B.IA.LEGAL

SCP 0151/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47981-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; puesto que: i) Respecto a Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, no remitió la documentación completa y pertinente al Juez de Ejecución Penal, tales como la imputación formal, el Auto Interlocutorio 532/2014 de 15 de octubre, ni su mandamiento de detención preventiva de 16 de ese mes y año; y, ii) En relación a Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento -demandado-, omitió solicitar las referidas piezas procesales al mencionado Juez del Tribunal de Sentencia; asimismo, el 19 de mayo de 2022, con el fin de que cumpla su condena contenida en la Sentencia 30/2016 de 9 de agosto -que se encuentra ejecutoriada-, de manera indebida libró el mandamiento de captura en su contra; en tal mérito, se produjo la restricción de su derecho a la libertad de forma ilegal; puesto que, no verificó que estuvo con detención preventiva por más tiempo del establecido en esa decisión definitiva, tampoco dispuso su notificación de forma personal con la radicatoria del proceso, dejándola en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 68 a 70 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. El control jurisdiccional del juez de ejecución penal en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0151/2024-S2 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47981-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 68 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Irene Barrera Carmona contra Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de mayo de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, fue imputada formalmente, llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares, por Auto Interlocutorio 532/2014 de 15 de octubre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz; luego, se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado siendo condenada a tres años de privación de libertad, a través de la Sentencia 30/2016 de 9 de agosto; decisión que fue confirmada en apelación mediante el Auto de Vista 01/2018 de 23 de enero, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento. Posteriormente, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital de ese departamento -demandado-, mediante Auto Interlocutorio 104/2018 de 19 de julio, en atención al certificado de permanencia y conducta que adjuntó a su solicitud de cesación de la detención preventiva -el cual informó que estuvo tres años y seis meses recluida en el referido Centro Penitenciario- dispuso su libertad, incidiendo en que cumplió y sobrepasó el tiempo de condena, expresando que: “…la acusada fue condenada por Sentencia N° 30/2016, declarada autora y culpable por el delito de ESTAFA Y ESTELIONATO a cumplir la pena privativa de libertad de tres (3) años, por el que al presente estuviese cumplido dicha condena sin que la sentencia haya adquirido calidad de cosa juzgada…” (sic), ordenando se expida mandamiento de libertad a su favor, que fue emitido el 10 de agosto de 2018. En consecuencia, conforme a la documentación descrita, desde el día de su detención preventiva, acontecida el 15 de octubre de 2014, hasta la fecha de la cesación de la referida medida extrema del 10 de agosto de 2018, transcurrieron tres años y once meses, sobrepasando el tiempo de condena impuesta en la indicada Sentencia; sin embargo, el citado Tribunal de Sentencia Penal, no remitió la imputación formal, el Auto Interlocutorio 532/2014, ni el mandamiento de detención preventiva de 16 de octubre 2014 -se entiende al Juzgado de Ejecución Penal-; por otro lado, el Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento -demandado-, tampoco solicitó las referidas piezas procesales, menos otro actuado procesal, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, que derivó en su apresamiento ilegal; siendo que, ya cumplió con la condena determinada; en su caso, debió aplicarse lo previsto en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), bajo apercibimiento de responsabilidad y sanciones disciplinarias a los funcionarios que inobservaron la citada disposición normativa; además, el “…informe irresponsable de la Trabajadora Social…” (sic) señaló que se apersonó al mencionado recinto penal a fin de notificarle con la radicatoria cuando ya se encontraba en libertad, sin hacer constar la fecha del cambio de su situación jurídica. Se suma a lo anterior, que no fue notificada de forma personal con la radicatoria del proceso, pese a lo establecido en el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP), directamente fue notificada con el mandamiento de captura -no indicó fecha- y el Auto Interlocutorio 226/2022 de 19 de mayo, dejándola en absoluto estado de indefensión; siendo que, está recluida en el citado Centro Penitenciario, debiendo realizarse todo un trámite formal y moroso para que se compute la pena y posteriormente se disponga el cumplimiento de la condena; tiempo que estará indebidamente restringida de su libertad; ya que, en casos similares, reclusos que cumplieron su condena fueron puestos en libertad por instrucciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; por lo que, solicitó se aplique a su favor esa misma medida en atención al principio de igualdad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La restitución de su derecho a la libertad “en el día”; b) El Juez de Ejecución Penal demandado proceda a su notificación personal con la radicatoria del proceso penal en cuestión; y, c) Se imponga el pago de costas y costos procesales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de mayo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 67 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la acción tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz -demandado-, expidió el mandamiento de captura -no indicó fecha- sin revisar de forma adecuada los antecedentes que le remitieron, debiendo computar días y horas que estuvo con detención preventiva, e incluso en celdas policiales; empero, al omitir aquello, vulneró su derecho a la libertad; pues, su persona ya cumplió su condena superabundantemente; es decir, por más de once meses después del tiempo previsto, no correspondiendo alargar su permanencia en el Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, tal como establece el Código de Procedimiento Penal; 2) Desconocía la existencia de la radicatoria del proceso y del citado mandamiento; caso contrario, hubiera asumido defensa oportunamente; y, 3) Se ejecutó el mandamiento de captura en su contra, pese a que el referido Juez advirtió que el Auto Interlocutorio 104/2018, señaló que el tiempo de condena dispuesto en la Sentencia 30/2016, ya se cumplió, pudiendo requerir la documentación faltante ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; empero, no lo hizo.

I.2.2. Informe de los demandados

Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 25 de mayo de 2022, cursante a fs. 31 y vta., señaló que: i) La causa tramitada ante el indicado Tribunal de Sentencia Penal Octavo, concluyó con la emisión de la Sentencia 30/2016; decisión apelada que mereció el Auto de Vista 01/2018; posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio 104/2018, se dispuso la cesación de la detención preventiva de la accionante, determinación que fue apelada; no obstante, en mérito a esa decisión, la prenombrada autoridad judicial expidió el mandamiento de libertad el 10 de agosto de 2018; ii) A través del proveído de 17 de febrero del 2022, se remitió antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, para el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); iii) Por otra parte, la referida apelación pendiente, fue resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, mereciendo el Auto de Vista 270/2022 de 18 de marzo, que confirmó el Auto Interlocutorio 104/2018; iv) Su persona -como autoridad judicial- no expidió ningún mandamiento de captura contra la impetrante de tutela; por lo que, no existió ninguna vulneración del derecho a la libertad de la prenombrada; y, v) No tiene legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de defensa; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela. Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 32 a 34, manifestó que: a) La causa penal en cuestión fue radicada en su despacho con Sentencia condenatoria ejecutoriada, por los delitos de estafa y estelionato, con el fin de ejercitar el control de cumplimiento de la pena y posteriores beneficios penitenciarios; b) La peticionante de tutela tenía pleno conocimiento de la acción penal; por lo que, en su momento debió presentar la suspensión condicional de la pena o solicitar el cómputo de la pena; empero, no lo hizo, tampoco demostró el cumplimiento de la detención domiciliaria como consecuencia de la cesación de la detención preventiva, máxime “…que al momento su calidad es ya de penada y no así la de detenida preventiva…” (sic); en tal sentido, no correspondía que la prenombrada alegue apresamiento ilegal o indebido; debido a que, no existió sentencia condenatoria; y por ende, mandamientos de condena y captura; c) Respecto a que la solicitante de tutela hubiese sido notificada bajo presión con el Auto Interlocutorio 226/2022; en contraposición a esa afirmación “…de acuerdo al informe que adjunto al presente, la accionante tenía pleno conocimiento en fecha 17 de mayo de 2022, y la resolución enunciada, recién fue puesta en conocimiento del efectivo policial en fecha 20 de mayo de 2022, según se tiene conocimiento habría sido ejecutada en fecha 23 del mes y año en curso…” (sic); y, d) La prenombrada no cumplió el principio de subsidiariedad establecido en la SCP 0754/2019-S4 de 10 de septiembre; puesto que, desde el 17 de mayo de 2022, la peticionante de tutela tenía conocimiento del mandamiento de captura -no indicó fecha- en su contra, aspecto reflejado en el informe policial de 18 de igual mes y año, pero no se apersonó ante su autoridad, tampoco interpuso recurso de reposición contra la providencia pertinente; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 68 a 70 vta., denegó la tutela impetrada, exhortando a las autoridades demandadas cumplan con el principio de celeridad, con base en los siguientes fundamentos: 1) El 23 de igual mes y año, la accionante solicitó el cómputo de condena ante el Juez de Ejecución Penal demandado, quien dispuso oficiar al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, para que eleve la certificación de permanencia y conducta actualizada de la nombrada, correspondiendo que ese documento sea emitido precautelando guardar el equilibrio y complementariedad entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria; y, 2) Los agravios invocados en la presente acción de defensa, tienen mecanismos de resolución ordinaria que la peticionante de tutela puede activar, tal como la indicada solicitud.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 01/2018 de 23 de enero, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazó el recurso de apelación restringida interpuesto por Emily Yansi Zelaya Fernández y Ángel Pedro Kantuta Blanco, confirmando la Sentencia 30/2016 de 9 de agosto, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del citado departamento, que aceptó la aplicación de la salida alternativa consistente en procedimiento abreviado declarando autora y culpable a Irene Barrera Carmona -accionante-, por la comisión de los delitos de estafa y estelionato, condenándola a la pena privativa de tres años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz (fs. 11 a 17 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 104/2018 de 19 de julio, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, en atención a la solicitud de cesación de la detención preventiva, señaló que: “…la acusada fue condenada por Sentencia N° 30/2016, declarada autora y culpable por el delito de ESTAFA Y ESTELIONATO a cumplir la pena privativa de libertad de tres (3) años, por el que al presente estuviese cumplido dicha conducta sin que la sentencia haya adquirido calidad de cosa juzgada…” (sic); por lo tanto, aceptó dicha solicitud, disponiendo medidas sustitutivas conforme lo previsto en el art. 240 del CPP (fs. 14 a 19). II.3. Cursa mandamiento de libertad de 10 de agosto de 2018, ordenando a la Directora del Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, que ponga en libertad a la impetrante de tutela, en atención al Auto Interlocutorio 104/2018 (fs. 20). II.4. A través del mandamiento de condena de 23 de febrero de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del citado departamento, dispuso el cumplimiento de la Sentencia 30/2016 contra la peticionante de tutela (fs. 46).

II.5. El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, el 1 de abril de 2022, libró el mandamiento de condena contra la solicitante de tutela, en cumplimiento al Auto de radicatoria de 30 de marzo del citado año, ordenando que una vez sea capturada, se la conduzca al mencionado Centro Penitenciario (fs. 47). II.6. Por informe presentado el 18 de mayo de 2022, ante Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz -demandado- Esther Belén Poma Apaza, Oficial Investigadora del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) La Paz, refirió que, el 17 del citado mes y año, junto a otro funcionario policial, se apersonó al domicilio de la peticionante de tutela, a fin de dar cumplimiento al mandamiento de captura -no indicó fecha-; empero, al llegar al lugar observaron a una persona en la acera parecida a la prenombrada y le preguntaron sobre su identidad, ante esa consulta se comportó de forma agresiva; de igual manera, su hija quien le ayudó a ingresar a su domicilio; por lo que, al no tener orden de allanamiento, no pudieron acceder al mismo, solicitando se libre un nuevo mandamiento de captura con esa facultad (fs. 50 y vta.). II.7. Cursa mandamiento de captura para cumplimiento de condena con facultad de allanamiento de 19 de mayo de 2022, expedido por el Juez de Ejecución Penal demandado, que en atención al Auto Interlocutorio 226/2022 de 19 de mayo, ordenó que la impetrante de tutela sea capturada y conducida al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, a fin de que cumpla la condena de tres años de reclusión, conforme dispuso la Sentencia 30/2016 (fs. 48). II.8. A través del memorial presentado el 23 de mayo de 2022, la peticionante de tutela solicitó el cómputo de la condena impuesta en su contra; arguyendo que, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, no remitió la imputación formal ni el mandamiento de aprehensión -no refiere fecha- que evidencian estuvo con detención preventiva desde el 15 de octubre de 2014, y fue puesta en libertad el 10 de agosto de 2018, demostrando de manera idónea que cumplió la sanción impuesta en la Sentencia 30/2016 (fs. 53).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; puesto que: i) Respecto a Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, no remitió la documentación completa y pertinente al Juez de Ejecución Penal, tales como la imputación formal, el Auto Interlocutorio 532/2014 de 15 de octubre, ni su mandamiento de detención preventiva de 16 de ese mes y año; y, ii) En relación a Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento -demandado-, omitió solicitar las referidas piezas procesales al mencionado Juez del Tribunal de Sentencia; asimismo, el 19 de mayo de 2022, con el fin de que cumpla su condena contenida en la Sentencia 30/2016 de 9 de agosto -que se encuentra ejecutoriada-, de manera indebida libró el mandamiento de captura en su contra; en tal mérito, se produjo la restricción de su derecho a la libertad de forma ilegal; puesto que, no verificó que estuvo con detención preventiva por más tiempo del establecido en esa decisión definitiva, tampoco dispuso su notificación de forma personal con la radicatoria del proceso, dejándola en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Sobre el tópico, la SCP 0020/2019-S1 de 20 de marzo, sostuvo que: «La SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el extinto Tribunal Constitucional, que establecen en forma general, que la acción de libertad no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad, pero que resulta aplicable de manera excepcional en aquellos casos donde la norma procesal ordinaria prevé específicamente medios de defensa idóneos y oportunos para resguardar el derecho a la libertad cuya lesión se denuncia; mecanismos intraprocesales que deben ser utilizados por el impetrante de tutela con carácter previo antes de acudir a la vía constitucional; en tal sentido, sostuvo que: “Al respecto la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’» (las negrillas nos corresponden).

III.2. El control jurisdiccional del juez de ejecución penal en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena

Al respecto, la SCP 0536/2019-S2 de 15 de julio, sostuvo lo siguiente: “El juez de ejecución penal, de acuerdo al art. 18 de la LEPS, ejerce el control jurisdiccional, garantizando: ‘…la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las Leyes, a favor de toda persona privada de libertad’. Dicha norma guarda conexión con el art. 19.1 de la LEPS, que determina que el juez de ejecución penal es competente para conocer y controlar: ‘La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución’; y con el art. 55.1 del CPP, que establece que dichos jueces tienen a su cargo: ‘El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados’. De las normas glosadas, se concluye que el juez de ejecución penal es el encargado de la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas y, por lo mismo, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena, conforme lo entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio. Además, esa autoridad debe velar por el control del respeto de los derechos y garantías del privado de libertad, contenidas en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos; consiguientemente, es ante dicha autoridad jurisdiccional donde se debe acudir en reclamo de los derechos supuestamente lesionados durante la privación de libertad, que es lo que sucedió en el caso analizado, pues el representado del accionante acudió ante el juez ahora demandado para restituir su derecho a la libertad física o personal” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

A fin de dilucidar la problemática planteada resulta necesario contextualizar la misma; en ese sentido, se colige de antecedentes que la impetrante de tutela fue condenada a tres años de privación de libertad, tras ser declarada autora y culpable de la comisión de los delitos de estafa y estelionato, a través de la Sentencia 30/2016 de 9 de agosto; decisión confirmada mediante el Auto de Vista 01/2018 de 23 de enero (Conclusión II.1); de forma posterior, la mencionada solicitó cesación de la detención preventiva, que fue aceptada por Auto Interlocutorio 104/2018 de 19 de julio, señalando que del cotejo de la documentación la condena fue cumplida; por lo que, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, dispuso medidas sustitutivas (Conclusión II.2); en razón a esa determinación, se libró el mandamiento de libertad a favor de la peticionante de tutela (Conclusión II.3).

Transcurridos más de tres años, el 23 de febrero de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del citado departamento, dispuso emitir mandamiento de condena contra la peticionante de tutela en cumplimiento de la Sentencia 30/2016 (Conclusión II.4); en razón a ello, el Juez de Ejecución Penal Tercero del referido departamento, libró mandamiento de condena en cumplimiento al Auto de radicatoria de 30 de marzo de 2022, a fin que la accionante sea capturada y conducida al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz (Conclusión II.5). De forma posterior, el 18 de mayo de 2022, la Oficial Investigadora del CEIP La Paz, informó al Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, que el 17 de ese mes y año, se apersonó al domicilio de la peticionante de tutela; empero, una vez se acercó a ella y le consultó su identidad, la prenombrada se alteró e ingresó al inmueble con ayuda de su hija; por lo que, solicitó se libre un nuevo mandamiento de captura con facultades de allanamiento (Conclusión II.6); en ese mérito, el Juez de Ejecución Penal demandado a través del Auto Interlocutorio 226/2022 de 19 de mayo, libró el mandamiento de captura para cumplimiento de condena con facultad de allanamiento (Conclusión II.7); es así que, ejecutado el mismo, el 23 de ese mes y año, la impetrante de tutela solicitó el cómputo de la condena impuesta en su contra, alegando que ya cumplió la sanción impuesta y por ello, fue puesta en libertad el 10 de agosto de 2018, y sin que medie ningún tipo de notificación fue “capturada”, lesionando sus derechos al debido proceso y a la “seguridad jurídica” (Conclusión II.8). Bajo ese contexto de hechos acaecidos, de la lectura de la demanda tutelar, se evidencia que la accionante identifica dos actos lesivos: a) El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, debió haber remitido la documentación necesaria para que el Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento, compute el tiempo que su persona estuvo con detención preventiva; y, b) El referido Juez de Ejecución Penal -demandado- al no tener los antecedentes pertinentes para dicho cómputo, debió solicitar su remisión, antes de expedir el mandamiento de captura, sumado al hecho de no haber supervisado su notificación personal con la radicatoria de la causa. Correspondiendo analizar el caso, a partir de las actuaciones presuntamente lesivas que se atribuyó a las autoridades demandadas. Primera problemática La accionante reclama a esta instancia constitucional que el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, debió haber remitido la documentación necesaria para que el Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento, compute el tiempo que estuvo con detención preventiva, manifestando que incluso debía observar el Auto Interlocutorio 104/2018 que ya se pronunció sobre el cumplimiento de la condena, entendiendo que esa fue la razón por la cual obtuvo su libertad. Al respecto, la impetrante de tutela entiende que la autoridad judicial demandada a través del Auto Interlocutorio 104/2018, se pronunció sobre el cumplimiento de la condena y por ello, obtuvo su libertad; sin embargo, dicha Resolución, emerge de una solicitud de cesación de la detención preventiva; por ende, la documentación adjunta a la misma, fue valorada por esa autoridad judicial conforme la mencionada pretensión; es decir, que se dictó dentro de un trámite incidental al tratarse de medidas cautelares, que por su naturaleza jurídica tiene características propias; y si bien, se tramita dentro de la causa principal que es el proceso penal, tiene una finalidad distinta a la que la causa persigue; por ello, si bien se advierte que el Auto Interlocutorio 104/2018, concluyó que la Sentencia 30/2016, ya fue cumplida incluso antes de la ejecutoria de la misma, disponiendo medidas sustitutivas y librando el mandamiento de libertad el 10 de agosto de 2018; es un fallo que responde a un procedimiento incidental que atinge al instituto de las medidas cautelares; y siendo que la causa principal tiene un fin diferente, no es posible aplicar a esté el razonamiento de dicho trámite. En ese entendido, resulta pertinente citar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la cual señaló que en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos, contemplados en la norma, estos deben ser utilizados y agotados previo a la activación de la acción de libertad. En razón a lo expuesto, siendo que el reclamo de la impetrante de tutela respecto al Juez del Tribunal de Sentencia Penal demandado, versa sobre la presunta remisión incompleta de los antecedentes al Juez de Ejecución Penal Tercero demandado, es una cuestión que debió haberse planteado ante la referida autoridad, previo a acudir a esta instancia constitucional; máxime, si se toma en cuenta que, la restricción del derecho a la libertad que reclama, devino de la sustanciación del proceso penal per se, considerando que el Auto Interlocutorio 104/2018, al cual hace referencia la accionante, dispuso la cesación de su detención preventiva, pero no fue una resolución dentro de la causa principal que establezca el cómputo de esa medida extrema. Así el art. 168 del CPP, establece que: “(Corrección). Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido”, de donde se tiene que la presunta omisión que ahora cuestiona la impetrante de tutela, pudo ser oportunamente reclamada a la citada autoridad, y no a través de este mecanismo tutelar, concluyéndose que conforme a la indicada norma, la accionante contaba con un mecanismo idóneo, para reclamar la presunta actuación incompleta en que hubiese incurrido el Juez del Tribunal de Sentencia Penal demandado, no haber obrado de esa manera, impele a esta justicia constitucional que en atención al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática planteada. Segunda Problemática Otro objeto procesal identificado por la peticionante de tutela, versa en que el Juez de Ejecución Penal Tercero del citado departamento de La Paz -demandado- dispuso su captura y posterior conducción al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, a fin de acatar la condena establecida en la Sentencia 30/2016; siendo que, está ya fue cumplida, en su caso debió solicitar la remisión de los actuados pertinentes para que se realice el cómputo de la detención preventiva y la pena y verificar que la notificación con la radicatoria de la causa se hubiese diligenciado de forma correcta. En ese contexto, recapitulando las facultades que tienen los Jueces de Ejecución Penal, en la estructura del procedimiento penal boliviano, conforme prevé el art. 19 de la LEPS, las citadas autoridades tienen competencia para conocer y controlar: “1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución; 2. La concesión y revocación de la libertad condicional, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas; 3. El cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y de la pena; 4. El trato otorgado al detenido preventivo, de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, Ley 1970; 5. El cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva; 6. El cumplimiento de la condena en establecimientos especiales, cuando corresponda. 7. Otras atribuciones establecidas por Ley”.

Por otra parte, respecto a las facultades para controlar las ejecuciones de sentencias, el art. 55. inc. 1) del CPP, establece que dichos jueces tienen a su cargo: “1) El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados…”. En tal sentido, entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio, señaló que el: “…Juez de Ejecución Penal, pues está claro que si su labor es ejecutar la sentencia condenatoria, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena…”; denotando bajo dicho contexto normativo y jurisprudencial, que el Juez de Ejecución Penal demandado, a tiempo de emitir el mandamiento de captura, el Auto Interlocutorio 226/2020, y el mandamiento de captura con facultad de allanamiento, dio cumplimiento estricto de las funciones que desempeña en el marco de sus facultades y competencias, y si la impetrante de tutela consideraba que esa actuación jurisdiccional resultaba incorrecta o indebida, pudo exponer todos sus reclamos haciendo uso de los mecanismos idóneos previstos en la norma y ante la autoridad judicial competente, la cual se encuentra debidamente identificada siendo el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, quien es la autoridad competente para velar por el control del respeto a los derechos y garantías de los sujetos procesales; en este caso, de la peticionante de tutela por su calidad de condenada, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, siendo que la accionante tenía conocimiento de la sanción impuesta en la Sentencia 30/2016, pudo requerir pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de condena ante el Juez del Tribunal de Sentencia demandado, o en su defecto, solicitar por la vía incidental similar requerimiento al Juez de Ejecución Penal demandado, tal cual aconteció posteriormente, por memorial presentado el 23 de mayo de 2022 (Conclusión II.8), un día antes de activar esta acción de defensa, mereciendo el proveído de 24 de igual mes y año, que dispuso oficiar a la Directora del Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, a fin de que eleve una certificación de permanencia y conducta actualizada de nombrada. Por consiguiente, evidenciando que la solicitante de tutela activó directamente esta acción de defensa, sin acudir previamente ante la autoridad competente, existiendo la vía incidental para el fin que pretende, en atención al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 026/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 68 a 70 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0151_2024-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2091c6459ea9b012ea376b4d0ab8d0bcd2ed510560218daa10f2ca6f03cb73e

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