Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; toda vez que la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista de 25 de julio del 2022, mediante el cual declaró improcedente la apelación incidental contra el Auto interlocutorio que rechazó la cesación de su detención preventiva, incurrió en las siguientes vulneraciones: 1) Indebida fundamentación y motivación sobre la persistencia del riesgo de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP relativo a la falta de actividad lícita, ya que la valoración efectuada del informe social del SLIM del municipio de Colomi, la Certificación emitida por el Presidente del Comité Cívico de Corani Pampa y el folio real del inmueble de propiedad de su esposa resulta irrazonable al no haber tomado en cuenta la parte final de dicha norma legal; y, 2) Omisión de pronunciamiento sobre la falta de observancia por parte del Juez a quo de las disposiciones legales previstas en los arts. 7, 221, 222 223 bis, 235 ter y 234 del CPP, o en su caso del porque no son aplicables al caso concreto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 91 a 98 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en jueza de garantías; y, en consecuencia: 2° CONCEDER la tutela solicitada con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Disponer lo siguiente:
i) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 25 de julio del 2022, emitido por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba.
ii) Que la autoridad demandada o quien se halle en ejercicio de ese cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del peticionante de tutela no haya sido modificada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0152/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50563-2022-102-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 91 a 98 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Huarachi García contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La parte accionante por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 71 a 78, manifestó lo siguiente:
El 11 de marzo de 2022, fue aprehendido cuando pasaba un saco de choclo a pie por la tranca de “El Locotal” en el que se encontraba sustancias controladas, por lo cual fue remitido ante la autoridad jurisdiccional, la que le impuso la detención preventiva por treinta días por considerar que existía peligro de fuga previsto, en el numeral 1 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP) al no haber acreditado domicilio y actividad lícita; asimismo por existir el peligro de obstaculización previsto en el numeral 2 del art. 235 del mismo cuerpo normativo. Posteriormente, el 9 de junio del 2022, solicitó cesación de su detención preventiva, la que de principio fue señalada para el 23 del mismo mes y año, la cual no se pudo realizar, por lo que luego de varias suspensiones, finalmente la audiencia se llevó a cabo el 13 de julio de igual año, en la que el Juez de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari, rechazó su solicitud; ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental, en el que expresó dos agravios: a) La inobservancia de los arts. 171, 173 y 234 del CPP, ya que no se habría realizado una correcta valoración de los elementos probatorios que demostraban la actividad laboral a la que se dedicaba, desconociéndose con ello el principio de libertad probatoria y la forma de valoración señalada en el último párrafo del art. 234 -se entiende del CPP- modificado por la Ley de abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Ley N° 1173) al no haberse considerado su situación socioeconómica o quien es el, ni haberse contrastado cuales fueron los motivos que dieron origen a la inexistencia de la actividad lícita establecida en la audiencia de 11 de marzo de 2022, a momento de disponerse la detención preventiva, en la que se señaló que al dedicarse a la actividad de agricultor, los datos serían muy genéricos, además de que el informe social no identificaba a cabalidad el terreno donde realizaba la actividad laboral, sin especificar las colindancias del terrenos; en cuanto al informe de la Presidencia del Comité Cívico de Corani Mayu que da cuenta de la existencia de dos hectáreas de terreno en el que se dedica al sembradío de locoto, papa, zapallo, repollo, trabajando junto a su familia; se observó que no existía una ubicación exacta del terreno, las colindancias, la determinación de periodos de tiempo de gestiones anteriores o posteriores a su aprehensión; de la misma manera en cuanto a su folio real relacionado con su actividad, señaló que demostró que previo a su aprehensión se dedicaba a la agricultura en los terrenos de su esposa, lo cual estaría demostrado por el informe socioeconómico; y, b) Como segundo agravio señaló que el Juez de primera instancia inobservó el catálogo de normas legales que hacen el espíritu de las medidas cautelares insertas en los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233 y 250 del CPP así como la falta de motivación. Dicho recurso de apelación, fue resuelto por la Vocal demandada, quien mediante el Auto de Vista de 25 de julio de 2022, de manera incongruente, contradictoria y con falta de fundamentos, consideró que persistía el riesgo de fuga por cuanto su actividad laboral no habría sido plenamente demostrada, ya que la trabajadora social omitió en su informe social, al igual que el Presidente del Comité Cívico de Corani Mayu, establecerlas colindancias exactas del terreno, su superficie; así como establecer los periodos de tiempo y en qué gestiones se hubiere realizado esta actividad como agricultor; criterios estos que vulneran su derecho al debido proceso, ya que no se consideró su situación socioeconómica como base para efectuar la valoración; tampoco se consideró su origen campesino, que no tiene otra actividad laboral que la de peón y agricultor, actividad que realiza en los predios que se encuentran a nombre de su esposa Marcelina Juchasara Soliz; tampoco se tomó en cuenta que cuando se aplica o resuelve sobre una medida cautelar, ante la existencia de una duda razonable, la misma deberá ser lo más favorable al imputado, conforme lo establecido el art. 7 del CPP, debiendo aplicarse el mismo con criterio restrictivo y ejecutarse de modo que cause el menor perjuicio posible al imputado; en definitiva, con relación a ese agravio la Resolución impugnada se encontraba indebidamente fundamentada y motivada, ya que no se tomó en cuenta el art.
234.1 del CPP. No obstante que la carga de la prueba sobre la existencia de los riesgos procesales corresponde a la parte acusadora, conforme dispone el art. 231 bis -se entiende del CPP-, desde un inicio demostró que su actividad es la de agricultor en los terrenos de su esposa; lo cual, aplicando el principio de favorabilidad de duda razonable, debió darse por acreditado; sin embargo, el Tribunal de alzada, ratificó el apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad en relación al control de su labor valorativa, al no considerar la naturaleza de su trabajo realizado en predios de propiedad de su esposa: No obstante que la Vocal demandada tenía la obligación de establecer si la autoridad de primera instancia, al momento de resolver la audiencia de cesación a la detención preventiva, tomó en cuenta las disposiciones legales señaladas, no lo hizo, en consecuencia el agravio denunciado nunca fue respondido por la autoridad demandada, la que incurrió de esa manera en incongruencia, puesto que no observó el principio doctrinal tantum devolutum quantum apellatum, conforme al art. 398 del CPP; asimismo la Vocal demandada tampoco hizo referencia a la falta de observancia por parte del Juez a quo de las disposiciones legales previstas en los arts. 7, 221, 222 223 bis, 235 ter y 234 -se entiende del CPP- o del porque no es aplicable al caso concreto, motivo por el cual existiría un silencio en el Auto de Vista de 25 de julio de 2022, siendo el mismo incongruente entre lo apelado y lo resuelto.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada, y se disponga: 1) La nulidad del Auto de Vista -se entiende de 25 de julio de 2022-; y, 2) Que la autoridad accionada, emita nueva resolución; otorgando respuesta a su agravio.
Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 89 a 90 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, se ratificó íntegramente los términos de su acción titular y ampliándola señaló que: i) Existe una falta de respuesta al catálogo de normas que han sido mencionadas en la apelacion, en consecuencia, el Auto de Vista recurrido en la presente acción no da respuesta lógica y motivada a los arts. 7, 221, 222, 231 Bis y 250 del CPP; ii) Se acreditó con documentación idónea que su persona es agricultor, pese a eso la autoridad demandada puso en debate la actividad lícita de su esposa, el mismo que no es un reclamo y no puede considerarse un motivo para negar la acreditación del elemento trabajo; iii) El accionante cuenta con una pequeña propiedad agraria y sorprende que la demandada no haya hecho un control de los elementos que han sido acompañados como el folio real y los informes presentados; iv) El principal reclamo es referente a la valoración de la prueba, toda vez que la misma especialmente la aportada para considerar el elemento trabajo, no fue valorada, siendo que en materia penal rige el principio de libertad probatoria y que fue desconocido por la autoridad demandada; v) En relación al art. 234 del CPP, la Resolución impugnada señala que el ahora accionante no supo acreditar el sueldo, sin tomar en cuenta que el accionante es agricultor y su realidad económica es la de un campesino, no hay documentación que acredite horarios de entrada y salida, situación que en audiencia se hizo constar que el mismo trabaja de sol a sol, no tiene otro ingreso y que está plasmada en la documentación acompañada a la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, vi) No existe respuesta a la solicitud de análisis ponderado del art. 250 del CPP y la demandada no hace referencia alguna al porque se estaría obviando el catálogo de normas.
Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante a fs. 85 y vta., señaló que: a)La a SC 0085/2006 -R de 25 de enero, hace referencia al control de constitucionalidad y a la interpretación de legalidad ordinaria, misma que solo puede ser efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, por lo que, es necesario que el recurrente en su recurso a tiempo de realizar los cuestionamientos también explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente inmotivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre estos y la interpretación impugnada; ya que solo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional; b) La acción de libertad interpuesta se basa en cuestionamientos relativos al Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, sin identificar de manera adecuada el Auto de Vista cuestionado o emitido por el Tribunal de alzada; c) Contra el Auto emitido por el Juez de primera instancia, en apelación emitió la Resolución de alzada con la debida fundamentación acorde a lo previsto en el art. 124 del CPP, indicando con absoluta claridad del porqué de la determinación asumida y la persistencia de los riesgos procesales, previa consideración de lo alegado por el ahora impetrante de tutela respecto a no haberse dado por acreditado el arraigo natural, referente a la actividad laboral en relación a los elementos de convicción que no fueron suficientes para generar convencimiento de la realización efectiva de la actividad de agricultura por parte del accionante, ya que no se especificó en ninguna de las literales adjuntas desde cuándo y en que terrenos específicamente pudo realizar las actividades agrícolas, más aun cuando fue aprehendido en posesión de sustancias controladas; d) Se hizo referencia a la propiedad aparente de un terreno por parte de la concubina del ahora accionante pero contradictoriamente en el informe social se indica que la actividad de la esposa del accionante es de jornalera, que genera un ingreso mínimo de Bs60 .-(sesenta bolivianos), generando incongruencias y contradicciones que fueron debidamente explicadas en la Resolución de alzada y que emergieron de la labor de control de los razonamientos expuestos por la autoridad de primera instancia y que respondían a una debida valoración de todos los elementos de convicción aportados, que carecieron de todo requisito de formalidad para dar certidumbre sobre una efectiva realización de una tarea en un tiempo y lugar determinado por parte del imputado, por lo que, el riesgo procesal persistía sin haberse demostrado el quebrantamiento de la sana crítica en ninguno de sus elementos; y, e) No es factible que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la acción de libertad, proceda a la revaloración de los elementos de convicción, no estando demostrado por el accionante que este siendo procesado indebidamente o ilegalmente o que su vida esté en peligro.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 91 a 98 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al elemento trabajo, de la revisión del Auto remitido en apelación, la autoridad jurisdiccional reconoce que contó con la declaración informativa del accionante, informe de SEGIP, folio real de la pareja del impetrante de tutela, Certificado extendido por Abdón Choque Colque, Presidente del Comité Cívico de Corani Pampa de 5 de mayo de 2022, que señaló que el accionante es afiliado de dicho comité, y que realiza actividades de agricultura, como sembrado de locoto, zapallo, etc.; sin embargo, señaló que no se estuviese demostrado los días de su actividad laboral, así no encontrarse acreditada la condición de Presidente del mencionado Comité de manera legal para acreditar la actividad del accionante, por cuanto es evidente que se ha realizado la valoración de los elementos de convicción, y que al no ser concordante con razonamiento del imputado, no implica asumir que no se haya realizado una valoración o falta de observación de los arts. 171 y 173 del CPP, por cuanto el primero en relación a la libertad probatoria y, el reconocer la presentación de los mismos implícitamente en la resolución emitida hace ver su consideración y en cuanto al segundo, al valor probatorio otorgado, el mismo fue considerado, ya que la autoridad de instancia ha señalado que los elementos aportados por la defensa no son suficientes para poder demostrar la actividad laboral y este criterio responde a una correcta valoración de la misma; 2) En relación al informe social, el mismo consigna los datos familiares, la descripción de la vivienda, y los ingresos económicos, señalando que el accionante se dedica a la agricultura y su esposa a ser jornalera con un ingreso de Bs60 por día, recomendando que se llegue a investigar la verdad material de los hechos y que se sancione a los que fueren culpables, pero no identifica en ningún momento la ubicación del terreno donde se realiza la actividad laboral del accionante, el periodo de trabajo o la actividad, tomando en cuenta que el accionante fue detenido en posesión de sustancias controladas y no realizando una actividad agrícola propiamente, situación similar a la certificación emitida por el Presidente del Comité Cívico, que además carece de algún documento que de legalidad a su condición de autoridad, como un acta de elección, o personería jurídica, incluso señalando la existencia de dos hectáreas de terreno a nombre de la pareja del accionante en el que trabajarían junto con su familia pero sin una ubicación o especificación o colindancias exactas del mismo, o periodos de trabajo del accionante, siendo que el arraigo natural de actividad laboral no es una simple formalidad observada, sino que cumple con una finalidad intrínseca de arraigar a la persona a un determinado sitio o territorio, por lo cual el razonamiento de la Jueza resulta correcta y emergente de la valoración de los elementos de convicción presentados por el peticionante de tutela; 3) El folio real simplemente limita a demostrar el derecho propietario de la pareja del accionante sobre un predio de doce hectáreas, pero el mismo no demuestra que el peticionante de tutela se haya dedicado a la actividad agrícola con anterioridad a la aprehensión por la presunta comisión del ilícito de narcotráfico; 4) Al carecer la capacidad de parte de la defensa del impetrante de tutela de mencionar las gestiones de realización de esta actividad y al tener debidamente admitida por la defensa que no aportó ningún elemento de convicción para rebatir el peligro de obstaculización del Art. 235.2 del CPP, no se encuentra razón suficiente para dar curso a la apelación; 5) En la Resolución a la cesación a la detención preventiva, quien debe aportar los elementos nuevos de convicción que rebatan argumentos de detención preventiva, es la persona que pide esta figura, pero no solo debe acompañar dichos elementos, sino que estos deben ser lo suficientemente idóneos a efecto de que permitan a la autoridad jurisdiccional, asumir convicción de que evidentemente se está acreditando algún extremo; y, 6) El razonamiento inmerso en el Auto de Vista de 25 de julio de 2022, refleja con claridad que se ha respetado los principios del debido proceso, conteniendo con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, describiéndolo de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, valoración concreta y explicita de la prueba producida, de forma motivada, el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa acta de consideración del recurso de apelación incidental llevada a cabo el 25 de julio del 2022, en la que el apelante, a través de su abogado, expresó los siguientes agravios: i) La inobservancia de los arts. 173, 171 y 234 del CPP, en cuanto a la incorrecta valoración de los elementos probatorios que demuestran la actividad laboral a la que se dedica Carlos Huarachi García, puesto que se desconoció el principio de libertad probatoria establecido en los arts. 171, 270 y 234 del CPP en su último párrafo, toda vez que se demostró de manera objetiva la actividad a la cual se dedica el imputado, ya que si bien en la audiencia de aplicación de medidas cautelares no se reconoció la actividad de agricultor que declaró; empero, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, la certificación otorgada por la autoridad natural de la zona, como es Abdón Choque Conde, Presidente Cívico del Pueblo Corani Pampa, que dio cuenta de la labor- se entiende que realiza-, así como de su domicilio y permanencia que tiene en el pueblo; asimismo, no se tomó en cuenta la libertad probatoria, ya que el Juez no valoró debidamente la referida certificación, ni el informe de la trabajadora Social del municipio de Colomi, la valoración efectuada sobre el presupuesto trabajo ha sido defectuosa e incompleta, ya que no se consideró la naturaleza del trabajo que realiza, puesto que en su declaración informativa señaló que es agricultor y que la faena la realiza en el terreno de propiedad de su esposa, lo cual lo acreditó con la certificación emitida por la autoridad natural del municipio, por el informe de la trabajadora social de la “Gobernación de Colomi” (sic), y el titulo propietario; sin embargo, no se tomó en cuenta los aspectos de la realidad social a la cual pertenece el imputado, desconociendo lo dispuesto en el parte final del art. 234 del CPP, que establece que la acreditación de la actividad no puede ser condicionada a la presentación de un contrato, referente al horario de su trabajo, los cuales no son específicos como lo son los horarios de una oficina; asimismo se debió tomar en cuenta las inclemencias del tiempo y cuando -se entiende el momento- en el que el terreno requiere su asistencia y presencia para realizar las diferentes labores; lo que evidencia que la autoridad judicial se apartó de los cánones de razonabilidad y equidad al condicionar la cesación de la detención preventiva a un formalismo legal, vulnerando el derecho al debido proceso y al derecho a la libertad personal; y, ii) La inobservancia del catálogo de normas que se refieren al espíritu de las medidas cautelares, como son los arts. 7,221, 222, 231 bis, 233 y 250 del CPP, así como la falta de fundamentación y motivación de la resolución respecto a su ocupación, ya que si bien es cierto que de acuerdo al entendimiento establecido en la SCP 1215/2012-R de 06 de septiembre, -se entiende el Tribunal de apelación, no tiene atribución para realizar una nueva valoración de la prueba; sin embargo, tiene la atribución de verificar si esta labor valorativa es correcta, conforme a las reglas, ya que -se entiende en este caso- la autoridad inferior se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ya que de manera arbitraria, no consideró la prueba presentada para acreditar la ocupación del imputado; y, con relación al numeral 2 del art. 235 del CPP, en la valoración de la prueba no han sido utilizadas las reglas generales establecidas por “la jurisdicción constitucional”; por lo que solicita que se tenga por acreditado el elemento ocupación (fs. 67 y vta.). II.2. Mediante Auto de Vista pronunciado en audiencia de 25 de julio de 2022, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el imputado Carlos Huaracachi García, hoy accionante, quedando incólume el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022, con base a los siguientes fundamentos: a) Se realizó la valoración de los elementos probatorios aportados y que no concuerde con el criterio del imputado no implica que no se haya realizado la valoración de los mismos; b) Respecto al art. 171 y 173 del CPP, la presentación de los elementos de convicción da fe de la libertad probatoria, evidenciándose la consideración de dicha disposición, respecto al segundo presupuesto normativo, respecto a otorgarle el valor probatorio a los elementos, se evidencia el mismo porque la autoridad de primera instancia indica los elementos de convicción aprobados por la defensa que no son suficientes para poder demostrar la actividad laboral; c) El informe social emitido por el Servicio Legal Integral de la Mujer (SLIM) del municipio de Colomi hace referencia a que el imputado realizaba tareas agrícolas, más no tuvo la capacidad de establecer las gestiones en las que desarrollaba esta actividad, las colindancias del terreno, más si se toma en cuenta que el imputado fue aprehendido en posesión de sustancias controladas y no realizando actividades agrícolas; d) La certificación emitida por el Presidente del Comité Cívico de Corani Pampa no acompaña acta de elección, personería jurídica o algo que determine la existencia del mismo, así mismo tampoco especifica la ubicación exacta del terreno, colindancias o periodos de tiempo, ya sea posterior o anterior a su aprehensión, que acredite el arraigo natural de actividad laboral, mismo que no es un simple formalismo; e) El Folio Real acredita el derecho propietario que posee la Sra. Marcelina Juchasara Solíz, mas no demuestra el trabajo realizado como agricultor del imputado; y f) No se aportó ningún elemento de convicción para analizar el peligro de obstaculización establecido en el art. 235. 2 del CPP (fs. 67 a 69 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; toda vez que la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista de 25 de julio del 2022, mediante el cual declaró improcedente la apelación incidental contra el Auto interlocutorio que rechazó la cesación de su detención preventiva, incurrió en las siguientes vulneraciones: 1) Indebida fundamentación y motivación sobre la persistencia del riesgo de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP relativo a la falta de actividad lícita, ya que la valoración efectuada del informe social del SLIM del municipio de Colomi, la Certificación emitida por el Presidente del Comité Cívico de Corani Pampa y el folio real del inmueble de propiedad de su esposa resulta irrazonable al no haber tomado en cuenta la parte final de dicha norma legal; y, 2) Omisión de pronunciamiento sobre la falta de observancia por parte del Juez a quo de las disposiciones legales previstas en los arts. 7, 221, 222 223 bis, 235 ter y 234 del CPP, o en su caso del porque no son aplicables al caso concreto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, 1El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 2El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 3El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 4El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 5El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Esta sistematización fue extraída de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 8El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 9El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 10El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 11El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto 12El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 13El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
14El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 15El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Estos razonamientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
De los antecedentes y conclusiones que informan el presente fallo constitucional, se tiene que, por memorial de 9 de junio de 2022, el peticionante de tutela solicitó la cesación a la detención preventiva; solicitud que fue rechazada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022. Contra dicho Auto, el procesado Carlos Huarachi García, hoy impetrante de tutela, planteó recurso de apelación incidental que fue resuelto por Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista de 25 de julio de 2022, que declaró improcedente el referido recurso de apelación; dicha Resolución de alzada es impugnada a través de la presente acción de tutela, en la que el accionante denuncia que la Vocal demandada, incurrió en las siguientes vulneraciones: i) Indebida fundamentación y motivación sobre la persistencia del riesgo de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP relativo a la falta de actividad lícita, ya que la valoración efectuada del informe social del SLIM del municipio de Colomi, el certificado del Presidente del Comité Cívico Corani Pampa y el folio real del inmueble de propiedad de su esposa, resulta irrazonable al no haber tomado en cuenta la parte final de dicha norma legal; y, ii) Omisión de pronunciamiento sobre la falta de observancia por parte del juez a quo de las disposiciones legales previstas en los arts. 7, 221, 222 223 bis, 235 ter y 234 del CPP, o en su caso del porque no son aplicables al caso concreto. Dichas denuncias son examinadas a continuación: Sobre la valoración irrazonable de la prueba.
Tal como se precisa en el fundamento jurídico III.1 del presente fallo, con relación a la revisión en sede constitucional de la valoración de la prueba efectuada por otras jurisdicciones, la jurisprudencia constitucional, ha establecido auto restricciones para el ejercicio de dicha labor; sistematizando los entendimientos sobre este temática, la SCP 0030/2018-S2, precisó las siguientes sub reglas: “a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.”
Ahora bien, en el marco de dicho entendimiento, corresponde analizar si es o no evidente que la Vocal demandada se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad, en la valoración probatoria de los del informe social, el certificado expedido por el presidente del Comité Cívico de Corani Pampa y el folio real sobre el inmueble de propiedad su esposa, al validar las objeciones efectuadas por el Juez a quo sobre la idoneidad dichos elementos de prueba para demostrar su actividad lícita como agricultor, al no haber tomado en cuenta su situación socioeconómica en su condición de agricultor, conforme dispone la parte final del art. 234.1 del CPP.
Revisado el Auto de Vista impugnado, se evidencia que la objeción formulada por la Vocal demandada, con relación al Informe Social emitido por el SLIM del municipio de Colomi, radica en el hecho de que dicho informe no identifica a cabalidad el terreno donde realiza esas actividades agrícolas, las colindancias de terreno; y, en que gestiones hubiese realizado la actividad laboral, más aun si se toma en cuenta que el accionante fue detenido en posesión de sustancias controladas y no realizando su actividad agrícola (Conclusión II.2). Toda vez que el accionante también ha presentado un folio real del inmueble de propiedad de su esposa donde alega que trabaja como agricultor, la exigencia de que el informe social identifique la ubicación del terreno, resulta evidentemente irrazonable, tomando en cuenta que ese dato es posible extraerlo del documento idóneo para acreditar ese extremo; igualmente resulta excesivo exigir que se precise las colindancias, que implica indicar el nombre de los propietarios de los fundos linderos, dato que ni siquiera lo consigna el folio real cursante en el expediente constitucional. Luego, enervar el valor probatorio del informe social por no precisar las gestiones en las que el accionante ha trabajado como agricultor, ciertamente, implica no solo desconocer la situación socioeconómica del imputado, quien en todo momento ha declarado que es un trabajador agrícola, sino que inclusive se incurre en una falacia ad absurdum al exigir una precisión referida a si las gestiones de trabajo incluyen a fechas posteriores a su privación de libertad, cuando resulta lógico que a partir de esa restricción no pudo estar en condiciones de cumplir con su trabajo agrícola. Finalmente, el hecho de que el accionante hubiera sido sorprendido en posesión de sustancias controladas, por si misma, no descarta que el mismo trabaje como agricultor, tanto más si en el momento de la aprehensión se encontraba también en posesión de un producto agrícola.
Con relación a la certificación emitida por el Presidente del Comité Cívico de Corani Pampa, la objeción de la Vocal demandada, estriba en el hecho de que la misma acompaña acta de elección, personería jurídica o algo que determine la existencia del mismo, así mismo tampoco especifica la ubicación exacta del terreno, colindancias o periodos de tiempo, ya sea posterior o anterior a su aprehensión, que acredite el arraigo natural de actividad laboral, mismo que no es un simple formalismo. Con relación a las observaciones referidas a la falta de precisión de la ubicación del terreno y las colindancias, son aplicables las consideraciones efectuadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación al certificado del SLIM. En lo que atañe a la acreditación de la personería de la persona que firma el certificado no resulta irrazonable, puesto que incumbe a la autenticidad del mismo. En suma, resulta evidente que la Vocal demandada, a tiempo de efectuar la verificación de la valoración de la prueba presentada por el procesado para acreditar trabajo consistente en su ocupación como agricultor, no ha lo ha hecho considerando la situación socioeconómica del encausado, conforme manda el último párrafo del art. 234 del CPP; puesto que no ha reparado en que la verificación del trabajo realizado por un agricultor en terreno propio o como en este caso de su cónyuge, no puede ser realizada con base a los parámetros aplicables a trabajos formales o de otra naturaleza, sino que debe considerar las características de la actividad agrícola, el contexto del medio en el que se realiza dicha labor y las condiciones económicas y sociales concretas del encausado; todo ello, a partir del principio de verdad material. Al proceder de esa manera resulta evidente que la autoridad judicial demandada, se ha apartado del referido marco legal de razonabilidad; y con ello ha incurrido en motivación arbitraria, y por ende ha vulnerado el derecho al debido proceso en dicho elemento, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Sobre la congruencia
A objeto de verificar la denuncia de omisión de pronunciamiento sobre la falta de observancia por parte del Juez a quo de las disposiciones legales previstas en los arts. 7, 221, 222 223 bis, 235 ter y 234 del CPP, o en su caso del porque no son aplicables al caso concreto, amerita contrastar la apelación presentada por el y el pronunciamiento del tribunal de apelación.
En dicho cometido, de la revisión del acta de consideración de la apelación incidental se advierte que el procesado Carlos Huarachi García, hoy accionante, expuso como segundo agravio la inobservancia del catálogo de normas que se refieren al espíritu de las medidas cautelares, como son los arts. 7,221, 222, 231 bis, 233 y 250 del CPP, así como la falta de fundamentación y motivación de la resolución respecto a su ocupación (Conclusión II.1). De la revisión del Auto de Vista de 25 de julio del 2022, se evidencia, que la Vocal hoy accionada, justificó su decisión de declarar improcedente la apelación incidental interpuesta por el imputado Carlos Huarachi Garcia, hoy accionante, con base a los siguientes fundamentos: 1) Se realizó la valoración de los elementos probatorios aportados y que no concuerde con el criterio del imputado no implica que no se haya realizado la valoración de los mismos; 2) Respecto al art. 171 y 173 del CPP, la presentación de los elementos de convicción da fe de la libertad probatoria, evidenciándose la consideración de dicha disposición, respecto al segundo presupuesto normativo, respecto a otorgarle el valor probatorio a los elementos, se evidencia el mismo porque la autoridad de primera instancia indica los elementos de convicción aportados por la defensa que no son suficientes para demostrar la actividad laboral; 3) El informe social emitido por el SLIM del municipio de Colomi hace referencia a que el imputado realizaba tareas agrícolas, más no tuvo la capacidad de establecer las gestiones en las que desarrollaba esta actividad, las colindancias del terreno, más si se toma en cuenta que el imputado fue aprehendido en posesión de sustancias controladas y no realizando actividades agrícolas; 4) La certificación emitida por el Presidente del Comité Cívico de Corani Pampa no acompaña acta de elección, personería jurídica o algo que determine la existencia del mismo, así mismo tampoco especifica la ubicación exacta del terreno, colindancias o periodos de tiempo, ya sea posterior o anterior a su aprehensión, que acredite el arraigo natural de actividad laboral, mismo que no es un simple formalismo; 5) El Folio Real acredita el derecho propietario que posee la Sra. Marcelina Juchasara Solíz, mas no demuestra el trabajo realizado como agricultor del imputado; y, 6) No se aportó ningún elemento de convicción para analizar el peligro de obstaculización establecido en el art. 235. 2 del CPP (Conclusión II.2). Como se advierte, la Vocal demandada, a tiempo de resolver la apelación contra el Auto Interlocutorio que denegó la cesación de detección preventiva, efectivamente no se ha pronunciado respecto a si es o no evidente que el Juez a quo inobservó las disposiciones legales previstas en los arts. 7, 221, 222 223 bis, 235 ter y 234 del CPP, o en su caso del porque no son aplicables al caso concreto.
Dicha omisión de pronunciamiento, conforme se desarrolla en el fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, efectivamente vulnera el principio de congruencia en su dimensión externa, en cuyo mérito las autoridades judiciales se hallan compelidas a pronunciarse en correspondencia con las peticiones formuladas por las partes; y en el caso de los Tribunales de apelación de expedirse en correspondencia a los agravios formulados por el apelante y la contestación de apelado. En definitiva, esta omisión de pronunciamiento que infringe el principio de congruencia, en su dimensión externa, vulnera el derecho al debido proceso.
Finalmente, conforme el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional, con relación a las resoluciones sobre medidas cautelares de carácter personal, no corresponde examinar la relevancia constitucional de los defectos advertidos, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras, amerita conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no efectúo una correcta compulsa de los antecedentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 91 a 98 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en jueza de garantías; y, en consecuencia: 2° CONCEDER la tutela solicitada con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Disponer lo siguiente:
i) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 25 de julio del 2022, emitido por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba.
ii) Que la autoridad demandada o quien se halle en ejercicio de ese cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del peticionante de tutela no haya sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
6 El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 7El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
16 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 17El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
18 SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0152_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7563db2f0664c1d242481e0b5f2abf4c5f0d6980dfaf176f466a3b588fd6acfe
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →