Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, plural y oportuna; puesto que, fue arrestado de manera ilegal por el funcionario policial hoy coaccionado, quien puso a conocimiento del Fiscal de Materia ahora accionado que no cumplió con lo señalado en el procedimiento, para luego ordenar su ilegal aprehensión, sin observar el art. 226 del CPP y sin considerar los presupuestos de autoría, el quantum de la pena y el peligro de fuga, encontrándose a la fecha de interposición de la presente acción de defensa aprehendido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13-2023 de 1 de junio, cursante de fs. 29 vta. a 32 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56613-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13-2023 de 1 de junio, cursante de fs. 29 vta. a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Porfidio Rodríguez Solamayo en representación sin mandato de Lucio Gabriel Vedia Sejas contra Carlos Ruby Parada Soleto, Fiscal de Materia; y, Panfilo Reynaga Machaca, Funcionario Policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 6 a 8 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Basilia Simona Mamani Quispe contra Lucio Gabriel Vedia Sejas -accionante- por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP); fue arrestado el 30 de mayo de 2023, a las “10:00 pm” horas y puesto en conocimiento del Ministerio Público para luego ordenar su ilegal aprehensión. De las actuaciones irregulares por parte del funcionario policial -hoy accionado- señaló el ingreso a su domicilio el 30 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, donde buscaron en toda la casa, posteriormente procedieron a arrestarlo y conducirlo a la FELCC indicando que participo de un robo agravado, encontrándose en celdas por más de veinte horas de manera ilegal; según el art. 225 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; en su caso no procedía el referido arresto; ya que, el hecho sucedió el 26 de igual mes y año, a las 22:30 horas, y la denuncia se realizó el 27 del referido mes y año, a las 9:48 horas, después de “78 horas” del hecho, vulnerando su derecho a la libertad de locomoción y debido proceso, encontrándose a la fecha detenido -se entiende de la interposición de esta acción de libertad-. Con relación a la actuación del Ministerio Público, una vez puesto a su conocimiento el arresto de su persona se le tomó la declaración informativa el 30 de mayo de 2023, a las 19:00 horas, manifestando su defensa técnica sobre el arresto ilegal; sin embargo, el Fiscal de Materia hoy accionado no se pronunció, a pesar de ello ordenó su aprehensión apartándose de lo dispuesto por el art. 225 del CPP, encontrándose en la actualidad aprehendido.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, plural y oportuna; citando al efecto los arts. 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Su inmediata libertad; b) Se ordene al Fiscal de Materia ahora accionado restablecer y enmarcar sus actuaciones en el marco de la ley; c) Se remitan antecedentes ante la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) para el correspondiente procesamiento del funcionario policial -hoy coaccionado-; y, d) Sea con costas de daños y perjuicios en la suma de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos).
Celebrada la audiencia virtual el 1 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El art. 227 del CPP faculta a la Policía Boliviana a la aprehensión; sin embargo, no después de las setenta y dos horas; 2) El Fiscal de Materia ahora accionado desconociendo la normativa ha convalidado el actuar del funcionario policial hoy coaccionado; ya que, ordenó la aprehensión conforme lo establece el art. 226 del citado Código; y, 3) Con relación al principio de subsidiariedad, la imputación formal se presentó por la tarde luego de presentarse la acción de libertad; por lo tanto, no se pudo acudir al Juez encargado del control jurisdiccional -Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz-, señalando para ello la SCP 0690/208-S2 de 23 de octubre.
Carlos Rudy Parada Soleto, Fiscal de Materia, mediante informe de 31 de mayo de 2023, cursante a fs. 23 y vta.; así como en audiencia, manifestó que: i) Una vez puesto a su conocimiento la denuncia verbal el 27 del referido mes y año, se procedió a la apertura del mismo, poniendo en conocimiento del control jurisdiccional mediante el Sistema Justicia Libre (JL1); ii) La resolución de aprehensión se la efectuó conforme el art. 226 del CPP, debidamente fundamentado contra el accionante el 30 del indicado mes y año, al encontrarse latente el peligro de fuga y obstaculización, disponiendo que serán puestos a disposición del Juez de primera instancia, quien será que determine su situación jurídica; iii) El informe policial se recibió el 31 del mencionado mes y año, a las 8:10 horas, para luego elaborar la respectiva imputación formal, cumpliendo los plazos procesales establecidos; y, iv) La audiencia cautelar del accionante es “…hoy a las 2 de la tarde…” (sic); es decir, dentro del plazo; por lo que, no se vulneró ningún derecho; ya que, su situación jurídica se determinará en la referida audiencia donde la Policía Boliviana cumplió con lo establecido por el art. 295 del CPP. Panfilo Reynaga Machaca, Funcionario Policial de la FELCC de Santa Cruz a través de la asesora legal de la FELCC, en audiencia manifestó que: a) La Policía Boliviana tiene la facultad y la atribución de realizar actividades técnicas específicas de investigación destinadas al descubrimiento de la verdad, identificación y aprehensión de los presuntos culpables en concordancia con la SCP 0498/2023 de 5 de abril y lo establecido por la Ley Orgánica de la Policía Boliviana; y, b) El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, tiene el control jurisdiccional del proceso, quien tiene la atribución de controlar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, conforme lo establece el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) que hace referencia al principio de subsidiariedad, señalando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0003/2012, 0007/2012 y 0434/2014”; por lo que, solicita el “…rechazo de dictación de libertad…” (sic) .
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 13-2023 de 1 de junio, cursante de fs. 29 vta. a 32 vta., denegó la tutela solicitada sin imposición de costas por ser excusable; bajo los siguientes fundamentos: 1) Los arts. 54.I y 279 del CPP reconocen la competencia de los jueces de instrucción para ejercer el control jurisdiccional de una causa durante el desarrollo de la investigación; por lo que, si una persona considera que se vulnera sus derechos debe acudir ante el referido Juez; y, 2) El 27 de mayo de 2023, ya existía control jurisdiccional a cargo del Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; por lo que, se evidencia la subsidiariedad excepcional de la presente acción de defensa; por lo tanto, el accionante debe agotar los medios inmediatos y eficaces que pudieran existir.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 27 de mayo de 2023, ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz; por el cual, Carlos Rudy Parada Soleto, Fiscal de Materia -hoy accionado- informó sobre el inicio de investigación contra autor o autores a denuncia de Basilia Simona Mamani Quispe (fs. 16). II.2. Consta memorial de 31 de mayo de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz; el Fiscal de Materia ahora accionado, con la suma presentó imputación formal; ya que, al existir elementos de convicción suficientes se acredita fundadamente la existencia del hecho y la participación de Lucio Gabriel Vedia Sejas -hoy accionante- y “otro” por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del CP; asimismo, solicita la imposición de medida cautelar de la detención preventiva; para lo cual, solicita día y hora de audiencia conforme el art. 235 ter.2 del CPP (fs. 17 a 21 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, plural y oportuna; puesto que, fue arrestado de manera ilegal por el funcionario policial hoy coaccionado, quien puso a conocimiento del Fiscal de Materia ahora accionado que no cumplió con lo señalado en el procedimiento, para luego ordenar su ilegal aprehensión, sin observar el art. 226 del CPP y sin considerar los presupuestos de autoría, el quantum de la pena y el peligro de fuga, encontrándose a la fecha de interposición de la presente acción de defensa aprehendido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 1174/2025-S1 de 16 de septiembre, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.
Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto , pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo , la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales - posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal
-fiscales y policíaslesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, plural y oportuna; puesto que, fue arrestado de manera ilegal por el funcionario policial hoy coaccionado, quien puso a conocimiento del Fiscal de Materia ahora accionado que no cumplió con lo señalado en el procedimiento, para luego ordenar su ilegal aprehensión, sin observar el art. 226 del CPP y sin considerar los presupuestos de autoría, el quantum de la pena y el peligro de fuga, encontrándose a la fecha de interposición de la presente acción de defensa aprehendido.
En ese sentido, de los antecedentes se tiene, el memorial presentado el 27 de mayo de 2023, ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz; por el cual, el Fiscal de Materia hoy accionado informó el inicio de investigación contra autor o autores (Conclusión II.1.); posterior a ello, se presentó memorial de imputación formal ante el referido Juzgado en el que se acredita fundadamente la existencia del hecho y la participación del accionante y “otro” por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitando se fije día y hora de audiencia de medida cautelar (Conclusión II.2.).
De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -Fiscales y Policías-que constituyan actividad procesal defectuosa que afecten derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser denunciados previamente ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, como son los incidentes de actividad procesal defectuosa. De la revisión de los antecedentes, se advierte que cursa memorial de inicio de investigación presentado el 27 de mayo de 2023, por el Fiscal de Materia hoy accionado ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 701102012303728, a denuncia de Basilia Simona Mamani Quispe contra autor o autores, por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332.2 del CP; posterior a ello, el 31 del referido mes y año, se verifica que el accionante fue imputado formalmente por la presunta comisión del mencionado delito por el cual el Fiscal de Materia hoy accionado solicitó la aplicación de la medida excepcional de detención preventiva (Conclusiones II.1. y II.2.). A partir de lo señalado, se evidencia que el proceso penal referido, se encuentra en etapa preparatoria, con código de proceso CUD 701102012303728 y el mismo, radica ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; es decir, se verifica que la causa se encuentra bajo control jurisdiccional. El art. 54.1 del CPP, establece que el Juez de Instrucción Penal es el encargado de controlar la investigación; por lo tanto, cualquier denuncia sobre la presunta vulneración de derechos constitucionales como emergencia del proceso de investigación debe efectuarse ante dicha autoridad; en consecuencia, la denuncia interpuesta contra el Fiscal de Materia y el funcionario policial ahora accionados, debió ser presentada previamente ante el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a objeto de que se pronuncie acerca de las supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales; ya que, la mencionada autoridad judicial es la que tiene atribuciones para ejercer el control jurisdiccional del proceso; lo que implica verificar si es efectivamente cierto lo mencionado por el accionante respecto a que producto del arresto de 30 de mayo de 2023, se hubiese vulnerado sus derechos fundamentales; así como, al haberse ratificado la aprehensión por el Fiscal de Materia ahora accionado se habría vulnerado su derecho fundamental a la libertad vinculado al debido proceso. Por ello, resulta que al no haber agotado la vía ordinaria a través de los mecanismos intraprocesales que tenía a su alcance, no es posible que el accionante acuda directamente a la jurisdicción constitucional; razón por la cual, la presente acción de libertad resulta improcedente por subsidiariedad excepcional, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13-2023 de 1 de junio, cursante de fs. 29 vta. a 32 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2fcfdb954612c56a41b39cf9f80007b0298544d385d0ffb2d9f5a92d25b2c3cf
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →