez o Tribunal de garantías y deberá solicitar al fiscal o al juez cautelar dicho documento, cuando se denuncien a través de la acción de libertad, torturas o vejámenes -sin perjuicio de acudir al lugar de detención para verificar las condiciones de la privación de libertad, conforme establece el art. 126.I de la CPE- con la finalidad de que dicho Tribunal y, en revisión, este Tribunal Constitucional, pueda contar con los elementos de prueba necesarios para pronunciarse sobre la supuesta lesión al derecho a la integridad física o personal y la amenaza del derecho a la vida (las negrillas son nuestras).
En esa línea, la SCP 0800/2013 de 11 de junio, en su Fundamento Jurídico III.5, manifestó:
En cuanto a la denuncia sobre la inexistencia de formalidades en la declaración del adolescente y la existencia de torturas, debe señalarse que la autoridad demandada no desvirtuó ninguna de las aseveraciones efectuadas por los representantes del accionante, limitándose a señalar que, en cuanto a las torturas, no se indica quién las habría realizado, si los vecinos o la policía; afirmación que no condice con el deber que tiene dicha autoridad de controlar las condiciones físicas y el respeto estricto de los derechos de toda persona aprehendida, más aún tratándose de un adolescente. En ese sentido, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional (…) ha establecido que los fiscales tienen la obligación de dejar constancia en acta u otro documento (certificado médico forense) respecto al estado físico de las personas aprehendidas, con la finalidad de precautelar sus derechos y, en su caso, demostrar la existencia o no de vejaciones y torturas ante los jueces y tribunales de garantías, dado el nuevo ámbito de protección de la acción de libertad… (las negrillas son incorporadas).
Estos entendimientos fueron reiterados por la SCP 0622/2023-S3 de 16 de junio, entre otras. Dentro del ámbito internacional de protección de los derechos humanos, el Sistema Interamericano, al tiempo de proteger los derechos a la vida y a la integridad personal, prohíbe cualquier ejercicio de la tortura, así el art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De igual forma, el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece que:
Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (el resaltado es nuestro).
En su art. 8, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dispone:
Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado (las negrillas son incorporadas). Con base en esta normativa, la Corte IDH, en el caso Ticona Estrada y Otros Vs. Bolivia, establece que:
…el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aún en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto. (…)
...una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento de un hecho probablemente violatorio de derechos humanos, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Específicamente en casos graves contra la integridad personal como la tortura, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura (el resaltado es nuestro). Sobre la base de este entendimiento, la Corte IDH en el Caso J. Vs. Perú, amplió su razonamiento sobre la obligación de investigar las violaciones a la integridad personal, estableciendo:
341. De conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan al Estado a “toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar [...] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. (…) 347. Respecto de ambas razones, la Corte aclara que de la Convención Interamericana contra la Tortura surgen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. En estas situaciones, la decisión de iniciar y adelantar una investigación no es una facultad discrecional del Estado, sino que constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Además, como ya ha señalado este Tribunal, aún cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento (…) las negrillas son nuestras) Posteriormente, con relación a la práctica de la tortura, la Corte IDH a través del Caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia, se pronunció señalando que:
[…] la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de forma absoluta e inderogable, y pertenecen hoy día al dominio del jus cogens”; asimismo, analiza que: “…la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de estas en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen médico”; de igual forma, en cuanto al concepto de tortura manifestó: “…debe efectuarse de modo acorde con lo dicho, y debe colegirse que el mismo abarca actos de maltrato que: i) sean intencionales; ii) causen severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometan con cualquier fin o propósito”.
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, también se pronunció contra actos de tortura cometidos tanto por agentes del Estado como por particulares; así, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada el 9 de diciembre de 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció lo siguiente: 1) Ningún Estado permitirá, tolerará o justificará, por ningún motivo, la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en todo caso, debe adoptar las medidas efectivas para evitarlos; 2) La policía y otros funcionarios públicos, encargados de la custodia y trato de las personas privadas de libertad, deben ser adiestrados, asegurando que tengan en cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la cual debe estar establecida en las normas o instrucciones generales, que regulan sus deberes y funciones; 3) Toda persona que alegue haber sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por autoridades competentes; 4) Cuando existan motivos razonables de haberse cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procederán de oficio con la investigación imparcial; 5) Si de la referida investigación, se llega a la conclusión de que parece haberse cometido un acto de tortura, se debe incoar un procedimiento penal contra el supuesto responsable; de igual forma, de considerarse fundada una alegación de otras formas de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, el supuesto responsable debe ser sometido a procedimientos penales, disciplinarios u otros adecuados; y, 6) Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fueron cometidos por un funcionario público o a instigación de éste, se concederá a la víctima su derecho a la reparación e indemnización.
De igual forma, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; establece: i) La tortura, implica todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por una acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean realizados por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento; siendo que no se consideran torturas, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas; ii) Se debe tomar las medidas, legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura; siendo que, en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura, menos una orden de un funcionario superior o autoridad pública; iii) Se debe educar e informar sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea civil, policial, militar y de todo aquél funcionario público que participe en la custodia, interrogatorio o en el tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión; debiendo incluirse esta prohibición en las normas e instrucciones relacionadas con los deberes y funciones de estos servidores públicos; iv) Se debe velar por que, siempre que hayan motivos razonables para creer que se cometió un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial; v) Se debe velar porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura, tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por autoridades competentes; y, vi) Se debe garantizar a la víctima de una acto de tortura, la reparación del daño y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluido medios para su rehabilitación; en caso de muerte, las personas a cargo de la víctima, gozarán de dicho derecho.
En ese sentido el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobado el 9 de diciembre de 1988 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, determina: a) “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; b) Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afecten a los derechos humanos, deben ser dispuestas por un juez u otra autoridad competente y quedar sujetas a una fiscalización efectiva; c) “Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; y, d) Toda persona detenida o presa, debe gozar de exámenes médicos apropiados con la menor dilación posible, después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, deben recibir la atención y tratamiento médico gratuitos cada vez que sea necesario.
Ahora bien, sobre la base de los estándares nacionales e internacionales contra la tortura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a las actuaciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Juez de control de garantías jurisdiccionales frente a actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se debe tomar en cuenta los siguientes entendimientos:
1) Se entiende por tortura, todo acto por el cual se somete intencionalmente a una persona a dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean realizados por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento; siendo que no se consideran torturas, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas;
2) En razón de la protección del derecho a la vida y por conexitud de los derechos a la dignidad inherente a todo ser humano, a la salud y a la integridad física, psicológica y sexual; está prohibido el ejercicio de la tortura, tratos crueles inhumanos, degradantes o humillantes, tanto en el ámbito público como en escenarios privados; para lo cual, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Juez de control de garantías jurisdiccionales y otras instancias estatales deben asumir mecanismos de prevención, erradicación y sanción de toda acción u omisión que degrade la condición humana, cause muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico; asimismo, se deben aplicar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir el ejercicio de la tortura; siendo que, en ningún caso se podrá invocar circunstancias excepcionales como justificación de la tortura, menos una orden de un funcionario superior o autoridad pública;
3) La Policía Nacional responsable de la custodia de las personas privadas de su libertad, de los interrogatorios y/o actos investigativos, de las detenciones, arrestos o aprehensiones, debe estar capacitada en la prohibición de empleo de la tortura o cualquier forma de violencia, en el ejercicio de sus funciones; vale decir, que el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Comando General de la Policía Nacional, tiene la responsabilidad de adoptar mecanismos de capacitación a los miembros de la Policía Boliviana para que en la realización de sus labores, en cualquiera de las circunstancias, evite el ejercicio de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o cualquier forma de violencia; en razón al respeto de los derechos a la vida, dignidad, salud e integridad física, moral o sexual;
Además, se debe educar e informar sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la ejecución de órdenes o mandamientos de aprehensión, arresto -entre otras medidas-, sea civil, policial, militar y de todo aquél funcionario público que participe en la custodia, interrogatorio o en el tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión; debiendo incluirse esta prohibición en las normas e instrucciones relacionadas con los deberes y funciones de estos servidores públicos;
4) Con la finalidad de proteger a la persona contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Ministerio Público ante una denuncia sobre el ejercicio de cualquiera de estas formas de violencia, tiene la obligación, de forma inmediata de supervisar el estado físico del aprehendido y el respeto hacia todos sus derechos humanos y fundamentales; para lo cual, luego de efectuarse una aprehensión por particulares o por funcionarios policiales, tiene la responsabilidad de dejar constancia en acta o certificado médico forense, sobre el estado físico y psicológico en el que se encuentra la persona luego de la aprehensión, con la finalidad de seguir de oficio las acciones que correspondan contra los autores o presuntos autores de los actos lesivos al derecho a la vida y derechos conexos a la dignidad, salud e integridad física del aprehendido o detenido. Consecuentemente, el Ministerio Público deberá remitir antecedentes ante el Fiscal Departamental para que disponga la apertura de la investigación contra autor o autores del presunto hecho delictivo por tortura, a cargo de otro agente fiscal; ello, para asegurar que la objetividad del fiscal de materia a cargo del proceso de investigación penal contra el aprehendido y/o imputado -víctima de supuesta tortura-, no se vea comprometida;
5) Asimismo, el Ministerio Público debe informar adjuntando el certificado médico forense o el acta correspondiente al Juez de control jurisdiccional del proceso penal seguido contra el aprehendido y/o imputado -víctima de supuesta tortura-, de manera obligatoria, a efectos de que garantice el respeto de sus derechos y garantías; vale decir que: i) Por una parte, supervise la remisión de antecedentes para que el Fiscal Departamental disponga a través del fiscal de materia que corresponda el inicio de investigaciones -vale decir que todo este procedimiento debe ser llevado adelante de oficio o a petición de parte-; y, ii) Por otra parte, garantice los derechos a la vida, dignidad, salud e integridad física y psicológica, durante la tramitación del proceso penal contra el imputado, velando por evitar la tortura y otras formas de violencia.
Cuando exista una denuncia o razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura al tiempo de la aprehensión, detención, arresto, interrogatorio o durante la privación de libertad de una persona, el Juez de control jurisdiccional a denuncia de parte o de oficio, tiene la responsabilidad sin dilación, de solicitar al Ministerio Público el inicio inmediato de una investigación seria, imparcial y efectiva, conforme lo establecido precedentemente; y cuando corresponda, ameritará el respectivo proceso penal y/o disciplinario a cargo de otra autoridad jurisdiccional; garantizando a la víctima el respeto de su derecho al debido proceso, dentro del cual se pueda identificar, juzgar y sancionar a los responsables; 6) La Defensoría del Pueblo se constituye en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia, encargado de examinar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad a efectos de reforzar su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; para lo cual, tiene la responsabilidad de: a) Visitar los lugares de detención; b) Recomendar al Estado boliviano propuestas normativas con base en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y normativa conexa; y, c) Recibir denuncias o actuar de oficio ante hechos de tortura y otra forma de violencia e interponer las acciones penales y disciplinarias cuando corresponda; Debe tomarse en cuenta que surgen dos presupuestos que accionan 7) el deber de investigar el ejercicio de la tortura: 1) Cuando se presenta una denuncia; y, 2) Cuando exista razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura. En ambas situaciones, se debe iniciar y/o adelantar una investigación de oficio, a instancia de la víctima, de su familiar, de un particular, de la Policía Boliviana, del Ministerio Público, del Juez cautelar, de la Defensoría del Pueblo -entre otros funcionarios públicos-, conforme al procedimiento establecido precedentemente; toda vez que, de ninguna manera se considera una facultad discrecional, sino, se constituye en una obligación estatal imperativa, que deriva del derecho internacional de protección de los derechos humanos que, prohíbe de manera absoluta y estricta la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier forma de violencia;
siendo que, no puede evadirse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole, porque esta determinación de manera inderogable pertenece además al dominio del jus cogens -norma imperativa de derecho internacional-; en todo caso, como se analizó anteriormente, aun cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes, en todo asunto en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado a través de la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Juez cautelar, el Defensor del Pueblo -entre otros- deberán iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar un debido procesamiento; 8) Por otra parte, las autoridades a cargo de un proceso penal sobre tortura, deben tomar en cuenta que, la ausencia de señales físicas no implica necesariamente, que no se hayan producido maltratos; puesto que, es frecuente que estos actos de violencia no dejen marcas ni cicatrices permanentes; asimismo, debe entenderse que los actos de maltrato pueden ser intencionales, causar severos sufrimientos físico o mentales, además de ser cometidos con cualquier fin o propósito; 9) Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fueron cometidos por un funcionario público o a instigación de éste, se concederá a la víctima su derecho a la reparación e indemnización justa y adecuada, incluyendo medios para su rehabilitación; y en caso de muerte, las personas a cargo de la víctima deben gozar de este derecho; 10) Tanto las autoridades como los servidores públicos que apliquen, instiguen o consientan cualquier acto de tortura, deben ser destituidos de sus funciones, previo proceso o procedimiento legal, sin perjuicio de las sanciones establecidas por ley; 11) Toda declaración, acción u omisión que sea realizada mediante el empleo de tortura o cualquier forma de violencia, serán nulas de pleno derecho; 12) Las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, deben ser tratadas con el respeto a su dignidad humana; 13) Toda forma de detención o prisión debe ser dispuesta por un juez competente y dentro de un debido proceso; siendo que, está prohibido el ejercicio de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al momento de efectuarse la detención, arresto o aprehensión de una persona, en cualquier circunstancia; no siendo posible invocarse justificación alguna; y, 14) Todo detenido, preso, aprehendido, arrestado o privado de libertad, que haya sido víctima de tortura u otra forma de violencia, con carácter de emergencia, debe gozar de la atención médica necesaria y de los exámenes apropiados, dispuestos con la menor dilación posible; además de recibir la atención y el tratamiento médico continuo y gratuito hasta su recuperación.
La problemática jurídica se enmarca en el hecho que el accionante denuncia el ejercicio de tortura al tiempo de su aprehensión y en instalaciones de la FELCC, manifestando que: i) El Director Departamental de la referida institución demandada, es responsable por la actuación violenta de los efectivos policiales a su cargo, que lo gasificaron y secuestraron abruptamente de instalaciones de la ADEPCOCA, le propiciaron golpes fuertes y lo arrastraron para meterlo en una movilidad blanca, sin informarle el motivo de la aprehensión ni mostrarle el mandamiento respectivo; asimismo, en instalaciones de la FELCC, en su presencia, continuaron con la tortura hasta el extremo de pisarle la mano derecha para obligarlo a firmar el mandamiento de aprehensión; ii) El Fiscal de Materia codemandado, no inició un proceso investigativo frente a la denuncia de tortura, tampoco requirió la atención médica inmediata a su favor, a pesar de haberlo solicitado en la audiencia de consideración de medidas cautelares; y, iii) El Juez demandado, le negó la consideración de su incidente de actividad procesal defectuosa sobre la ilegalidad de su aprehensión, con carácter previo a resolver la solicitud de imposición de medidas cautelares; siendo que dentro de otros alegatos denunció haber sufrido tortura por parte de efectivos policiales al tiempo de su aprehensión, solicitando atención médica oportuna y una investigación imparcial; sin embargo, rechazó conocer el incidente sino hasta una data después a la audiencia de medidas cautelares; con lo cual, lo dejó en estado de indefensión frente a la susceptibilidad de continuar sufriendo agresiones físicas durante su detención y sin la atención médica oportuna, ya que se encontraba vomitando sangre por los golpes recibidos; en consecuencia, los demandados frente a un caso de tortura, lesionaron sus derechos a la vida en conexitud con la dignidad, integridad física, salud y debido proceso.
Ahora bien, con carácter previo a conocer el fondo de la problemática planteada, con la finalidad de aclarar a las partes demandadas que alegaron subsidiariedad a efectos de denegar la presente acción tutelar; amerita señalar que conforme lo analizado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional debe tomarse en cuenta que: a) El derecho a la vida se extiende no solo a la prevención y/o protección contra la muerte arbitraria, sino que, implica la creación de condiciones de vida digna, lo cual a su vez involucra, la protección de otros derechos conexos e interdependientes como la salud y la integridad física; siendo que a través de la acción de libertad se favorece el acceso a la justicia constitucional frente a la lesión del derecho a la vida de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos; razón por la cual, bajo ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional, pues el derecho a la vida requiere de una tutela inmediata; y, b) Conforme a estándares nacionales e internacionales de protección del derecho a la vida, la acción de libertad es el mecanismo constitucional idóneo y oportuno para garantizar el respeto a la vida e integridad de la persona, con la finalidad de protegerla contra la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en consecuencia, ante denuncias de cualquiera de estas formas de violencia que atenten el derecho a la vida y por conexitud la dignidad, la salud e integridad física, no opera la subsidiariedad, siendo posible la interposición directa de la acción de libertad sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional. Consecuentemente, en el presente caso, donde el objeto de la denuncia es la lesión de los derechos a la vida, dignidad, salud e integridad física del accionante al haber sido supuestamente sometido a actos de tortura; amerita ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada. En ese sentido, se efectuará el control de constitucionalidad tutelar de las actuaciones de cada uno de los demandados partícipes en el proceso de aprehensión del accionante como supuesta víctima de tortura y otras formas de violencia; vale decir, enmarcando el análisis en el ejercicio de una supuesta tortura y en las acciones de las autoridades demandadas frente a esta denuncia.
De obrados se advierte que el Juez demandado tuvo dos oportunidades para conocer y observar el procedimiento frente a las denuncias realizadas por el accionante, sobre supuestos actos de tortura u otras formas de violencia ejercidos en su contra por parte de la Policía Boliviana y del Ministerio Público al tiempo de hacer caso omiso ante sus solicitudes de recibir atención médica oportuna; que serán analizadas a continuación: La primera, conforme a las Conclusiones II.1, II.2, II.4, II.5, II.6 y II.7, se tiene que, el Juez demandado a cargo del control jurisdiccional del proceso seguido contra el accionante, con carácter previo, tuvo conocimiento en la audiencia pública de consideración de medidas cautelares de 23 de septiembre de 2022, del incidente de actividad procesal defectuosa sobre la ilegalidad de la aprehensión, siendo que entre otras denuncias, cuestionó el supuesto ejercicio de de tortura en su contra por parte de efectivos policiales y las consecuentes solicitudes de atención médica inmediata, el inicio de investigaciones y la protección de su integridad física mientras se encuentre detenido, a efectos de no volverse a ejercer en su contra cualquier forma de violencia.
De igual modo, se advierte, que el impetrante de tutela pidió que dicho incidente sea resuelto antes de la solicitud de medidas cautelares, por encontrarse lesionados y en riesgo de continuarse con la vulneración de sus derechos a la vida y por conexitud, la dignidad, salud e integridad física durante su detención; sin embargo, se advierte que la autoridad judicial hizo caso omiso a estas solicitudes, disponiendo la postergación de su conocimiento y resolución para el 26 de igual mes y año, sin mayor pronunciamiento ni actuación frente a la denuncia de tortura y el estado de salud del impetrante de tutela, a pesar que en dicha fecha ya contaba con antecedentes suficientes para disponer el inicio de un proceso investigativo contra los funcionarios policiales denunciados. En efecto, conocía del Informe 320 de 23 de septiembre de igual mes y año, donde el Encargado del grupo CEIP de La Paz, comunicó al Director Nacional de Inteligencia Boliviana, sobre la forma de ejecución del mandamiento de aprehensión contra el accionante, afirmando que ante su resistencia, se realizó el uso proporcional y progresivo diferenciado de la fuerza, denominándolo como un control de contacto físico para introducirlo a un vehículo y ser trasladado a dependencias de la FELCC; y sobre todo, por contar con el Certificado Médico Forense que otorgó cuatro días de impedimento al solicitante de tutela, como consecuencia de haber sufrido lesiones físicas como contusiones simples de tipo equimosis en tórax, abdomen y pierna izquierda, contusión simple de tipo excoriación en la cara y contusión simple de tipo edema en la mano derecha. Sobre el particular, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez de instrucción penal tiene la responsabilidad de conocer y resolver los incidentes sobre la ilegalidad de la aprehensión, antes de analizar la imputación formal y resolver la solicitud de una medida cautelar; toda vez que, no puede convalidar actos que vulneran derechos, al contrario, con carácter previo, tiene el deber de pronunciarse oportunamente sobre su legalidad o ilegalidad, conllevando a la aplicación de responsabilidades para quien corresponda; ameritando, recién someter a su conocimiento la consideración de la imputación formal y la consecuente aplicación de la medida cautelar -si corresponde- ello, porque tiene la obligación legal de ejercer el control de la investigación a efectos de proteger los derechos y garantías de la etapa investigativa de manera oportuna y diligente; lo que no significa que el juzgador esté obligado a disponer la libertad del imputado, porque posteriormente deviene el conocimiento y resolución de la solicitud de imposición de medidas cautelares, donde se dispondrá la aplicación o no de la detención preventiva o en su caso de otra medida cautelar.
En el caso de autos, la autoridad judicial demandada no observó esta línea jurisprudencial, al postergar indebidamente el conocimiento de la situación jurídica del imputado como consecuencia de una aprehensión ejecutada en la que se denunciaba el ejercicio de tortura y sin recibir atención médica oportuna frente a las agresiones físicas acreditadas a través de un Certificado Médico Forense; dejándolo con ello, en estado de indefensión absoluta, más cuando de por medio se encontraba el riesgo la vida, salud, dignidad y seguridad física del accionante. En todo caso, el Juez demandado, debió observar los estándares nacionales e internacionales contra la tortura y toda forma de violencia sistematizados en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; vale decir que, sobre la base del Certificado Médico Forense, por el que se acredita la existencia de agresiones físicas en la humanidad del accionante y el Informe 320 de 23 de septiembre de 2022, mediante el cual el Encargado del CEIP de La Paz, comunicó al Director Nacional de Inteligencia Boliviana que ante su resistencia, tuvieron que ejercer el uso proporcional y progresivo diferenciado de la fuerza, asumiendo un control de contacto físico para ejecutar el mandamiento de aprehensión. El Juez demandado ante la denuncia de ejercicio de tortura contra el solicitante de tutela al tiempo de ejecutarse el referido mandamiento de aprehensión, tenía la obligación sin dilación de disponer que el Ministerio Público, a través de otra autoridad fiscal, de inmediato inicie una investigación seria, imparcial y efectiva dentro de un debido proceso penal, donde se pueda identificar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables en caso de verificarse la supuesta tortura; por otra parte, en resguardo de los derechos a vida, dignidad, salud y seguridad física, tenía la responsabilidad internacional de manera inmediata y con carácter previo a conocer y resolver las medidas cautelares, de disponer la atención médica del impetrante de tutela; toda vez que, de acuerdo a lo desarrollado en Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, toda persona detenida que denuncie tortura y/o exista indicios sobre el ejercicio de cualquier forma de violencia, debe gozar de exámenes médicos apropiados, los cuales deben ser dispuestos por autoridad competente con la menor dilación posible; siendo que la atención y tratamiento médico gratuito debe ser continuo. Sin embargo, la autoridad judicial demandada, tampoco observó este entendimiento, no solo de orden nacional sino de carácter internacional, a pesar que el accionante en su recurso de reposición, enfatizó que frente a los golpes recibidos, por el dolor sufrido y la hemorragia causada, tenía temor de tener fracturada su mano derecha o sus costillas, reiterando su solicitud de atención médica; empero, la autoridad judicial demandada nuevamente rechazó tal solicitud; por lo que, lesionó los derechos al debido proceso y sobre todo a la vida, dignidad, salud y seguridad física del impetrante de tutela.
La segunda oportunidad para conocer y disponer lo que corresponde en ley frente a la denuncia de tortura realizada por el accionante y a la petición de atención médica, conforme a la Conclusión II.11 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se presentó al momento de conocer y resolver el incidente de actividad procesal defectuosa sobre la ilegalidad de aprehensión -después de emitida la Resolución 371/2022 por la Jueza de garantías-, en cuya audiencia, el impetrante de tutela volvió a denunciar el supuesto trato inhumano recibido durante su aprehensión y en presencia del Director Departamental de la FELCC codemandado y sobre la necesidad de contar con una atención médica oportuna a través de un galeno particular, alegando desconfiar del médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por su dependencia con el Ministerio de Gobierno que se constituye en la parte demandante del proceso penal iniciado en su contra; ante lo cual, el Juez demandado señaló que respecto a la supuesta tortura denunciada, ya fue dilucidada y resuelta por la Jueza de garantías, razón por la cual, no podría ingresar a conocer el caso, debiéndose cumplir con la Resolución 371/2022. Sobre el particular, cabe aclarar que, la Jueza de garantías no dilucidó ni resolvió con relación a la comisión o no de la denuncia de tortura ejercida sobre la humanidad del solicitante de tutela, en todo caso, dispuso que el Ministerio Público, inicie el correspondiente proceso investigativo sobre la base de los informes emitidos por los funcionarios policiales que ejecutaron el mandamiento de aprehensión; en consecuencia, la autoridad judicial demandada debió ejercer el control jurisdiccional de las actividades del Ministerio Público y velar porque se cumpla con la parte dispositiva de la señalada Resolución Constitucional; o caso contrario, aún tenía la oportunidad de disponer por mandato internacional, el inmediato inicio de un proceso investigativo a cargo de una nueva autoridad fiscal por el supuesto delito de tortura; tal cual, se analizó precedentemente sobre la base de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; empero, al no hacerlo, inobservó estándares naciones e internacionales contra la tortura, vulnerando el derecho al debido proceso del accionante.
Si bien dispuso que a través del Ministerio Público se requiera de la presencia del IDIF en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, porque así lo estableció la Jueza de garantías; empero, durante la audiencia de consideración del incidente sobre ilegalidad de la aprehensión no abordó ni analizó sobre el estado de salud del impetrante como consecuencia de un supuesto ejercicio de tortura en su contra, tampoco dilucidó sobre la posibilidad de autorizar mayores exámenes médicos y psicológicos a favor del accionante, a pesar que por orden de la Jueza de garantías, el Ministerio Público requirió exámenes tanto del médico forense como por el galeno encargado del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, quienes al tiempo de emitir sus informes, acreditaron que el accionante aún se encontraba con contusiones simples de tipo equimosis en el tórax y abdomen, requiriendo mayores exámenes por medicina interna (Conclusiones II.8, II.9 y II.10). Conforme al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca sobre un supuesto hecho de tortura y se solicite la atención médica oportuna, debe disponerla inmediatamente, incluso la presunta víctima no muestre señales físicas; toda vez que, la ausencia de las mismas no implica necesariamente, que no se hayan producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia no dejen marcas ni cicatrices permanentes; empero, al no pronunciarse sobre los supuestos hechos de tortura ni sobre el estado de salud del accionante, y por el contrario, mediante Auto Interlocutorio 274/2022 al declarar infundado e improcedente el incidente de ilegalidad de aprehensión con relación a todas las denuncias del impetrante de tutela, volvió a lesionar sus derechos al debido proceso, a la vida, dignidad, seguridad física y salud.
Cabe aclarar que conforme a las Conclusiones II.12. y II.18. el Juez demandado se conformó con informar a la Jueza de garantías el cumplimiento de la Resolución 371/2022, con el hecho de remitir los actuados llevados adelante en las audiencias de consideración de medidas cautelares y del incidente de actividad procesal defectuosa y el informe dirigido al Juez de Sentencia Penal; siendo que conforme a la Conclusión II.19. sobre la base de esta documentación, la Jueza de garantías mediante Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2022, estableció el cumplimiento total de la Resolución Constitucional; sin embargo, este Tribunal aclara tanto a la Jueza de garantías como al Juez demandado, que esta remisión de documentación, de ninguna manera implica que esta autoridad se encuentre absuelta de toda responsabilidad frente a la denuncia de tortura realizada por el impetrante de tutela; por el contrario, son evidencias para determinar que la autoridad jurisdiccional demandada, en todo caso rechazó y omitió el ejercicio de actuaciones judiciales ante una denuncia de tortura y la solicitud de atención médica. Consecuentemente, se exhorta a ambas autoridades, para que en otros casos similares, con carácter inmediato, incluso de oficio, se disponga la apertura de un proceso investigativo transparente e imparcial a efectos de determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento; ello, porque se encuentran obligados a la observancia de los estándares nacionales e internacionales contra la tortura y de protección de los derechos a la vida, dignidad, salud e integridad física, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; consiguientemente, corresponde la concesión de tutela respecto a esta autoridad jurisdiccional.
De igual forma se analizarán dos oportunidades en las cuales, el Fiscal de Materia codemandado tuvo la posibilidad de promover un proceso investigativo contra la denuncia de supuesta comisión de actos de tortura ejercida contra el accionante: La primera; con base en las Conclusiones II.3, II.4, II.6, II.7, la autoridad fiscal codemandada, como consecuencia de su propio requerimiento sobre el estado de salud del accionante, tuvo conocimiento a través del Certificado Médico Forense, que se encontraba con secuelas de agresión física, consiguientemente con cuatro días de incapacidad, además contaba con el Informe 320 emitido por el Grupo Bravo CEIP; a través del cual, se comunicó al Director Nacional de Inteligencia Boliviana, que ante la resistencia del accionante al tiempo de su aprehensión, se ejerció el uso proporcional y progresivo diferenciado de la fuerza, vale decir, que aplicaron un control de contacto físico; además, en la audiencia de consideración de medidas cautelares, conoció de la denuncia realizada por el impetrante de tutela, en sentido de haber sufrido supuestos actos de tortura y la solicitud de recibir mejor atención médica.
Sin embargo, a pesar de contar con estos antecedentes, la autoridad fiscal omitió; por un lado, cumplir con su deber de dejar constancia en acta u otro documento -certificado médico forense-, respecto al estado físico de la persona aprehendida; por otro, con los antecedentes descritos, omitió aperturar el procedimiento legal correspondiente; vale decir que, no asumió los estándares establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia; pues debió, adjuntando los señalados antecedentes, remitir informe ante el Fiscal Departamental, para que se disponga la apertura inmediata de una investigación contra los supuestos autores del presunto hecho de tortura, a cargo de otra autoridad fiscal y dentro de un nuevo proceso penal imparcial; al no obrar de esta forma, vulneró el debido proceso del impetrante de tutela. La segunda; conforme a Conclusiones II.8, II.9, II.10, II.11, la autoridad fiscal codemandada, como consecuencia de la Resolución 371/2022, emitió requerimientos fiscales a efectos de que un médico forense y un galeno dependiente del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, examinen el estado físico del accionante; en consecuencia, emergieron dos informes médicos que coincidieron en que continúa con secuelas de agresiones físicas, recibiendo el tratamiento correspondiente; asimismo, en la audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa sobre ilegalidad de la aprehensión, nuevamente conoció sobre la denuncia de un supuesto hecho de tortura ejercicio contra el accionante; sin embargo, en total desconocimiento de la jurisprudencia establecida para casos de tortura desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, omitió nuevamente iniciar el procedimiento detallado precedentemente a efectos de poderse iniciar de forma inmediata un proceso investigativo por la supuesta comisión de la denuncia de tortura, donde esta vez el impetrante de tutela sería la supuesta víctima del mismo; por el contrario, al tiempo de responder los alegatos del imputado, cuestionó su actuación supuestamente violenta al momento de ejercer su derecho a la protesta, defendiendo la actuación de la Policía Boliviana.
Sobre el particular, cabe señalar que ante la supuesta comisión de actos de tortura ejercidos contra el accionante, la autoridad fiscal demandada tenía la obligación de iniciar de forma inmediata el procedimiento a efectos de que se pueda aperturar un proceso de investigación imparcial para dilucidar su comisión, con la participación de nuevos sujetos procesales; ello, porque el Estado Plurinacional de Bolivia asumió la responsabilidad internacional de luchar contra toda forma de violencia; y específicamente en casos de tortura, se debe observar el estándar internacional que ante una denuncia o ante indicios de que se haya cometido este delito, de oficio y con carácter inmediato a través de sus autoridades debe iniciar un proceso investigativo; lo cual, no aconteció en el caso de autos, pues al no haberlo asumido, el Fiscal de Materia codemandado lesionó el derecho al debido proceso del accionante.
Finalmente, con base en las Conclusiones II.13, II.14, II.15, II.16, II.17, II.19, II.20, II.21 y II.22 de esta Sentencia, frente a las denuncias realizadas por el accionante sobre el incumplimiento de la Resolución Constitucional, por no haber continuado las evaluaciones médicas y no haber iniciado las acciones legales correspondientes por la presunta comisión del delito de tortura; la autoridad fiscal codemandada, informó haber cumplido a cabalidad con la referida Resolución, pues comunicó oportunamente sobre los responsables de la ejecución del mandamiento de aprehensión justificando su actuación, como consecuencia de una supuesta agresión que hubiera propinado el accionante contra la humanidad de una las agentes policiales; sobre la remisión de los antecedentes que conciernen al proceso de aprehensión ante el Fiscal Departamental; y, sobre el requerimiento realizado a los galenos tanto del IDIF como del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a efectos de otorgar atención médica al impetrante de tutela; concluyendo que no existió tortura o malos tratos como emergencia de abuso de poder o inadecuada intervención policial, basándose únicamente en los informes remitidos por la Policía Boliviana. Ante lo cual, la Jueza de garantías conminó al Fiscal de Materia codemandado, cumplir la mencionada Resolución Constitucional; toda vez que, dispuso el inicio de una investigación por la supuesta comisión del delito de tortura en cumplimiento de la obligación asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia de carácter imperativo, que deriva del derecho internacional de protección de los derechos humanos; y que al no haberlo iniciado, estaría inobservando el procedimiento impuesto por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Frente a esta conminatoria, la autoridad fiscal codemandada, respondió que en ningún momento la Resolución Constitucional, le hubiera ordenado el inicio inmediato de acciones legales contra los supuestos autores del delito de tortura; pues tiene las atribuciones para iniciar o no, la apertura de la investigación conforme le confieren el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado; y en este caso, al haber analizado los informes emitidos por los agentes policiales que ejecutaron el mandamiento de aprehensión, concluyó que no se procedió con el ejercicio de tortura contra la humanidad del accionante, siendo que en este sentido realizó su informe ante el Fiscal Departamental de La Paz, con lo que dio cumplimiento cabal a la Resolución 371/2022 emitida por la Jueza de garantías.
Sobre el particular, se advierte que el Fiscal de Materia codemandado, demostró una actitud reacia y negligente frente al cumplimiento de la Resolución Constitucional, en desconocimiento e inobservancia absoluta de las normas que regulan el procedimiento frente a casos de denuncias sobre tortura o cualquier forma de violencia; pues, debe tomar en cuenta que por lógica jurídica, no puede iniciar un proceso investigativo sobre la base de informes de quienes con seguridad justificaran su forma de actuación al momento de la aprehensión, de donde no se puede esperar que se declaren autores de la presunta comisión del delito de tortura. En todo caso, está en la obligación el Ministerio Público de iniciar a denuncia de parte o incluso de oficio un proceso investigativo ante la denuncia o indicios sobre la comisión de tortura u otra forma de violencia; para lo cual en el presente caso, tal cual se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el Fiscal codemandado sobre la base del principio de imparcialidad, -como se analizó precedentemente-, en tres oportunidades tenía la obligación de remitir antecedentes ante el Fiscal Departamental, para que en consecuencia, disponga otra autoridad fiscal a efectos de llevar adelante otro proceso investigativo por la presunta comisión del delito de tortura ejercido por agentes de la Policía Boliviana contra el accionante en calidad de víctima, y no así dentro del mismo proceso penal seguido en su contra, donde se encuentra en calidad de imputado; ello, porque el Estado boliviano dentro de las obligaciones asumidas internacionalmente, se encuentra la lucha contra la tortura y otras formas de violencia; ante lo cual, los Sistemas Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos, nos obligan a cumplir un determinado procedimiento a materializarse en casos de denuncias de tortura, el cual -se reitera- se encuentra desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia; por lo que, el Estado a través de sus autoridades debe ofrecer al accionante un debido proceso de investigación imparcial con nuevas autoridades fiscales y judiciales, a efectos de dilucidar la comisión o no de dicho delito, y consiguientemente -si corresponde-, la determinación de las sanciones y reparaciones pertinentes.
Del análisis de esta acción tutelar, se colige que el accionante denuncia contra el Director Departamental de la FELCC, el ejercicio de tortura en su contra al tiempo de ejecutarse el mandamiento de aprehensión por parte de agentes de la Policía Boliviana; y en su presencia, al momento de pisarle la mano para que firme la orden de aprehensión. Al respecto, este Tribunal no puede establecer la comisión de los actos de tortura denunciados por parte de los agentes de la Policía Boliviana, sin que con carácter previo sean sometidos dentro de un debido proceso investigativo a efectos de determinar su comisión, sanción y reparación -siempre que corresponda- en consecuencia este Tribunal no tiene los elementos necesarios para ejercer el control de legalidad sobre la actuación del Director Departamental de la FELCC ni los funcionarios policiales implicados en la ejecución de la aprehensión de solicitante de tutela; quienes deberán ser sometidos a un debido proceso investigativo imparcial; lo que no significa que a través de esta resolución se los esté absolviendo de toda responsabilidad; por el contrario, deben ser investigados porque en su contra existe una denuncia de tortura, cuya lucha para su eliminación es de carácter nacional e internacional. Sin embargo, es preciso señalar, que conforme a las Conclusiones II.11 y II.19 se tiene que, por informe del Investigador, Manejo y Control de Crisis dirigido al Fiscal de Materia, la ejecución de la aprehensión fue llevada adelante tanto por la Dirección Nacional de Inteligencia y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia dependiente de la FELCC; de donde se tiene que el Director Departamental de la mencionada institución, es el responsable de la ejecución de la aprehensión contra el accionante; siendo la primera autoridad policial, a quien el impetrante de tutela denunció actos de tortura y al tiempo de resolverse la aplicación de medidas cautelares; pues a sabiendas de una denuncia de tortura, debió de igual forma, iniciar un proceso investigativo ya sea de orden administrativo o penal; al no haberlo realizado, también lesionó el derecho al debido proceso del accionante.
Finalmente, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el Comando General de la Policía Nacional tiene la responsabilidad de adoptar mecanismos de capacitación a los miembros de la Policía Boliviana para que en la realización de sus labores, en cualquiera de las circunstancias, evite el ejercicio de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o cualquier forma de violencia; en razón al respeto de los derechos a la vida, dignidad, salud e integridad física de las personas; para lo cual, siguiendo el razonamiento de la Jueza de garantías, amerita que el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Comando de la Policía Nacional, propicie procesos de educación sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la ejecución de órdenes o mandamientos de aprehensión, arresto -entre otras medidas- y de todo aquél funcionario policial que participe en la custodia, interrogatorio o en el tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión; debiendo incluirse esta prohibición en las normas e instrucciones relacionadas con los deberes y funciones de estos servidores públicos.
Si bien la Jueza de garantías, actuó correctamente sobre la base de estándares nacionales e internacionales contra la tortura; sin embargo, a efectos de que las autoridades demandadas no se rehúsen a iniciar el respectivo proceso investigativo por la presunta comisión actos de tortura; en futuros casos debe disponer el inicio inmediato del referido proceso; ello en cumplimiento de las responsabilidades internacionales adquiridas por el Estado Boliviano, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Finalmente, respecto a la solicitud de remitir antecedentes al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Corte IDH, cabe aclarar al accionante, que conforme al Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, la jurisdicción internacional tiene carácter complementario; es decir, que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, instaurado por la Convención Americana, no sustituye a la jurisdicción nacional del Estado boliviano, sino las complementa; en consecuencia, la jurisdicción ordinaria es la principal garante de los derechos humanos de las personas; por lo que, en caso de producirse un acto violatorio de dichos derechos, es en dicha instancia donde deba resolverse, y de ser el caso, sancionarse y repararse, antes de responder ante instancias internacionales. En ese sentido, la jurisprudencia internacional establece, que todas las autoridades del Estado boliviano, tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad de forma tal, que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos; por lo que, en el caso de autos, es el Estado boliviano el que llevará a adelante el proceso investigativo a efectos de establecer la comisión o no del delito de tortura contra el accionante; y si corresponde, sancionará y dispondrá la reparación a través de las autoridades competentes; y solo en caso, de que las mismas no cumplan con los estándares de protección de los derechos humanos del impetrante de tutela, recién se podrá activar la instancia internacional; razón por la cual, aún no corresponde remitir antecedentes ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Corte IDH. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 371/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 36 a 46, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela, con relación a todas las autoridades demandadas y sobre la base de los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que:
a) El Fiscal Departamental de La Paz, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponga al Fiscal de Materia que corresponda, iniciar el proceso investigativo contra los efectivos policiales dependientes del Centro Especial de Investigación Policial de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de la FELCC, contra el Director Departamental de la FELCC codemandado y otros funcionarios policiales que estuvieron a cargo de la ejecución del mandamiento de aprehensión del accionante, ejerciendo supuestos actos de tortura, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que a la emisión de este fallo constitucional el Ministerio Público cuente con otros mecanismos procesales e institucionales que garanticen la idoneidad, exhaustividad e imparcialidad de la investigación. b) El Ministerio de Gobierno en coordinación con el Comandante General de la Policía Boliviana, cumpla los estándares internacionales establecidos en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de esta Sentencia, a efectos de capacitar al personal policial frente a cualquier circunstancia hostil, evitando toda forma de tortura u otras formas de violencia; por constituirse un mandato de orden constitucional y convencional; 3° Exhortar a:
1) Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal
Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; asumir los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2, relacionados con la oportunidad para conocer y resolver un incidente de actividad procesal defectuosa sobre la ilegalidad de la aprehensión; y, los estándares nacionales e internacionales contra la tortura abordados en el Fundamento Jurídico III.3 y III.4 de este fallo constitucional, a efectos de aplicarlos en otros casos similares y sobre todo, cumplir con las responsabilidades internacionales que asumió el estado Plurinacional de Bolivia contra la tortura y otras formas de violencia; donde de por medio se encuentre la protección del derecho a la vida y sus conexos. 2) Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia, cumplir los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; vale decir, asumir los procedimientos establecidos en casos de tortura, como un mandamiento de orden internacional; y,
3) Rolando Rojas Daza, Director Departamental de la Fuerza
Especial de la Lucha contra el Crimen del departamento de La Paz, asumir el desarrollo jurisprudencial establecido en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a efectos de conducir el ejercicio de sus funciones, en casos similares puestos a su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 2Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 3La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 4La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 5Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 6Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 7Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013.
8 La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección al derecho a la vida vía acción de libertad está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 9El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
10 La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, señala en el artículo 1: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”. 11Resumen del párrafo 35. 12Sentencia de 19 de noviembre de 1999 sobre Fondo, serie C N° 63, párrafo 144.
13 El art. 15 de la CPE, establece que: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. (…) III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
14 La SCP 0622/2023-S3 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.2, reitera que: “Considerando el nuevo alcance de la acción de libertad que no solo protege el derecho a la libertad física o personal, sino también, los derechos a la vida ya la integridad física para la protección de la persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0476/2011-R de 18 de abril, presentaron dos supuestos: a) Es obligación de los representantes del Ministerio Público controlar las condiciones físicas del imputado, cuando es aprehendido, dejando constancia del estado físico en el que se encuentra luego de la aprehensión, documento que debe ser presentado ante el Juez de Instrucción Penal; y, b) El Juez o Tribunal de garantías deberá solicitar al Ministerio Público o al Juez de Instrucción Penal dicho documento cuando se denuncia, a través de una acción tutelar, torturas o vejámenes, sin perjuicio de acudir al lugar de la detención”.
15 En la Sentencia de 27 de noviembre de 2008, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, serie C N° 191, párrafos 59 y 94. 16En la Sentencia de 27 de noviembre de 2013, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, serie C N° 275, párrafo 341 y 347.
17 En la Sentencia de 18 de octubre de 2022, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, serie C N° 469, párrafo 171, 177, 182 y 183.
18 Resumen del art. 3.1 y 2. 19Resumen del art. 5. 20Resumen del art. 8. 21Resumen del art. 9. 22Resumen del art. 10. 23Resumen del art. 11. 24Resumen del art. 1.1.
25 Resumen del art. 2.1, 2 y 3. 26Resumen del art. 10.1 y 2. 27Resumen del art. 12. 28Resumen del art. 13. 29Resumen del art. 14.1. 30Principio 1. 31Resumen del Principio 4. 32Principio 6. 33Resumen del Principio 24.
34 Por disposición del art. 3.II de la Ley 870 de 13 de diciembre de 2016 -Ley del Defensor del Pueblo-.
35 Sentencia de 1 de diciembre de 2016, sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 330, párrafo 93.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0154_2025-S3.pdf · páginas 1 a 48.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4ad709ec46976e057e7146d881eb3fb34e635cfcafaaedc9f11680e74d30ed14
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