B.IA.LEGAL

SCP 0153/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56483-2023-113-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, acceso a la justicia pronta, oportuna y al debido proceso; toda vez que, dentro del trámite de extradición seguido en su contra, los Magistrados demandados incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Gobierno de España pidió su detención preventiva para fines de extradición, y el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 194/2022, ordenó su privación de libertad por el plazo de cuarenta y cinco días, sin considerar que ya se encontraba con detención preventiva con los mismos fines, desde hace más de noventa días atrás, sin que el Estado requirente formalice su extradición, incumpliendo de esta forma el Tratado suscrito entre Bolivia y España; y, b) Al estar privado de libertad por más días de los dispuestos, sin que el Estado requirente haya formalizado su pedido de extradición, solicitó el mandamiento de libertad; empero, las autoridades demandadas, no respondieron dicha solicitud en evidente vulneración a sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada;

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 162 a 168, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada contra los Magistrados demandados, únicamente respecto a la Resolución de la solicitud de cesación impetrada por el accionante, dentro de la detención preventiva con fines de extradición dispuesta por Auto Supremo 194/2022 de 29 de noviembre, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cumpla con el principio constitucional de celeridad, disponiendo que una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata resuelva lo solicitado por el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2023; salvo que ese ya hubiere sido cumplido, o que su situación jurídica ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación a la detención preventiva con fines de extradición dispuesta por Auto Interlocutorio 277/2022 de 6 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3.1 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el control jurisdiccional ejercido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en casos de extradición
  2. III.2. La falta de legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2026-S3 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56483-2023-113-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 001/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 162 a 168, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aníbal Aponte Ribera contra Ricardo Torres Echalar, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berríos Albizu, Olvis Eguez Oliva, Edwin Aguayo Arando, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Eguez Añez, todos Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 94 a 99, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de julio de 2022 fue detenido en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, por funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en mérito a una notificación roja de búsqueda internacional por el Gobierno Español, de 19 de enero de 2018, con número de control A-688/1-2018, por el delito de tráfico de sustancias controladas y/o delito contra la salud pública, previsto en el art. 368 del Código Penal Español, por el que pesa sentencia condenatoria en su contra; razón por la que, se solicitó su extradición hacia el Gobierno Español; y mediante Auto Interlocutorio 277/2022 de 6 de julio, expedido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del señalado departamento, se dispuso su detención preventiva por el término de cuarenta y cinco días hábiles, con fines de extradición; empero, lo mantuvieron detenido por más de nueve meses, sin que se realizaran los trámites correspondientes; no obstante, que se había notificado a las autoridades competentes del Gobierno Español. Posteriormente, el 25 de marzo de 2023, fue notificado con nuevo mandamiento de detención preventiva, emitido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca, en cumplimiento del Auto Supremo 194/2022 de 29 de noviembre, que ordenó su detención preventiva por el mismo proceso identificado, por el lapso de cuarenta y cinco días más, sin considerar que ya se encontraba privado de su libertad por más de nueve meses, computables desde su aprehensión; y, sin que el trámite de extradición hubiere sido efectuado por las autoridades competentes. Al ser la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia competente para determinar su situación jurídica y/o libertad, pese a solicitar se expida mandamiento de libertad, alegando estar detenido durante casi un año y haber superado el plazo previsto para su detención preventiva, no recibió respuesta alguna; no obstante, que de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 24 del Tratado de Extradición suscrito entre Bolivia y España, correspondía lo impetrado, al no existir hasta entonces, pedido expreso o formal por parte del Gobierno Español.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, acceso a la justicia pronta, oportuna, y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22, 23.I, III, IV y V, 109, 110.I, 113.I, 115, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cese de su privación de libertad de forma inmediata, otorgando el correspondiente mandamiento de libertad; y, b) El pago de costas procesales con relación al pago de honorarios de sus abogados, conforme a iguala profesional; así como, los daños y perjuicios ocasionados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 161 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró el contenido de su acción tutelar y ampliando manifestó que desconocía de la existencia de una resolución que hubiere resuelto su situación jurídica.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Ricardo Torres Echalar, Esteban Miranda Terán, María Cristina Díaz Sosa, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, todos Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito de 14 de junio de 2023, cursante de fs. 159 a 160 vta., manifestaron que: 1) Del informe emitido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca, de 11 de abril de 2023, el requerido Aníbal Aponte Ribera, fue notificado con el Mandamiento de Exhorto Suplicatorio y Auto Supremo 194/2022, que determinó su detención preventiva con fines de extradición, el 25 de marzo del referido año; 2) El Tribunal Supremo de Justicia recibió la solicitud de extradición de la Embajada del Reino de España, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, mediante Nota Verbal GGS/mvc 124/2022, remitida el 24 de agosto del referido año, en mérito a la que se dictó el Auto Supremo 194/2022 de 29 de noviembre, ejecutado el 25 de marzo de 2023; 3) Desconocen el trámite dentro del cual el Juez Cautelar de Yacuiba del departamento de Tarija, hubiere emitido orden de detención preventiva contra el extraditable, y que fue ejecutada en julio de 2022; toda vez que, hasta entonces no se había emitido ninguna resolución que disponga la detención preventiva del accionante; consecuentemente, el solicitante de tutela, incurrió en error al referir que esa detención sería atribuible al Tribunal Supremo de Justicia; 4) El Auto Supremo 194/2022, hizo constar en su parte considerativa, una advertencia al Estado requirente, señalando que si dentro del plazo de cuarenta días contados desde la fecha de notificación con la detención del requerido, no formalizaba su solicitud de extradición vía diplomática, el sujeto extraditable sería puesto inmediatamente en libertad, conforme prevé el art. 24.5 del Acuerdo de Extradición; 5) El Auto Supremo cuestionado fue puesto a conocimiento del país requirente, mediante nota GM-DGAJ-UAJI-Cs 560/2023 de 22 de febrero; y el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, hizo conocer que el Reino de España, a través de Nota verbal GSD/mvc/141/2022 de 17 de agosto, ya había formalizado la solicitud de extradición de Aníbal Aponte Ribera; por lo que, ya no sería necesario realizar nuevo pedido formal de ratificación de extradición; por ello, mediante Decreto de 3 de marzo de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia, ordenó la prosecución del trámite en base a los antecedentes del proceso; 6) La solicitud de extradición se formalizó antes del vencimiento de los cuarenta días fijados para el efecto; consiguientemente el plazo aludido por el accionante, habría sido interrumpido; 7) El expediente había sido restituido con dictamen fiscal del Fiscal General del Estado, pidiendo se declare procedente la solicitud de extradición, se ordene la excarcelación y entrega del requerido al Estado requirente; y, 8) El expediente se encontraba en despacho para emitir resolución final, advirtiendo que no se había incumplido los plazos de la detención preventiva aludida, por lo que no correspondía conceder la tutela impetrada. Carlos Alberto Eguez Añez, Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, no firmaron el informe descrito precedentemente, y tampoco asistieron a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 101.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por Resolución 001/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 162 a 168, concedió la tutela solicitada, únicamente respecto a Esteban Miranda Terán, en su condición de Magistrado Tramitador, quien deberá advertir la sustanciación de la audiencia de cesación a la detención preventiva con fines de extradición y disponer una respuesta al memorial presentado en lo que fuere en derecho dentro del plazo imperativo de cuarenta y ocho horas; y denegó la tutela impetrada con relación de los otros Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al no estar asignados en la diligencia y resolución directa de Magistrado tramitador; y, también con relación a la detención preventiva dispuesta por Mandamiento 01/2022 de 6 de julio, dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 154 del CPP, establece que el Tribunal Supremo de Justicia, al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención; ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y, disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable; ii) El art. 157 del CPP, menciona que toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito; iii) El Tratado de Extradición entre Bolivia y España, ratificado por la Ley 1614 de 31 de enero de 1995, prevé en su art. 24.5 que la autoridad competente de la parte requerida podrá acordar la libertad del detenido adoptando las medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo caso se decretará la libertad, si en el plazo de cuarenta días desde la detención, no se hubiere recibido la solicitud de extradición; iv) De antecedentes se advierte que el accionante guardaba detención preventiva desde el 5 de julio de 2022, por intervención de funcionarios de INTERPOL-Yacuiba, en el Centro de Readaptación Productiva de El Palmar, habiendo vencido el plazo de los cuarenta y cinco días. Mediante Auto Supremo 194/2022, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso que el Juzgado de Instrucción Penal de turno emita mandamiento de detención preventiva contra el acusado, recayendo en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Segundo de la capital del departamento de Chuquisaca, que dispuso la detención preventiva con fines de extradición por cuarenta y cinco días; es decir, que se encontraba con doble disposición normativa de detención preventiva. La autoridad diplomática española, hasta la fecha no efectivizó ningún trámite protocolar a efectos de materializar el trámite de extradición, estando el accionante, privado de libertad por casi nueve meses; por ello presentó, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de libertad, conforme la previsión de los arts. 18 y 24 del Tratado de Extradición entre Bolivia y España, y no obtuvo respuesta alguna; v) La solicitud impetrada por el impetrante de tutela, data de 29 de mayo de 2023, y desde entonces transcurrieron dieciséis días calendario, sin que se hubiere señalado audiencia de cesación para considerar la libertad por el vencimiento del plazo de la detención preventiva con fines de extradición y/o en su defecto no se hizo una respuesta a ese memorial en cualquier sentido en derecho; vi) Las autoridades demandadas asumieron competencia a partir de la solicitud de extradición de la embajada del Reino de España, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, mediante Nota verbal GGS/mvc 124/2022 de julio, que fue remitida al Tribunal Supremo de Justicia el 24 de agosto de 2022, y derivó en la emisión del Auto Supremo 194/2022, habiendo comisionado al Juzgado de Chuquisaca, quien hizo conocer que se efectivizó la materialización de detención preventiva con fines de extradición, el 11 de abril de 2023; advirtiéndose que fue notificado el 25 de marzo de 2023, con el mandamiento y el exhorto suplicatorio, que en la fecha se tienen todos los trámites administrativos y legales efectivizados, encontrándose con dictamen del Fiscal General del Estado, y se encuentra en despacho para emitir resolución final y no se incumplieron plazos procesales; vii) En relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva con fines de extradición, a través del memorial de 29 de mayo de 2023, éste no tiene ninguna manifestación por el Tribunal Supremo de Justicia; y, conforme lo establecido en el art. 42 del Manual de Tramitación de la Extradición, los planteamientos vinculados a la libertad del sujeto extraditable, por vencimiento del plazo de la detención preventiva, o detención provisional del requerido, y aquellos que pretenden la cesación de la medida restrictiva de libertad serán resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia; y, viii) Existiendo un Magistrado tramitador del Tribunal Supremo de Justicia, es quien debe asumir el control correspondiente, y al no haberse señalado y verificado la sustanciación efectiva de la audiencia de consideración de la liberad del detenido preventivo con fines de extradición y/o en su defecto al no haberse materializado una respuesta oportuna en la medida en derecho, ante la petición del accionante, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber conocido la solicitud de cesación a la detención preventiva, incurrió en dilación indebida, provocando la vulneración del debido proceso, en su elemento de plazo razonable, vinculado a su libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 277/2022 de 6 de julio, Marco Antonio Maraz Castillo, Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, dispuso la detención preventiva de Aníbal Aponte Ribera -ahora accionante- con fines de extradición, por el lapso de cuarenta y cinco días hábiles a computarse desde su privación de libertad; en razón a la Alerta Migratoria de búsqueda y localización remitida por INTERPOL, signada como Notificación Roja A-685/1-2018, emitida por el Reino de España, ante la existencia de sentencia ejecutoriada de 7 de febrero de 2011, por el delito de tráfico de drogas (fs. 14 a 16 vta.). II.2. Por Auto Supremo 194/2022 de 29 de noviembre, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandado-, dispuso la detención preventiva con fines de extradición del impetrante de tutela, en atención a la solicitud presentada por la Embajada del Reino de España al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, mediante Nota Verbal GGS/mvc 124/2022 de 22 de julio y Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2213/2022 de 28 de julio; reiterada mediante Nota Verbal GGS/mvc 141/2022 de 17 de agosto, mediante la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2487/2022 de 24 de agosto; comisionando al Juez Cautelar de Turno en lo Penal de la capital del departamento de Chuquisaca, expedir mandamiento de detención preventiva, que podrá ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana (fs. 72 a 74 vta.). II.3. A través del Auto de 17 de febrero de 2023, la Jueza de Instrucción en lo Penal Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca, en cumplimiento del Auto Supremo 194/2022 de 29 de noviembre, ordenó expedir mandamiento de detención preventiva con fines de extradición contra el solicitante de tutela (fs. 75). II.4. Por Oficio de Clasificación Urgente GM-DGAJ-UAJI-Cs-5 60/2023 de 22 de febrero, presentado el 2 de marzo de 2023, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, comunicó y aclaró el caso de extradición de Aníbal Aponte Ribera, correspondiente al expediente 25/2022, señalando que mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2487/2022 de 24 de agosto se remitió al Tribunal Supremo de Justicia la Nota Verbal GGS/mvc/141/2022, por la que se envió oportunamente el pedido Formal de Extradición del ciudadano referido, conforme al Tratado de Extradición entre España y Bolivia firmado en Madrid el 24 de abril de 1990, ratificado mediante Ley 1614 de 31 de enero de 1995, aclarando que el Estado requirente no está obligado a manifestar nuevamente su interés o ratificar la solicitud al ya existir una solicitud formal de extradición; aspecto que, debe considerarse a efectos de evitar dilaciones impertinentes (fs.153 vta.). II.5. Mediante Dictamen FGE/JLP 004/2023 de 2 de mayo de 2023, el Fiscal General del Estado, requirió la procedencia de la extradición del accionante, y disponer lo que corresponda para la efectivización de la entrega del reclamado (fs. 156 a 158). II.6. Por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, dirigido a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el accionante solicitó ordenar su inmediata libertad (fs. 90 a 91 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, acceso a la justicia pronta, oportuna y al debido proceso; toda vez que, dentro del trámite de extradición seguido en su contra, los Magistrados demandados incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Gobierno de España pidió su detención preventiva para fines de extradición, y el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 194/2022, ordenó su privación de libertad por el plazo de cuarenta y cinco días, sin considerar que ya se encontraba con detención preventiva con los mismos fines, desde hace más de noventa días atrás, sin que el Estado requirente formalice su extradición, incumpliendo de esta forma el Tratado suscrito entre Bolivia y España; y, b) Al estar privado de libertad por más días de los dispuestos, sin que el Estado requirente haya formalizado su pedido de extradición, solicitó el mandamiento de libertad; empero, las autoridades demandadas, no respondieron dicha solicitud en evidente vulneración a sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada;

III.1. Sobre el control jurisdiccional ejercido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en casos de extradición

La SCP 0462/2022-S2 de 7 de junio, sostuvo que: «”…la SCP 0133/2014-S3 de 10 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: ‘Ahora bien, a toda persona privada de libertad debe garantizársele el derecho de acceso a la justicia, a efectos de que la autoridad judicial competente, en ejercicio del control jurisdiccional, vele por el cumplimiento de los derechos y garantías del privado de libertad, conociendo y resolviendo cualquier hecho que vaya en desmedro de los mismos; así, dentro de un proceso penal el control jurisdiccional es ejercido por los jueces cautelares [arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP]; y, en el marco de un proceso de extradición dicho control jurisdiccional es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia (art. 184.3 de la CPE)’”. (…) corresponde señalar que de antecedentes se constata que el accionante a través de memoriales dirigidos a los Magistrados ahora demandados presentados el 3, 22 y 28 de junio de 2016, con diferentes argumentos, pidió se libre mandamiento de libertad a su favor, mismos que fueron respondidos por la Magistrada hoy codemandada a través de decretos dictados al efecto; empero, este Tribunal advierte que al emerger de la determinación de detención preventiva con fines de extradición a través del AS 122/2015, pronunciado por los Magistrados ahora demandados, las solicitudes del accionante tendientes a obtener un mandamiento de libertad, que implique dejar sin efecto o el cese de la medida restrictiva de libertad, debían ser consideradas y resueltas por los Magistrados ahora demandados -Sala Plena- que dispuso la detención preventiva cuestionada en su vigencia, al ser conforme el art. 38.2 de la LOJ, atribución de la Sala Plena: `Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición´; consecuentemente, la resolución de la situación jurídica del accionante dentro de la normativa supra mencionada al ser un aspecto incidental e instrumental relacionado con el trámite de extradición inexcusablemente debió ser atendido por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, quienes debieron analizar la pretensión del accionante y responder mediante una resolución fundamentada y motivada a las mismas; más aún si se considera que la respuesta emanada de Sala Plena permitiría el contraste de opiniones imparciales tomando en cuenta que dicha Sala constituye una instancia colegiada que desarrolla su función mediante deliberación y conforme a lo ya expuesto, esa instancia en pleno es la que de acuerdo a ley, conoce y resuelve la extradición, y por ende, sus incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, en ese marco…’”» (el resaltado nos corresponde).

III.2. La falta de legitimación pasiva en la acción de libertad

La sistematización de la línea jurisprudencial sobre la falta de legitimación pasiva en la acción de libertad ha sido realizada por la SCP 0078/2018-S2, de 23 de marzo, que establece lo siguiente:

[R]especto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que éste se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

[E]mpero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollarán a continuación: 1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento 1 En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2 El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 4 El FJ III.4,expresa que: “Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente”.

que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes se advierte que mediante Auto Interlocutorio 277/2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, dispuso la detención preventiva de Aníbal Aponte Ribera -ahora accionante- con fines de extradición, por el lapso de cuarenta y cinco días hábiles a computarse desde su privación de libertad; en razón a la Alerta Migratoria de búsqueda y localización remitida por INTERPOL, signada como Notificación Roja A-685/1-2018, emitida por el Reino de España, ante la existencia de Sentencia ejecutoriada de 7 de febrero de 2011, por el delito de tráfico de drogas (Conclusión II.1); posteriormente, por Auto Supremo 194/2022, dictado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandada-, determinó la detención preventiva con fines de extradición del impetrante de tutela, en atención a la solicitud presentada por la Embajada del Reino de España al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, mediante Nota Verbal GGS/mvc 124/2022, y Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2213/2022; reiterada mediante Nota Verbal GGS/mvc 141/2022, mediante la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2487/2022; comisionando al Juez de Instrucción Penal de Turno de la capital del departamento de Chuquisaca, expedir mandamiento de detención preventiva (Conclusión II.2).

5 El FJ III.1, regula que: “Puestas así las cosas, corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal” (el subrayado es nuestro). 6 Los demás supuestos de flexibilización de la legitimación pasiva se encuentran desarrollados en su Fundamento Jurídico III.1. en los que se desataban: “2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril8 refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre8; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Auto Supremo 194/2022, a través del Auto de 17 de febrero de 2023, la Jueza de Instrucción en lo Penal Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca, ordenó expedir mandamiento de detención preventiva con fines de extradición contra el accionante (Conclusión II.3). Por Oficio de Clasificación Urgente GM-DGAJ-UAJI-Cs-5 60/2023, presentado el 2 de marzo de 2023, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, comunicó y aclaró el caso de extradición de Aníbal Aponte Ribera, correspondiente al expediente 25/2022, señalando que mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2487/2022, se remitió al Tribunal Supremo de Justicia la Nota Verbal GGS/mvc/141/2022, por la que se envió oportunamente el pedido Formal de Extradición del ciudadano referido, conforme al Tratado de Extradición entre España y Bolivia firmado el 24 de abril de 1990, ratificado mediante Ley 1614, aclarando que el Estado requirente no está obligado a manifestar nuevamente su interés o ratificar la solicitud al ya existir una solicitud formal de extradición; aspecto que, debe considerarse a efectos de evitar dilaciones impertinentes (Conclusión II.4). Mediante Dictamen Fiscal FGE/JLP 004/2023, el Fiscal General del Estado requirió la procedencia de la extradición del accionante, y pidió al Tribunal Supremo de Justicia, disponer lo que corresponda para la efectivización de la entrega del reclamado (Conclusión II.5). Ahora bien, por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, dirigido a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el impetrante de tutela, solicitó ordenar su inmediata libertad afirmando estar más de nueve meses con detención preventiva, amparado en los arts. 18.3 y 4, y 24.5 y 6 del Tratado de Extradición suscrito entre España y Bolivia (Conclusión II.6). En ese contexto, del contenido del Auto Supremo 194/2022, cuestionado en la presente acción de defensa, se concluye que a través de la Nota Verbal GGS/mvc 124/2022, y Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2213/2022; reiterada mediante Nota Verbal GGS/mvc 141/2022, proveniente de la Embajada de España, dirigida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitaron la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano boliviano Aníbal Aponte Ribera, sentenciado y condenado en España, a cumplir la pena de seis años y ocho meses de prisión, por delitos contra la salud; pedido que la señalada Dirección General de Asuntos Jurídicos, hizo saber al Tribunal Supremo de Justicia mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2487/2022. Por lo expuesto, a raíz de dicho pedido formal, el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 194/2022, dispuso la detención preventiva con fines de extradición del ahora accionante, para el efecto ordenó al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, comisione al Juez de Instrucción Penal de Turno, a fin de que expida el correspondiente mandamiento de detención preventiva. Conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene claramente establecido que por mandato del art. 154 del CPP, es el Tribunal Supremo de Justicia el que tiene la competencia para conocer y resolver las solicitudes de extradición. Por su parte, el Manual para la Tramitación de la Extradición en el Órgano Judicial, en lo relativo a la extradición pasiva, en el numeral 6 claramente regula sobre los incidentes y trámites vinculados a la libertad, señalando que:

“Los incidentes relativos a la emisión de órdenes de salida destinadas a visitas médicas, internación hospitalaria o traslado de centro penitenciario, que pueda plantear el sujeto extraditable, serán resueltos por el Juez de Instrucción en materia penal que haya emitido el Mandamiento de Detención, conforme lo prevé el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal boliviano. Los planteamientos vinculados a la libertad del sujeto extraditable por vencimiento del plazo de la “detención preventiva” o “detención provisional” del requerido, y aquellos que pretendan la cesación de la medida restrictiva de libertad, serán resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a los arts. 44 y 154 del Código de Procedimiento Penal”. De lo que se concluye que cualquier planteamiento vinculado a la libertad del sujeto extraditable por vencimiento del plazo de la detención preventiva del requerido, que pretenda la cesación de la medida restrictiva de libertad, debe ser interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso concreto, la solicitud efectuada por el solicitante de tutela sobre la cesación de la detención preventiva de 29 de mayo de 2023, fue planteada ante esa instancia, haciendo el reclamo sobre el vencimiento del plazo de la detención; presupuesto que debía ser valorado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a las mismas normas internas e internacionales que sustentaron su decisión de ordenar su detención preventiva con fines de extradición, no correspondiendo a esta jurisdicción, ponderar el cumplimiento de dicho plazo, desconociendo las competencias asignadas a cada órgano e instancia jurisdiccional de acuerdo a la naturaleza de las materias en estudio. El cumplimiento de los plazos procesales para la procedencia de su libertad dentro de una solicitud de extradición que fue efectuada por el Estado requirente España al Estado Plurinacional de Bolivia, debe ser necesariamente resuelto por el referido Tribunal Supremo de Justicia, extremo que obedece al principio de cooperación internacional y de lucha contra la delincuencia, encargada a los órganos competentes para decidir lo que fuere pertinente en materia de extradición y de las medidas preventivas para su viabilidad.

Ahora bien, se tiene que la solicitud presentada ante las autoridades demandadas el 29 de mayo de 2023; por la cual, el ahora accionante solicitó ordenar su inmediata libertad y cese de todas las medidas cautelares impuestas, afirmando estar super abundantemente superado el plazo de detención preventiva ordenada en primera instancia por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, y después por el Auto Supremo 194/2022, que fue ejecutado por la Jueza de Instrucción en lo Penal Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca, amparado en los arts. 18.3 y 4, y 24.5 y 6 del Tratado de Extradición suscrito entre España y Bolivia, no fue respondida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa; solicitud que al estar vinculada a la libertad del impetrante de tutela debió merecer una tramitación diligente en estricta observancia del principio de celeridad en cumplimiento a los arts. 178.I y 180.I de la CPE. La dilación indebida advertida no puede dar lugar a que el accionante permanezca en una situación de incertidumbre y sin un efectivo control jurisdiccional; cuando impelía observarse el principio de celeridad que debe existir en todo trámite donde se encuentre involucrado el derecho a la libertad, omisión que lesiona los derechos a la libertad de locomoción, acceso a la justicia pronta, oportuna, y al debido proceso; por consiguiente, corresponde conceder la tutela respecto de las autoridades demandadas.

III.3.1. En cuanto a la detención preventiva ordenada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija por Auto Interlocutorio 277/2022 de 6 de julio

Por otro lado, en cuanto a la denuncia referida a la orden de detención preventiva con fines de extradición, dispuesta por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, es preciso señalar que resulta imprescindible que la acción de libertad se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal. En ese marco, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de libertad, es la coincidencia que debe existir entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de derechos y aquella contra quien se dirige la acción; situación que, en el caso de la Sala Plena demandada, no se cumple, al no evidenciarse que su actuación haya sido la causa directa o indirecta de la privación de libertad en Yacuiba, denunciada en la presente acción de defensa; toda vez que, dentro del trámite de extradición sobre el que tiene competencia la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se advierte que no tiene vinculación a la primera detención dispuesta por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba; consecuentemente, no tuvo participación alguna en esa privación de libertad, careciendo en consecuencia de legitimación pasiva para resolver cualquier denuncia de manera directa sobre dicha detención preventiva; por lo que, este Tribunal se encuentra imposibilitado de ingresar al análisis de fondo de esta denuncia, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder parcialmente la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 162 a 168, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada contra los Magistrados demandados, únicamente respecto a la Resolución de la solicitud de cesación impetrada por el accionante, dentro de la detención preventiva con fines de extradición dispuesta por Auto Supremo 194/2022 de 29 de noviembre, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cumpla con el principio constitucional de celeridad, disponiendo que una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata resuelva lo solicitado por el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2023; salvo que ese ya hubiere sido cumplido, o que su situación jurídica ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación a la detención preventiva con fines de extradición dispuesta por Auto Interlocutorio 277/2022 de 6 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3.1 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 24f0ccaa2812343ac8ade02a54fac70081f4c7b00713954558837d23119fbebb

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