B.IA.LEGAL

SCP 0151/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
48517-2022-98-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento a la motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculado a la libertad; por cuanto, a raíz del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; solicitó la cesación de la detención preventiva, misma que fue rechazada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, disponiendo la vigencia de los riesgos procesales; Resolución que consideró gravosa a su situación jurídica por lo que interpuso recurso de apelación incidental, que fue declarado improcedente por Auto de Vista de 13 de mayo de 2022, en el que el Vocal demandado, aplicó argumentos excesivos y una motivación arbitraria al haber realizado una valoración irrazonable de la prueba, omitiendo de forma ilegal la valoración del contenido de la misma, sin realizar una adecuada motivación dentro del marco de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, extremos que no permitieron desvirtuar, y cambiar su situación procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 43/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 59 a 63 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la errónea valoración de la prueba realizada por la autoridad demandada; 2° Dimensionar los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a las circunstancias procesales actuales en las que se encuentre sometido el impetrante de tutela, lo que de ninguna manera significa la nulidad de actuados; y, 3° Exhortar a Julio Alberto Miranda Martínez, exVocal; y, a los actuales Vocales que conforman la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, para que, en casos como el presente, en lo sucesivo obren de acuerdo con los argumentos y fundamentos expuestos dentro del presente fallo constitucional, respecto a una adecuada motivación, fundamentación y valoración de la prueba.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso.
  2. III.2 La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Respecto a la valoración integral de los elementos para resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva
  4. III.4. La acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0151/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 48517-2022-98-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 43/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 59 a 63 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Moisés Quispe Mamani contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de junio de 2022, cursante de fs. 8 a 11 vta., el accionante expresa lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; el 16 de enero de 2022, el Fiscal de Materia presentó imputación formal, en consecuencia, el “Juez de Instrucción Penal Quinto”, mediante Auto Interlocutorio de 17 de enero de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí. Ante su situación jurídica, y, conforme al estado de su proceso, solicitó la cesación de la detención preventiva, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí; el cual mediante Auto Interlocutorio de 22 de abril de 2022, consideró la vigencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234. 1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP);

fundamentando respecto al domicilio, refirió que, si bien se presentó documento concerniente al domicilio real, se estableció que se encontraba en una calle innominada y sin número, además estaba ubicado en la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba; es decir, en otro departamento de difícil acceso desde Uyuni; con relación a su ocupación, consideró que este aspecto no estaba probado, claro debido a que se presentó un contrato de trabajo de 15 de marzo de 2022, el cual consignaba que trabajaba en una empresa de limpieza de cámaras sépticas, sin precisar el lugar donde desempeñaría su actividad, y la fecha de vigencia de la empresa habría caducado el 23 de septiembre de 2021, aspectos por los que no se desvirtuó el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP; finalmente, con relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal, no se acreditó documentalmente su inconcurrencia. Frente a esta Resolución, planteó recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista de 13 de mayo de 2022, emitido por el Vocal demandado, que declaró improcedente el mencionado recurso de apelación, con base en la siguiente argumentación: Con relación al domicilio, conforme a la verificación domiciliaria policial presentada, existía un domicilio a favor del accionante; sin embargo, de las cédulas de identidad del padre y madre del prenombrado, la dirección domiciliaria no guardaba relación con la mencionada en el certificado policial; por la certificación de la junta vecinal San Rafael Orinoco Máquina “D” jurisdicción Quillacollo, se estableció que “Patricio Quispe” sería propietario del inmueble, al respecto también se presentó declaración jurada y facturas de agua y luz; sin embargo, observó que estos documentos, a más de establecer el derecho propietario sobre un bien inmueble, no indicaron la ubicación precisa del mismo, siendo indeterminada y en otro distrito; aspecto que, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el proceso, dificultaría la presencia física del imputado cuando se lo requiera; por lo que, consideró que no se acreditó que el impetrante de tutela tenga un domicilio debidamente fijado. Respecto al trabajo, del contrato laboral adjuntado, advirtió que el mismo estaba suscrito a futuro, sin precisar donde se desarrollaría sus actividades; asimismo, el Número de Identificación Tributaria (NIT) presentado, no dio fe que la empresa unipersonal, empleadora, tenía pleno funcionamiento o vigencia. En relación al art. 234.7 del CPP, el documento de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); presentado, no guardó relación directa con los elementos y argumentos que fundaron dicho riesgo procesal, por lo que no se desvirtuó dicho agravio. Denunció que el referido Auto de Vista de 13 de mayo 2022, resultó arbitrario debido a que se practicó una valoración irracional de la prueba, se omitió valorar el contenido del NIT, resultando los argumentos del Vocal demandado excesivos al exigir mayores documentos para acreditar el trabajo, por lo que no debieron mantenerse los riesgos procesales de domicilio y trabajo; puesto que, el art. 234.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- concerniente a la valoración de las circunstancias del referido artículo en su inc. 1) no exige como condición acreditar el derecho propietario del domicilio, menos aún para el trabajo. Por ello considera que, con esas determinaciones, su persona fue privado de poder recobrar su libertad con el acceso a medidas menos gravosas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión a su derecho al debido proceso, en su elemento a la motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculado a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) El restablecimiento inmediato del derecho al debido proceso vinculado a la libertad; y b) La nulidad del Auto de Vista de 13 de mayo de 2022 emitido por el Vocal demandado, quien deberá pronunciar uno nuevo, en observancia del entendimiento jurídico que se determine en la acción tutelar, de manera que la detención preventiva no se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada y no así una medida excepcional de última ratio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 2 de agosto de 2024, según consta en acta cursante de fs. 57 a 58 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia para la consideración de la acción de libertad, por lo que por secretaría se dio lectura al memorial de acción de Libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a la notificación realizada a la prenombrada Sala, cursante de fs. 49 y 50.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 43/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 59 a 63 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la legitimidad pasiva, aclaró que la autoridad demandada, ya no ejercía como Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; por lo que, conforme a procedimiento se notificó a los actuales Vocales de la mencionada Sala; 2) La audiencia para conocimiento de la acción de libertad, fue señalada en cumplimiento de la SCP 274/2024-S3 de 3 de junio, que dispuso anular obrados hasta el Auto de señalamiento de audiencia, por falta de competencia, disponiendo que la presente acción tutelar, sea remitida a la instancia competente para su trámite y Resolución; eventualidad ante la que se ingresó al fondo de lo solicitado; 3) Del análisis de la motivación que realizó la autoridad demandada, se estableció que ésta se encuentra debidamente fundamentada en el art. 239.1 del CPP, puesto que explicó las razones porque las pruebas presentadas por el accionante serían insuficientes; y, 4) El accionante no señaló como la valoración de las pruebas resultó arbitraria o irracional, siendo carga suya proporcionar mayores elementos para tutelar los derechos que considera vulnerados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico, asociación delictuosa y confabulación, el 22 de abril de 2022, se desarrolló la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el prenombrado, pretendiendo desvirtuar los riesgos procesales contenidos en los arts. 234. 1, 2 y 7 del CPP; en la que se pronunció el Auto Interlocutorio de la misma fecha, emitido por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, quien dispuso la vigencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234. 1, 2 y 7 respecto al impetrante de tutela; contra dicha determinación, en el mismo acto, el prenombrado, interpuso recurso de apelación (fs. 2 a 4 vta). II.2. Cursa Auto de Vista de 13 de mayo de 2022, emitido por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandado- que declaró improcedente el recurso de apelación incidental (fs. 5 a 7). II.3. El 2 de agosto de 2024, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Uyuni del departamento de Potosí, a solicitud verbal de secretaría del Tribunal Constitucional Plurinacional, informa y certifica que el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas con Número de Registro Judicial (NUREJ) 5Y095335, se encuentra con Sentencia, la cual fue objeto de apelación restringida por el Ministerio Público (fs. 53).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento a la motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculado a la libertad; por cuanto, a raíz del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; solicitó la cesación de la detención preventiva, misma que fue rechazada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, disponiendo la vigencia de los riesgos procesales; Resolución que consideró gravosa a su situación jurídica por lo que interpuso recurso de apelación incidental, que fue declarado improcedente por Auto de Vista de 13 de mayo de 2022, en el que el Vocal demandado, aplicó argumentos excesivos y una motivación arbitraria al haber realizado una valoración irrazonable de la prueba, omitiendo de forma ilegal la valoración del contenido de la misma, sin realizar una adecuada motivación dentro del marco de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, extremos que no permitieron desvirtuar, y cambiar su situación procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso.

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho.

Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, 2 El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6 El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. La sistematización jurisprudencial señalada precedentemente fue desarrollada en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, acogiendo la sistematización realizada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas 13 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (negrillas añadidas). En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. El entendimiento precedente fue desarrollado en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio.

III.2 La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

15 El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 16 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 17 El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 18 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Este entendimiento fue desarrollado en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

III.3. Respecto a la valoración integral de los elementos para resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva

Al respecto la SCP 0504/2020-S1 de 15 de septiembre, mencionando a la SCP 0011/2018 –S2 de 28 de febrero, estableció lo siguiente:

[S]obre el tema, la jurisprudencia constitucional señaló que el juez o tribunal que resuelva una solicitud de cesación amparada en el art. 239.1 del CPP está obligado a realizar un análisis ponderado, debiendo: “i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar.” (SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero).

Entendimiento que no solo será aplicable al juez o tribunal aquo, sino también al ad quem; siendo además que su análisis debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante; y, 2) Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia.

III.4. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que:

[L]a acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”.

III.5. Análisis del caso concreto

En base a los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que a momento de haberse resuelto la acción de libertad por Resolución 43/2024, la situación jurídica del accionante cambió por el transcurso del tiempo, toda vez que el proceso penal alcanzó Sentencia, que fue objeto de apelación restringida por parte del Ministerio Público, conforme consta en la certificación de 2 de agosto de 2024, emitida por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal , Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Uyuni del departamento de Potosí (Conclusión II.3); sin embargo, no obstante el cambio de la situación procesal del accionante, a partir de una interpretación previsora, corresponde analizar si la Resolución impugnada fue vulneradora de derechos, debiendo ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional con la previsión que los actos vulneratorios no sean repetidos a futuro, en resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, conforme a lo previsto por la misma jurisprudencia citada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en su Fundamento Jurídico III.4 que trata sobre la acción de libertad innovativa. En ese orden, corresponde ingresar al análisis del fondo de problema jurídico, conforme a los datos y pruebas que informa la acción de libertad. El accionante, denuncia como vulnerados su derecho al debido proceso en su elemento a la motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculado a su derecho a la libertad, haciendo alusión a que el Auto de Vista de 13 de mayo de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación que presentó, manteniendo vigente la detención preventiva impuesta en su contra, habiendo realizado la autoridad, demandada, una motivación arbitraria que deviene de una valoración irracional de la prueba, y omisiva en cuanto a la valoración de otras pruebas que presentó.

De acuerdo a los antecedentes constantes en la acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico, asociación delictuosa y confabulación, se dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela, por lo que posteriormente este solicitó la cesación de la detención preventiva, la cual fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, en audiencia de 22 de abril de 2022, que resolvió rechazar la solicitud impetrada. Ante esta determinación, el accionante, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Auto de Vista de 13 de mayo del mismo año, en el que se declaró improcedente el recurso mencionado. Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista de 13 de mayo de 2022, se tiene que el prenombrado solicitó cesación de la detención preventiva, pretendiendo desvirtuar los riesgos procesales contenidos en el art. 234. 1, 2 y 7 del CPP, amparando su solicitud en el art. 239.1 del mismo cuerpo legal, presentando nuevos elementos que a criterio suyo demostraban que los motivos que fundaron su detención preventiva, tornaban conveniente la cesación de la misma. En relación al riesgo procesal, previsto en el art. 234. 1 y 2, es decir, que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país; y las facilidades para abandonar el país o mantenerse oculto, se advierte que el Vocal demandado, en primera instancia hace una valoración individual de la prueba, refiriendo que: el certificado domiciliario, con un croquis al reverso, además de un formulario también de verificación domiciliaria demostrarían que existe un domicilio a favor del accionante; que las cédulas de identidad de la madre y el padre del impetrante de tutela tenían una dirección distinta a la del certificado policial, al igual que los certificados de los familiares; que en el muestrario fotográfico se observó una fachada, una calle en otro ángulo a la fachada con personas paradas en la puerta ; que existe una certificación de la Junta Vecinal San Rafael Orinoco Máquina “D” jurisdicción Quillacollo, que establece que “Patricio Quispe” es “propietario” y cumple con todas las obligaciones y actividades; que existe una declaración jurada donde se establece que el peticionante de tutela vive con sus padres desde el 27 de enero de 2022, que los padres son legítimos propietarios del bien inmueble; y, que presentó facturas de agua y luz que a más del monto a pagar no establecen nada más. Concluye, la inferencia probatoria señalando que, de la documental presentada advirtió que existe un domicilio de propiedad de “Patricio Bautista” -siendo lo correcto Patricio Quispe-, pero que la documental presentada no acredita que el imputado viva en el domicilio, advirtiendo incluso en las fotografías que no existen elementos que acrediten que el imputado habitaba el domicilio; igualmente señala que la determinación del lugar no es precisa,-basándose en la apreciación del Tribunal de primera instancia que señaló que la calle era innominada y sin número-, además de encontrarse en otro distrito, por lo que al estar en etapa de juicio debe hacerse presente cuando se lo requiera, por lo que consideró no existir un domicilio debidamente acreditado. Respecto al trabajo, señala que, se evidencia la suscripción de un contrato de trabajo que cuenta con el reconocimiento de firmas y rúbricas, por lo que cumple las formalidades legales, empero, que no se especifica el lugar, ni las actividades que el impetrante de tutela realizaría; asimismo, el NIT no dio fe que la empresa unipersonal -que se constituía en su empleadora- se encontraba en pleno funcionamiento y vigencia. Respecto al art. 234.7 del CPP, que determina sobre el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, la autoridad demandada señaló que, el REJAP presentado, no tenía relación directa con los elementos que hubieran sido motivo fundante para los riesgos procesales, fundamentos diferentes a no registrar antecedentes penales. En ese sentido, tomando en cuenta lo sostenido en la jurisprudencia contendida en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados, debiendo efectuar un análisis ponderado, a tal efecto:

“i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar.” (SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero).

Entendimiento que no solo será aplicable al juez o tribunal aquo, sino también al ad quem; siendo además que su análisis debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante; y, 2) Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia. Considerando los aspectos señalados, se advierte que el Tribunal de alzada, no realizó una adecuada fundamentación y motivación de la resolución, pues no contiene una explicación razonable de los motivos que le llevaron a decidir sobre el mantenimiento de la medida cautelar de detención preventiva, ya que si bien circunscribió su análisis respecto a cuales fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante, no obstante, no tomó en cuenta que al momento de conocer las solicitudes relativas a la detención preventiva debe realizarse un análisis ponderado de los presupuestos señalados en el párrafo precedente; en tal sentido, el Auto de Vista, ahora impugnado, debió considerar cual fue el motivo o razón que estableció la detención preventiva, cuál fue la conducta o comportamiento en la que hubiese incurrido el imputado y/o cuáles fueron los hechos o motivos que fundaron la existencia para la concurrencia de los riesgos procesales que pretendía desvirtuar; el o los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurría el motivo de su detención preventiva, valorando objetiva e integralmente los elementos probatorios. En ese marco, en relación al art. 234. 1 y 2 del CPP; respecto al domicilio, no realizó un análisis ponderado de los motivos en los cuales se fundó este riesgo procesal; asimismo, no esgrimió una motivación razonada de cuál hubiera sido el hecho o motivo determinante que le llevó a inferir que el imputado no tenía domicilio conocido, advirtiéndose que el Vocal demandado no realizó una valoración integral de la prueba, pues a partir de la valoración individual de la misma arriba a conclusiones que no cumplen con la carga argumentativa de la valoración conjunta y armónica de la prueba, que permita al justiciable conocer las inferencias probatorias que le llevaron por una parte a concluir que si existía un domicilio a su favor, y por otra que la documental presentada no acreditaba que vivía en el domicilio, realizando además una valoración irracional al señalar que la calle era innominada o indefinida, pues conforme se conoce por la lógica y la experiencia en nuestro medio, muchas de las calles no tienen numeración y/o denominación lo que no constituye que una persona no tenga lugar de residencia o domicilio, constituyéndose este un requisito demasiado formal o fuera del contexto real, pues el pedir que exista una calle con numeración y determinación se constituye en una exigencia exagerada. Tampoco motiva por qué se ha generado la convicción de que la ubicación en distinto distrito al que se desarrolla el proceso, constituiría un peligro de fuga, limitándose a realizar una consideración en abstracto, respecto a que por el estado del proceso (etapa de juicio), se requeriría la presencia del imputado, sin explicar porque se generaba la duda que no se haría presente desde su domicilio señalado, o si hubieran existido hechos o antecedentes que generen duda razonable de su colaboración en el desarrollo del proceso, máxime si la norma especial de la materia no exige como requisito que el domicilio, trabajo o negocio deba necesariamente estar ubicado en el mismo lugar en el que se lleva adelante el proceso penal, en todo caso si el Juez de Instancia llegó al convencimiento que los riesgos procesales se mantenían debió motivar su razonamiento señalando claramente que hecho o conducta del accionante le generaba duda razonable para mantener la detención preventiva o señalar porque ese domicilio era insuficiente, en base a hechos que hacían mantener latente el peligro de fuga en cuanto a este riesgo procesal. Con relación al trabajo, se tiene que si bien se realizó una valoración razonable respecto de los motivos que impedían razonar que el imputado, -accionante-, realmente tenía un trabajo, dado que el contrato laboral mencionaba actividades a futuro, sin precisar cuáles serían las mismas y el lugar en el que se desarrollarían, tampoco se realizó un razonamiento de los requisitos esenciales que debe tener un contrato de trabajo, y en relación a ello porqué el documento presentado carecía de credibilidad razonada; de ahí que la técnica valoración de los documentos en general, incluidos los documentos públicos, es la interpretación del sentido de los textos escritos, con ayuda de la semiótica textual, útil para desentrañar su significado a partir de los elementos controlables por la autoridad judicial, la contextualización del escrito y su modalidad. Finalmente con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, tampoco existe una delimitación de los motivos, razones y fundamentos por los que se hubiera dictado la detención preventiva, y porque el documento del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) no desvirtuó este riego, si bien señala escuetamente que dicha prueba no tiene relación con los elementos que hubieran sido motivo y argumento fundamento de los riegos procesales, no realizó un análisis ponderado de esta situación por lo que no existe la adecuada fundamentación y motivación. De lo expuesto se infiere que el Vocal que conoció el recurso apelación, -demandado- si bien debe realizar la valoración de la prueba en base a la a la aplicación de las reglas de la sana crítica conforme dispone el art. 173 del CPP, sin estar constreñido por reglas rígidas que le dicen que valor le debe dar a cada prueba, esto no significa que deba decidir únicamente en base a dictámenes de su fuero interno, sino que las resoluciones deben tener una explicación razonable de los motivos que le llevaron a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. Los aspectos señalados, en el párrafo precedente, conforme a los antecedentes y fundamentos descritos, dan cuenta que, el Vocal demandado no efectuó una debida fundamentación y motivación de la Resolución confutada, en cuanto al análisis ponderado de la situación jurídica del imputado, la valoración de la prueba y el análisis del principio de proporcionalidad, inherente a los casos de aplicación de medidas cautelares o la modificación de las mismas. En base a todo lo expuesto en este fallo constitucional, finalmente, corresponde referir que se detectaron las vulneraciones a derechos, conforme a la amplia fundamentación esgrimida, y si bien ha cambiado la situación procesal del accionante, corresponde conceder la tutela conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, dimensionado los efectos del fallo, con el objeto de que tales conductas no se reiteren a futuro. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 43/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 59 a 63 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la errónea valoración de la prueba realizada por la autoridad demandada; 2° Dimensionar los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a las circunstancias procesales actuales en las que se encuentre sometido el impetrante de tutela, lo que de ninguna manera significa la nulidad de actuados; y, 3° Exhortar a Julio Alberto Miranda Martínez, exVocal; y, a los actuales Vocales que conforman la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, para que, en casos como el presente, en lo sucesivo obren de acuerdo con los argumentos y fundamentos expuestos dentro del presente fallo constitucional, respecto a una adecuada motivación, fundamentación y valoración de la prueba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.

12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

14 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0151_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 349cceae8332ee09fabb40b5bd5375f46892fa3675dbbfd5cf24a66dfd7af970

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →