Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, no obstante, su comparecencia dentro del proceso penal que se le sigue, el Juez demandado, se rehusó dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y las medidas dispuestas en mérito de su declaratoria de rebeldía; ante lo cual, interpuso recurso de reposición, mismo que fue rechazado bajo el fundamento de que no purgó su rebeldía ni justificó su incomparecencia debido a un grave o legítimo impedimento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías; y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0151/2026-S3 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56360-2023-113-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 22/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Pereira Mamani en representación sin mandato de Brayan Julio Saravia Herbas contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 6 a 7, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos; el 11 de noviembre de 2021, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 785/2021 declaró su rebeldía y la de otros imputados de manera oficiosa, sin que ningún sujeto procesal lo haya solicitado, asumiendo un criterio extra petita. El 18 de octubre de 2022, el Ministerio Público hizo conocer al Juez de la causa un requerimiento de sobreseimiento a su favor; más adelante, el 23 de mayo de 2023, se apersonó ante la autoridad jurisdiccional de forma voluntaria y compareció mediante memorial, que decretó “Al Otrosí 1.- Estése a los antecedentes del proceso”, dejándolo en incertidumbre respecto a su derecho a la libertad; el 26 de igual mes y año, antes de ser notificado con el proveído, interpuso recurso de reposición solicitando la revocatoria del mismo; y en consecuencia, se deje sin efecto las medidas impuestas en su contra por la declaratoria de rebeldía. Mediante Auto Interlocutorio 484/2023 de 30 de mayo, el Juez demandado rechazó el recurso de reposición bajo el fundamento de que el imputado se apersonó y compareció voluntariamente sin haber purgado su rebeldía ni haber justificado su incomparecencia debido a un grave o legítimo impedimento; por lo que, no correspondía dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión dispuesto en su contra mediante el Auto Interlocutorio 785/2021.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene al Juez demandado pronuncie una nueva resolución dejando sin efecto las medidas impuestas mediante Auto Interlocutorio 785/2021, sea en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 65 a 66 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) En la resolución que rechazó el recurso de reposición, la autoridad demandada realizó una valoración de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1378/2022-S4 de 3 de octubre y “1325/2018-S2”, particularmente esta última en su razonamiento estableció que el exigir el cumplimiento de medidas pecuniarias impuestas en la declaratoria de rebeldía como condición para comparecer y para dejar sin efecto un mandamiento de aprehensión constituye una medida que restringe el debido proceso y el derecho a la defensa, además de amenazar el derecho a la libertad; b) Aun cuando en audiencia pudiera alegarse una supuesta intención de obstaculizar por su parte, aquello no era justificativo para condicionar el levantamiento del mandamiento de aprehensión al pago o purga de la rebeldía; toda vez que, la jurisprudencia constitucional estableció parámetros esenciales sobre esa situación; c) En su caso, se agotó la instancia previa exigida por el principio de subsidiariedad; puesto que, compareció voluntariamente mediante memorial ante la autoridad demandada solicitando que se revocaran o se dejaran sin efecto las medidas impuestas por la declaratoria de rebeldía; sin embargo, pese a su comparecencia, la prenombrada autoridad emitió un decreto de “estése a los antecedentes del proceso”; con lo cual, se mantuvo vigente el mandamiento de aprehensión y las medidas impuestas, generando incertidumbre y restringiendo su derecho a la libertad, más aún cuando existió en el mismo proceso un requerimiento de sobreseimiento; d) Si bien la rebeldía se declaró de oficio, del mismo modo debieron dejarse sin efecto las medidas restrictivas ante la existencia del sobreseimiento presentado por el Ministerio Público; e) La autoridad demandada, al rechazar la reposición, afirmó que el accionante no “purgó” la rebeldía ni justificó su incomparecencia, lo cual configura una condición indebida para levantar las medidas, con afectación directa a su derecho a la libertad; considerando además, que el sobreseimiento se notificó incluso mediante edictos judiciales; f) Del cuaderno de control jurisdiccional se evidencia que el Ministerio Público presentó la imputación formal por sistema, sin acompañar la declaración informativa; lo que, pudo dar lugar incluso a un incidente de nulidad por vulneraciones procesales y por falta de control jurisdiccional oportuno; y, g) La comparecencia voluntaria prevista en el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), implica someterse al proceso; empero, pese a ello se mantuvo vigente el mandamiento de aprehensión interpuesto en su contra.
Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia solicitó se deniegue la tutela arguyendo lo siguiente: 1) Conforme al cuaderno de control jurisdiccional, el accionante se apersonó ante el citado juzgado alegando comparecencia voluntaria, misma que fue aceptada; por lo que, conforme al art. 89 del CPP, reconoció que fue un error atribuible a su persona no haber dejado sin efecto determinadas medidas una vez producida la comparecencia voluntaria; 2) La presente acción de defensa fue interpuesta por José Luis Pereira Mamani sin representación o mandato de Brayan Julio Saravia Herbas; por lo que, el Juez de garantías no debía dar curso a la presente acción; toda vez que, no existe constancia razonable de que el prenombrado conociera o hubiera otorgado voluntad expresa para la interposición de dicha acción tutelar, debiendo presentarse personalmente o conferir poder suficiente a su abogado para la tramitación de la acción; 3) Si bien en la parte de su memorial de interposición de la presente acción de libertad refirió que su persona dispuso oficiosamente la rebeldía del imputado, tal determinación se fundamentó en lo establecido por los arts. 87 y 89 del CPP, que autorizan al Juez o Tribunal declarar la rebeldía incluso de oficio ante la incomparecencia injustificada del imputado; siendo que la misma fue dispuesta ante la falta de comparecencia sin causa justificable; y, 4) En relación al sobreseimiento mencionado, manifestó que dicho acto constituyó un requerimiento conclusivo del Ministerio Público, que no guardó relación con la incomparecencia del imputado a una citación judicial dispuesta por su autoridad; por lo que, consideró que no correspondía vincular el sobreseimiento con el levantamiento automático de las medidas derivadas de la rebeldía.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 22/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., dispuso “a lugar” -siendo lo correcto conceder- la acción de libertad; y en consecuencia, ordenó que dentro de las veinticuatro horas de su notificación con la presente Resolución, la autoridad demandada pronuncie nueva Resolución dejando sin efecto las medidas impuestas por Auto Interlocutorio 785/2021; sin costas ni costos. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes expuestos se tiene que, la autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio de 11 de noviembre de 2021, declaró la rebeldía del accionante y otros, debido a su incomparecencia a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; más adelante, el 18 de octubre de 2022, el Ministerio Público emitió Resolución Fundamentada de Sobreseimiento a favor del impetrante de tutela y otros, por los delitos de uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia; mediante providencia de la misma fecha se dispuso que el Ministerio Público informara si dicha resolución había sido impugnada, ratificada o revocada, aspecto que hasta la fecha no fue comunicado al despacho judicial; ii) Posteriormente, el 23 de mayo de 2023, el solicitante de tutela presentó memorial de apersonamiento y comparecencia voluntaria ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, solicitando que se dejara sin efecto el mandamiento de aprehensión y las medidas impuestas en su contra, en consideración a la existencia del sobreseimiento emitido a su favor; asimismo, solicitó que se notificara al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y a la Dirección Departamental de Migraciones; lo que mereció proveído de 25 de igual mes y año, a través del cual el Juez demandado tuvo por apersonado al accionante y dispuso que se le hicieran conocer ulteriores actuaciones en su domicilio procesal señalado; en cuanto al otrosí primero, determinó: “Estése a los antecedentes del proceso”; contra dicha providencia, el accionante interpuso recurso de reposición, lo que mereció Auto Interlocutorio 484/2023 de 30 de mayo; mediante el cual, la autoridad demandada rechazó el recurso, señalando que el recurrente compareció voluntariamente después de aproximadamente un año y seis meses sin haber purgado su rebeldía ni justificado su incomparecencia por un grave y legítimo impedimento; por lo que, no correspondía dejar sin efecto las medidas dispuestas en el Auto Interlocutorio de 11 de noviembre de 2021; iii) La SCP 1378/2022-S4, establece que la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado ante la autoridad jurisdiccional; momento en el cual, debieron dejarse sin efecto las medidas dispuestas para garantizar su presencia; con lo cual, se concluye que el juez demandado vulneró el derecho al debido proceso y a la libertad del accionante al condicionar el levantamiento de las medidas a la previa purga de costas de la rebeldía, extremo que fue reconocido en audiencia por la propia autoridad como una omisión o error en su resolución; y, iv) Respecto a la observación formulada por la parte demandada sobre la supuesta falta de poder o representación para interponer la presente acción de libertad, se estableció que el art. 125 de la CPE, dispuso que toda persona que considere que su libertad está siendo indebidamente restringida, puede interponer acción de libertad por sí o por intermedio de otra persona, sin formalidades procesales, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal.
Mediante acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. El Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro mediante Auto Interlocutorio 785/2021 de 11 de noviembre, declaró rebelde a Brayan Julio Saravia Herbas -ahora accionante- y otros; en consecuencia, dispuso se libre mandamiento de aprehensión y arraigo en su contra, la notificación al abogado defensor de oficio a efectos de que asuma defensa de los declarados rebeldes; la notificación al REJAP a efectos de que asiente en el sistema la declaratoria de rebeldía consignada; y, la interrupción del término de la prescripción (fs. 64 y vta.). II.2. El Ministerio Público mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, presentó resolución fundamentada de sobreseimiento a favor del accionante y otros (fs. 48 a 57). II.3. Por memorial presentado el 23 de mayo de 2023, dirigido al referido juzgado, el peticionante de tutela, se apersonó y compareció de forma voluntaria, solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y las medidas impuestas en su contra, además de tomarse en cuenta la resolución de sobreseimiento emitida por el Ministerio Público a su favor, que mereció decreto de 25 de igual mes y año; a través del cual, el Juez de la causa dispuso “…téngase por apersonado a Brayan Julio Saravia Herbas, a quien se le hará conocer ulteriores actuados judicial en su domicilio procesal señalado. Al Otrosí 1. Estese a los antecedentes del proceso…” (sic [fs. 60 a 61]).
II.4. Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, el accionante interpuso recurso de reposición contra el proveído de 25 de mayo de 2023; que mereció el Auto Interlocutorio 484/2023 de 30 de mayo; a través del cual, el juez de control jurisdiccional rechazó dicho recurso (fs. 3 a 5 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, no obstante, su comparecencia dentro del proceso penal que se le sigue, el Juez demandado, se rehusó dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y las medidas dispuestas en mérito de su declaratoria de rebeldía; ante lo cual, interpuso recurso de reposición, mismo que fue rechazado bajo el fundamento de que no purgó su rebeldía ni justificó su incomparecencia debido a un grave o legítimo impedimento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio estableció lo siguiente:
El art. 23.I de la CPE, prescribe respecto del derecho a la libertad, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”.
En el ámbito del proceso penal y la posibilidad de aprehender a la o el imputado, que no concurre a una audiencia debidamente notificado, las normas contenidas en los arts. 89, 90 y 91 del CPP, regulan el procedimiento destinado al efecto: Así, es importante hacer mención específicamente al art. 91 del CPP, que determina:
Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.
Esta norma tiene dos contenidos normativos; el primero, hace referencia a la continuidad del proceso ante la comparecencia voluntaria del declarado rebelde o que el mismo una vez aprehendido, sea puesto a disposición del juez o tribunal correspondiente; y el segundo, relativo a la justificación de su inconcurrencia y al pago de costas de la rebeldía, caso en el cual, si se demuestra un grave y legítimo impedimento, la rebeldía debe ser revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. En esta última situación, el juez o tribunal, en el caso concreto, debe analizar el justificativo que presente el declarado rebelde sin exigir que previamente purgue su rebeldía. Al efecto, debe entenderse que el pago de las costas de la rebeldía, opera cuando ésta es indiscutible; es decir, cuando el imputado no compareció al llamado del juez o tribunal por su propia voluntad o no justificó una situación de fuerza mayor. En ese entendido, cuando el imputado declarado rebelde se presenta en forma posterior ante la autoridad judicial, solicitando la revocatoria de la declaratoria de rebeldía justificando su inasistencia, el juez o tribunal tiene la obligación de resolver esa petición de manera inmediata, sin exigir que previamente se paguen las costas de la rebeldía, pues ese pago solo es exigible cuando la inasistencia que ocasionó la declaratoria de rebeldía no se justificó de ninguna manera. En similar sentido, cabe señalar que la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, estableció que la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado ante la autoridad que emitió el llamamiento o que convocó a la persona declarada rebelde, sea voluntariamente o en mérito al cumplimiento de una orden de aprehensión, momento en el que dejarán sin efecto las medidas dispuestas para garantizar su presencia en el proceso. Entendimiento que se complementa con lo desarrollado en la SCP 1203/2012 de 6 de septiembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, señala que el pago de las costas de rebeldía:
1El FJ III.5, sostiene: “Conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, la declaratoria de rebeldía basada en el art. 87 inc. 1) del CPP y la expedición del mandamiento de aprehensión dispuesto por el art. 89 del mismo cuerpo legal, tienen como objetivo principal, lograr la comparecencia del imputado a fin de que la investigación o el proceso penal continúen en su tramitación. Estos preceptos legales de orden procesal, persiguen la materialización de los principios que rigen la administración de justicia y que se encuentran establecidos en el art. 178.I de la CPE, que prescribe que la potestad de administrar justicia se encuentra sustentada -entre otros- en el principio de celeridad, garantizando en todo momento que el imputado declarado rebelde, pueda ejercitar todos sus derechos, y en su caso, previa justificación de su incomparecencia, mantener incólume su estado de libertad, ya que de mediar justificación legítima, quedan sin efecto todas las disposiciones judiciales que pudieran haber alterado temporalmente el ejercicio de este derecho.
Asimismo, en los casos de comparecencia del declarado rebelde, el art. 91 del adjetivo penal, indica que: ‘Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza’.
Consecuentemente, la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado, ante la autoridad que emitió el llamamiento o que lo convocó y ante la cual está siendo procesado, sea voluntariamente o en mérito al cumplimiento de una orden de aprehensión, momento en el que se dejarán sin efecto las medidas dispuestas para garantizar su presencia en el proceso; claro está, la autoridad jurisdiccional es quien tiene que decidir esta situación, según las circunstancias, las pruebas y su sana crítica”.
…no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico. Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP 2029/2013 de 13 de noviembre, que a partir del principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene que cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no se señale expresamente su apersonamiento, será reconducido al art. 91 del CPP.
Identificado el problema jurídico, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el art. 91 del CPP, tiene dos contenidos, uno que trata sobre la continuidad del proceso, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas como efecto de la declaratoria de rebeldía; lo que, se da ante la comparecencia del declarado rebelde o cuando el mismo es aprehendido; y, el otro que tiene que ver con la justificación de su inconcurrencia y al pago de costas de la rebeldía, justificación que debe ser analizada y resuelta obligatoriamente de manera inmediata por el Juez de la causa sin exigir que previamente purgue su rebeldía, siendo que aún no se determinó si su inconcurrencia se debió a un grave o legítimo impedimento, situación en la que no se ejecutará la fianza; por lo que, el rebelde puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se hubiese cubierto las costas de rebeldía, oportunidad en la que el Juez otorgará un plazo prudente para que cumpla con dicha obligación pecuniaria, al encontrarse su libertad en peligro, procedimiento similar que se aplica cuando el rebelde se presenta en juicio.
En ese contexto, de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 785/2021 de 11 de noviembre, lo declaró rebelde debido a su incomparecencia a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; en mérito a ello, el 23 de mayo de 2023, se apersonó al proceso y compareció de forma voluntaria, solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión así como las medidas dispuestas en su contra, lo que mereció decreto de 25 de igual mes y año; a través del cual, la parte demandada tuvo por apersonado al solicitante de tutela y dispuso le hagan conocer ulteriores actuaciones en su domicilio procesal señalado, y, estableció: “estese a los antecedentes del proceso”. Contra el referido decreto, el solicitante de tutela interpuso recurso de reposición solicitando la revocatoria del mismo, y que se deje sin efecto las medidas impuestas en su contra por la declaratoria de rebeldía, impugnación que fue resuelta por Auto Interlocutorio 484/2023; a través del cual, el Juez de la causa rechazó el recurso opuesto, bajo el fundamento de que el imputado se apersonó y compareció voluntariamente después de aproximadamente un año y seis meses, sin haber purgado su rebeldía ni haber justificado su incomparecencia debido a un grave o legítimo impedimento; por lo que, no correspondía dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión dispuesto en su contra mediante el Auto Interlocutorio 785/2021. De dichos antecedentes se puede corroborar que, pese a la comparecencia voluntaria del imputado a través del memorial de 23 de mayo de 2023, y el recurso de reposición interpuesto, la parte demandada más allá de enmendar la vulneración de derechos efectuada a través de la emisión del proveído de 25 del citado mes y año, rechazó dicho recurso, mantuvo el riesgo de afectación a su derecho a la libertad personal; debido a que, si bien lo tuvo por apersonado y dispuso que se le hicieran conocer ulteriores actuaciones en su domicilio procesal señalado; empero, la solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y las medidas impuestas en su contra, la autoridad demandada dispuso “estese a los antecedentes del proceso”, cuando compelía considerar el memorial de apersonamiento y comparecencia voluntaria al proceso, extremo que el mismo, no observó, incumpliendo la normativa procesal penal y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ello en el entendido de que, si bien la autoridad jurisdiccional emitió providencia respecto al memorial de apersonamiento y comparecencia voluntaria del accionante, no dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión ni las demás medidas dispuestas; lo cual, genera incertidumbre respecto a su derecho a la libertad. Tal situación resulta relevante; toda vez que, la finalidad de la declaratoria de rebeldía habría sido superada con la comparecencia voluntaria del accionante, por lo que no podía condicionar el dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y demás medidas impuestas de la rebeldía a la purga o justificación a un grave o legítimo impedimento; por cuanto, el derecho a la libertad no puede estar condicionado al cumplimiento de obligaciones económicas de la declaratoria de rebeldía, debiendo la autoridad judicial otorgar un plazo prudente para el efecto. En consecuencia, ante la evidente vulneración al derecho a la libertad del accionante, al subsistir la posibilidad de ejecución del mandamiento de aprehensión -al no haberse dejado sin efecto el mismo-, manteniéndole en una situación de indefinición respecto a su situación jurídica, pese a su apersonamiento y comparecencia voluntaria, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, frente a los argumentos expuestos por la autoridad demandada, respecto a la presentación de la acción de defensa a través de representante sin mandato, sin existir constancia de que el impetrante de tutela hubiera otorgado voluntad expresa para la interposición de la misma; es preciso recordar que, de acuerdo al art. 126 de la CPE, la acción de libertad puede ser presentada por la persona afectada o por cualquiera a su nombre, sin necesidad de poder notariado ni formalidades procesales, esto debido al carácter informal que rige a dicha acción; además, en antecedentes de la presente acción tutelar, no se tiene una manifestación negativa del accionante sobre la representación asumida, la cual de haberse dado o expresado por cualquier medio, sí incidiría sobre la representación referida; al contrario, cabe destacar que el ahora representante sin mandato suscribe los memoriales presentados por el accionante en el proceso penal; razón por la cual, no amerita mayor consideración. En consecuencia, el Juez de garantías al declarar “a lugar” la acción de libertad -lo correcto es conceder-, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías; y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
2 El FJ III.2, sostiene: “Así, en atención al derecho a la libertad personal y a efectos de no interrumpir la tramitación de la causa corresponde cuando el declarado rebelde en juicio y presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso aunque en el mismo no se señale expresamente su apersonamiento será reconducida al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), si así se desprende de su contenido. Otro entendimiento no sólo implicaría revestir de rigorismos a la tramitación de solicitudes de las cuales dependa la libertad personal sino una importante afectación al principio de celeridad procesal, que: ‘Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia’ (art. 30.3 de la LOJ)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0151_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8d96972bf54ee6ad023f887af334b29a829439519ab4b3af67b9da9ed59b47d5
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