B.IA.LEGAL

SCP 0154/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
21 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50503-2022-102-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que: a) El Vocal demandado permitió que la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, señalada para el 18 de julio de 2022, a horas 9:30, se lleve a cabo en un piso distinto al designado, sin garantizar la debida convocatoria de todas las partes procesales, impidiendo así su participación efectiva y dejándolo en total indefensión; y, b) El Secretario de Cámara incumplió con su deber de realizar la convocatoria en condiciones que aseguren la efectiva participación de todas los sujetos procesales, ya sea emitiendo el llamado en un tono imperceptible o incurriendo en un descuido que derivó en la omisión de su presencia, a pesar de que se encontraba en la Sala desde la hora fijada y había consultado reiteradamente sobre la realización de la audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; 2) La audiencia de medidas cautelares en apelación y la defensa técnica; 3) Presencia del imputado en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración del debido proceso en su vertiente derecho a la defesa vinculado al derecho a la libertad, con la expresa aclaración que no se dispone la libertad del ahora peticionante de tutela ni se analiza el fondo del apelaciones incidentales contra el Auto Interlocutorio que concedió la cesación a la detención preventiva del ahora accionante, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dispone dejar sin efecto la Audiencia de 18 de julio de 2022 de consideración de apelación incidental de las medidas cautelares y el Auto de Vista 275/2022 de misma fecha, emitido en el proceso penal que se sigue contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y se ordena a la autoridad demandada que, dentro el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, fije nueva audiencia renovando el acto aplicando un juzgamiento con perspectiva de género; todo salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del ahora demandante de tutela haya cambiado; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Secretario de Cámara y al derecho a la dignidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal
  2. III.2. La audiencia de medidas cautelares en apelación y la defensa técnica
  3. III.3. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares
  4. III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0154/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50503-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 37 a 40 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Chipana Ramírez contra Walter Pérez Lora, Vocal y Andruw Meyers Gandarillas Ríos, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 18 de julio de 2022, cursante de fs. 3 y vta., el impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Tania Verónica Choque Quispe en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se señaló audiencia de consideración de apelación incidental de medidas cautelares en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para el 18 de julio de 2022 a horas 9:30. En cumplimiento de dicha determinación, se presentó puntualmente en ambientes de la referida Sala Penal Segunda, donde permaneció desde la hora indicada. Ante la incertidumbre por el retraso en la instalación de la audiencia, consultó reiteradamente al Secretario sobre su realización, recibiendo como respuesta que debía esperar. Durante ese tiempo, fue víctima de amedrentamientos por parte de la madre y la tía de la denunciante, quienes promovieron un proceso de violencia en mi contra, sin fundamento legítimo, con la aparente intención de perjudicarle. A pesar de su presencia en Sala y las constantes consultas, minutos más tarde se les informó sorpresivamente que la audiencia ya se había llevado a cabo en un piso distinto, sin haberlos convocado debidamente, por lo que desconoce las circunstancias en las que se realizó la audiencia, y es posible que el Secretario de Sala haya emitido la convocatoria en un tono bajo o haya incurrido en un descuido, ignorando deliberadamente su presencia y dejándolo en total indefensión. Cabe señalar que las audiencias deben celebrarse en la Sala correspondiente, y el desarrollo irregular de la misma generó una evidente vulneración a sus derechos constitucionales, en especial, al derecho a la defensa y al debido proceso, pilares fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerado

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal, citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se declare la nulidad del Auto de Vista 275/2022 de 18 de julio y se ordene la realización de una nueva audiencia, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; y, b) Se remitan las grabaciones de las cámaras de seguridad del “Palacio de Justicia”, a fin de evidenciar su presencia en la Sala y la falta de convocatoria efectiva a la audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 19 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante tutela a través de su abogado, en audiencia, se ratificó de manera íntegra en el contenido de su memorial de demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario judicial demandados

Walter Pérez Lora, Vocal y Andruw Meyers Gandarillas Ríos, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante informe escrito cursante de fs. 34 a 35 vta., señalaron que: 1) No puede usarse la vía constitucional como una instancia más de la jurisdicción ordinaria; 2) Se tenía programada audiencia para el lunes 18 de julio de 2022, para la cual todos los sujetos procesales fueron notificados con la debida anticipación; 3) A la hora indicada el Secretario de Cámara convocó a todos los sujetos procesales señalando sus nombres, de manera reiterada, en tres oportunidades y a los que se aproximaron a antesala se les informó que la audiencia se llevaría a cabo en el salón de audiencias de la Sala Civil Tercera en el segundo piso, debido a que en el salón de la Sala Penal Segunda se estaba sustanciando otra audiencia presidida por la Vocal Arminda Méndez Terrazas; 4) Que, en el salón de audiencias, el Secretario les pidió su documentación para identificarlos e informar, porque él no conoce a las partes, ya que llevan más de catorce audiencias al día; y, 5) El Vocal que presidió la audiencia instaló el acto con el informe del Secretario de Cámara y los presentes en Sala, emitiéndose el Auto de Vista 275/2022 de 18 de julio aplicando perspectiva de género; por lo que solicitan se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías pronunció la Resolución 12/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 37 a 40 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No corresponde a la jurisdicción constitucional examinar la prueba presentada en la jurisdicción ordinaria, más aun sin haberse acreditado que las autoridades se hayan apartado de los criterios de razonabilidad y equidad al someter a medidas cautelares a la parte ahora peticionante de tutela, lo que implica que no existe procesamiento o persecución indebida; ii) No se evidencia que las actuaciones cuestionadas, constituyen en una presunta vulneración del derecho a la libertad y al debido proceso, máxime cuando las resoluciones de medidas cautelares no causan estado, ya que el impetrante de tutela puede solicitar nuevas audiencias si demuestra que ya no concurren los elementos que la fundaron la detención preventiva; por lo que, corresponde denegar la tutela por subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

II.1. Cursa Acta de audiencia de 20 de junio de 2022, en la cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 258/22 de la referida fecha, dispone la modificación de la medida cautelar extrema de la detención preventiva e impone medidas cautelares personales menos gravosas a Edwin Chipana Ramírez -ahora accionante-, al final de la audiencia anuncian apelación de la resolución por parte del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la parte civil (fs. 20 a 22 vta.). II.2. Mediante providencia de 11 de julio de 2022, Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, señala audiencia para el 18 de igual mes y año, a horas 9:30, para resolver las apelaciones incidentales señaladas en la anterior conclusión (fs. 2). II.3. Consta el Acta de consideración de la apelación incidental a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 18 de julio de 2022, de horas 9:30, en la cual hubieran estado ausentes la parte imputada, su abogado y el Ministerio Público; y, escuchadas las partes presentes; Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, emite el Auto de Vista 275 de la citada fecha y declara por desistido el recurso de apelación del Ministerio Público; admisible y procedente la apelación del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y de la parte civil; en consecuencia, revoca el Auto Interlocutorio 258/22 de 20 de junio de 2022 (fs. 27 a 29 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que: a) El Vocal demandado permitió que la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, señalada para el 18 de julio de 2022, a horas 9:30, se lleve a cabo en un piso distinto al designado, sin garantizar la debida convocatoria de todas las partes procesales, impidiendo así su participación efectiva y dejándolo en total indefensión; y, b) El Secretario de Cámara incumplió con su deber de realizar la convocatoria en condiciones que aseguren la efectiva participación de todas los sujetos procesales, ya sea emitiendo el llamado en un tono imperceptible o incurriendo en un descuido que derivó en la omisión de su presencia, a pesar de que se encontraba en la Sala desde la hora fijada y había consultado reiteradamente sobre la realización de la audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; 2) La audiencia de medidas cautelares en apelación y la defensa técnica; 3) Presencia del imputado en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional fue uniforme al establecer el carácter irrenunciable del derecho a la defensa técnica, determinando que las autoridades judiciales no deben permitir que el imputado asista a una audiencia sin la asistencia técnica de su abogado; y en caso de darse este supuesto, tienen la obligación de nombrarle un defensor de oficio; en ese marco, se desarrolló la siguiente línea jurisprudencial. Así, la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre señaló que el derecho a la defensa es inviolable; indicando además que tiene dos dimensiones: a) El derecho a la defensa material; y, b) El derecho a la defensa técnica. Entendimiento asumido también por las SSCC 347/2002-R de 2 de abril y 1272/2002-R de 21 de octubre, entre otras. Con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor y materializar el derecho a la defensa técnica, mediante la Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se creó el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado; posteriormente, esta Ley fue abrogada por la Ley 463 de 19 de diciembre de 2013 que lo sustituyó por el Sistema Plurinacional de Defensa Pública.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, haciendo mención al Pacto Internacional de Derechos 1El FJ III.1, señala: “El sistema acusatorio que fisonomiza al Código de procedimiento penal vigente, tiene como una de sus características la oralidad; conforme a esto, la determinación judicial sobre la aplicación de medidas cautelares debe realizarse en audiencia pública para que las partes, en igualdad de condiciones, puedan ampliamente asumir defensa y hacer valer sus derechos; fundamentalmente el derecho a la defensa que es inviolable por mandato del art. 16.IV CPE, el cual tiene dos dimensiones: a) la defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; b) la defensa técnica, consistente en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena. Así lo ha reconocido este Tribunal a través de las SSCC 347/2002-R y 1272/2002-R”.

2El FJ III.1, refiere: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente caso, es preciso referir que dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…” (las negrillas son nuestras). Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. (…)

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como Civiles y Políticos y a la Constitución Política del Estado, estableció que la defensa técnica no está constituida como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar la defensa del imputado; por lo cual, debe contar con su abogado de confianza o con un defensor de oficio designado por la autoridad competente. Más tarde, este entendimiento fue precisado por la SCP 0045/2014-S3 de 14 de octubre, indicando que las autoridades judiciales no deben permitir que durante el desarrollo del proceso, el imputado asista a la audiencia sin asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio; siendo la exigencia de la defensa técnica determinante para sus decisiones durante el desarrollo de la audiencia.

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente; por lo que, el juez o tribunal no puede permitir que el imputado asista a una audiencia sin el acompañamiento de su abogado, y si se diera este caso, el juez debe nombrar de inmediato a un defensor de oficio, caso contrario, vulneraria sus derechos a la igualdad y a la defensa técnica.

III.2. La audiencia de medidas cautelares en apelación y la defensa técnica

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, -entre otras-, desarrolló el siguiente entendimiento:

Conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, serán apelables en el efecto no suspensivo, siendo resueltas sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Procedimiento en el que se destaca el carácter especial y sumario que tiene esta audiencia, precisamente por la necesidad que la situación jurídica del imputado sea definida lo antes posible; dado que, se encuentra de por medio sus derechos a la libertad física y de locomoción; debiendo garantizarse la celeridad, especialmente en aquellos casos en los que se determinó la aplicación de una medida cautelar de carácter personal o se rechazó la modificación de la misma. No obstante, el art. 335 del CPP reguló categóricamente los casos en los que las audiencias de juicio pueden suspenderse, indicando que:

1) No comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, o cuando sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria;

2) Algún juez u otro sujeto procesal tengan un impedimento físico debidamente comprobado que les impida continuar su actuación en el juicio, salvo que se trate del fiscal o el defensor y que ellos puedan ser sustituidos inmediatamente;

3) El fiscal o el querellante por el descubrimiento de hechos nuevos requieran ampliar la acusación, o el imputado, o su defensor lo solicite después de ampliada, siempre que, por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente.

Marco normativo del cual se extrae que las audiencias podrán suspenderse cuando exista un impedimento debidamente comprobado, que limite al juzgador o a una de las partes procesales continuar en el juicio, salvo que se trate del Ministerio Público o del defensor y que ellos puedan ser sustituidos inmediatamente; por lo que, el juez o tribunal de apelación tendrá la facultad de nombrar inmediatamente a un abogado defensor de oficio, esto con el fin de que las partes no se queden sin la defensa técnica, en virtud del derecho a la igualdad que les asiste a las partes procesales. Normativa procedimental, que si bien se halla descrita en un Capitulo referente a normas generales del juicio oral y público, es aplicable a la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; toda vez que, éstas no cuentan con un procedimiento específico respecto a la suspensión de audiencias; que debe ser coherente con el principio de celeridad y con la necesidad de garantizar el derecho a la defensa. Entonces, estando establecidas las causales que hacen permisible la suspensión de audiencia, corresponde manifestar conforme al art. 335 inc. 2) del CPP, que si el defensor no comparece a una audiencia para la cual fue convocado, encontrándose debidamente notificado, corresponderá su reemplazo inmediato a cargo del juez o tribunal.

III.3. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

Sobre la presencia del detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1491/2003-R de 20 de octubre estableció que no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el señalamiento de día y hora de la misma; entendimiento que fue reiterado por las SSCC 0220/2004-R de 12 de febrero y 0663/2006-R de 10 de julio; y, por la SCP 0619/2012 de 23 de julio, entre otras. En ese marco, la SC 0220/2004-R de 12 de febrero, sobre la base de la SC 0287/2003-R de 12 de febrero, señaló que si las partes deciden no hacer el seguimiento al recurso ni asistir a la audiencia, no obstante que fueron legalmente notificadas, con ningún argumento podrán alegar indefensión; pues son ellas, las que provocaron dicha situación. Más tarde, la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, sobre la base de los precedentes recogidos en la jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.3, estableció que:

4El FJ III.3, manifiesta: “Practicada la notificación legal a las partes, con la resolución que impone la medida cautelar personal, el decreto de remisión de obrados ante el tribunal de alzada y por ende, habiendo sido de conocimiento de los mismos, la existencia del recurso de apelación, no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el decreto de señalamiento de audiencia de consideración del recurso de apelación; consecuentemente, ésta debe practicarse en una de las formas señaladas por los arts. 161 y 162 CPP” (las negrillas son añadidas).

5El FJ III.4, establece: “En el caso de autos, los representados del recurrente tuvieron pleno conocimiento de la apelación y de la remisión de los actuados de la misma al tribunal ad-quem, de manera que en ningún momento, los recurridos les causaron indefensión, pues de la parte conclusiva de esta Sentencia se tiene que fueron notificados en la oficina de su abogado con el Auto de remisión de antecedentes a la Corte Superior de Justicia -extremo que no han negado ni desvirtuado-, momento a partir del cual, de acuerdo a su propio interés debieron hacer el seguimiento del recurso e informe de los actuados de la apelación, pero no lo hicieron, pretendiendo ahora por esta vía subsanar dicha negligencia, que bajo ningún argumento puede ser asumida por este Tribunal como una situación de indefensión, pues ésta según ha entendido la jurisprudencia constitucional en la SC 287/2003-R, no puede ser alegada `(...) cuando ha sido provocada deliberadamente, vale decir, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión, que en los hechos no sería tal, porque en estos casos no existe lesión alguna de tal derecho por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo´”.

6El FJ III.3, precisa que: “Ahora bien, de la línea jurisprudencial citada precedentemente, se establecen los siguientes aspectos: a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.

Efectuada esa precisión, debe destacarse que el imputado que sea legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar un estado de indefensión, teniendo en cuenta que así se determinó en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, la que siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, determinó que: “`la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)´.

Sin embargo, la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP dispone: `(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso´; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio”.

a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.

La misma Sentencia, señala que si bien no es exigible una notificación personal con la audiencia de medidas cautelares en apelación, tratándose de imputados detenidos en recintos carcelarios, se requiere una determinación judicial que autorice su salida; consecuentemente, la autoridad judicial debe emitir la respectiva orden de salida, por cuanto, no depende de la voluntad de la persona detenida preventivamente, asistir o no a la audiencia. Precedente que guarda concordancia con el orden constitucional que surge a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, que fue reiterado en numerosas sentencias por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo la primera Sentencia confirmadora de dicho entendimiento, la SCP 0746/2012 de 13 de agosto.

III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

9El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 10El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

11El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado … (las negrillas son añadidas).

III.5. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que: i) El Vocal demandado permitió que la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, señalada para el 18 de julio de 2022, a horas 9:30, se lleve a cabo en un piso distinto al designado, sin garantizar la debida convocatoria de todas las partes procesales, impidiendo así su participación efectiva y dejándolo en total indefensión; y, ii) El Secretario de Cámara incumplió con su deber de realizar la convocatoria en condiciones que aseguren la efectiva participación de todas los sujetos procesales, ya sea emitiendo el llamado en un tono imperceptible o incurriendo en un descuido que derivó en la omisión de su presencia, a pesar de que se encontraba en la Sala desde la hora fijada y había consultado reiteradamente sobre la realización de la audiencia.

En ese sentido, de la revisión de los antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra, contra Edwin Chipana Ramírez -ahora demandante de tutela-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Vocal demandado a través de providencia de 11 de julio de 2022, señaló audiencia para el 18 de similar mes y año a horas 9:30 con el objeto de resolver la apelación incidental que interpuso el Ministerio Público, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Guardia y la víctima, respecto al Auto Interlocutorio que le concedió la cesación a la detención preventiva aclarando “Acto procesal a realizarse en el Salón de Audiencias de la Sala penal Segunda, piso 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz” (sic [Conclusión II.1 y 2]). La audiencia fue instalada en la hora y día señalado, pero en la Sala de audiencias de la Sala Civil Tercera, debido a que el salón de audiencias correspondiente a la Sala Penal Segunda se encontraba ocupado con otra audiencia, según informe de los demandados, existiendo discrepancia en relación a la forma en cómo se convocó a las partes, ya que según el Secretario convocó en tres oportunidades con el nombre de las partes en voz alta, y a los que se acercaron les informó que iban a desarrollar la audiencia un piso más arriba, en el caso del demandante de tutela alega que no se hubiera convocado y que el Secretario conocía que ellos estaban esperando en antesala. Ahora bien, verificada el acta correspondiente, resulta que una vez instalada la audiencia de apelación incidental, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, informó que todas las partes se encontraban debidamente notificadas; y, que se encontraban presentes Tania Verónica Choque -parte civil- asistida de su abogado; y, el representante del SLIM; asimismo, informa que no se encontraba presente la parte imputada ni el Ministerio Público; seguidamente, Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, concede la palabra a los presentes, es decir al abogado de la parte civil y al abogado del SLIM y posteriormente emite el Auto de Vista 275 de 18 de julio de dicha gestión, disponiendo tenerse por desistido el recurso de apelación del Ministerio Público y admisible y procedente la apelación del SLIM y de la parte civil; y, en consecuencia, revoca el Auto Interlocutorio 258/2022 de 20 de junio (Conclusión II.3) En esencia, el reclamo del solicitante de tutela radica en que la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares se llevó a cabo sin su presencia ni la de su abogado, lo que resultó en la emisión del Auto de Vista previamente identificado, sin que haya podido ejercer su derecho a la defensa. A pesar de haberse presentado puntualmente en la Sala Penal Segunda y de haber consultado reiteradamente sobre la instalación de la audiencia, a la cual, no fue convocado de manera efectiva, lo que lo dejó en total indefensión, irregularidad que no solo afectó su derecho a la defensa, sino también comprometió la validez del Auto de Vista ahora confutado, pues fue dictado sin su participación. En el caso concreto, el Vocal ahora demandado no aplicó el criterio jurisprudencial desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece de manera uniforme que el derecho a la defensa técnica es irrenunciable y que el imputado no puede comparecer a una audiencia sin dicha asistencia legal. Si su abogado defensor no estaba presente, la autoridad judicial tiene la obligación de nombrar un defensor de oficio para garantizar el ejercicio de este derecho. En el marco de la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, si bien la normativa procesal permite su desarrollo sin la presencia del imputado, la asistencia de su abogado defensor es un requisito indispensable para garantizar el derecho a la defensa y la igualdad procesal. En el caso analizado, la audiencia se llevó a cabo en un lugar distinto al originalmente señalado, sin embargo, más allá de no disponer acciones mínimas para garantizar su presencia, la vulneración del derecho al debido proceso se materializó cuando el Vocal demandado decidió continuar con la audiencia a pesar de la ausencia del imputado y su abogado y en lugar de suspender el acto procesal, designando un abogado defensor de oficio a los fines de garantizar su derecho a la defensa directamente vinculado a su derecho a la libertad, omisión que adquiere mayor relevancia si se considera que el objeto de la audiencia de apelación incidental era la revisión de una decisión favorable al peticionante de tutela, pues se resolvía sobre la cesación a su detención preventiva. La ausencia de su abogado defensor en un acto procesal de tal trascendencia que dejó al ahora accionante en un estado de indefensión absoluta, afectando directamente su derecho a la libertad. En consecuencia, la conducta del Vocal demandado resultó contraria a los principios que garantizan el acceso a una defensa técnica efectiva y el equilibrio procesal entre las partes. La falta de suspensión de la audiencia y la omisión en la designación de un defensor de oficio configuran un defecto insubsanable que transgredió los derechos fundamentales del impetrante de tutela; por estas razones, corresponde conceder la tutela solicitada.

En cuanto al Secretario de Cámara demandado, corresponde denegar la tutela en su contra, dado que su actuación se limitó a informar a la autoridad jurisdiccional sobre la ausencia del imputado y su defensa técnica en la audiencia de apelación incidental. La jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, establece que los funcionarios de apoyo judicial pueden adquirir legitimación pasiva en una acción de libertad cuando su actuación u omisión contribuye directamente a la vulneración de derechos fundamentales, particularmente si incumplen sus funciones esenciales. Sin embargo, en el presente caso, el Secretario de Cámara cumplió con su deber al comunicar al Vocal que el imputado y su abogado no estaban presentes en la audiencia. La facultad de disponer la suspensión del acto procesal no recaía en el Secretario de Cámara, sino en la autoridad ahora demandada, quien tenía la potestad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la defensa del demandante de tutela, como la suspensión de la audiencia o la designación de un defensor de oficio. Al no haber ejercido estas facultades, la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa es atribuible exclusivamente a la autoridad jurisdiccional y no al funcionario de apoyo. En consecuencia, al no haberse demostrado que el Secretario de Cámara incurrió en una omisión indebida o en un exceso que alterara las determinaciones de la autoridad judicial, se concluye que no posee legitimación pasiva en la presente acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela en su contra. En relación a la presunta vulneración del derecho a la dignidad, alegado como lesionado, solicitante de tutela sólo señala que la madre y la tía de la víctima lo amedrentaron cuando preguntó en secretaría de Sala, pero no brinda mayores datos al respecto y no especifica de qué forma las autoridades demandadas habrían lesionado este derecho, por lo que al respecto corresponde denegar la tutela. En el presente caso, si bien se concede la tutela solicitada, es fundamental advertir que el Vocal demandado debe actuar conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales ratificados, que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El constituyente boliviano ha reconocido expresamente este derecho, lo que impone al Estado la obligación de investigar, sancionar y ofrecer reparación y protección a las víctimas. Por lo tanto, cualquier inacción o actuación deficiente por parte de un servidor público en estos casos es jurídicamente reprochable.

En delitos de violencia contra la mujer, el Estado, a través de sus instancias de investigación, acusación y juzgamiento, está obligado a actuar conforme al principio de debida diligencia, el cual está enmarcado tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en su Título IV, Capítulo I, establece la garantía del acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada para las mujeres en situación de violencia. Además, en su Título V, Capítulo III, ordena que los operadores de justicia deben regirse por el principio de celeridad, garantizando el estricto cumplimiento de los plazos procesales sin dilaciones indebidas. Este principio también debe ser aplicado bajo un enfoque interseccional, que considere la complejidad de la situación de vulnerabilidad de las mujeres en tales contextos, atendiendo específicamente a su condición de víctimas de violencia. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración del debido proceso en su vertiente derecho a la defesa vinculado al derecho a la libertad, con la expresa aclaración que no se dispone la libertad del ahora peticionante de tutela ni se analiza el fondo del apelaciones incidentales contra el Auto Interlocutorio que concedió la cesación a la detención preventiva del ahora accionante, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dispone dejar sin efecto la Audiencia de 18 de julio de 2022 de consideración de apelación incidental de las medidas cautelares y el Auto de Vista 275/2022 de misma fecha, emitido en el proceso penal que se sigue contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y se ordena a la autoridad demandada que, dentro el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, fije nueva audiencia renovando el acto aplicando un juzgamiento con perspectiva de género; todo salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del ahora demandante de tutela haya cambiado; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Secretario de Cámara y al derecho a la dignidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa. 3El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”.

7 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 8El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”

y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0154_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): c63eb89ec63e2606c56096d9420472e06b6d69e3f1219c4779e347d92b61cd89

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