B.IA.LEGAL

SCP 0150/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
21 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50408-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que el Juez de Instrucción Penal -ahora demandado- omitió considerar y resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares de carácter personal, bajo el argumento de haber perdido competencia, sin que exista auto de radicatoria dictado en el Juzgado de Sentencia Penal de turno al cual fue remitida la causa penal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 003/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la referida autoridad jurisdiccional señale día y hora para la celebración de la audiencia de consideración de la modificación de medidas cautelares personales solicitada por el hoy accionante, salvo que por el transcurso de tiempo su situación jurídica ya hubiera cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50408-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 003/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Elías Rodríguez Beizaga en representación sin mandato de Pablo Daniel Vera Angulo contra Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 26 vta., el representante del accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia del Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional y otra, contra su persona por la presunta comisión de los delitos de estafa y ejercicio ilegal de la profesión, el Juez Séptimo de Instrucción Penal de la Capital, mediante Auto Interlocutorio 071/2022 dispuso que se defienda en libertad, imponiéndole medidas sustitutivas a la detención preventiva. Estas incluyeron, la de presentación periódica ante el Ministerio Público, verificación de domicilio, presentación de un garante solvente y prohibición de acercarse a la víctima. Posteriormente, a raíz de la apelación interpuesta por la víctima y el Viceministerio de Justicia, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 269/2022 de 14 de abril, modificó dichas medidas, imponiéndole restricciones más severas: detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, presentación ante el Ministerio Público cada lunes, arraigo, prohibición de acercamiento a la víctima y la obligación de presentar dos garantes. Ante esta situación, la defensa del imputado solicitó, mediante memoriales presentados el 16 y 23 de agosto de 2022, la modificación de las medidas cautelares, alegando que el Juez de Instrucción Penal Séptimo ahora accionado aún conservaba competencia para conocer dicha solicitud, en virtud a lo establecido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, que dispone que la jurisdicción del juez de instrucción se mantiene hasta que el juez o tribunal de sentencia dicte auto de radicatoria. Sin embargo, en vez de convocar audiencia para tratar la modificación solicitada, la autoridad jurisdiccional hoy demandada resolvió remitir el expediente a sorteo para su asignación a un Juzgado de Sentencia, omitiendo pronunciarse sobre la petición, lo cual se tradujo en una afectación al derecho a la libertad del imputado. Posteriormente, la Jueza de Sentencia Penal Séptimo, mediante proveído de 8 de septiembre de 2022, devolvió el expediente al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal, ordenando su reasignación a un juzgado refuncionalizado, en cumplimiento del Instructivo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Dichas actuaciones, han generado que no se esclarezca su situación jurídica dado que continúa con restricciones a su libertad, sin que exista un auto de radicatoria que justifique la pérdida de competencia del Juez de Instrucción. La omisión de resolver el fondo de la solicitud de modificación de medidas cautelares, ha prolongado innecesariamente la restricción de sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga el señalamiento de día y hora para considerar la modificación de las medidas cautelares de carácter personal.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 14 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 54 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia ratificó los términos de la acción presentada y ampliando los mismos refirió: a) En diversas ocasiones, han solicitado la modificación de esa medida cautelar impuesta, argumentando que se han cumplido las condiciones necesarias para su revisión, y en cada una de estas solicitudes se ha hecho referencia y se ha adjuntado la SCP 0176/2018-S2, la cual avala la competencia del Juez de Instrucción para conocer y resolver este tipo de solicitudes, hasta que el caso sea radicado en un Tribunal de Sentencia; b) El Juez de Instrucción ha rechazado sistemáticamente sus solicitudes con argumentos de carácter formal y sin entrar al fondo del asunto. En particular, indica que en la primera solicitud de modificación de medida cautelar, presentada el 16 de agosto de 2022, el Juez hoy demandado respondió por decreto de 18 de agosto, exigiendo que futuras solicitudes contaran con la firma original del imputado y sus abogados, dado que por un error administrativo se enviaron copias en lugar de los documentos originales. Luego, el mencionado Juez aludió a una providencia de 19 de mayo de 2022, en la que se establecía que no correspondía solicitar la cesación de la detención sino su modificación, lo que según el abogado, constituye un formalismo excesivo contrario a los principios constitucionales e internacionales de favorabilidad y acceso a la justicia; c) Ante esta observación, presentaron una nueva solicitud el 23 de agosto de 2022, adecuando su petición a la exigencia del Juez de Instrucción y pidiendo expresamente la modificación de la medida cautelar. Sin embargo, el 24 de agosto, la autoridad judicial volvió a rechazar la solicitud, señalando que debía atenerse a una providencia del 20 de julio de igual año, y que aún existían apelaciones pendientes de resolución; d) Para evitar más objeciones, el 30 de agosto del mismo año presentaron un memorial retirando formalmente todas las apelaciones, dejando así expedito el camino para la consideración de su solicitud. Empero, a pesar de ello, el 31 de agosto nuevamente se rechazó su pedido, remitiéndose a providencias anteriores y sin programar la audiencia; y, e) En todos estos rechazos, el Juez de Instrucción ha eludido su responsabilidad argumentando que la causa ya tiene una acusación formal y que, por lo tanto, la solicitud debe ser presentada ante el Juez de Sentencia. Sin embargo, la mencionada SCP 0176/2018-S2, establece que mientras la causa no haya sido radicada en el Tribunal de Sentencia, el Juez de Instrucción conserva la competencia para conocer solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito, cursante de fs. 33 a 35, por el que indica: 1) El Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 269/2022, endureció las medidas cautelares, imponiendo detención domiciliaria sin salidas laborales, arraigo y otras restricciones. Posteriormente, el imputado solicitó la modificación de estas medidas, pero mediante las Resoluciones 135/2022 de 3 de junio, y 223/2022 de 4 de agosto, se rechazó la solicitud. Y aunque el imputado apeló las mismas, posteriormente retiró dichas apelaciones; 2) El 18 de julio de 2022, el Ministerio Público presentó acusación formal, lo que llevó a la remisión del caso a un Juez de Sentencia, conforme al art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, el imputado presentó nuevos memoriales solicitando audiencia para modificar las medidas cautelares, pero las providencias emitidas no fueron impugnadas ni observadas por su defensa; 3) El 30 de agosto de 2022, el imputado reiteró su solicitud, pero como Juez Séptimo de Instrucción Penal se reafirmó su criterio de que el caso debía ser tratado por la autoridad competente, basándose en providencias anteriores. Finalmente, el 7 de septiembre de 2022, los obrados fueron remitidos a la Juez Séptimo de Sentencia, quien ordenó la devolución del expediente para el sorteo de un juzgado refuncionalizado, según el Instructivo SP-TDJ-LP 23/2022 de 30 de agosto; y 4) El imputado no agotó los recursos procesales disponibles, en particular el recurso de reposición, incumpliendo el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, establecido en la SCP 0869/2019-S1 de 11 de septiembre.

I.2.3. Tercero interviniente

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de sus apoderados, señalaron que la solicitud del hoy accionante no cumple con los requisitos señalados en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que la acción de libertad procede cuando una persona está en peligro su vida, es ilegalmente perseguida o indebidamente procesada. También citan los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que regulan el objeto y procedencia de esta acción constitucional, y en el presente caso la parte accionante no acreditó que la presente problemática encaje dentro de estos supuestos.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 003/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 57 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con los siguientes argumentos: i) Conforme el art. 123 de CPP, se establece las clases de resoluciones judiciales entre ellas las providencias, que atiende asuntos de mero trámite que no requieren fundamentación de fondo, y conforme a procedimiento, estas decisiones dentro el marco de los arts. 401 y 402 del cuerpo adjetivo penal, establece que la parte que considera que la decisión es errónea puede reclamar por este mecanismo advirtiendo del error incurrido a la autoridad judicial, para que la modifique o revoque y adopte la decisión que corresponda, mismo que debe ser planteado dentro el plazo de 24 horas; ii) De antecedentes se corrobora que el memorial de 16 de agosto de 2022 ha sido atendido y subsanado mediante memorial de 23 de ese mismo mes y año; a su vez, este último también es respondido conforme a la providencia de 24 de agosto de 2022, y sin mayor observación el ahora accionante da cumplimiento a las observaciones realizadas por la autoridad jurisdiccional, como es mediante memorial de 30 de agosto de igual año, por el que se retira los recursos de apelación ahí señalados, en razón de la existencia de los recursos de apelación pendientes, procediendo a retirarlos; iii) En fecha 30 de agosto de 2022, mediante memorial el ahora accionante solicita el señalamiento de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, solicitud atendida por la autoridad demandada mediante providencia de 31 de agosto de 2022 que señala "la solicitud que antecede deberá estar a las providencias de fecha 20 de julio de 2022 y de 24 de agosto de 2022" (sic); y, iv) De los antecedentes expuestos, mal se podría señalar que los escritos no fueron atendidos como se argumenta; ahora si bien existe un memorial de solicitud de modificación de la detención domiciliaria que ha sido atendida por la autoridad judicial dentro los alcances del art. 123 en concordancia de los arts. 401 y 402 del CPP, existen mecanismos ordinarios más efectivos, y subsidiarios que pudieran hacer valer. En la vía de la complementación y enmienda se indicó que en caso de que las respuestas a los memoriales no eran satisfactorias para el accionante, tenía la posibilidad de formular recurso de reposición y si no eran atendidas estás, recién activar la vía constitucional. En relación a las medidas cautelares, la jurisdicción constitucional no puede establecer lo que debe realizar el juez ordinario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 17 de agosto de 2022 por Pablo Daniel Vera Angulo -hoy accionante- ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital, por el que pide cesación de medida cautelar personal de detención domiciliaria; por lo cual, se dictó la providencia de 18 del mismo mes y año que ordena “…Estese a providencia de fecha 19 de mayo de 2022…” [(sic) fs. 45 a 48)]. II.2. Consta escrito presentado el 23 de agosto de 2022 por Pablo Daniel Vera Angulo -ahora demandante de tutela- ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital, por el que aclara, ratifica y pide sobre la cesación de medida cautelar personal de detención domiciliaria ratificando in extenso el contenido del memorial presentado el 17 del mismo mes y año siendo respondido por providencia de 24 de igual mes y año que señala: “…La solicitud que antecede deberá estar a providencia de fecha 20 de Julio de 2022, debiendo la misma realizarse ante la autoridad llamada por ley. Máxime teniendo en cuenta que aún quedan pendientes dos apelaciones en contra de la Resoluciones N° 135/2022 de fecha 03 de Junio de 2022 y la resolución N° 223/2022 de fecha 04 de Agosto de 2022, debiendo la parte solicitante coadyuvar a armar los correspondientes legajos de apelación…” [(sic) fs. 49 a 50)]. . II.3. Figura memorial presentado el 30 de agosto de 2022 por Pablo Daniel Vera Angulo -ahora accionante- ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital, por la que retira las apelaciones que hayan quedado pendientes de trámite, por lo que pide se señale audiencia para modificar su situación jurídica dándose curso a dicha petición respecto a las “…Resoluciones N° 135/2022 de fecha 03 de Junio de 2022 y la resolución N° 223/2022 de 04 de Agosto de 2022…” (sic) por providencia de 31 del mismo mes y año (fs. 51 y 51 vta.). II.4. Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, el demandante de tutela solicitó nuevamente señalamiento de consideración de modificación de medida cautelar en consideración al retiro de las apelaciones pendientes; a tal efecto se dictó el proveído de 31 del mismo mes y año que dispone que “…La solicitud que antecede deberá estar a las providencias de fechas 20 de Julio de 2022 y de 24 de Agosto de 2022…” [(sic) fs. 52 y 52 vta.)]. II.5. Cursa proveído de 8 de septiembre de 2022, por el que el Juez de Sentencia Penal Séptimo dispone que en cumplimiento al Instructivo SP-TDJ-LP 23/2022 de 30 de agosto, se proceda a la devolución del proceso al Juzgado de Instrucción en lo Penal Séptimo (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que el Juez de Instrucción Penal -ahora demandado- omitió considerar y resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares de carácter personal, bajo el argumento de haber perdido competencia, sin que exista auto de radicatoria dictado en el Juzgado de Sentencia Penal de turno al cual fue remitida la causa penal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

III.2. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento 3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”. 4El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”. 5El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”.

ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.

Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la 6El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”. 7El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)

….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”. 8El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:

·Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.

Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”. 9El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.

De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”.

0487/2005-Ra lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:

…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros].

Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

10El FJ III.2, señala: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.

En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que, el Juez de Instrucción Penal ahora demandado, omitió considerar y resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares de carácter personal, bajo el argumento de haber perdido competencia sin que exista auto de radicatoria dictado en el Juzgado de Sentencia Penal de turno al cual se remitió los antecedentes de la causa penal.

De la revisión de los antecedentes, se tiene que mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2022, Pablo Daniel Vera Angulo -ahora accionante- solicitó ante el Juez ahora demandado, la cesación de la medida cautelar personal de detención domiciliaria impuesta en su contra. A dicha solicitud, se dio respuesta mediante providencia de 18 de agosto del mismo año, disponiéndose que se remita a la providencia de 19 de mayo de igual año (Conclusiones II.1). Posteriormente, por escrito de 23 de agosto de 2022, reiteró su petición de cesación de medida cautelar, adhiriéndose íntegramente al contenido del memorial anterior. No obstante, la autoridad jurisdiccional hoy demandada dictó la providencia de 24 del mismo mes y año que ordena acuda a lo dispuesto en el proveído de 20 de julio de 2022, agregando que la petición debía formularse ante la autoridad competente, toda vez que se encontraban pendientes dos recursos de apelación respecto de las “…Resoluciones N° 135/2022, de 3 de junio, y N° 223/2022, de 4 de agosto…” (sic), instando a la parte solicitante a coadyuvar en la confección de los legajos respectivos (Conclusiones II.2). Posteriormente, el 30 de agosto de 2022, el ahora accionante presentó nuevo memorial, mediante el cual desistió expresamente de los recursos de apelación que se hallaban pendientes, solicitando en consecuencia se señale audiencia para la modificación de su situación jurídica, haciendo referencia específica a las resoluciones “…N° 135/2022 y N° 223/2022…” (sic), petición que fue diferida por providencia de 31 del mismo mes y año (Conclusiones II.3) solo respecto al desistimiento de las apelaciones en curso; así también, en la misma fecha presentó un segundo memorial, reiterando la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la modificación de la medida cautelar, en razón del retiro de las apelaciones anteriormente mencionadas. Mediante providencia de 31 de agosto de 2022, se dispuso que la solicitud debía estarse a lo ya resuelto en las providencias de 20 de julio y 24 de agosto de 2022 (Conclusiones II.4). Finalmente, mediante proveído de 8 de septiembre de 2022, el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital, en cumplimiento del Instructivo SP-TDJ-LP N° 23/2022 de 30 de agosto, dispuso la devolución del proceso al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal a cargo del Juez hoy demandado (Conclusiones II.5). En ese marco, y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha establecido que frente a dilaciones injustificadas en la resolución de la situación jurídica de personas sometidas a medidas cautelares, corresponde conceder tutela a fin de preservar el derecho a la libertad personal, el principio de celeridad y la tutela judicial efectiva, estableciéndose que los jueces de instrucción penal conservan competencia para conocer y resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares personales, incluso después de presentada la acusación formal, siempre que no se haya dictado auto de radicatoria por parte del juez o tribunal de sentencia penal. En aplicación de dicho precedente, y conforme también al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, los jueces cautelares tienen la obligación de tramitar y resolver este tipo de solicitudes mientras la causa no haya sido formalmente radicada ante el tribunal o juez de sentencia penal de turno; así en el presente caso, el juez demandado omitió considerar esta jurisprudencia constitucional vinculante, ya que al momento de conocer las solicitudes formuladas por el accionante (16, 23 y 30 de agosto de 2022), los antecedentes del caso aún se encontraban bajo su control jurisdiccional, sin que conste la remisión de los antecedentes de la causa penal al Juzgado de Sentencia Penal de turno, menos que se haya dictado el auto de radicatoria del caso a los fines del inicio de los actos preparatorios de juicio oral; consiguientemente, se infiere que el titular del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo -ahora demandado- resultaba competente para conocer y resolver la situación jurídica del hoy accionante. En consecuencia, se concluye que el Juez ahora demandado incurrió en una omisión incompatible con su deber constitucional de resolver la solicitud presentada, manteniendo por más de un mes sin resolución una petición vinculada al derecho a la libertad, pese a conservar la competencia para hacerlo, generando así una dilación indebida que retardó de manera injustificada la consideración de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, más aún si se toma en cuenta que el Juez demandado recién remitió los antecedentes del proceso penal el 7 de septiembre de 2022 ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno, conforme lo manifestó en su informe presentado en la audiencia de esta acción tutelar, análisis que resulta suficiente para conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 003/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la referida autoridad jurisdiccional señale día y hora para la celebración de la audiencia de consideración de la modificación de medidas cautelares personales solicitada por el hoy accionante, salvo que por el transcurso de tiempo su situación jurídica ya hubiera cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0150_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): bc6a7c530dea501cdacbaaa593467e647ea8af281a3f67bccb1239f642509c93

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