Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal; y, a la legalidad de la prueba; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada: 1) No emitió los requerimientos solicitados hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; y, 2) Pretende reponer una declaración informativa que no realizó en su oportunidad, y pese a ello, le imputó formalmente; por lo cual, solicita se conceda la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 vta. a 48, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento de defensa, únicamente en relación a la no emisión de los requerimientos fiscales reclamados; 2° Disponer que, la Fiscal de Materia demandada, en el marco de sus atribuciones y bajo responsabilidad, emita y materialice de manera efectiva, pronta y oportuna los requerimientos fiscales previamente dispuestos, aclarando que esta determinación no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo del proceso penal. Salvo que por el transcurso del tiempo ya se haya dispuesto, o la situación procesal del accionante haya sido modificada; 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al acto lesivo referido a la supuesta reposición de la declaración informativa, debido a que el accionante no agotó previamente los mecanismos ordinarios idóneos previstos en la vía penal. 4° DENEGAR la tutela con relación a la presunta vulneración de los derechos a la igualdad procesal y a la legalidad de la prueba, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0152/2026-S3 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56369-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 vta. a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Augusto López Pérez en representación sin mandato de Jherson Smith Cordova Ibáñez contra Laura Rojas Salazar, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2023, cursante a fs. 2 y 10 a 12 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra; por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación, signado con el Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102032201800; el 13 de abril de 2022, presentó memorial ante el Fiscal de Materia -ahora demandado-, solicitando requerimiento a las empresas telefónicas “…con el fin de averiguar el nombre completo de la dueña de casa donde mi persona vivía para que la misma pueda ser citada y así pueda decir la verdad que mi persona si vivía con mi denunciante…” (sic), petición que fue concedida mediante Decreto de “…18 de abril…” (sic) del mismo año; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se realizaron los requerimientos solicitados. Asimismo, el 22 de mayo de 2022, tuvo conocimiento que se le intentó notificar para que declare nuevamente; sin embargo, de la revisión del cuaderno de investigación y del sistema Justicia Libre 1 (JL1), no constató ningún requerimiento para una nueva declaración; por lo que, presentó memorial solicitando la reposición del Decreto, a efecto de que la Fiscal de Materia, defina si pretende reponer un acto investigativo no realizado o uno ya realizado, dado que cada uno tiene su propio procedimiento; actuación fiscal que amenaza con agravar su derecho al debido proceso.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal; y, a la legalidad de la prueba, citando al efecto los arts. 24, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicito se conceda la tutela impetrada.
Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 46 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La Fiscal de Materia demandada pretende realizar una declaración informativa que no se hizo, ya que en el acta que cursa en el “cuadernillo” no consta la firma de dicha autoridad, y en el acta de audiencia de medida cautelar no se tiene registrado quien habría sido su abogado defensor en dicho acto procesal; y, b) El art. 98 del Código Procesal Penal (CPP), dispone que la declaración informativa debe ser registrada digitalmente; empero, cuando se solicitaba el expediente, se le mostraba uno sin actuados, recién luego de la presentación de una acción de libertad, es que de manera ilegal, proceden a subir los actuados al referido sistema, lo que demuestra que se pretende reponer un actuado procesal que no se lo hizo de manera oportuna.
Laura Rojas Salazar, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 24 de mayo de 2023, cursante a fs. 38 y vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que: 1) Se decretó en la misma fecha de presentación del memorial, dando curso a lo peticionado, sin ningún retardo; si bien no se encuentra en el sistema JL1; empero, no existe ningún reclamo sobre alguna omisión de requerimientos o interoperabilidad, sino recién, en la fecha hacen conocer ello de manera verbal, además respecto a la solicitud de requerimientos para las empresas telefónicas, no es posible ello; toda vez que, se proporcionó el número de celular “678635913” (sic), cuando lo correcto correspondía ser ocho dígitos; 2) No existe afectación al derecho a la libertad del accionante, con los actos denunciados; y, 3) Es evidente que se dispuso la reposición de la declaración informativa, siendo notificado con antelación al accionante, no habiéndose lesionado ningún derecho, ya que por ello se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, donde ejerció su derecho a la defensa de manera irrestricta.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 14/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 vta. a 48, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 279 del CPP, establece que el control jurisdiccional ejerce el juez de instrucción penal; es así que, todos los actos que realice el representante del Ministerio Público, debe ser de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; sin embargo, de la revisión del cuaderno procesal se tiene que, no cursa ningún memorial de parte del accionante, haciendo conocer los extremos ahora denunciados ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional; y, ii) Es la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, la que debe conocer en primera instancia sobre las presuntas irregularidades advertidas por las partes, no siendo posible que el Tribunal de garantías ingrese a analizar el fondo de la problemática denunciada, al no haberse hecho conocer primeramente ante el Juez de la causa, ello en virtud al principio de subsidiariedad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente II.1. Cursa copia de la imputación formal contra Jherson Smith Cordova Ibáñez -accionante-, presentada por Laura Rojas Salazar, Fiscal de Materia -autoridad demandada- el 4 de agosto de 2022 ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 40 a 43 vta.). II.2. Por Memorial presentado el 13 de febrero de 2023, el accionante solicitó a la Fiscal de Materia demandada cinco “…actos investigativos para demostrar mi inocencia…” [sic (fs. 7 y vta.)]; de los cuales dos fueron negados y respecto a los otros tres, se ordenó que se extienda como se pide, entre estos requerimientos se encuentran: a) Se asigne un investigador para que realice una entrevista preliminar en el domicilio identificado como el lugar del hecho “…Barrio Virgen de Lujan calle 4…” (sic), se realice la entrevista con los inquilinos que viven en dicho inmueble; b) Se requiera a las líneas telefónicas los datos de la dueña de casa del inmueble donde vivía con su concubina; y, c) Se realice una inspección ocular del lugar de los hechos de acuerdo a los métodos de investigación que rige a este acto de acuerdo a los alcances del art. 174 del CPP (fs. 8). II.3. Se tiene memorial presentado el 22 de mayo de 2023, por el cual el accionante solicitó ante la Fiscal de Materia demandada, la reposición de Decreto de 18 de mayo, que señala audiencia de reposición de declaración informativa (fs. 9 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal; y, a la legalidad de la prueba; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada: 1) No emitió los requerimientos solicitados hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; y, 2) Pretende reponer una declaración informativa que no realizó en su oportunidad, y pese a ello, le imputó formalmente; por lo cual, solicita se conceda la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, a partir del análisis vertido en la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, moduló la jurisprudencia constitucional, asumiendo el siguiente entendimiento:
«En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: ‘Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: 1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…)'. De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales. En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’.
La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (…) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (…) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’. La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art.
239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución…’. Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas nos corresponden)»
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril3, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo4. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3 El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”.
4 El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”.
la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de 5 El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de libertad”.
6 El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”.
7 El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”.
8 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
9 El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, lesivos a derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, contra cuyas resoluciones procede el recurso de apelación incidental (las negrillas son nuestras).
Identificado los actos lesivos corresponde remitirse a los antecedentes sistematizados en las conclusiones del presente fallo constitucional, donde se evidencia que la Fiscal de Materia demandada, presentó imputación formal contra el ahora accionante ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz , el 4 de agosto de 2022 (Conclusión II.1). Al haberse identificado dos actos lesivos, corresponde su revisión de cada uno de forma separada. Respecto a la falta de emisión de los requerimientos fiscales solicitados Corresponde referirse a la jurisprudencia anotada en el marco del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que ha establecido que el Ministerio Público, en virtud de los principios de legalidad, objetividad y celeridad, tiene el deber de emitir requerimientos necesarios para la obtención de documentación o elementos que permitan al imputado ejercer plenamente su derecho a la defensa, incluso cuando tales actuaciones estén destinadas a demostrar su inocencia o mejorar su situación jurídica; ello en observancia del acceso efectivo a la justicia y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales. Marco jurisprudencial, en base al cual debe analizarse este acto lesivo, pues de la revisión de los antecedentes se advierte que el accionante, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 13 de febrero de 2023 solicitó expresamente a la Fiscal de Materia -ahora demandada- cinco actos investigativos, entre los cuales estaba, la emisión de requerimientos dirigidos a empresas telefónicas, con la finalidad de obtener información relevante que le permita ubicar a una testigo -propietaria del inmueble donde vivía-, cuya declaración -a su criterio- resultaría pertinente para sustentar su versión de los hechos y, en consecuencia, su defensa; dicha solicitud, fue expresamente concedida mediante Decreto de la citada fecha (Conclusión II.2); sin embargo, conforme se evidencia de antecedentes, los requerimientos no fueron materializados hasta la interposición de la presente acción tutelar. Si bien la autoridad demandada, en su informe, señala que no fue posible ejecutar el requerimiento debido a que el número proporcionado por el accionante sería incorrecto, lo cual no fue observado al impetrante, este extremo no desvirtúa el hecho de que existía una obligación previa de dar curso efectivo a lo dispuesto por la propia Fiscal de Materia, más aún cuando dicha actuación se encontraba orientada a la obtención de elementos que podían coadyuvar al ejercicio del derecho a la defensa del imputado; en ese sentido, la inactividad posterior a la emisión del Decreto que concedía el requerimiento evidencia una falta de diligencia y celeridad en la actuación fiscal, contraria a los principios que rigen el accionar del Ministerio Público. Asimismo, conforme al entendimiento jurisprudencial citado precedentemente, el Ministerio Público no solo tiene la facultad, sino el deber de viabilizar la obtención de elementos que permitan al imputado ejercer su defensa de manera efectiva, sin que pueda excusarse en aspectos formales cuando éstos pueden ser subsanados o aclarados en el desarrollo de la investigación; en consecuencia, la omisión en la ejecución de los requerimientos solicitados previamente concedidos, no solo evidencia una falta de diligencia en la investigación, sino que además representa una dilación indebida.
Por lo que, se concluye que la Fiscal de Materia demandada, al no materializar los requerimientos previamente autorizados, incurrió en una actuación omisiva que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento a la defensa, al impedirle acceder a elementos para sustentar su posición dentro del proceso penal, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, disponiendo que se dé curso efectivo y oportuno a los actos investigativos requeridos, en el marco de los principios de celeridad, objetividad, debida diligencia y respeto al debido proceso; sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo del proceso penal, cuya determinación corresponde a la autoridad jurisdiccional competente. Sobre la reposición de la declaración informativa El accionante denuncia, que la Fiscal de Materia demandada, de manera ilegal, pretende reponer un actuado procesal referido a su declaración informativa, pese a que dicho acto no habría sido realizado oportunamente, con la finalidad -según refiere- de agravar su situación jurídica, lo que vulneraría su derecho al debido proceso. Ahora bien, corresponde remitirse al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que se ha referido a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señalando de manera uniforme que los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los representantes del Ministerio Público y funcionarios policiales, durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser previamente reclamados ante el juez de instrucción penal a cargo del proceso, a través de los mecanismos idóneos como el incidente de actividad procesal defectuosa; ello, en resguardo del equilibrio entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, evitando que esta última sustituya a las autoridades naturales del proceso. En ese marco, del acto lesivo denunciado, se advierte que el accionante refiere que la Fiscal de Materia demandada, pretende reponer de manera ilegal su declaración informativa, señalando que dicho actuado no habría sido realizado oportunamente, que el acta carecería de formalidades esenciales como la firma de la Fiscal de Materia, que no existiría constancia en el sistema JL1, y que incluso se habría intentado regularizar de forma posterior, lo que -a su criterio- vulnera su derecho al debido proceso. Asimismo, se evidencia que ante dicha situación, el accionante presentó un memorial solicitando “Reposición de Decreto”, requiriendo que la Fiscal de Materia defina si se trata de la reposición de un acto no realizado o de uno ya efectuado (Conclusión II.3); empero, no se advierte que haya acudido ante la autoridad jurisdiccional competente a efectos de denunciar estas presuntas irregularidades; siendo evidente que, dichas denuncias se encuentran directamente vinculadas a la forma en la que se desarrollaron actuaciones investigativas dentro de la etapa preparatoria; es decir, constituyen cuestionamientos sobre la validez, existencia o reposición de actos procesales -declaración informativa-, lo cual configura típicamente una denuncia de actividad procesal defectuosa atribuible al Ministerio Público. Bajo ese entendimiento, correspondía al accionante poner en conocimiento estos extremos ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, conforme prevé el art. 279 del CPP, mediante los recursos que le franquea la Ley, a efectos de que dicha autoridad analice, controle y, en su caso, disponga lo que corresponda; empero, de la revisión de los antecedentes, no se advierte que el accionante haya acudido previamente a dicha instancia judicial denunciando las presuntas irregularidades ahora alegadas; por lo que, al acudir directamente a la acción de libertad sin agotar previamente estos mecanismos idóneos, eficaces y oportunos, se evidencia el incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción tutelar, lo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela con relación a este acto lesivo. En cuanto a la presunta vulneración de los derechos a la igualdad procesal y a la legalidad de la prueba, corresponde señalar que el accionante se limitó a enunciarlos de manera genérica, sin desarrollar una carga argumentativa mínima que permita identificar de qué manera concreta habrían sido lesionados por la autoridad demandada; en ese entendido, esta Sala se encuentra impedido de realizar un análisis de fondo sobre dichos derechos, correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela también respecto a estos extremos. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 vta. a 48, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento de defensa, únicamente en relación a la no emisión de los requerimientos fiscales reclamados; 2° Disponer que, la Fiscal de Materia demandada, en el marco de sus atribuciones y bajo responsabilidad, emita y materialice de manera efectiva, pronta y oportuna los requerimientos fiscales previamente dispuestos, aclarando que esta determinación no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo del proceso penal. Salvo que por el transcurso del tiempo ya se haya dispuesto, o la situación procesal del accionante haya sido modificada; 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al acto lesivo referido a la supuesta reposición de la declaración informativa, debido a que el accionante no agotó previamente los mecanismos ordinarios idóneos previstos en la vía penal. 4° DENEGAR la tutela con relación a la presunta vulneración de los derechos a la igualdad procesal y a la legalidad de la prueba, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0152_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 53ce736d65324638654a2ab27b18c6c5adf9f34cc94a2d94130af0175bdd90fc
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