Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, defensa y omisión de aplicar el principio de igualdad procesal, señalando que el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022, si bien, confirmó que no correspondía revisar el riesgo procesal anotado en el art. 234 núm. 7 del CPP: i) Añadió una observación referida al lugar de trabajo, indicando que éste se desarrollaría en la ciudad de Cochabamba y su domicilio en Chimoré del homónimo departamento, pero el proceso se desarrollaba en la ciudad de Uyuni del departamento de Potosí y era necesario que explique donde haría llegar las notificaciones y se estamparían las firmas de control, concluyendo que la actividad laboral a futuro, se encontraba parcialmente acreditada y que sería necesario una complementación, sin que esta hubiera sido planteada como agravio; ii) No se aplica el principio de igualdad procesal, respecto al beneficio que tienen los otros coimputados -dentro del referido proceso penal-, con relación al art. 235 núm. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 36 a 68, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Potosí y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Marcelo Roger Sierra Enríquez, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator : Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50660-2022-102-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 36 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abimael Llanos Callasuca en representación sin mandato de Jaime Ramos Arce contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 3 a 6, el accionante a través de su representante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 22 de enero de 2022, por concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núms. 1, 2 y 7; y, 235 núm. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Durante el desarrollo del proceso penal, conjuntamente los otros coimputados solicitaron la cesación a la detención preventiva, logrando desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 7 del CPP; e incluso los otros coimputados, consiguieron la cesación de esta medida, a pesar que no desvirtuaron el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 235 núm. 2 de la referida norma penal.
Por tal razón, solicitó la cesación de la detención preventiva, presentando nuevos elementos que desvirtuarían el riesgo procesal relacionado a la actividad lícita, tales como el contrato de trabajo a futuro con reconocimiento de firmas, Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente, matrícula de comercio, fotocopia de carnet del empleador; con el fin de enervar el riesgo procesal relacionado al domicilio presentó certificados de permanencia, de buena conducta, informes sociales que indican que su domicilio está ubicado en la avenida principal de Entre Ríos Tacural del municipio de Chimoré del departamento de Cochabamba; solicitando además que conforme al principio de favorabilidad y proporcionalidad se le pueda aplicar el mismo trato que los otros coimputados, respecto al art. 235 núm. 2 del referido código, bajo el principio de igualdad procesal; sin embargo, su solicitud fue rechazada. Posteriormente, presentó una vez más, su petición de cesación a la detención preventiva, subsanando las observaciones que le realizaron en una primera oportunidad y adjuntando dos contratos de construcción de obra, uno en la localidad de Ivirgarzama que queda a media hora de su domicilio y otra en Entre Rios Tacural del municipio de Chimore del referido departamento, vale decir, en el mismo lugar de su domicilio; no obstante, una vez más se rechazó su solicitud, argumentando que se había desvirtuado parcialmente los riesgos de fuga anotados en el art. 234 núms. 1 y 2 del CPP, pero por un error inducido por el Ministerio Público, una vez más indicaron que con relación a su persona concurría el riesgo procesal anotado en el art. 234 núm. 7 y el previsto en el 235 núm. 2, rechazando nuevamente su solicitud. Frente a este último Auto Interlocutorio de rechazo, presentó recurso de apelación incidental, haciendo conocer la falta de fundamentación, motivación y congruencia, como la no valoración de la prueba, que no se aplicó la igualdad procesal con relación a los otros coimputados, sino que aumentó el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 7 del CPP, y la única observación que existía era respecto a la falta de constancia de que el reconocimiento de firmas y rúbricas lo hubiera realizado el Notario de Fe Pública en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; solicitando al tribunal ad quem que al advertir dichos agravios dé por acreditada la actividad lícita a futuro; y, en consecuencia, dé por enervado completamente el art. 234 núm. 1 y por ende se dé por acreditado el arraigo natural, desvirtuando el art. 234 núm. 2, además de que se confirme la no vigencia del riesgo del art. 234 núm. 7 todos del CPP; y, en consecuencia, se apliquen las mismas medidas cautelares personales de las cuales gozaban los otros coimputados dentro de la misma causa. Esta apelación fue resuelta por Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022, emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –autoridad demandada-, que declaró parcialmente procedente dicho recurso, al reconocer errores en el Auto Interlocutorio emitido por el Juez a quo, señalando que ya no correspondía revisar el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 7 del CPP, empero: a) Introdujo una nueva observación referida al lugar de trabajo; toda vez que, el NIT indicaba que la empresa se encontraba en la ciudad de Cochabamba, generándose duda respecto a si éste sería coincidente con la documental referida al domicilio que presentó; concluyendo que la actividad laboral a futuro se encontraba parcialmente acreditada, y que sería necesaria una complementación respecto a la coincidencia entre el domicilio y el presunto lugar de trabajo; b) En relación con el art. 235 núm. 2 de la norma penal adjetiva, la Vocal demandada indicó que la defensa no realizó manifestación alguna al respecto, añadiendo que si bien los otros coimputados fueron beneficiados con distintas medidas cautelares, ello se debió a que mejoraron su situación jurídica respecto a los riesgos procesales; sin embargo, al no haberse desvirtuado el riesgo previsto en el señalado art. 235 núm. 2, no resultaba posible realizar la misma ponderación de derechos para considerar la cesación a la detención preventiva, pues en su caso, se encontraban vigentes los riesgos procesales establecidos en el art. 234 núms. 1 y 2, así como en el art. 235 núm. 2 del CPP, manteniendo la detención preventiva; omitiendo así, realizar una identificación concreta de las particularidades que tiene, a fines de manifestar por qué no se aplica el principio de igualdad procesal, respecto al beneficio que tienen los otros acusados en grado de autores, dentro de la misma causa penal en trámite; y, c) Estos aspectos lo colocan en un estado de indefensión absoluta al introducir observaciones que no fueron previamente planteadas ni cuestionadas por el Juez a quo, ni mucho menos propuestas por el Ministerio Público durante la audiencia.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, defensa y a la omisión de aplicar el principio de igualdad procesal, citando al efecto los arts. 21.7 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 9, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista que: 1) Realice una valoración acorde al principio de equidad y razonabilidad que dé por acreditado la actividad laboral lícita a futuro y en consecuencia se dé por enervado el art. 234 núms. 1 y 2 al acreditarse el arraigo natural; y, 2) En aplicación a la igualdad procesal se disponga la cesación a la detención preventiva, teniéndose vigente un solo riesgo procesal, aplicándose el principio de proporcionalidad, tal como se hizo para los otros acusados en grado de autor dentro de la misma causa y el mismo riesgo procesal.
Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 14 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: i) La autoridad demandada introdujo observaciones adicionales, entre ellas, una supuesta incompatibilidad entre el lugar de trabajo y el domicilio, sin que esta hubiera sido planteada como agravio, incurriendo así en una valoración ultra petita y en reforma en perjuicio, contrarias a los arts. 398 y 400 del CPP; ii) Asimismo, alegó una vulneración al principio de igualdad procesal, pues los coimputados, dentro del referido proceso penal, Esteban Javier Yucra y Leonel Mejía obtuvieron la cesación de la detención preventiva con igual o menor sustento probatorio, y con un riesgo procesal aún vigente, sin que hubieran desvirtuado plenamente el art. 235 núm. 2 del CPP; sostuvo que negar el mismo beneficio al accionante resulta arbitrario, discriminatorio y va contra el principio de proporcionalidad; y, iii) Omitió realizar una identificación de particularidades respecto del peticionante de tutela ya que al ser un coimputado por el mismo supuesto delito debió aplicarse el principio de igualdad procesal para poder obtener el beneficio con el que cuentan los otros dos referidos coimputados.
Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia de garantías, señaló que: a) Esta acción tutelar tiene como límite la prohibición de verificar la prueba, en observancia del principio de legalidad, correspondiendo al Juez de garantías abstenerse de determinar la concurrencia o no de riesgos procesales, por ser una atribución propia de la jurisdicción ordinaria; b) El accionante no precisó de qué manera la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022 se vincula con una vulneración del debido proceso y que éste pueda ser concedido por una acción de libertad; en ese entendido, el análisis pretendido implicaría ingresar a una revisión de la valoración probatoria, lo cual exige el cumplimiento de requisitos específicos que, en el presente caso, no fueron satisfechos; c) Ingresando al fondo, cabe señalar que el proceso se encuentra en etapa de juicio en la ciudad de Uyuni del departamento de Potosí; d) El accionante alegó falta de fundamentación y motivación respecto al art. 234 núm. 1 del CPP; sin embargo, conforme a la SCP 0674/2020-S4 de 4 de noviembre, si bien el tribunal de alzada debe motivar adecuadamente sus determinaciones dentro de los límites del art. 398 del CPP, ello no impide la valoración de la documentación pertinente; e) En este caso, al encontrarse el proceso en etapa de juicio, correspondía verificar que la actividad laboral ofrecida no obstaculice el normal desarrollo del proceso; empero, de la revisión de la prueba se evidenció contradicción en la documentación presentada, al proponerse trabajos en distintas localidades a los del domicilio, lo que impidió acreditar de manera clara su permanencia en el lugar determinad; en consecuencia, se concluyó que existió una insuficiente carga argumentativa para desvirtuar los riesgos procesales, motivo por el cual se mantuvo la detención preventiva y la vigencia de los riesgos previstos en los arts. 234 núms. 1 y 2, y 235 núm. 2 de la referida norma penal, sin que ello implique extralimitación del art. 398 de la misma norma; f) Respecto a la alegada vulneración del principio de igualdad procesal, se constató que si bien el numeral 7 del art. 234 del CPP no se encontraba vigente, el numeral 2 del art. 235 del mismo cuerpo legal sí lo estaba; no obstante, dicho aspecto no fue invocado por el accionante ni en la audiencia de cesación a la detención preventiva ni en apelación, pese a haber sido consultado expresamente en audiencia; asimismo, la aplicación del principio de proporcionalidad resultaba inviable, toda vez que, el accionante no acreditó de manera clara el elemento trabajo, existiendo observaciones sobre el lugar donde prestaría sus servicios, especialmente considerando que el proceso se encontraba en etapa de juicio y éste se desarrollaba en Uyuni, mientras que el trabajo propuesto se realizaría en la ciudad de Cochabamba; a diferencia de los otros coimputados, quienes sí acreditaron adecuadamente su actividad laboral, el caso del accionante presentaba particularidades que impedían un tratamiento igualitario; en consecuencia, al subsistir el riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 2 del CPP y no haberse cuestionado oportunamente su vigencia, no podía aplicarse la proporcionalidad ni establecerse una vulneración al principio de igualdad ni al debido proceso, habiéndose resuelto conforme a lo dispuesto por el art. 124 del CPP, sin incurrir en ultra petita, correspondiendo denegar la tutela solicitada; g) El tratamiento dispensado a cada imputado -dentro del referido proceso penal-fue individualizado, exigiéndose a cada uno la demostración de su arraigo natural conforme a sus propias circunstancias personales y procesales, sin que ello implique vulneración al principio de igualdad; y, h) No hubo reforma en perjuicio ni valoración ultra petita, ya que el Auto de Vista se limitó a resolver los agravios expuestos, argumento con los cuales solicitó la denegatoria de la tutela constitucional.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 36 a 68, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En relación con el principio de proporcionalidad, se determinó que la situación procesal del accionante no era equiparable a la de los otros coimputados -dentro del referido proceso penal-; toda vez que, en su caso permanecían vigentes dos riesgos procesales: el riesgo de fuga previsto en el art. 234 núm. 1 del CPP, por no haberse acreditado plenamente el elemento trabajo, y el riesgo de obstaculización contemplado en el art. 235 núm. 2 del mismo cuerpo legal; 2) Mediante Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022, la autoridad demandada declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental únicamente respecto al art. 234 núm. 1 del CPP; al considerar que, si bien existió una mejora sustancial en la documentación presentada, era necesario complementarla a fin de generar convicción sobre el lugar de trabajo y su compatibilidad con el domicilio del procesado, evitando así posibles entorpecimientos en el desarrollo del juicio oral en curso, en tanto el trabajo se realizaría en un lugar distinto a aquel donde se tramita la causa, esto es, en la ciudad de Uyuni, lugar donde además debe ser notificado con las actuaciones procesales ulteriores; 3) el referido Auto de Vista también analizó el alcance del art. 398 del CPP, señalando que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los agravios planteados, pero sin estar exentos de la obligación de motivar adecuadamente sus decisiones sobre medidas cautelares, conforme a la jurisprudencia establecida en la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre y la SCP 0072/2012 de 16 de abril; en ese sentido, se sostuvo que la autoridad demandada actuó conforme a derecho al requerir mayor claridad sobre el lugar de cumplimiento de la actividad laboral propuesta, a fin de evitar entorpecimientos en el desarrollo del juicio oral que se encuentra en curso; y, 4) Finalmente, se estableció que el tribunal de alzada actuó conforme a los límites del art. 398 del CPP, motivando adecuadamente su decisión en observancia de la jurisprudencia constitucional aplicable, sin incurrir en reforma en perjuicio.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa un Disco Compacto (CD) con una nomenclatura que señala audiencia de 1 de septiembre de 2022, empero la misma se encuentra quebrada razón por la cual no se pudo reproducir (fs. 2). II.2. De la revisión de la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, emitido por el Juez de garantías, el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, respecto al CD adjunto como prueba ha señalado que: “…luego de haber intentado revisar el contenido del medio magnético, lastimosamente, por el estado en el que se presentó el mismo (dañado) no se logró tener acceso a la información contenida en el mismo …no se ha podido dar lectura ya que el mismo se ha presentado en malas condiciones, es decir que se encuentra roto y se encuentra con algunos desperfecto…” (sic) (fs. 56 y 61). II.3. En el marco de lo referido en la Conclusión precedente, el Juez de garantías en la Resolución 06/2022, respecto al Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022, de fs. 62 a 66, indicó que: “…se ha requerido ante el Tribunal de Sentencia N°1 de la localidad del municipio de Uyuni se remita las actuaciones correspondientes, en este caso se ha remitido el día de hoy en horas de la mañana los cuadernos procesales dentro del que se sigue ahora al accionante en el cual, en él se puede advertir la resolución emitida por parte de la señora bocal accionada es decir el Auto de vista 101/2022, el cual vamos a dar lectura unas partes importantes para ver si es evidente, en este caso los agravios que ha referido la parte accionante…” (sic) (fs. 61 a 62).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, defensa y omisión de aplicar el principio de igualdad procesal, señalando que el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022, si bien, confirmó que no correspondía revisar el riesgo procesal anotado en el art. 234 núm. 7 del CPP: i) Añadió una observación referida al lugar de trabajo, indicando que éste se desarrollaría en la ciudad de Cochabamba y su domicilio en Chimoré del homónimo departamento, pero el proceso se desarrollaba en la ciudad de Uyuni del departamento de Potosí y era necesario que explique donde haría llegar las notificaciones y se estamparían las firmas de control, concluyendo que la actividad laboral a futuro, se encontraba parcialmente acreditada y que sería necesario una complementación, sin que esta hubiera sido planteada como agravio; ii) No se aplica el principio de igualdad procesal, respecto al beneficio que tienen los otros coimputados -dentro del referido proceso penal-, con relación al art. 235 núm. 2 del CPP, además se señaló que si bien los otros coimputados fueron beneficiados con distintas medidas cautelares, fue porque mejoraron su situación jurídica; por lo que, no era posible realizar una ponderación de derechos que permita considerar la cesación a la detención preventiva; y, iii) Al introducir observaciones que no fueron previamente planteadas ni cuestionadas por el Juez de la causa, ni mucho menos propuestas por el Ministerio Público durante la audiencia, lo dejaron en absoluto estado de indefensión. Por lo señalado solicitó que se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista que: a) Realice una valoración acorde al principio de equidad y razonabilidad se dé por acreditado la actividad laboral licita a futuro y en consecuencia se dé por enervado el art. 234 núms. 1 y 2 a acreditarse el arraigo natural; y, b) En aplicación a la igualdad procesal se disponga la cesación a la detención preventiva, teniéndose vigente un solo riesgo procesal, aplicándose el principio de proporcionalidad, tal como se hizo para los otros acusados en grado de autor dentro de la misma causa y el mismo riesgo procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a esta temática, la SCP 0474/2012 de 4 de julio, manifestó que:
[L]a acción de Libertad no requiere la observancia de requisitos formales y en caso que exista algún defecto u omisión de requisitos de contenido o especificación de derechos, estas omisiones deben ser superadas por el juez o tribunal que conozca la acción y que actúa en el caso concreto como juez o tribunal de garantías constitucionales.
Si bien es cierto que en determinadas circunstancias de evidente lesión al derecho a la libertad, es entendible esta situación debido a la informalidad de su presentación; sin embargo, tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente; empero, ello no lo exime de su responsabilidad. Al respecto la SC 2152/2010-R de 19 de noviembre, que cita a su vez la SC 0053/2010-R de 27 de abril dice: “…para valorar los hechos demandados, requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su presentación; sin embargo, cualquier acto ilegal que vulnere el derecho a la libertad y que sea atribuible al demandado debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, no siendo suficiente lo aseverado por las partes en audiencia”. (Las negrillas son nuestras).
En la misma lógica, la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de presentación de pruebas en la acción de libertad, señaló que: ʽ…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión’.
En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión’” (las negrillas corresponden al texto original).
Por otra parte, la SCP 2170/2012 de 8 de noviembre, sobre la carga de la prueba señaló que, “…la acción de libertad no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte accionante debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos y garantías constitucionales, puesto que no puede dictarse una Resolución concediendo la tutela cuando no se constata la vulneración denunciada, precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal de garantías pueda basar su decisión.”
En el caso de autos, el accionante identificó como acto lesivo el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2022, que si bien, confirmó que no correspondía revisar el riesgo procesal anotado en el art. 234 núm. 7 del CPP: 1) Introdujo una nueva observación, referida al lugar de trabajo, observando que la actividad laboral se desarrollaría en la ciudad de Cochabamba, y su domicilio era en Chimoré del homónimo departamento, mientras que el proceso penal se sustanciaba en la ciudad de Uyuni del departamento de Potosí, concluyendo que no existía certeza respecto a dónde se practicarían las notificaciones ni se cumplirían las medidas de control con firmas, motivo por el cual consideró que la actividad laboral a futuro se encontraba parcialmente acreditada y requería complementación, sin que esa observación hubiera sido planteada como agravio; 2) No se aplica el principio de igualdad procesal, respecto al beneficio que tienen los otros coimputados -dentro del referido proceso penal-, con relación al art. 235 núm. 2 del CPP, más se señaló que si bien los otros coimputados fueron beneficiados con distintas medidas cautelares, fue porque mejoraron su situación jurídica; por lo que, no era posible realizar una ponderación de derechos que permita considerar la cesación a la detención preventiva; y, 3) Al introducir observaciones que no fueron previamente planteadas ni cuestionadas por el Juez de la causa, ni mucho menos propuestas por el Ministerio Público durante la audiencia, quedó en absoluto estado de indefensión. En ese marco, corresponde remitirse a las pruebas adjuntas al expediente donde se evidenció que si bien el accionante adjuntó como prueba el CD de la audiencia de 1 de septiembre de 2022, el mismo se encuentra quebrado, entendiendo que ya se encontraba dañado cuando se lo presentó ante el Juez de garantías, razón por la cual no se pudo reproducir el mismo (Conclusión II.2 y II.3). Si bien, es cierto que el impetrante su tutela solicito en su memorial de acción de libertad que se pida a la autoridad demandada la remisión del cuaderno procesal, también se evidencia que la Vocal demandada presentó su informe de Ley, y el Juez de la causa remitió el cuaderno procesal adjuntando el Auto de Vista 101/2022 –ahora cuestionado-, conforme se anotó en la Resolución del Juez de garantías (Conclusión II.3), empero, no consta en el expediente constitucional copia alguna de ese Auto de Vista, documento que resulta imprescindible para verificar las denuncias formuladas; puesto que, solo del examen de su contenido es posible constatar si hubo o no, motivación arbitraria o falta de fundamentación e incluso la omisión de la aplicación del principio de igualdad procesal con relación a los otros coimputados -dentro del referido proceso penal- e incluso la vulneración del derecho a la defensa; consecuentemente, la falta de presentación, del mencionado Auto de Vista a través de esta acción de tutela, impide a este Tribunal, verificar la veracidad de las denuncias formuladas; e implica el incumplimiento de la carga, de presentar la prueba suficiente y necesaria, sobre la veracidad de los hechos que denuncia; puesto que, corre por cuenta del accionante, la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que hayan restringido sus derechos y garantías constitucionales, ya que, no es factible conceder la tutela, cuando no se halla constatada la vulneración denunciada, precisamente por falta de pruebas en las que la justicia constitucional pueda basar su decisión, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; más aún, si se trata de examinar el contenido de una determinación judicial, respecto de la cual se observa la fundamentación, motivación e igualdad procesal y la vulneración al derecho a la defensa como sucede en este caso; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática enviada en revisión. Asimismo, cabe aclarar qué; en este caso, no es posible aplicar la línea jurisprudencial referida a la presunción de veracidad de los hechos afirmados por el accionante, pues en este caso la autoridad demandada sí presentó su informe y se adjuntó el Auto de Vista extrañado, siendo el Tribunal de garantías quien omitió su remisión (Conclusión II.3).
De otro lado, es menester recordar al Juez de garantías que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el Juez o Tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableciendo lo siguiente:
En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el Juez de garantías omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso, a los cuales si tuvo acceso (Conclusión II.2); razón por la cual, corresponde llamarle la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de prueba necesarios. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 36 a 68, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Potosí y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Marcelo Roger Sierra Enríquez, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Paola Verónica Prudencio Candia es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
[…] todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (énfasis añadido).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 20584c386d1c9273b226250d46111a81359de2050f522af7ab566e70bc9d2848
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