Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, presunción de inocencia, a la defensa e igualdad de partes; toda vez que, la Jueza demandada dispuso su detención preventiva por tres meses por Resolución de 24 de febrero de 2023, señalando, en el mismo acto, audiencia para el 26 de mayo del mismo año, misma que no se llevó a cabo, pese a varias solicitudes de cesación a la detención preventiva y la existencia de un desistimiento notariado de parte de la denunciante. Ante ello, la Jueza demandada sostiene que: a) La audiencia señalada para el 26 de mayo de 2023 no se llevó a cabo porque no existía el acta de audiencia de 24 de febrero del mismo año y porque no contaban con Secretario, encontrándose la Oficial de Diligencias con baja prenatal; b) Estuvo sin personal de apoyo por más de dos semanas, designando a Secretarios y Oficiales de Diligencias de otros despachos judiciales, quienes no asumieron dicha suplencia, por lo que presentó quejas ante Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, c) Las dos audiencias de cesación a la detención preventiva señaladas para el 13 y 21 de julio de 2023 fueron suspendidas, puesto que, en la primera, la Oficial de Diligencias no cumplió con las notificaciones, por lo que emitió Memorando de llamada de atención; y, en la segunda, fue declarada en comisión oficial por el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 46 a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos alcances dispositivos asumidos por la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0152/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57807-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 46 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcial Lima Laura contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 27 a 30, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva por tres meses mediante Auto Interlocutorio pronunciado en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 24 de febrero de 2023 por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-, quien, a su vez, señaló audiencia para resolver su situación jurídica para el 26 de mayo de ese año, la cual no se llevó a cabo, pues no cursaba en antecedentes procesales el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares. A la fecha de presentación de la presente acción de defensa, sigue peregrinando y solicitando reiteradamente que se lleve a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva, por cuanto en el proceso presentaron solicitudes de conciliación y existe un desistimiento notariado de la denunciante.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, presunción de inocencia, a la defensa e igualdad de partes; citando al efecto los arts. 114, 115, 116.I, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela solicitada; y, en consecuencia; a) Se disponga su inmediata libertad; y, b) Que se remita el cuaderno de control jurisdiccional, mismo que ofrece como prueba.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 46, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que, en julio de 2023 presentó tres memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva, mismos que no solo no fueron resueltos conforme establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sino que no aparecen en el cuaderno procesal.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, por informe cursante a fs. 38 y vta., y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) El proceso no cuenta con solicitud reciente de cesación a la detención preventiva, por lo que no puede actuar ultra petita; 2) El acta de audiencia de 24 de febrero de 2023, se presentó en Plataforma de Atención al Usuario Externo (PAUE) el 19 de junio del mismo año, conforme acredita del cargo de recepción que adjunta, y su extravío es responsabilidad de la exsecretaria -se entiende de su Juzgado-; 3) La audiencia pública señalada para el 13 de julio de ese año no se llevó a cabo por falta de notificación a las partes, por lo que llamó la atención al Oficial de Diligencias por incumplir sus obligaciones; y, la audiencia señalada para el 21 del mismo mes y año, no se llevó a cabo debido a que se encontraba declarada en comisión oficial conforme Comunicado 026/2023 de 19 de julio, emitido por el Consejo de la Magistratura; 4) Se le notificó con dos horas de anticipación para esta audiencia virtual, lo que le impidió remitir el cuaderno procesal, ya que el Juzgado a su cargo se encuentra a 40 km de distancia de la Capital; 5) La audiencia de 26 de mayo de 2023 no pudo llevarse a cabo por inexistencia del acta de audiencia aplicación de medidas cautelares y porque no contaban con Secretario; sumado a ello, la Oficial de Diligencias se encontraba con baja médica prenatal; 6) Sus descargos acreditan que habilitó a la Secretaria y a la Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, quienes asumieron suplencia, pero, posteriormente, por orden del Juez del referido Juzgado, renunciaron; 7) Puso a conocimiento de Sala Plena y Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento sobre esta renuncia, habiendo alternativamente habilitado a la Secretaria y Oficial de Diligencias del Juzgado de Sentencia Penal, de Familia, Niñez y Adolescencia Primero de Warnes del señalado departamento, quienes abiertamente se negaron a asumir suplencia, hecho que puso en conocimiento “…inclusive en el grupo que se tiene de vocales y jueces…” (sic); 8) El Juzgado a su cargo estuvo casi dos semanas sin personal de apoyo, no encontrándose habilitada a llevar audiencia sin Secretario conforme el art. 56 del CPP; lo que no es atribuible a su persona, sino al “orden judicial” y a Sala Plena, por no designar funcionarios dentro de los plazos que se les requiere; y, 9) Respecto a los memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva, de acuerdo a lo establecido en el art. 56.3 del CPP, corresponde al Secretario emitir providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; el accionante planteó dos solicitudes el 11 y 18 de julio de 2023, las que fueron atendidas oportunamente por el personal de apoyo.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 17/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 46 a 50 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso, en consecuencia, que la autoridad demandada lleve a cabo audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas; con base en los siguientes fundamentos: i) Se tiene como un hecho no controvertido que el ahora impetrante de tutela se encuentra detenido preventivamente conforme lo dispuesto en audiencia de aplicación de medidas cautelares donde se señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 26 de mayo de 2023; y, ii) Teniendo en cuenta que no se remitió prueba alguna que acredite que dicha audiencia se hubiera llevado a cabo, considerando también las solicitudes realizadas por el peticionante de tutela de cesación a la detención preventiva, se advierte que se lesionó el principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, situación por la cual corresponde conceder la tutela solicitada.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 24 de febrero de 2023 -con cargo de recepción en PAUE el 19 de junio del mismo año-, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-dispuso la detención preventiva de Marcial Lima Laura -accionante-por el plazo de tres meses; asimismo, señaló audiencia para resolver su situación jurídica para el 26 de mayo de ese año (fs. 10 a 15 vta.). II.2. Mediante memoriales presentados el 10 y 18 de julio de 2023, el impetrante de tutela solicitó señalamiento audiencia de cesación a la detención preventiva, señalando que, en el caso, su esposa, en calidad de denunciante dentro del proceso, desistió y retiró la denuncia presentada (fs. 18 y 19). En relación a dichas solicitudes cursan: providencia de 12 de julio de 2023, que señaló audiencia para el 13 del mismo mes y año (fs. 34 vta.); y, providencia de 19 de julio de 2023, que resolvió señalar audiencia pública para el 21 de igual mes y año (fs. 36 vta.). II.3. A través de Memorando 46/2023, la Jueza demandada llamó severamente la atención a la Oficial de Diligencias del Juzgado a su cargo por no notificar a las partes para la audiencia de 13 de julio de 2023 (fs. 35). II.4. Por Comunicado 026/2023 de 19 de julio, el Consejo de la Magistratura instruye la generación de papeleta de salida para aquellos jueces del Órgano Judicial que participan en las mesas técnicas a cargo de autoridades nacionales del Consejo de la Magistratura (fs. 37).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, presunción de inocencia, a la defensa e igualdad de partes; toda vez que, la Jueza demandada dispuso su detención preventiva por tres meses por Resolución de 24 de febrero de 2023, señalando, en el mismo acto, audiencia para el 26 de mayo del mismo año, misma que no se llevó a cabo, pese a varias solicitudes de cesación a la detención preventiva y la existencia de un desistimiento notariado de parte de la denunciante. Ante ello, la Jueza demandada sostiene que: a) La audiencia señalada para el 26 de mayo de 2023 no se llevó a cabo porque no existía el acta de audiencia de 24 de febrero del mismo año y porque no contaban con Secretario, encontrándose la Oficial de Diligencias con baja prenatal; b) Estuvo sin personal de apoyo por más de dos semanas, designando a Secretarios y Oficiales de Diligencias de otros despachos judiciales, quienes no asumieron dicha suplencia, por lo que presentó quejas ante Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, c) Las dos audiencias de cesación a la detención preventiva señaladas para el 13 y 21 de julio de 2023 fueron suspendidas, puesto que, en la primera, la Oficial de Diligencias no cumplió con las notificaciones, por lo que emitió Memorando de llamada de atención; y, en la segunda, fue declarada en comisión oficial por el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de libertad traslativa o de pronto despacho fue incorporada en la clasificación doctrinal por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, la cual estableció que, mediante esta modalidad de tutela, se pretende: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Entendimiento, que es reiterado por la jurisprudencia constitucional. Así, por ejemplo, la SCP 0011/2014 de 3 de enero enfatizó que: “'…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, deben ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad' (SCP 0528/2013 de 3 de mayo)”. Lo anterior implica que estas solicitudes, específicamente las referidas a la cesación de la detención preventiva, deben atenderse en virtud a un plazo razonable, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto; es decir, por un lado, la eficacia del derecho a la libertad personal que debe ser garantizada y atendida con prioridad por la autoridad judicial, en el marco de una actuación -que se le exige sea- acorde a los principios, valores y derechos proclamados por la Norma Suprema; y, por otro, los supuestos excepcionales que pudiere alegar la autoridad juzgadora. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2478/2012 de 28 de noviembre y 1325/2014 de 30 de junio, entre otras.
El accionante sostiene que la Jueza demandada vulneró sus derechos fundamentales por no concretar la audiencia de consideración de situación jurídica, considerando que, en el caso, ya había un señalamiento dispuesto desde la misma audiencia en que se impuso su detención preventiva y varias solicitudes posteriores de cesación a la extraña medida. En relación a la audiencia señalada para el 26 de mayo de 2023, al término del plazo de los tres meses de duración de su detención preventiva, es el mismo accionante quien refiere que la misma no pudo instalarse porque no cursaba en antecedentes el acta de audiencia de imposición de medidas cautelares; extremo que es corroborado por la Jueza demandada en su informe, acreditando el cargo de recepción de dicha acta por PAUE el 19 de junio de 2023; esto es, en fecha posterior a la fecha de audiencia inicialmente señalada. Así, también con relación a dicha ausencia de instalación de la audiencia, refiere que se encontraba sin personal de apoyo tras la renuncia de la Secretaria de Juzgado y la baja médica prenatal de la Oficial de Diligencias, ambas dependientes de su despacho; y, que, habiendo convocado a personal de apoyo de dos juzgados diferentes de la misma localidad -Warnes del departamento de Santa Cruz-, dicho personal renunció y se negó a asumir dicha suplencia. Luego, en relación a los dos señalamientos de audiencia para el 13 y 21 de julio de 2023, también expone los motivos que le impidieron llevar adelante la respectiva audiencia. Así, por un lado, la falta de notificación por parte de la Oficial de Diligencias que ameritó una severa llamada de atención de su parte; y, por otro, una declaratoria en comisión oficial por el Consejo de la Magistratura, respectivamente. Hasta este punto, resulta atendible que la dilación y falta de celebración de la audiencia convocada fue dilatada bajo justificaciones razonables que, en efecto, no estaban bajo total dominio de la autoridad demandada. Así, la ausencia de suplencia legal para cubrir las acefalías de personal subalterno por renuncia y baja médica y el incumplimiento de los deberes propios de dicho personal, como en el caso de la elaboración del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares por la Secretaria renunciante y el no diligenciamiento de notificaciones por la Oficial de Diligencias.
Sin embargo, todos estos antecedentes exigían de parte de la Jueza demandada, no una espera a que se produzca una nueva solicitud de audiencia, sino efectuar ella misma dicho señalamiento sin necesidad de que medie una nueva solicitud previa, atendiendo los antecedentes recurrentes que impidieron su realización y la misma disposición de oficio ya dispuesta en febrero de 2023; extremo que no constituye una actuación ultra petita, como equivocadamente sostuvo la Jueza demandada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 46 a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos alcances dispositivos asumidos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0152_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebdaadbe7fce09582e4cf27d09b75214270d24fedebd9d48f84b63eb36240142
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