B.IA.LEGAL

SCP 0153/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
39342-2021-79-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2021 de 26 de marzo, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva, en relación a Crystal Carla Aguirre Retamozo, consiguientemente:

1.1 Se dispone que William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, o la autoridad que conozca del proceso penal, cumpla con su función de control jurisdiccional en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

1.2 Ordenar que Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz, o quien esté en el cargo jerárquico departamental, cumpla con sus deberes y obligaciones de supervisión y control en los actos y acciones realizados por los Fiscales de Materia dispuestos a su jurisdicción, en apego a los argumentos esgrimidos en la presente Resolución Constitucional.

1.3 Disponer que la Fiscal de Materia María Sara Delgado Callisaya o quien esté en conocimiento del proceso penal, en el plazo de tres días de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y siempre que no haya modificado la situación de riesgo de la impetrante de tutela, tramite la solicitud de remisión de su persona juntamente su hermana a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

1.4 Llamar la atención de manera severa a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz; y, María Sara Delgado Callisaya Fiscal de Materia, exhortándolos a que cumplan con sus obligaciones en todos los casos en que se encuentren mujeres víctimas de violencia, con la advertencia que en caso de reincidir se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura y a la Autoridad Sumariante del Ministerio Público para su procesamiento disciplinario. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a la accionante Carolina Kayla Aguirre Retamozo, por existir cosa juzgada constitucional, en base a los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia, por los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 39342-2021-79-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2021 de 26 de marzo, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Rivera Renner en representación sin mandato de Crystal Carla Aguirre Retamozo y Carolina Kayla Aguirre “Vargas” -lo correcto es Retamozo- contra Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital; Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental, todos del departamento de La Paz; e, Ingrid Corrales Sandoval, María Sara Delgado Callisaya, y, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 25 y 26 de marzo de 2021, cursante de fs. 17 a 25 vta.; y, 40 y vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Acudieron al sistema de administración de justicia, solicitando se les envíe a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, habiendo realizado dicha solicitud a los Fiscales de Materia demandados, a los que se les había pedido puedan informar sobre el estado de la causa, así como también al Fiscal Departamental de La Paz para que realice la gestión respectiva, conminando a los indicados Fiscales a cumplir con las solicitudes realizadas.

Asimismo, solicitaron al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento -ahora demandado-pueda pronunciarse respecto a la inacción de los Fiscales; empero, no dio respuesta de remitir al Ministerio Público a proceso disciplinario, y conminarlos a que sean remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. De igual manera, el señalado Fiscal Departamental de La Paz, hizo caso omiso a sus peticiones, pese a que tenía conocimiento de la causa -proceso penal de violencia familiar o doméstica presentada contra su padre Carlos Ladislao Aguirre Vargas- y la deficiencia de los Fiscales; empero, no hizo nada. Por último, acudieron ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de referido departamento, -ahora codemandado-; el cual, en vez de recomendar al juez de la causa en su accionar, simplemente remitió la queja presentada a dicho Juez, sin pronunciarse sobre el fondo. Consideran que al no contar con dinero no pueden acceder a la justicia; puesto que, el imputado y agresor está en libertad, causando temor a sus personas, el cual no cumple las medidas impuestas por el Juez de la causa, ya que no se presentó certificado de arraigo, demostrando con su accionar las autoridades el favorecimiento hacia el imputado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Que el Fiscal de Materia en el día ordene la remisión de sus personas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; b) Se ponga en conocimiento de las medidas de protección por parte del Fiscal de Materia al Juez de Control Jurisdiccional; y, c) Se ordene que el Juez demandado homologue las Medidas de Protección.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia (virtual), se realizó el 26 de marzo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 64 a 66, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de representante sin mandato, ratificaron in extenso en los términos de su demanda de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 45 a 46, señalando que: 1) Carece le legitimación pasiva, ya que no se justifica como habría vulnerado algún derecho; 2) Las notas presentadas fueron respondidas acorde al art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3) Conforme el art. 52 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) no se encuentra alguna de índole jurisdiccional, ni el de revisar decisiones asumidas por los juzgadores, siendo las mismas realizadas por las Salas Penales, habiendo remitido las solicitudes al Juez de la causa y al Jerárquico en grado, debiendo denegarse la tutela. María Sara Delgado Callisaya, Fiscal de Materia, presentó informe escrito, cursante a fs. 63 y vta., indicando que: i) Los procesos se encuentran en el Sistema de Justicia Libre (JL), donde las partes pueden acceder al cuaderno de investigaciones; y, ii) El memorial presentado el 8 de marzo de 2021, existe un requerimiento del 9 del mismo mes y año, en la que se solicita “Previamente indique y fundamente el motivo de la solicitud de Protección de Víctimas”, y al encontrarse en la etapa preliminar de investigación existen actos investigativos pendientes, siendo la pericia psicológica ante el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) tanto de la víctima como del denunciado, valoración social de la víctima, declaración de testigos, Inspección Ocular del lugar de los hechos y otros. William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 62 y vta., solicitó denegar la presente acción tutelar, manifestando de que asumió competencia y conocimiento del caso el 19 de febrero de 2021 y que desde la fecha señalada la parte accionante no presentó peticiones de control jurisdiccional o denunciando vulneración de derecho alguno ante su autoridad; asimismo pone a conocimiento del Juez de garantías que los mismos extremos ya fueron de conocimiento en otra acción de libertad. Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental; Aly Rosario Venegas Miranda; e, Ingrid Corrales Sandoval, Fiscales de Materia, no se conectaron a la audiencia virtual programada, ni presentaron informe escrito alguno, pese a su legal notificación, cursante de fs. 30, 33 y 34 respectivamente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2021 de 26 de marzo, cursante de fs. 67 a 70, denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos: a) En relación a William Presvitero Rodríguez Álvarez, al tomar conocimiento de una recusación a su similar cuarto, asumió el proceso el 19 de febrero de 2021, quien desconoce la solicitud de control jurisdiccional de parte de las peticionantes de tutela, debiendo reiterar al mismo, máxime cuando ya se habría resuelto una anterior acción de libertad de 25 del mismo mes y año, resuelta mediante Resolución “05/202”, la cual denegó respecto al demandado; b) Respecto a María Sara Delgado Callisaya, Fiscal de Materia, no se advierte lo que demandan las solicitantes de tutela, pues solo existe un memorial de 8 de marzo de 2021, con respuesta de 9 del indicado mes y año, en la que se solicitan argumentos de forma previa, y que para la remisión a la Unidad de Protección a las Víctimas y Testigos (UPAVT) es necesario un informe social y psicológico, habiendo cumplido con su labor y sus funciones como directora de las investigaciones; y, c) En cuanto a Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dio respuesta a las notas presentadas por las accionantes, así también, no se demostró que derechos fueron vulnerados, cuando conforme a la Ley 025 de 14 de junio de 2010- están establecidas las competencias y atribuciones del Presidente, careciendo de legitimación pasiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 74 a 75, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 28 de marzo de 2023 cursante a fs. 689.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta requerimiento de Medidas de Protección de 21 de enero de 2021, emitida por Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia -ahora demandada-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Carolina Kayla Aguirre Retamozo -impetrante de tutela-, contra Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, determinando las siguientes medidas para ser cumplidas por el denunciado:

“1. Se prohíbe a la agresora comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la VICTIMA, así como a cualquier integrante de su familia.

2. Se prohíbe acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia contra la mujer.

3. Se dispone el recojo de las pertenencias personales de la víctima bajo inventario debiendo el sindicado no obstaculizar con el recojo de las mismas” (sic [fs. 162]). Dichas medidas, fueron notificadas de forma personal a Carlos Ladislao Aguirre Vargas, el 27 de enero de 2021, conforme cursa del acta de notificación de la misma fecha (fs. 162 vta.).

II.2 Por Memorial de 12 de febrero de 2021, dirigido al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, Crystal Carla Aguirre Retamozo –ahora peticionante de tutela-, dio a conocer sobre el incumplimiento de las medidas de protección, pidiendo conminar al Ministerio Público el cumplimiento del art. 7. g) de la Convención de Belem do Pará (fs. 8 y vta.); a lo cual, el Juez de dicho despacho, emitió el decreto de 17 del mismo mes y año, determinando que:

“En atención al memorial que antecede procédase a la notificación con la misma al Representante del Ministerio Público, a efectos de que en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación informe sobre los extremos señalados en el memorial presentado por CRISTAL CARLA AGUIRRE RETAMOZO, en caso de incumplimiento póngase en conocimiento del FISCAL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ” (sic [fs. 12]). II.3. Cursa Memorial de 3 de marzo de 2021, presentada por Crystal Carla Aguirre Retamozo, al Fiscal Departamental de La Paz -Marco Antonio Cossio Viorel, codemandado-, señalando que:

“…, hacer conocer que dentro del caso de autos, la suscrita Fiscal de Materia INGRID SANDOVAL CORRALES, ignora el estado de alerta en el que me encuentro temiendo por mi vida Y ENCONTRÁNDOME SIN MIS PERTENENCIAS PERSONALES (ROPA), siendo que mi persona solicita de manera desesperada mediante memoriales “solicitando cumplimiento efectivo de medidas de protección” peticiones que hasta la fecha no me son respondidas.

Asimismo; en fecha 12 de febrero de 2021, se presentó memorial donde se “hace conocer incumplimiento de medidas de protección y pide ordene a la fiscal cumplir las mismas” dirigido al Juez WILLIAM PRESVITERIO RODRIGUEZ ALVAREZ del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra La Mujer Quinto de la ciudad de La Paz, donde el mismo en respuesta mediante decreto de fecha 17 de febrero de 2021, indica que “el represéntate del Ministerio Público a efectos de que en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación informe sobre los extremos señalados en el memorial presentado por CRYSTAL CARLA AGUIRRE RETAMOZO, en caso de incumplimiento póngase en conocimiento del Fiscal Departamental de La Paz”

En ese entendido el decreto ut supra se notificó al Ministerio Público en fecha 23 de febrero de 2021, y así llegando a correr el plazo de 48 horas, sin embargo encontrándonos en fecha 03 de marzo de 2021 y vencido el plazo, se pone su conocimiento a su autoridad a objeto de que conmine el comportamiento negligente e irresponsable de la Fiscal INGRID SANDOVAL CORRALES, siendo que a la misma no le da la gana de defender la legalidad y los intereses de la víctima toda vez que no hace nada al respecto conociendo los antecedentes del proceso. Asimismo; le indica que informe con relación a los Medios de Protección dentro del plazo de 24 horas, siendo que control jurisdiccional desconoce de las mismas. PETITORIO.- A los extremos mencionados, se solicita que se CONMINE AL FISCAL DE MATERIA, INGRID SANDOVAL CORRALES a efectos de que la misma ejerza responsabilidad y deje de ignorar mi situación de riesgo encontrándose en peligro mi propia vida, Y DEJE OTORGAR IMPUNIDAD ANTE ESTOS CASOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES” (sic [fs. 5 y vta.]).

II.4. Cursa Imputación Formal de 5 de marzo de 2021, a instancia de Carolina Kayla Aguirre Retamozo -ahora solicitante de tutela- en contra de Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, solicitando la aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal (fs. 49 a 51 vta.). II.5. Mediante Auto Interlocutorio 082/2021 de 5 de marzo, emitido por William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, dispuso que Carlos Ladislao Aguirre Vargas:

“…ASUMA DEFENSA EN LA PRESENTE CAUSA CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES contenidas en el Art. 231 Bis del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173: 1.- Debiendo el mismo prestar una fianza económica en el monto de 15.000,00 Bolivianos que deben ser endosados al Órgano Judicial. 2.- Detención domiciliaria del mismo en un domicilio alterno al domicilio que se han verificado las agresiones inferidas a la víctima, domicilio que debe ser verificado por funcionarios de este despacho judicial, sin salidas laborales. 3.- Tramitación de Arraigo en oficinas de migración. 4.- Obligación de presentarse todos los días viernes y lunes de horas 08:00 a.m. a 11:00 a.m. ante el representante del Ministerio Público. 5.- Prohibición de comunicarse con la víctima, hermana y así como la madre progenitora de la misma, prohibición que se hace extensible a la abuela así como a todo testigo o participe que preste declaración o tenga participación en la presente causa penal. 6.- Prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas o sustancias controladas en bares, lenocinios, restaurantes u otros.

7.- Se determina la homologación de todas las medidas de protección emitidas por la representante del Ministerio Público” (sic [fs. 54 a 58]). II.6. Cursa Memorial de 8 de marzo de 2021, presentado por Crystal Carla Aguirre Retamozo -ahora accionante-, ante Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia -codemandada-, en la que solicitó: “PETITORIO.- Sin perjuicio de lo anterior pido se me remita a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos junto a mi hermana CAROLINA KAYLA AGUIRRE RETAMOZO” (sic [fs. 4]). Memorial que fue decretado por Sara Delgado Callisaya, Fiscal de Materia -codemandada-, quien respecto a la solicitud de remisión a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, refirió que: “… Previamente indique y fundamente el motivo para la solicitud de Protección de Víctimas” (sic [fs. 4]). II.7. Consta Nota de 15 de marzo de 2021, firmada por Carolina Kayla Aguirre Retamozo -impetrante de tutela-, dirigida a Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandado-señalando que:

“Ref. SOLICITO AUXILIO AL PODER JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ Mediante la presente es un placer saludarlo, deseo que tenga una muy buena gestión. Estoy acudiendo porque toda la administración que está a cargo -procesando- mi denuncia, exceptuando la Sala penal tercera, se encuentra conduciendo mi proceso de una manera muy lejana a la justicia, en especial el juez Presbitero Rordiguez y la fiscal RIVAS beneficiando a mi padre aún cuando no daba palizas brutales teniendo tales autoridades pruebas de las mismas (desde audios y fotos) han actuado pidiendo la libertad de nuestro agresor, (mío, de mi hermana y mamá) puesto que el mismos está con detención domiciliaria, la cual sabemos que no cumple y así se pone en riesgo nuestras vidas. Sin embargo, esto no es todo ya que las hermanas de mi padre, mi agresor, nos han intimidado y estos completamente segura que sus intenciones son acosarnos, gritarnos, golpearnos, amenazarnos e incluso quitarnos la vida, ya que tanto la familia de mi padre como él son muy agresivos y violentos, pero mi tía Lourdes Aguirre trabaja como trabajadora Social en la penitenciaria y está buscando -si no es que ya hiso uso-amigos de ese medio para obstaculizar el proceso. Por esta razón le pido que solicite a las autoridades correspondientes actuar de acuerdo a la ley, puesto que la violencia de género actualmente y gracias a Dios es duramente castigada porque la misma escala y es asi que se dan feminicidios si no se lo hace a tiempo, como se ve a diario casos de mujeres que denuncian y no son escuchadas hasta que la víctima está en un carro fúnebre Tanto en mi caso y como en el de mi hermana no vemos que se haga justicia, aun cuando a diario vamos a las fiscalías donde no nos atienden ni prestan atención. Es así Sr Quino que le suplicamos que nos pueda otorgar medidas y acciones que nos protejan realmente y no se queden en papel, recalco le suplicamos a su autoridad que nos brinde protección, justicia y evite un futuro feminicidio o feminicidios, confiamos en usted y su autoridad, muchas gracias” (sic [fs. 41 y vta.]). Nota que fue respondida por el demandado, mediante decreto de 16 de marzo de 2021, señalando que: “La solicitud efectuada remítase a la Sala Penal Tercera y al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5° de la capital, para su consideración” (sic [fs. 42]). II.8. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que el 2 de junio de 2022 se emitió la SCP 0451/ 2022-S4, proferida en el expediente 38798-2021-78-AL, en el que haciendo una análisis al derecho a la vida, y a las medidas de protección establecidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, se concedió en todo la tutela solicitada en la acción de libertad interpuesta por Sergio Ribera Renner en representación sin mandato de Carolina Kaila Aguirre Retamozo, en la que se denuncia actos lesivos de los demandados, en relación a que los mismos incumplieron con su obligación de responder sus peticiones de la impetrante de tutela, relativo a que sea remitida a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, entre otras lesiones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva; toda vez, que dentro el proceso penal seguido por sus personas contra Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no otorgó medidas de protección en favor de sus personas, y solamente se limitó a remitir la nota presentada al Juzgado de la Causa y a la “Sala Penal Tercera”; 2) El Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no remitió a los Fiscales de Materia a proceso disciplinario, y tampoco las remitió a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; 3) El Fiscal Departamental de La Paz, no conminó a los Fiscales de Materia para el cumplimiento de las medidas de protección, y la remisión de sus personal a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; y, 4) Los Fiscales de Materia, no aplicaron en favor de sus personas las medidas de protección, tampoco informaron al Juez de la causa sobre dichas medidas, y no atendieron sus solicitudes de ser remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) La cosa juzgada constitucional y la identidad de sujeto, objeto y causa; ii) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; iii) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque de género; iv) Sobre las medidas de protección a ser dictadas por la autoridad competente en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; v) Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. La cosa juzgada constitucional y la identidad de sujeto, objeto y causa

En lo concerniente a este instituto jurídico procesal, debe señalarse que el mismo es parte de la categoría de la cosa juzgada material; toda vez que, las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional tienen -en sentido estricto- un carácter de inmutables, definitivos y vinculantes. Bajo esa referencia, a fin de conocer el marco normativo de este instituto, es necesario precisar que, fue en la Constitución Política del Estado abrogada -en su art. 121- donde se fundó sus raíces al determinar que “Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno”. Asimismo, en 1998, a través del art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional abrogado (LTCabrg.) en igual sentido se estableció que “Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno”. Ahora bien, generándose plena estabilidad de la cosa juzgada constitucional, a través del art. 96.2 de la LTCabrg. -en relación al recurso de amparo constitucional- se estableció que “El Recurso de Amparo no procederá (…) Cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa” (el subrayado es nuestro); ello considerando que la controversia constitucional ya se hubiese dilucidado; así también, respecto al recurso de habeas corpus, la SC 0183/2000-R de 1 de marzo, determinó por primera vez, como causal de improcedencia, la temática de la identidad de sujeto, objeto y causa en ese tipo de recursos. Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, a través de la SC 0209/2000-R de 8 de marzo (en un recurso de habeas corpus) se determinó la improcedencia del recurso debido a que se hubiese planteado otro recurso idéntico con anterioridad, el cual tendría identidad de sujeto, objeto y causa. De igual manera, mediante la SC 0344/2001-R de 20 de abril, (en un recurso de amparo constitucional) se declaró la improcedencia de dicho recurso; toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el art. 96.2 de la LTCabrg., ante la identidad de sujeto, objeto y causa no procedía el mencionado recurso. Posteriormente, considerando que para la determinación de la cosa juzgada constitucional debía concurrir la identidad de sujeto, objeto y causa, mediante la SC 0115/2003-R de 28 de enero, se efectuó una descripción de cada uno de esos elementos, señalando:

“…a) de sujetos: que sean las mismas personas que presentan el recurso y lo dirigen contra la misma autoridad o personas particulares contra las que recurrieron antes; b) de causa: que el motivo (acto o resolución), que da origen al amparo, sea el mismo en ambos casos; y c) de objeto: que el propósito del recurso, sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo”. La SC 0304/2003-R de 12 de marzo, en relación a la temática de la triple identidad complementando lo citado precedentemente, concluyó que también es posible declarar la improcedencia del recurso de amparo constitucional por la causal anotada en los casos en que exista identidad parcial de sujetos, esto es que el sujeto activo o pasivo sean diferentes, pero que el motivo y el propósito del recurso sea el mismo respecto a una problemática anteriormente planteada y sobre la cual la justicia constitucional ya emitió pronunciamiento en el fondo (Entendimiento reiterado por la SC 0259/2006-R de 22 de marzo). Por otra parte, la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, haciendo referencia a la improcedencia del recurso de amparo constitucional, estableció -de manera implícita- el tema de la identidad de sujeto, objeto y causa, señalando:

“…Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”. Asimismo, asumiendo el entendimiento citado precedentemente, la SC 0016/2004-R de 6 de enero, en conocimiento de un recurso de amparo constitucional, estableció que el planteamiento paralelo de dos recursos (habeas corpus y amparo constitucional) que contengan los mismos fundamentos, denota una actuación dolosa, que hace que se declare la improcedencia del recurso planteado. Por otra parte, mediante la SC 0275/2004-R de 27 de febrero, se definió los casos en los que no puede declararse la improcedencia del presente recurso en aplicación de la triple identidad establecida en el art. 96.2 de la LTCabrog., debido a las siguientes razones:

“…a) (…) se parte del supuesto de que la problemática planteada por el recurrente en el recurso ha sido examinada, analizada y resuelta, en el fondo, mediante una Sentencia, se ha dilucidado debidamente el problema planteado, pues el Tribunal verifica el hecho ilegal denunciado, de manera que si encuentra que es cierta la denuncia y se ha lesionado el derecho invocado por el recurrente otorga tutela efectiva, caso contrario, si verifica que no existe lesión ilegal alguna, niega la concesión de la tutela; esa decisión causa estado y adquiere la calidad de cosa juzgada, por lo mismo no puede revisarse nuevamente el mismo caso, es decir, la misma problemática; b) si el recurso no es resuelto en el fondo sino en la forma, es decir, si el Tribunal Constitucional no ingresa al análisis y consideración del fondo de la problemática planteada, sino que declara improcedente el recurso por aplicación del principio de subsidiariedad, no se aplica la causal de improcedencia prevista por el art. 96.2 LTC referida a la identidad de sujeto, objeto y causa, ya que la jurisdicción constitucional no ha resuelto positiva o negativamente el fondo del recurso, sino la ha declarado improcedente porque el recurrente no ha agotado las vías legales previas; resulta lógico que en ese caso, el recurrente, si una vez agotadas las vías legales ordinarias no logra la tutela efectiva a sus derechos lesionados puede y tiene el derecho de plantear nuevamente un recurso de amparo constitucional; en consecuencia en este supuesto no es aplicable la norma prevista por el art. 96.2 LTC…”.

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la cosa juzgada constitucional sin perder la esencia establecida en la normativa abrogada encontró su fundamento en el art. 203 al establecer que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno” (las negrillas son agregadas). En el mismo sentido, los arts. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTC) y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. En tal sentido, en virtud a lo establecido en el art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, sobre la temática de la triple identidad como presupuestos para la concurrencia de la cosa juzgada constitucional, la SC 0328/2010-R de 15 de junio, extrayendo los alcances contenido en las SSCC 0115/2003-R, 0304/2003-R, y 0259/2006-R, señalando al efecto:

“El art. 96.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establece como una de las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, en los casos que se advierta identidad de sujeto, objeto y causa. Desglosando sus alcances, se debe tener en cuenta que para ello: “…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades indicadas; es decir: a) de sujetos: que sean las mismas personas que presentan el recurso y lo dirigen contra la misma autoridad o personas particulares contra las que recurrieron antes; b) de causa: que el motivo (acto o resolución), que da origen al amparo, sea el mismo en ambos casos; y c) de objeto: que el propósito del recurso, sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo” (las negrillas son nuestras) (SC 0115/2003-R de 28 de enero). La interpretación constitucional de dicha normativa a través de la SC 0304/2003-R de 12 de marzo, ha establecido al respecto, que: “…si bien dicha causal no podría ser aplicable en su sentido netamente literal al caso planteado por cuanto no hay identidad de sujeto dado que los recurridos del presente amparo no son los mismos que los del anterior, si lo es en su sentido teleológico, pues los fundamentos del recurso son idénticos a otro amparo anterior que planteó el recurrente…” (las negrillas nos pertenecen). Tomando dicho razonamiento, la SC 0259/2006-R de 22 de marzo, añadió que también es aplicable esta causal: “…en los casos en que exista identidad parcial de sujetos, esto es que el sujeto activo o pasivo sean diferentes, pero que el motivo y el propósito del recurso sea el mismo respecto a una problemática anteriormente planteada y sobre la cual la justicia constitucional ya emitió pronunciamiento en el fondo…”. Siguiendo el entendimiento establecido en la SC 0328/2010-R, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0173/2012 de 14 de mayo, 0256/2012 de 29 de mayo, 0754/2013 de 7 de junio, 0271/2014 de 12 de febrero, 0753/2015-S1, 0335/2016-S1 de 16 de marzo, 0718/2019-S1, entre otras. De lo referido, se tiene que cuando una acción de defensa ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional en el fondo, la decisión asumida se constituye en cosa juzgada constitucional, lo que hace que otra causa planteada con el mismo objeto, sujetos y causa, no es posible ingresar a resolverla, debiendo denegar la tutela solicitada en ella, entendimientos que son de aplicación de igual forma para las acciones de libertad, en las cuales exista cosa juzgada constitucional.

III.2. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos; puesto que, este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones.

En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida, es así que, la Constitución Política del Estado ha consagrado este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señalo: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la CPE, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 687/2000-R de 14 de julio, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que fue reiterado en la SC 1294/2004-R, la cual además razonó que el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares. En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero esta Sentencia, reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.

3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana, consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana. En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señalo que:

“… el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud.”

Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan:

“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

(…).

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”.

Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Carta Magna así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial; puesto que, es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

III.3. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque de género

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque género contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante un enfoque de género. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SC 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas.

En esa ruta, también citó a la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, esencialmente señaló que:

“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”.

Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho.

En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas -entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original).

En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se debe privilegiar la protección y seguridad de patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.

Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:

“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que la misma contiene reflexiones constitucionales con un enfoque de género, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.4. Sobre las medidas de protección a ser dictadas por la autoridad competente en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de

Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-El art. 15.II y III de la CPE, establece que:

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III.El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado (las negrillas nos pertenecen). A su vez, el art. 114.I de la Norma Suprema, señala que:

I. Queda prohibida (…) cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley (las negrillas fueron añadidas). Siendo el Estado el encargado de asumir y adoptar medidas direccionadas a la prevención, investigación y sanción de la violencia hacia la mujer, obligaciones asumidas internacionalmente al ser el Estado Plurinacional de Bolivia miembro de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (Organización de Naciones Unidas -ONU-; y, Organización de Estados Americanos -OEA-), es que en cumplimiento a los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que Bolivia es parte, el 9 de marzo de 2013 se promulga la Ley 348 -Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-; norma legal, destinada a garantizar a todas las personas y en particular a las mujeres a no sufrir violencia en razón de su género, creando y modificando tipos penales, además regulando las ahora conocidas como medidas de protección descritas en los arts. 32 y 35 de la referida Ley 348, las cuales señalan que: ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).

I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes (las negrillas nos pertenecen). Teniendo por objetivo la aplicación de las medidas de protección, de forma primordial el impedir un hecho de violencia; es decir, prevenir que se cometa hechos de violencia en contra de las mujeres, y si en caso de que ya se hubiera consumado dicho acto, las medidas de protección servirán para garantizar la realización de la investigación, el procesamiento y la sanción al autor del hecho de violencia. A su vez, el art. 35 de la mencionada Ley 348, respecto a las clases de medidas de protección que pueden ser aplicadas y dispuestas por las autoridades que coadyuvan en el proceso (Ministerio Público, Juzgados y/o Tribunales), señala las siguientes:

Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes:

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación.

2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer. 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia.

5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad.

6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidad o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. 7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. 8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. 9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes. 11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño. 12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. 13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. 14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.

15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.

16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral. 17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. 18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil. 19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia. El Estado a través del representante de la Sociedad en delitos de orden público que es el Ministerio Público, cuenta con la obligación además de los que le dicta su norma orgánica, el de adoptar todas le medidas de protección en hechos de violencia, en favor de las mujeres, para su posterior homologación por la autoridad jurisdiccional, conforme lo establece el art. 61.1 de la Ley 348, al ordenar que:

“Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito”. De igual manera, y de forma posterior con el afán de brindar un acceso efectivo a la justicia y garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia sea en el ámbito público como en el privado, es que el Estado promulga la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- norma que incluyó modificaciones al Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de bridar una protección efectiva a las personas que se encuentren en situación de violencia, es así que la mencionada Ley respecto a las medidas de protección especiales en delitos vinculados a hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el art. 389.I del CPP modificado por la Ley 1173 indicó que:

“I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad” (las negrillas nos pertenecen). Medidas de protección que tienen el objetivo de fortalecer los ya mencionados en la Ley 348, y en el Código Niña, Niño y Adolescente, que deberán ser adoptados por todos los Jueces o Tribunales al momento de conocer los delitos de violencia en razón de género, debiendo aplicarlo de oficio o a petición de parte con el objetivo de garantizar su integridad personal, física, psicológica y sexual de la mujer en situación de violencia, es así que el art. 389 bis. del CPP respecto a las clases de medidas de protección especial establece que:

“Artículo 389 bis. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. Además de las medidas de protección previstas…, y en la Ley N° 348, la jueza o el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el Artículo precedente, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, sin necesidad de que se constituya en querellante, podrá aplicar al imputados las siguientes medidas de protección especial: (…) Para Mujeres: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes; 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer; 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; 5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia;

7. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; 8. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; 9. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes; 10. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 11. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 12. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 13. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos; 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, 15. Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales. Constituirá también medida de protección especial, en favor de niñas, niños, adolescentes o mujeres la restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad. II. Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución. III. En los casos de muerte de la víctima, la jueza, el juez o tribunal podrá además prohibir al imputado comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio por sí o mediante terceras personas, a la familia de la víctima”. Las medidas de protección a ser adoptadas por el Ministerio Público y por las autoridades judiciales -arts. 86.7 de la Ley 348 y 389 bis del CPP- deben estar destinadas a prevenir, investigar y sancionar los hechos y actos de violencia hacia las mujeres por razón de género, medidas de protección positivadas que son fruto de una ardua lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y el reconocimiento a su personalidad jurídica, obligaciones que nacen de los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en las que el Estado es Parte, las que conforme el art. 410.II de la CPE forman parte del Bloque de Constitucionalidad, y que pueden tener un carácter supraconstitucional cuando estos reconozcan derechos más favorables que la Norma Suprema -art. 256.I de la CPE-.

Dentro de ese conglomerado de Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en las que se obliga al Estado a emitir, aplicar y efectivizar las medidas de protección, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en la que en sus arts. 1 y 2 prescriben que: Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (las negrillas nos pertenecen). Determinación internacional que comprometen al Estado a respetar y garantizar el ejercicio y goce de todas las personas en sus derechos, especialmente a las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia; por lo que, también están compelidos a adoptar disposiciones de derecho interno, ya sean medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivo el ejercicio de dichos derechos y libertades. De igual manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención de Belém Do Pará- en el art. 3 refiere que: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (las negrillas son nuestras). Determinando que la mujer tiene el derecho intrínseco de vivir libre de cualquier tipo de violencia, sea en el ámbito laboral, social o familiar; por lo que, los Estados tienen la obligación internacional de asumir medidas legislativas, específicas e integrales con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de hechos, compromisos descritos en los arts. 7.b,c,d,e y f; 8.a,c y f; y, 9 de la referida Convención, las cuales señalan que: “Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (las negrillas fueron añadidas). Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;

(…) c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; (…) f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; (…). (las negrillas son nuestras). Artículo 9 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad” (las negrillas fueron añadidas).

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sus procesos contenciosos, también ha emitido resoluciones en favor de las mujeres víctimas de violencia en razón de género, recordando a los Estados el deber que se tiene de respetar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres, y a contar con medidas integrales que prevengan, investiguen y sancionen los hechos de violencia hacia mujeres, en apego a los instrumentos internacionales en la materia especializada, es así que en el Caso González y otras Vs. México indicó que:

“… los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres…, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias…, deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en lo que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia…, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará” (las negrillas son nuestras).

Así también, en cuanto a las medidas destinadas a la investigación de los hechos de violencia hacia las mujeres, la Corte IDH en el Caso González y otras Vs. México señaló que:

“… el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal […] tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad… El criterio… es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género” (las negrillas nos pertenecen).

Por otra parte, la mencionada Corte IDH en el Caso Masacres de El Mazote Vs. El Salvador, indicó que:

“En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana se complementan y refuerzan con aquellas derivadas de la Convención de Belém do Pará, que obliga de manera específica en su artículo 7.b) a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (las negrillas fueron añadidas).

Medidas que los Estados se comprometen a aplicar con el fin de prevenir, y en su caso, investigar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer en razón de género, medidas de protección que no solo están destinados a la prevención de dichos hechos, sino que deban garantizar que se realizará una investigación eficaz, célere e imparcial de los hechos, en la que se deba proteger de forma primordial a la mujer y a sus dependientes, así lo entendió la Corte IDH en el Caso Gudiel Álvarez y otros Vs. Guatemala, en la cual señala que:

“Paralelamente, el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En concordancia con ello, esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que las disposiciones del artículo 7.b de la Convención Belém do Pará especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana... En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyen violencia contra la mujer… Esta obligación de investigar debe tomar en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección” (las negrillas son nuestras).

Es en ese sentido, teniendo en cuenta los estándares internacionales derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará, los fallos emitidos por la Corte IDH y la correspondiente promulgación de la Ley 348 por parte del Estado Boliviano, este Tribunal respecto a las medidas de protección que deben ser aplicados por los administradores de justicia en la SPC 0649/2020-S1 de 23 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1.3 bajo el epígrafe de las 17 Corte IDH Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, parr. 275. 18 El FJ III.1.3 señala que: Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.

Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…) 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas (…)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia (…). La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón de género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, analizado en su Fundamento Jurídico III.2.2 indicó que:

“… en los supuestos de violencia hacia las mujeres, máxime cuando el bien jurídico protegido es la vida o la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, por mandato de la Ley 348 y los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de garantizar que la investigación continué de oficio, independientemente de la actividad dentro del proceso de la parte denunciante y aún desista la víctima o abandone la investigación; aspectos que nos llevan a colegir que el ejercicio de la acción pena pública -ius puniendi estatal- encargada al Ministerio Público como representante de la sociedad, no puede ser perturbada a ningún título; asimismo, tiene el deber de adoptar medidas especiales de protección a su favor, sobre la base de los principios de protección especial y efectividad, que implican la atención positiva y preferencial; y, la adopción de medidas positivas y acciones afirmativas tendentes a lograr la efectividad de sus derechos. En el mismo sentido, tiene que actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, asegurando el procesamiento y sanción del agresor así como la reparación integral a la víctima” (las negrillas nos corresponden).

De donde se puede concluir, que en apego a los estándares internacionales, e internos, el Estado tiene la obligación indefectible a través de los operadores de justicia, al conocer de un caso de violencia hacia la mujer en razón de género adoptar todas las medidas de protección en favor de la mujer, con el objetivo primordial en primer lugar de prevenir algún acto de violencia, y en segundo lugar el de investigar, procesar y sancionar los hechos de violencia que se constituyan delitos, aplicando la debida diligencia, garantizando el acceso a un proceso justo, ágil e imparcial a la mujer en situación de violencia en procura del ejercicio efectivo de sus derechos y garantías constitucionales, y más que todo el derecho que tiene toda mujer de vivir libre de todo tipo de violencia sea en el ámbito público como privado.

III.5. Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional

De igual modo, en el Capítulo III sobre la Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

(…)

Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

(…)

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

Al respecto el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica señala: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

El nuevo modelo constitucional progresivo y garantista, también consagra en su catálogo de derechos fundamentales, el derecho de acceso efectivo a la justicia cuando en el art. 115.I de la CPE señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, para ese cometido la Norma Fundamental estableció los principios rectores en los que se debe fundamentar la jurisdicción ordinaria señalando en el art. 180.I que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; por lo que, son estos preceptos constitucionales que exigen a los jueces y tribunales aplicar y observar el valor eficacia de la función jurisdiccional, por el que se pueda concebir una noción moderna de tutela judicial efectiva de los derechos y al que los actuales juzgadores deben comprometerse de manera irrenunciable. En ese marco, el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado como es el Tribunal Constitucional, interpretando el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, señaló:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (las negrillas son nuestras).

Este entendimiento fue reiterado entre otras por la SC 0492/2011-R de 25 de abril, SC 1967/2011-R de 28 de noviembre, SCP 0861/2012 de 20 de agosto, SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en esta última refiriéndose al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, señaló que:

“…el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.”

Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito precedentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0015/2018-S1 de 1 de marzo, citando entre otras la SCP 0404/2013-L de 28 de mayo, establece que:

“…toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley…”.

De lo señalado y descrito en forma precedente se establece que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.

III.6. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva; toda vez, que dentro el proceso penal seguido por sus personas contra Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no otorgó medidas de protección en favor de sus personas, y solamente se limitó a remitir la nota presentada al Juzgado de la Causa y a la “Sala Penal Tercera”; b) El Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no remitió a los Fiscales de Materia a proceso disciplinario, y tampoco las remitió a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; c) El Fiscal Departamental de La Paz, no conminó a los Fiscales de Materia para el cumplimiento de las medidas de protección, y la remisión de sus personal a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; y, d) Los Fiscales de Materia, no aplicaron en favor de sus personas las medidas de protección, tampoco informaron al Juez de la causa sobre dichas medidas, y no atendieron sus solicitudes de ser remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa se arribaron a las Conclusiones siguientes: EL 21 de enero de 2021, la Fiscal de Materia Ingrid Corrales Sandoval -ahora demandada- emitió Medidas de Protección en favor de Carolina Kayla Aguirre Retamozo -ahora impetrante de tutela-, las cuales deben ser cumplidas por parte de Carlos Ladislao Aguirre Vargas, siendo notificado el mismo de forma personal el 27 del citado mes y año; en ese entendido, Crystal Carla Aguirre Retamozo -ahora peticionante de tutela- por memorial de 12 de febrero de 2021, puso en conocimiento al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -codemandado- el incumplimiento de las medidas de protección, el cual por decreto de 17 del referido mes y año, solicitó al Ministerio Público el respectivo informe en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo alternativa de dar a conocer al Fiscal Departamental; es así, que la prenombrada por escrito de 3 de marzo del señalado año, dio a conocer dicho incumplimiento al Fiscal Departamental de La Paz -Marco Antonio Cossio Viorel, -ahora codemandado- solicitando que el mismo conmine a la Fiscal de Materia Ingrid Sandoval Corrales cumpla con las medidas; de forma posterior, el Ministerio Púbico emitió el 5 de marzo de 2021 imputación formal contra Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, siendo víctima Carolina Kayla Aguirre Retamozo; por lo que, el juez de la causa impuso al imputado medidas cautelares de carácter personal mediante Auto Interlocutorio 082/2021 de 5 del citado mes y año, entre las que se encuentra la Homologación de las medidas de protección, de forma posterior, la coaccionante -Crystal Carla Aguirre Retamozo- por memorial de 8 del citado mes y año, solicitó a la Fiscal de Materia demandada Ingrid Corrales Sandoval, que remita a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos a Carolina Kayla Aguirre Retamozo, por la que dicha Fiscal por decreto 9 del mencionado mes y año se pidió que se fundamente dicha solicitud; por lo que, el 15 del señalado mes y año, Carolina Kayla Aguirre Retamozo – accionante- , solicitó al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandado-aplique en su favor y su hermana medidas de protección, misma nota que por decreto de 16 del referido mes y año, fue remitido a la “Sala Penal Tercera” y al Juez de la causa, así, de forma posterior, se tiene que este Tribunal Constitucional Plurinacional emitió el 2 de junio de 2022 la SCP 0451/2022-S4 dentro de la acción de libertad presentada por Sergio Ribera Renner en representación sin mandato de Carolina Kaila Aguirre Retamozo – ahora accionante-, en la cual se concedió la tutela solicitada respecto a las medidas de protección y la remisión de su persona a la Unidad de Protección a las Víctimas y Testigos (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8). Así identificada la problemática, y siendo que en el presente caso son dos personas las solicitantes de tutela que piden de las autoridades demandadas sean remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, así como el cumplimiento de las Medidas de Protección, es necesario analizar las denuncias de forma separada, así tenemos:

En cuanto a Carolina Kaila Aguirre Retamozo

La accionante denuncia a todas las autoridades demandas, por no haber tomado acciones dentro del proceso penal seguido contra Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en lo referente al cumplimiento de las Medidas de Protección en su favor; y, la Remisión de su persona a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, en ese sentido, a fin de efectuar el análisis correspondiente, en el caso concreto, su examen comprenderá los siguientes puntos:

a. La identidad de sujeto, objeto y causa vinculada a la cosa juzgada

1. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que el 2 de junio de 2022 se emitió la SCP 0451/2022-S4, proferida en el expediente 38798-2021-78-AL, en el que haciendo una análisis del derecho a la vida, y a las medidas de protección establecidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, se concedió en todo la tutela solicitada en la acción de libertad interpuesta por Sergio Ribera Renner en representación sin mandato de Carolina Kaila Aguirre Retamozo, en la que se denuncia actos lesivos de los demandados, en relación a que los mismos incumplieron con su obligación de responder sus peticiones de la impetrante de tutela, relativo a que sea remitida a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, entre otras lesiones (Conclusión II.8).

2. Se tiene que la presente acción de libertad, ingresó bajo el expediente 39342-2021-79-AL, presentada por Sergio Ribera Renner en representación sin mandato de Crystal Carla Aguirre Retamozo y Carolina Kayla Aguirre Retamozo, solicitando en lo más específico: i) Sean remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; ii) Poner en conocimiento al juez de la causa las medidas de protección; y, iii) La homologación de dichas medidas.

Consecuentemente, en el presente caso siendo necesario determinar si se configuró o no la cosa juzgada constitucional, debe considerarse el entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que sostuvo que contra un fallo emanado del Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronunció sobre el fondo de lo resuelto, no existe recurso ordinario ni constitucional ulterior; pues, de lo contrario, resultaría una pugna interminable de las partes sin que se logre definir su situación de derecho que se ha llevado ante las instancias constitucionales. Asimismo, mencionó que, para que se configure la cosa juzgada constitucional debe concurrir la identidad de sujeto (que sea la misma persona que presenta la acción de defensa y lo dirigen contra la misma autoridad o personas particulares contra las que recurrieron antes, así como también la existencia de identidad de sujeto parcial); objeto (que el propósito del recurso, sea el mismo tanto en la primera como en la segunda acción) y causa (que el motivo -acto o resolución-, que da origen a la acción de defensa, sea el mismo en ambos casos).

Bajo ese parámetro, partiendo de los requisitos señalados, se procederá a efectuar la contrastación, verificación y determinación de la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa; en tal sentido, se tiene:

i) Sobre la identidad de sujeto

Se tiene un primer expediente signado como expediente 38798-2021-78-AL, correspondiente a la acción de libertad interpuesta por Sergio Ribera Renner en representación sin mandato de Carolina Kayla Aguirre Retamozo contra María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta; William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto (en suplencia legal) todos del departamento de La Paz; y, María Isabel Rivas Rivero, Fiscal de Materia. En un segundo expediente signado como expediente 39342-2021-79-AL, -relativo al presente caso- la acción de libertad fue interpuesta por Sergio Rivera Renner en representación sin mandado de Crystal Carla Aguirre Retamozo y Carolina Kayla Aguirre Retamozo contra Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital; Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental, todos del departamento de La Paz; e, Ingrid Corrales Sandoval, María Sara Delgado Callisaya, y, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscales de Materia.

De lo descrito precedentemente, se advierte que las dos acciones de libertad -esta última correspondiente al presente caso- existe identidad parcial de sujetos; toda vez que, uno de los sujetos activos en las dos acciones de defensa es Sergio Rivera Renner en representación sin mandato de Carolina Kayla Aguirre Retamozo; y, en cuanto al sujeto pasivo en ambas acciones de defensa uno de los demandados es William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

Ahora bien, en relación a este punto debe precisarse que, del análisis efectuado precedentemente, de manera clara pudo establecerse la concurrencia parcial de sujeto, que conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la misma también impediría el ingreso al análisis de fondo de asuntos y dilucidados, siempre y cuando el objeto y causa sean coincidentes.

ii) Sobre la identidad de objeto

En las dos acciones tutelares se desprende -entre lo principal- que las autoridades demandadas den cumplimiento a que sea remitida a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. iii) Sobre la identidad de causa

En las dos acciones de libertad se denuncia como actos lesivos a sus derechos la negligencia con la que actuaron las autoridades demandadas, al no disponer en su favor el cumplimiento de las medidas de protección, y la remisión ante la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

Consecuentemente, bajo esa configuración, en cuanto a la triple identidad precisamente se evidenció la concurrencia de la identidad parcial de sujetos (activo o pasivo) y la identidad de objeto y causa respecto a estas dos acciones de defensa, y sobre la primera la justicia constitucional ya emitió pronunciamiento en el fondo.

En tal contexto, considerando que los actos denunciados como lesivos de sus derechos, ya fueron analizados y valorados por este Tribunal Constitucional Plurinacional en la acción de libertad supra citada, habiéndose pronunciado la SCP 0451/2022-S4 de 2 de junio, la cual adquirió la calidad de cosa juzgada constitucional, el presente caso se ajusta a lo sostenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que sostuvo que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno, ello debido al carácter de inmutables y definitivos, lo que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional; por cuanto, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, ya no podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y lo resuelto en un fallo constitucional, ni revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional; por lo que, no es admisible una doble activación de mecanismos de defensas, por la saludable certeza de evitar duplicidad de fallos, pues de permitirse la coexistencia de dos resoluciones en las que coincidan las tres identidades (sujeto, objeto y causa), estaríamos frente a la imposibilidad de ejecutar las mismas ante la eventualidad de que sean contradictorias, en ese entendido, este Tribunal se halla impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela. b. Respecto a Crystal Carla Aguirre Retamozo

La impetrante de tutela, denuncia a todas las autoridades ahora demandadas, por no haber tomado acciones dentro del proceso penal seguido contra Carlos Ladislao Aguirre Vargas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en lo referente al cumplimiento de las Medidas de Protección en su favor; y, la remisión de su persona a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. Ahora bien, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, se tiene que, el ámbito de tutela de la acción de libertad si bien de manera general alcanza a la protección del derecho a la libertad y la vida, también se activa en los casos en que exista un real peligro para la vida, aunque no se dé una estrecha vinculación del mismo con el derecho a la libertad, como se tiene de la concepción de la acción de libertad instructiva. En caso de estas situaciones; es decir, un peligro cierto para la vida, se debe demostrar la existencia del mismo, para que de ese modo pueda activarse de manera directa este mecanismo de defensa constitucional. En ese contexto, se tiene que la peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció a las autoridades demandadas, ya que las mismas no dieron solución a sus peticiones de ser remitida a la Unidad de Protección a la Víctimas y Testigos, y ya que son autoridades diferentes, se analizará las denuncias realizadas por la solicitante de tutela de forma separada, de la siguiente manera: 1. En cuanto a Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz La peticionante de tutela, denuncia que el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no actuó a la solicitud realizada por su hermana Carolina Kayla Aguirre Retamozo -ahora accionante -de que disponga en su favor medidas de protección y la remita a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En ese contexto, conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, se tiene que la ahora accionante envió el 15 de marzo de 2021, una nota al citado Presidente del Tribunal Departamental -ahora demandado- realizando las solicitudes descritas supra; por el cual, el demandado por decreto de 16 del mencionado mes y año se dispuso remisión de la carta a la “Sala Penal Tercera” y al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento del mencionado departamento –ahora codemandado-. Ahora bien, es necesario establecer cuáles son las competencias y atribuciones de los Presidentes de los Tribunales de Justicia, así, el art. 52 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 14 de junio de 2010-, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia Hacina Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-establece que:

“Son atribuciones de la Presidenta o el Presidente del Tribunal Departamental de Justica: 1. Presidir al Tribunal Departamental de Justicia en la Sala Plena y representarlo en los actos oficiales; 2. Suscribir las comunicaciones oficiales y correspondencia a nombre del Tribunal Departamental de Justicia; 3. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Sala Plena;

4. Informar al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia, sobre las acefalías de los cargos; 5. Confrontar y rubricar las cartas acordadas, provisiones y otros libramientos de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia; 6. Ministrar posesión y recibir el juramento de Ley a quien o a quienes fueren designados juezas o jueces, así como a las o los servidores de apoyo judicial; 7. Presentar informe de labores en la apertura del año judicial;

8. Convocar a reunión de Sala Plena;

9. Conceder permiso a las y los vocales, juezas y jueces de acuerdo a reglamento; 10. Disponer y presidir las visitas a los establecimientos penitenciarios, debiendo habilitar para su desarrollo días y horas inhábiles, bajo responsabilidad; 11. Convocar vocales, juezas, jueces y al personal de apoyo judicial para las visitas a los establecimientos penitenciarios, bajo responsabilidad; 12. Efectuar, conjuntamente con el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, inspecciones a los juzgados y oficinas judiciales del Departamento, a objeto de verificar el correcto funcionamiento de los mismos, así como el cumplimiento de los deberes de las y los servidores jurisdiccionales y de apoyo judicial, a fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para el mejoramiento de la gestión judicial. Estas inspecciones deberán efectuarse por lo menos una vez cada trimestre, sin perjuicio de aquellas que deban realizarse cuando se consideren necesarias; y, 13. Otras establecidas por Ley.

De la normativa descrita, se puede colegir, que dentro de las atribuciones impartidas para el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, no se encuentra el de poder emitir Resoluciones de índole jurisdiccional -tales como Medidas de Protección y decidir la remisión de Víctimas y Testigos a la Unidad de Protección-; por lo que, el actuar del ahora demandado, en la decisión de poner a conocimiento de las autoridades jurisdiccionales de la nota de 15 de marzo de 2021, fue correcta, en apego al cumplimiento de sus funciones, ya que no podía emitir criterio jurisdiccional alguno; puesto que, hacerlo lo tornaría en ilegal, arbitrario, y por ende nulo de pleno derecho; por lo que, no se observa que el ahora demandado haya vulnerado los derechos que reclama la accionante, por lo que corresponde denegar la tutela al respecto. 2. Respecto a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz De igual manera, la impetrante de tutela demanda al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, denunciando que el mismo no remitió a los Fiscales de Materia a proceso disciplinario, y tampoco dispuso que su persona y su hermana sean remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En ese contexto, conforme a la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, la impetrante de tutela por memorial de 12 de febrero de 2021, dio a conocer al demandado respecto al incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en su favor, en la que solicitó conminar al Ministerio Público el respectivo cumplimiento, la cual fue decretada por el Juez de la causa el 17 del mismo mes y año, en la que se dispuso que la Fiscal de Materia informe a dicha autoridad sobre el referido incumplimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas, con la advertencia que en caso de incumplimiento se pondría en conocimiento del Fiscal Departamental de La Paz. Ahora bien, en ese orden de ideas, y de todos los antecedentes descritos en el presente caso, posterior al decreto de 12 de febrero de 2021, por la que se dispuso que el Fiscal de Materia le remita un informe, y posteriormente en caso de no hacerlo, dar a conocer a su superior en grado, se puede evidenciar que no existe otro pronunciamiento por parte de la autoridad judicial, la cual es el contralor de derechos y garantías constitucionales al ser el director del proceso, que controla el accionar de los Fiscales, y por lo mismo es el la primera autoridad que tiene el deber indelegable de actuar con la debida diligencia, máxime cuando se trata de procesos penales en los que se debata la violencia hacia las mujeres, y como lo establece el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene la obligación aplicando un enfoque de género, de emitir resoluciones y determinaciones acordes a los estándares internacionales, con el objetivo de erradicar todo tipo de violencia, garantizando la tutela judicial efectiva en favor de las partes y por consiguiente el acceso a la justicia conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. En ese contexto, se tiene, que la autoridad ahora demandada, de forma pasiva, dejó que la peticionante de tutela no obtenga respuesta por parte de los Fiscales de Materia, ya que, la advertencia realizada por su persona, de que si no le informaba respecto a las medidas de protección y demás solicitudes realizadas por la solicitante de tutela, la negligencia de la representante del Ministerio Público sería puesto a conocimiento del Fiscal Departamental; dicha determinación, no fue cumplida, ya que no se tiene algún memorial o determinación por parte del demandado ante el incumplimiento evidente de la Fiscal de Materia, poniendo en duda sobre la imparcialidad de su autoridad, ya que al tener conocimiento de que sobrepasado el plazo brindado al Ministerio Público, éste debía remitir de oficio, todos los antecedentes a la autoridad jerárquica, ya que el delito que se persigue es uno de orden público, la cual debe ser perseguida de oficio, y se debe atender de forma oportuna las solicitudes realizadas no solo del imputado, sino también de las víctimas, que en el presente caso son mujeres víctimas de violencia por su propio padre; por lo que, dicha autoridad debió haber actuado con la necesaria debida diligencia y no aguardar la petición de la parte accionante para salvaguardar su integridad física y su vida, vulnerando con dicho accionar los derechos demandados por la impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 3. Sobre Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz La peticionante de tutela, denunció que el Fiscal Departamental de La Paz, no conminó a los Fiscales de Materia para el cumplimiento de las medidas de protección, y la remisión de sus personas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En ese orden de ideas, y conforme a la Conclusión II.3 de esta Resolución Constitucional, se tiene que la peticionante de tutela, el 3 de marzo de 2021, informó al Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado- lo siguiente:

“…, hacer conocer que dentro del caso de autos, la suscrita Fiscal de Materia INGRID SANDOVAL CORRALES, ignora el estado de alerta en el que me encuentro temiendo por mi vida Y ENCONTRÁNDOME SIN MIS PERTENENCIAS PERSONALES (ROPA), siendo que mi persona solicita de manera desesperada mediante memoriales “solicitando cumplimiento efectivo de medidas de protección” peticiones que hasta la fecha no me son respondidas.

Asimismo; en fecha 12 de febrero de 2021, se presentó memorial donde se “hace conocer incumplimiento de medidas de protección y pide ordene a la fiscal cumplir las mismas” dirigido al Juez WILLIAM PRESVITERIO RODRIGUEZ ALVAREZ del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra La Mujer Quinto de la ciudad de La Paz, donde el mismo en respuesta mediante decreto de fecha 17 de febrero de 2021, indica que “el represéntate del Ministerio Público a efectos de que en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación informe sobre los extremos señalados en el memorial presentado por CRYSTAL CARLA AGUIRRE RETAMOZO, en caso de incumplimiento póngase en conocimiento del Fiscal Departamental de La Paz”

En ese entendido el decreto ut supra se notificó al Ministerio Público en fecha 23 de febrero de 2021, y así llegando a correr el plazo de 48 horas, sin embargo encontrándonos en fecha 03 de marzo de 2021 y vencido el plazo, se pone su conocimiento a su autoridad a objeto de que conmine el comportamiento negligente e irresponsable de la Fiscal INGRID SANDOVAL CORRALES, siendo que a la misma no le da la gana de defender la legalidad y los intereses de la víctima toda vez que no hace nada al respecto conociendo los antecedentes del proceso. Asimismo; le indica que informe con relación a los Medios de Protección dentro del plazo de 24 horas, siendo que control jurisdiccional desconoce de las mismas.

PETITORIO.- A los extremos mencionados, se solicita que se CONMINE AL FISCAL DE MATERIA, INGRID SANDOVAL CORRALES a efectos de que la misma ejerza responsabilidad y deje de ignorar mi situación de riesgo encontrándose en peligro mi propia vida, Y DEJE OTORGAR IMPUNIDAD ANTE ESTOS CASOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES (sic).

Ahora bien, previo a ingresar al análisis de la presente problemática, se debe realizar precisiones puntuales que permitirá a este Tribunal verificar si el reclamo realizado por la solicitante de tutela es verdadera, a ese efecto se tiene que:

i. El art. 70 del CPP, establece las funciones del Ministerio Público, previendo que:

“Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica” (las negrillas fueron añadidas). ii. En ese contexto, si bien los Fiscales Departamentales no ejercen de manera directa la acción penal pública y la dirección funcional de la investigación, siendo esta facultad destinada a los Fiscales de Materia, hay que tener en cuenta que dentro de los principios con que se rige a las funciones y atribuciones del Ministerio Público, insertadas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012- se encuentra el de la unidad regulada por el art. 5.6 de la mencionada Ley, la cual señala que:

“Unidad y Jerarquía. Es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional, ejerce sus funciones a través de las y los Fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación. Para el cumplimiento de sus funciones se organiza jerárquicamente, cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y los servidores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada servidora o servidor por sus propios actos” (las negrillas fueron añadidas).

Así también, se tiene que si bien la autoridad Fiscal Departamental -ahora demandada- no tiene esa intervención directa en la investigación y actos concernientes al Fiscal de Materia, no es menos cierto que por el principio de unidad todos los actos que realice la referida autoridad de materia debe ser de conocimiento de su superior en grado, ya que conforme al principio de jerarquía el Fiscal Departamental tiene la obligación de controlar el desempeño de las funciones de los Fiscales de Materia, conforme lo determina el art. 5.6 antedicho, y el art. 34.3 de la Ley 260, que establece que una de las atribuciones de los Fiscales Departamentales es: “Ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones por los Fiscales de Materia” (las negrillas fueron añadidas).

Aspecto que en el presente caso, hacen que las denuncias realizadas en contra de la autoridad departamental ahora demandada sean compulsados sobre las posibles omisiones por parte del Ministerio Público en el caso penal, resultando justificada la concurrencia de legitimación pasiva permitiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

En ese orden de cosas, a la Conclusión II.3 de la Resolución Constitucional, se establece que no existe algún pronunciamiento por parte del demandado al memorial presentado por la accionante, que en lo principal solicitó se conmine al Fiscal de Materia ejercer con responsabilidad su función en el proceso penal respectivo.

Ahora bien, conforme se explicó supra, si bien en el presente caso el Fiscal Departamental de La Paz-ahora demandado- no intervino de forma directa en la dirección funcional de la investigación, por lo que de alguna forma no debería ser cuestionada su accionar, sino debiendo compulsarse los actos de la Fiscal de Materia a cargo del caso penal; empero, conforme los principios de unidad y jerarquía que fueron estudiados en párrafos precedentes, en el entendido de que todos los actuados que realice el Fiscal de Materia debe ser de su conocimiento, teniendo el deber de controlar y supervisar dichos actos, se hace comprensible y justificable compulsar la actuación de la autoridad ahora demandada en la tramitación del presente proceso.

En ese contexto, se tiene que la impetrante de tutela reclama la inacción por parte del Fiscal Departamental de La Paz en conminar a la Fiscal de Materia cumplir con las medidas de protección y la remisión de su persona juntamente a su hermana a la Unidad de Protección a las Víctimas y Testigos; empero, al ser el Ministerio Público el director funcional de la investigación, como representante de la sociedad, y conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que al tratarse de víctimas mujeres el Ministerio Público a través de los Fiscales, deben actuar de forma activa en toda la investigación, y pese a que la víctima desista, abandone, o no exista comunicación con la misma, en el marco de sus obligaciones y atribuciones en cumplimiento de los estándares internacionales y aplicando un enfoque de género tiene la obligación de coadyuvar con el cumplimiento efectivo de las órdenes e instrucciones emanadas por la autoridad jurisdiccional competente, efectivizando de manera positiva la debida diligencia con la que deben estar revestidos todos los actos de las autoridades competentes -jueces, fiscales y policías- que conozcan de hechos de violencia hacia mujeres en razón de género, ya que de no hacerlo de manera célere y con el compromiso de resguardar y garantizar los derechos de las mujeres víctima de violencia y sus dependientes, se ingresaría en un escenario de impunidad a delitos de violencia en contra de las mujeres, y dando un mensaje a la sociedad de tolerancia de dichos actos violentos, aspectos que tanto las instancias internacionales como este Tribunal no pueden pasar por alto, ya que se deben cumplir de forma efectiva las instrucciones y ordenes de las autoridades judiciales en delitos públicos hacia las mujeres aún de oficio al ser delitos que afectan a la sociedad entera.

Obligaciones de la debida diligencia desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional, que no pueden ser desligadas y desentendidas por las autoridades encargadas de garantizar por la vigencia plena de los derechos de la mujer víctima de violencia y de sus dependientes, como ocurre en el presente caso por parte del Fiscal Departamental de La Paz, no siendo justificable la inacción de dicha autoridad, soslayando su obligación de coordinación y cooperación, que si bien como autoridad jerárquica departamental no interviene de forma directa en el proceso, tenía el deber de supervisar y controlar todos los actos del Fiscal de Materia adscrito al caso concreto, y al no hacerlo con su actitud pasiva y negligente, ordenando a que el Fiscal que conoce la causa cumpla con las órdenes de la autoridad jurisdiccional, desatendió al cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como representante de la sociedad en beneficio de los derechos e intereses de las víctimas, vulnerando sus derechos al a la integridad física, vida y tutela judicial efectiva, atentando a sus deberes de actuar con la debida diligencia descritas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, al tratarse de hechos de violencia hacia mujeres, actos que pueden causar al Estado una responsabilidad internacional al no cumplir con los estándares internacionales e internos en los casos de violencia hacia la mujer y sus dependientes; por lo que, es reprochable la actitud de la autoridad ahora demandada, ya que no es posible eximir a la misma de su beber de dar impulso al proceso, independientemente si la víctima -ahora accionante- lo haga o no; puesto que, el caso está circunscrito a una acción penal pública, que merece especial atención respecto a la protección de los grupos altamente vulnerables, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 4. Respecto a Ingrid Corrales Sandoval, María Sara Delgado Callisaya y, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscales de Materia La peticionante de tutela denunció que las Fiscales de Materia no aplicaron en favor de sus personas las medidas de protección, tampoco informaron al Juez de la causa sobre dichas medidas, y no atendieron sus solicitudes de ser remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. En ese contexto, se tiene conforme a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, la Fiscal de Materia Ingrid Corrales Sandoval -ahora codemandada- por Requerimiento de Medidas de Protección de 21 de enero de 2021, dispuso que Carlos Ladislao Aguirre Vargas, cumpla a favor de Carolina Kayla Aguirre Retamozo las siguientes medidas de protección:

1. Se prohíbe a la agresora comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la VICTIMA, así como a cualquier integrante de su familia.

2. Se prohíbe acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia contra la mujer. 3. Se dispone el recojo de las pertenencias personales de la víctima bajo inventario debiendo el sindicado no obstaculizar con el recojo de las mismas (sic [fs. 162]).

Las cuales, fueron notificadas de forma personal al imputado el 27 de enero de 2021. Posteriormente el 8 de marzo del citado año, la ahora solicitante de tutela, solicitó a la demandada Ingrid Corrales Sandoval, pueda ser remitida junto a su hermana a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, a lo que María Sara Delgado Callisaya -ahora codemandada-, señaló que dicha solicitud debía ser fundamentada y señalar el motivo del por qué se solicita dicha remisión (Conclusión II.6). En ese orden de cosas, se puede establecer lo siguiente: i) En cuanto a la demandada Ingrid Corrales Sandoval

Conforme se desprende de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional descrito supra, se tiene que la demandada emitió Medidas de Protección, que si bien estuvo de forma directa dirigida en favor de Carolina Kayla Aguirre Retamozo -ahora accionante-; empero, la misma también se encontraba dirigida de manera indirecta hacia su persona, cuando dicho documento refiere que:

1. Se prohíbe a la agresora comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la VICTIMA, así como a cualquier integrante de su familia. (sic [la negrillas con el subrayado nos pertenecen]).

Por lo que, la impetrante de tutela, se encontraba protegida de igual manera por dichas medidas de protección, las mismas que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional tienen el objetivo primordial en primer lugar de prevenir algún acto de violencia, y en segundo lugar el de investigar, procesar y sancionar los hechos de violencia que se constituyan delitos, aplicando la debida diligencia, garantizando el acceso a un proceso justo, ágil e imparcial a la mujer en situación de violencia en procura del ejercicio efectivo de sus derechos y garantías constitucionales, y más que todo el derecho que tiene toda mujer de vivir libre de todo tipo de violencia sea en el ámbito público como privado.

Hecho que fue cumplido por la autoridad ahora demandada, máxime si como se pudo observar fue notificado al imputado de manera personal con dichas medidas; por lo que, no se puede evidenciar que dicha autoridad fiscal no haya emitido en favor de la peticionante de tutela las medidas de protección solicitadas, y por lo mismo no se advierte lesión de sus derechos, correspondiendo denegar la tutela al respecto. ii) Respecto a la demandada María Sara Delgado Callisaya

Conforme se pudo observar de la Conclusión II.6 de este fallo constitucional descrito supra, la solicitante de tutela solicitó a la demandada que tanto su persona como su hermana sean remitidas a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, la que fue observado por la demandada en la que solicitó se fundamente y se dé a conocer los motivos de su petición.

Ahora bien, en materia de protección de víctimas, denunciantes y testigos, el Estado promulgó la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos -Ley 458 de 19 de diciembre de 2013-, la cual en su art. 2.I, una de sus finalidades es:

“I. Proteger a las servidoras y los servidores públicos, ex servidoras y ex servidores públicos, personas particulares y su entorno familiar cercano, que sean susceptibles de sufrir una represalia” (las negrillas fueron añadidas).

Dicha protección se las traduce en Medidas de Protección que independientemente lo descrito en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Resolución Constitucional, la Ley 458 establece Medidas de Protección especiales tanto a las Víctimas como a los Testigos, las cuales conforme al art. 7, las mismas pueden ser. 1. Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales. 2. Preservación de sus derechos laborales. 3. Protección policial para el traslado a fin de cumplir diligencias administrativas y/o judiciales.

4. Custodia policial en el domicilio de la persona.

5. Uso de sistemas tecnológicos que impidan que la identidad de la persona sea conocida.

6. Métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz.

7. Alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos; cuya ubicación debe ser reservada y con custodia policial.

8. Atención psicológica.

9. Separación del resto de la población carcelaria o su traslado, bajo reserva, a otro recinto penitenciario, donde se le brinde mayor seguridad en el caso de persona protegida que se encuentre privada de libertad.

10. Otras que se puedan adoptar para preservar la seguridad de la persona protegida” (las negrillas fueron añadidas). Medidas de Protección que conforme establece el art. 17 de la mencionada Ley, las mismas pueden ser solicitadas al Ministerio Público que conozca la causa penal, ya sea de forma personal o por un tercero de su entorno familiar cercano, señalando la situación de riesgo en la que se encuentra.

En ese contexto, hay que tener presente dos aspectos muy importantes: a) La solicitud puede ser presentado de forma personal o por un familiar cercano; y, b) Se debe señalar la situación de riesgo en la que se encuentra. En el caso concreto, de los antecedentes, se puede establecer que la accionante fue quien solicitó se pueda aplicar en favor suyo y de su hermana la medida de protección de remisión a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, que si bien no refirió la situación de riesgo en la que se encontraba; empero, no es menos cierto, que en base a la sana crítica y la verdad material, es obligación de todas las autoridades sean judiciales o administrativas el de prescindir de requisitos formales para la prosecución de solicitudes presentadas, máxime si en el presente caso, se trata de mujeres en situación de violencia, y que por imperio de la Ley y de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional es deber de la autoridad Fiscal actuar con la debida diligencia traducida en la celeridad, agilidad y rapidez de dotar de protección a las víctimas, sin solicitar actos formales para la eficacia de los mismos, que por el cumplimiento de requisitos formales pueden acarrear mayores perjuicios si no se brinda protección inmediata a las mujeres en situación de violencia, debiendo actuar de forma activa en toda la investigación, y pese a que la víctima desista, abandone, o no exista comunicación con la misma, en el marco de sus obligaciones y atribuciones en cumplimiento de los estándares internacionales y aplicando un enfoque de género tiene la obligación de coadyuvar con el cumplimiento efectivo de las órdenes e instrucciones emanadas por la autoridad jurisdiccional competente, efectivizando de manera positiva la debida diligencia con la que deben estar revestidos todos los actos de las autoridades competentes -jueces, fiscales y policías- que conozcan de hechos de violencia hacia mujeres en razón de género, ya que de no hacerlo de manera célere y con el compromiso de resguardar y garantizar los derechos de las mujeres víctima de violencia y sus dependientes, se ingresaría en un escenario de impunidad a delitos de violencia en contra de las mujeres, y dando un mensaje a la sociedad de tolerancia de dichos actos violentos, aspectos que tanto las instancias internacionales como este Tribunal no pueden pasar por alto, ya que se deben cumplir de forma efectiva las instrucciones y ordenes de las autoridades judiciales en delitos públicos hacia las mujeres aún de oficio al ser delitos que afectan a la sociedad entera.

Obligaciones de la debida diligencia desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional, que no pueden ser desligadas y desentendidas por las autoridades encargadas de garantizar por la vigencia plena de los derechos de la mujer víctima de violencia y de sus dependientes, como ocurre en el presente caso por parte de la Fiscal de Materia, no siendo justificable la inacción de dicha autoridad por aspectos netamente formales, soslayando sus obligaciones, desatendió al cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como representante de la sociedad en beneficio de los derechos e intereses de las víctimas, vulnerando sus derechos a la integridad física, vida y tutela judicial efectiva, atentando a sus deberes de actuar con la debida diligencia descritas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, al tratarse de hechos de violencia hacia mujeres, actos que pueden causar al Estado una responsabilidad internacional al no cumplir con los estándares internaciones e internos en los casos de violencia hacia la mujer y sus dependientes, por lo que es reprochable la actitud de la autoridad ahora demandada, ya que no es posible eximir a la misma de su deber de dar impulso al proceso, independientemente si la víctima -ahora impetrante de tutela- lo haga o no; puesto que, el caso está circunscrito a una acción penal pública, que merece especial atención respecto a la protección de los grupos altamente vulnerables, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

iii) Sobre la demandada Aly Rosario Venegas Miranda

La peticionante de tutela demandó a Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia, en los mismos términos que a los demás demandados; empero, en su memorial de acción de libertad, y en su intervención de audiencia de garantías, la solicitante de tutela no refirió nada al respecto de dicha Fiscal; por lo que, no existe una argumentación sobre cómo y con qué acto hubiere vulnerados sus derechos; por lo que, esta justicia constitucional está inhibida a emitir criterio alguno, correspondiendo denegar la tutela, aclarando que no se ingresó al fondo de dicha problemática. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2021 de 26 de marzo, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva, en relación a Crystal Carla Aguirre Retamozo, consiguientemente:

1.1 Se dispone que William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, o la autoridad que conozca del proceso penal, cumpla con su función de control jurisdiccional en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

1.2 Ordenar que Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz, o quien esté en el cargo jerárquico departamental, cumpla con sus deberes y obligaciones de supervisión y control en los actos y acciones realizados por los Fiscales de Materia dispuestos a su jurisdicción, en apego a los argumentos esgrimidos en la presente Resolución Constitucional.

1.3 Disponer que la Fiscal de Materia María Sara Delgado Callisaya o quien esté en conocimiento del proceso penal, en el plazo de tres días de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y siempre que no haya modificado la situación de riesgo de la impetrante de tutela, tramite la solicitud de remisión de su persona juntamente su hermana a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

1.4 Llamar la atención de manera severa a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz; y, María Sara Delgado Callisaya Fiscal de Materia, exhortándolos a que cumplan con sus obligaciones en todos los casos en que se encuentren mujeres víctimas de violencia, con la advertencia que en caso de reincidir se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura y a la Autoridad Sumariante del Ministerio Público para su procesamiento disciplinario. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a la accionante Carolina Kayla Aguirre Retamozo, por existir cosa juzgada constitucional, en base a los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia, por los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En su único Considerando señaló: “en fecha 29 de enero de 2000 fue planteado idéntico recurso en el que la actual recurrente, Sonia Gorena Vásquez, figura como adherente juntamente con Moisés Limachi Quispe, Mercedes Márquez Pascualy y Alfredo Levy Pacheco, demanda dirigida contra las mismas autoridades y que fue resuelta mediante Sentencia Constitucional No. 198/2000 de 3 de marzo del presente año, en la cual se declara improcedente el recurso. Que, consiguientemente, al haber la recurrente Sonia Gorena Vásquez interpuesto individualmente el mismo recurso que el mencionado, en fecha 31 de enero de 2000, y existiendo ya una resolución en la forma que se ha indicado precedentemente, se da identidad de sujeto, objeto y causa”.

2 En su cuarto Considerando sostuvo “…por otra parte, el art. 96 de la Ley N° 1836, establece que el Recurso de Amparo Constitucional, no procederá "...Cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, presupuesto que se evidencia en el caso de autos, pues, el recurrente ha recurrido nuevamente al Amparo con los mismos argumentos y contra el mismo recurrido habiendo declarado el Tribunal Constitucional improcedente un anterior recurso…”.

3 El FJ III.2 señaló que: “Que sin embargo, si bien dicha causal no podría ser aplicable en su sentido netamente literal al caso planteado por cuanto no hay identidad de sujeto dado que los recurridos del presente amparo no son los mismos que los del

anterior, si lo es en su sentido teleológico, pues los fundamentos del recurso son idénticos a otro amparo anterior que planteó el recurrente y que fuera declarado improcedente con un criterio errado del Tribunal que conoció el mismo, pero en revisión éste Tribunal declaró procedente el recurso y otorgó tutela sobre los mismos hechos y en resguardo de los mismos derechos disponiendo expresamente que se anule la Resolución que ordenó su expulsión, de lo cual, debe entenderse que todo acto u otra resolución relacionada con esa resolución queda también sin efecto.”

4 Art. 8.- (obligatoriedad y vinculatoriedad) Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.

5 Artículo 15°.- (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

6 El Artículo 4.II de la Ley 003 estableció que: “Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado.

7 La SC 687/2000-R en su Considerando Cuarto señalo que: ”…es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”.

8 La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”

9 “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”.

10 Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

11 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].

12 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

13 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos

14 Corte IDH Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, parr. 258.

15 Corte IDH Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, parr. 293.

16 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, parr. 243.

19 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre. No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”.

20 El FJ III.3.3 señala: “…al margen de dicha conclusión el Auto Supremo hace mención a dos documentos, el primero, la carta notariada de fs. 25 del expediente, que fue de conocimiento de los accionantes el 19 de abril de 2002, manifestando no ser lógico que dicha prueba se reserve para intentar la revisión de la Sentencia condenatoria, y el segundo documento, la declaración de Gonzalo David Lazcano Murillo, Asesor Legal del “TRANSNAVAL”, señalando que la sola afirmación de esta persona en sentido de que la situación jurídica del inmueble era de conocimiento de quienes realizaron las gestiones, no desvirtúa la responsabilidad penal de los accionantes; determinación de la que se colige existió vulneración de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva de los accionantes, toda vez que los Ministros demandados no fundamentaron en forma debida el rechazo a la solicitud de revisión de sentencia, omitiendo compulsar la totalidad de la prueba aportada…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2023-S1.pdf · páginas 1 a 52.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2c1f741d3aa20a512816e6b54ecbac9b330fd9bdaee11a4f41ba47afbbda66e

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