Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado con su derecho a la libertad y, el principio de celeridad; toda vez que, los ahora demandados, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no elaboraron el acta ni la resolución extrañados; por consiguiente, tampoco remitieron al Tribunal de alzada la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 563/2022 de 6 de junio, que rechazó la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, habiendo trascurrido más de tres meses; asimismo, no le extendieron la boleta para realizar el empoce de la fianza económica impuesta a través de un anterior fallo -Auto Interlocutorio 171/2022-que le concedió la cesación a la detención preventiva; lo que repercute en la obtención de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0151/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50432-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodrigo Pastor Zambrana Condori, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Néstor Velarde Ojeda contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 10 a 13, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 249/2021 de 30 de octubre, se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses, señalándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 31 de enero de 2022, a horas 11:00 que fue incumplida.
Ante lo cual, por memorial de 11 de febrero de 2022, solicitó por “2da vez” se programe audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue fijada para el 23 de igual mes y año, en la que se dictó el Auto Interlocutorio 171/2022 de igual data, imponiéndole medidas sustitutivas, consistentes en detención domiciliaria con vigilancia de veinticuatro horas, arraigo, fianza económica de Bs10 000.-(diez mil bolivianos) y terapias psicológicas en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI); resultando éstas excesivas y de imposible cumplimiento. Posteriormente, el 26 de mayo de 2022 solicitó la modificación de las medidas cautelares, adjuntando informe de la trabajadora social, facturas de luz y agua, certificado de antecedentes penales, croquis del domicilio y fotocopias de participación a las terapias; en consecuencia se señaló la audiencia indicada para el 6 de junio de igual año, a horas 9:30, pronunciándose el Auto Interlocutorio 563/2022 de igual data, que rechaza la modificación incoada; por lo que, al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) planteó recurso de apelación incidental, sin que se haya efectuado la transcripción de la mencionada Resolución, ni la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación, habiendo transcurrido hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, tres meses y dos días, denotando el incumplimiento de deberes de los ahora demandados. Añade que, mediante su abogado se constituyó en el Juzgado de la causa a objeto de dar cumplimiento al pago de la fianza económica ordenada por el -anterior- Auto Interlocutorio 171/2022, que determinó la cesación a su detención preventiva y le indicaron que ya existe un informe de revocatoria de medidas cautelares y es imposible dar cumplimiento, sin exhibir el informe indicado bajo excusa que “…esta para imprimir y firma del juez…” (sic), esto a pesar que ya cumplió con el mandamiento de arraigo emitido por la autoridad judicial. Respecto a la remisión de su apelación, le indicaron que su expediente está a cargo de una pasante que solamente asiste por las mañanas y tuvo que buscar muchas semanas para que el cuaderno pueda “aparecer” y además que no tienen materiales, requiriendo para la transcripción y remisión, proporcione disco compacto (CD), hojas y otros; sin considerar el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 2496 de 19 de diciembre de 2013-. Finalmente, conforme demuestra el certificado de permanencia y conducta de 24 de mayo de 2022, se encuentra detenido preventivamente diez meses y ocho días, cumpliendo una pena anticipada por dilaciones indebidas; por lo que, solicita celeridad en las actuaciones procesales.
Alega como lesionado sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado con su derecho a la libertad, y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 178, 180 de la CPE; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se establezca la dilación injustificada en resolver su petición de pronunciamiento sobre dar cumplimiento al Auto Interlocutorio 171/2022; remitir la apelación de modificación de medidas cautelares y transcribir el Auto Interlocutorio 563/2022 de 6 de junio.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de septiembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido de su demanda tutelar y añadió que la detención preventiva fue dispuesta por el lapso de tres meses, sin que hasta la fecha se hubiera “realizado la citación jurídica” lamentablemente, dilatando el proceso, negándole el acceso al expediente y pidiéndole material para que se transcriba lo solicitado; por lo que, solicita ordene remitir la apelación de modificación de medidas cautelares y transcribir el Auto Interlocutorio 563/2022. Ante las preguntas del Juez de garantías, indicó que la Secretaria ahora demandada no le permite empozar el monto de la fianza económica por haber pasado los tres días que les habían otorgado.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no remitieron informe escrito alguno ni se conectaron a la audiencia tutelar, pese a su legal citación cursante de fs. 15 a 16.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 03/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas se remita la apelación formulada, si es que hasta la emisión de la presente decisión la misma no fue cumplida ante el superior en grado. Asimismo, dispone la remisión de antecedentes ante la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz contra Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -funcionaria judicial ahora demandada-, para que dicha instancia determine lo que en derecho corresponda. Determinación asumida conforme a los siguientes fundamentos: a) En el presente caso, es aplicable la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, que establece el deber del demandado de prestar informe o concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos; por lo que, considerando que la audiencia se efectuó el 6 de junio de 2022 y al haber sido impugnada en el acto, hasta el presente concurrieron más de noventa días sin ser remitida en grado de apelación, tampoco permiten que la parte impetrante de tutela pueda cumplir una resolución anterior -Auto Interlocutorio 171/2022- para empozar la fianza económica; vulnerando así el debido proceso vinculado a su libertad y el principio de celeridad de toda actuación procesal; y, b) El actuar del juez contralor de garantías constitucionales es precisamente el no limitarse a emitir la decisión y hacer seguimiento hasta la conclusión de la decisión, más allá que el personal de apoyo jurisdiccional, en este caso la Secretaria, haya concluido o no con la transcripción del acta y resolución, no remitió la apelación en el plazo establecido en el art. 251 del CPP, habiendo transcurrido semanas o meses, vulnerando flagrantemente los derechos mencionados; además, los funcionarios de apoyo no pueden pedir CDs o material para la remisión, debiendo haber enviado el expediente original, lo que en el caso no ocurrió; por lo que, corresponde conceder la tutela tomando en cuenta que las causas con privados de libertad deben merecer la celeridad que amerita una causa de esta naturaleza.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor Velarde Ojeda -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; se tiene que, por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, el prenombrado solicitó “POR 2DA VEZ” cesación a la detención preventiva; haciéndose efectiva la misma el 23 de igual mes y año, cursando el Auto Interlocutorio 171/2022 de igual data, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercero, que dispuso cesar la detención preventiva del imputado ahora accionante, imponiéndole las siguientes medidas cautelares personales: detención domiciliaria las veinticuatro horas bajo vigilancia, arraigo, fianza económica de Bs10 000.- y terapias psicológicas en el CEPROSI (fs. 2 a 3; y, 5 a 6 vta.). II.2. Consta decreto de 27 de mayo de 2022, pronunciado por René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, ahora demandado, por el que providenció un memorial de solicitud de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas, programando la misma para el 6 de junio de igual año, a horas 9:30 (fs. 9). II.3. Se tiene Certificado de Permanencia y Conducta 04176/2022 de 24 de mayo, suscrito por el Director y encargada de archivo y kardex, ambos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el que certifica que el impetrante de tutela ingresó a dicho Centro el 4 de noviembre de 2021 con mandamiento de detención preventiva expedida por el Juez ahora demandado, indicando además que su permanencia es de seis meses y veinte días (fs. 8).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado con su derecho a la libertad y, el principio de celeridad; toda vez que, los ahora demandados, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no elaboraron el acta ni la resolución extrañados; por consiguiente, tampoco remitieron al Tribunal de alzada la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 563/2022 de 6 de junio, que rechazó la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, habiendo trascurrido más de tres meses; asimismo, no le extendieron la boleta para realizar el empoce de la fianza económica impuesta a través de un anterior fallo -Auto Interlocutorio 171/2022-que le concedió la cesación a la detención preventiva; lo que repercute en la obtención de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, reiterada por la SCP 0406/2018-S2 de 3 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos:
i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
La obligación de presentar informe y la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos afirmados por el accionante en el caso de no 4El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
presentarse el informe, también es extensiva a las personas particulares demandadas. En consecuencia, la parte demandada, ya sea que se trate de un servidor público o una persona particular, tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculado con su derecho a la libertad y, el principio de celeridad; toda vez que, los ahora demandados, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no elaboraron el acta ni la resolución extrañados; por consiguiente, tampoco remitieron al Tribunal de alzada la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 563/2022 de 6 de junio, que rechazó la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, habiendo trascurrido más de tres meses; asimismo, no le extendieron la boleta para realizar el empoce de la fianza económica impuesta a través de un anterior fallo -Auto Interlocutorio 171/2022- que le concedió la cesación a la detención preventiva; lo que repercute en la obtención de su libertad. De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra contra Néstor Velarde Ojeda -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, el prenombrado solicitó “POR 2DA VEZ” cesación a su detención preventiva; audiencia que fue efectuada el 23 de igual mes y año, cursando el Auto Interlocutorio 171/2022 de igual data, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercero, por el que dispuso cesar la detención preventiva del impetrante de tutela, imponiéndole las siguientes medidas cautelares personales: detención domiciliaria las veinticuatro horas bajo vigilancia, arraigo, fianza económica en la suma de Bs10 000.- y terapias psicológicas en el CEPROSI (Conclusión II.1), que resultaron excesivas y de imposible cumplimiento por el sindicado, sin que éste haya planteado impugnación alguna.
Posteriormente, el accionante presentó un memorial de solicitud de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas, que fue providenciando mediante decreto de 27 de mayo de 2022, por el cual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, ahora demandado, programó la misma para el 6 de junio de igual año, a horas 9:30 (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme denuncia el accionante en la demanda tutelar, la audiencia se llevó a cabo en la fecha señalada, pronunciándose el Auto Interlocutorio 563/2022 de 6 de junio, que rechazó la modificación de medidas sustitutivas incoada, razón por la que, en el mismo acto procesal, al amparo del art. 251 del CPP, planteó recurso de apelación incidental contra dicha determinación, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de defensa se haya efectuado la transcripción del acta y resolución indicada, tampoco se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido tres meses y dos días. Asimismo, refirió que pretendió cumplir el pago de la fianza económica ordenada por el Auto Interlocutorio 171/2022, que determinó la cesación a su detención preventiva; empero, le indicaron que existiría un informe de revocatoria de medidas cautelares, sin exhibirlo, bajo excusa que “…esta para imprimir y firma del juez…” (sic), esto a pesar de que ya cumplió con el mandamiento de arraigo emitido por la autoridad judicial.
En ese marco, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando la parte demandada no presenta el informe exigido y tampoco asiste a la audiencia de consideración de una acción de defensa presentada en su contra, se presume la veracidad de los hechos denunciados, tal como sucede en el caso en análisis; en el cual, los demandados, no presentaron informe escrito ni se conectaron a la audiencia tutelar programada, pese a su legal citación, consintiendo tácitamente lo afirmado por el impetrante de tutela; por lo cual se asume que efectivamente no fueron elaborados el acta y la resolución extrañados; por consiguiente, tampoco se remitió el legajo de apelación a la respectiva Sala Penal para su consideración. Al respecto, es necesario referir que, el art. 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, señala que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.”; es decir que, una vez planteado el recurso de apelación, la autoridad que haya resuelto imponer, modificar o rechazar las medidas cautelares de carácter personal, deberá remitir la apelación en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Departamental de Justicia. De modo que resulta evidente la demora en la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación, la cual superó los tres meses contabilizando hasta la fecha de interposición de la acción, incumpliendo la subregla establecida por la jurisprudencia constitucional, la cual indica que, toda autoridad que tenga conocimiento de un caso en el que se vea involucrado el derecho a la libertad física, tiene la obligación ineludible de tramitarla con la mayor celeridad posible, con la finalidad de evitar una lesión al referido derecho. Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo en los casos en los que existe vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, como ocurre en el caso de autos en que se evidencia que los ahora demandados, vulneraron los derechos invocados por el accionante al no haber remitido los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el superior en grado, dentro del plazo de veinticuatro horas como establece el art. 251 del CPP; correspondiendo otorgar la tutela impetrada. Por lo anteriormente señalado, y en cuanto al pedido de cumplimiento del Auto Interlocutorio 171/2022, se debe aclarar que no es atendible dicha solicitud en razón de encontrarse pendiente de resolución la apelación interpuesta, con cuyo resultado, el Juez de la causa deberá determinar lo que corresponda. Finalmente, incumbe referirnos al Certificado de Permanencia y Conducta 04176/2022 de 24 de mayo, suscrito por el Director y la Encargada de Archivo y Kardex, ambos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el que se certifica que el impetrante de tutela ingresó a dicho Recinto el 4 de noviembre de 2021, con mandamiento de detención preventiva expedida por el Juez ahora demandado (Conclusión II.3). Encontrándose detenido preventivamente hasta la fecha de interposición de la acción de defensa, diez meses y cuatro días, al respecto concierne exhortar al Juez de la causa, cumpla con su rol jurisdiccional, en procura de evitar nuevas vulneraciones a derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, más aún tratándose de trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. A tal efecto, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0151_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 86c8cb01e9783bb12b6f6cc0177a1eddcd9b83226a7927d328e01eb75fa37603
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