B.IA.LEGAL

SCP 0150/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 9 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
9 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50106-2022-101-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; puesto que, la CNS Regional Santa Cruz, después de haberla despedido injustificadamente, incumple la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022 de 24 de mayo, que le conminó a su reincorporación laboral inmediata, al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados y demás derechos que le correspondan por ley, bajo el pretexto de que no se agotó la etapa de impugnación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 98/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 67 vta., a 72 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por Ángela Maiti Rosso Rodríguez, sea en forma provisional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2024-S3 Sucre, 9 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50106-2022-101-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 98/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 67 vta. a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángela Maiti Rosso Rodríguez contra Carlos Reyes Arauz, Administrador Regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 36 a 42, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su vínculo laboral con la CNS Regional Santa Cruz en el cargo de Auxiliar de enfermería, tiene como antecedentes, contratos de trabajo a plazo fijo desde el 14 de febrero hasta el 30 de marzo de 2019 en el Hospital Materno Infantil; el segundo de similar característica con vigencia desde el 24 de abril hasta el 7 de junio de igual año, el tercero desde el 9 de septiembre hasta el 2 de diciembre del citado año, el cuarto fue suscrito desde el 2 de enero hasta el 30 de junio de 2020 y el quinto desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del señalado año. En la gestión 2021, le hicieron firmar un contrato de trabajo con vigencia desde el 4 de enero hasta el 30 de junio de 2021, cumpliendo funciones en la Unidad de “Emergencia de Pediatría”; en vigencia de ese contrato, el 24 de febrero de igual año, le notificaron con el Memorando de Agradecimiento de Servicios y Rotación al Servicio de Esterilización SIE-011/2021 de 23 de febrero, como Auxiliar de enfermería. Cumpliendo esas funciones, el 1 de abril del indicado año, funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos (RR.HH.) se apersonaron y le hicieron firmar un contrato de trabajo con vigencia desde el 1 de abril hasta el 28 de junio del referido año, con la advertencia de que si se rehusaba, no le pagarían de los sueldos de enero, febrero y marzo de 2021, sin imaginar que ese contrato seria usado en su perjuicio, para justificar su cesación laboral; aspecto que jamás existió, prueba de ello son los roles de turno, su designación en el Servicio de Pediatría, Servicio de Esterilización, la aclaración de contrato de 10 de marzo de 2021, realizado por la Supervisora del Hospital Materno Infantil, que demuestran que su trabajo fue continuo e ininterrumpido. Su última designación fue el 7 de junio de 2021, para cumplir funciones en el Hospital Obrero, habiendo suscrito contrato con vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del citado año; no obstante, debido a una trombosis le otorgaron una baja médica desde el 23 de igual mes y año al 5 de enero de 2022. Cuando el 6 del referido mes y año, cumpliendo la baja médica, retornaba a su fuente laboral, le negaron el ingreso bajo el argumento que había concluido su contrato, dando lugar a la ruptura intempestiva de la relación laboral, sin tomar en cuenta que desempeño las mismas funciones de Auxiliar de enfermería en forma continua e ininterrumpida, honesta, responsable y eficiente prueba de ello es que jamás mereció memorando por llamada de atención. A raíz del injustificado y arbitrario despido, acudió a la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para pedir su reincorporación laboral, autoridad que en primera instancia emitió el Auto de 23 de marzo de 2022, declinando competencia. Planteó recurso de revocatoria que fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022 de 24 de mayo, por el que revocó el citado Auto impugnado y conminó a la CNS Regional Santa Cruz proceda a la inmediata reincorporación laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le correspondan por ley; conminatoria con la que fue notificada la CNS Regional Santa Cruz el 2 de junio de igual año, haciendo caso omiso de la citada Resolución Administrativa de reincorporación laboral, según Informe de Verificación JDTSC/I/VER.REINC./ LAB. 070/2022 de 23 de junio.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; citando al efecto los arts. 16.I, 18 y 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene a la CNS Regional Santa Cruz el cumplimiento íntegro e inmediato de la reincorporación a su fuente laboral, más el pago de sus sueldos devengados y todos los derechos que le correspondan.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 5 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 67, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Carlos Reyes Arauz, Administrador Regional de la CNS Regional Santa Cruz -con la autorización de los Vocales de la Sala Constitucional, tuvo que dejar la audiencia por una emergencia y en su representación su abogado Marcelino Marco Antonio Lucero León-, manifestó que: a) La CNS Regional Santa Cruz suscribe contratos dentro de sus competencias en la partida “121.000” que estipula las normas nacionales que son precisamente vacaciones, reemplazo, maternidad, en ese entendido la accionante suscribió siete contratos, pero los mismos no tuvieron un lineamiento consecutivo, hubo interrupción en el tercer contrato; por lo que, fueron contratos eventuales suscritos en el marco de la normativa “121” y el Decreto Supremo (DS) “27327” en su “art. 5”, para quienes cumplen funciones administrativas, salvo los que son consultores en línea y al haberse interrumpido desde enero a marzo de 2021, precluyó el derecho de reincorporación, basando su petición en la recurrencia, conforme establece la Resolución Ministerial (RM) “283”; b) Si bien en el presente caso, la accionante haciendo uso del recurso de revocatoria, obtuvo la revocatoria del Auto de 23 de marzo de 2022 que declina competencia y conmina a la reincorporación laboral, la citada CNS planteó el recurso jerárquico el 15 de junio de 2022, lo que no se agotaron los medios de impugnación; c) De acuerdo al informe del Encargado de Planillas que les remitieron, los sueldos adeudados a personal por la pandemia del Coronavirus (COVID-19); gestión 2022, desde febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022, la indicada CNS no cuenta con presupuesto para poder pagar salarios; puesto que, esta partida es aprobada trimestralmente de enero a marzo, en ese entendido por el COVID-19 se superaron los seis mil a siete mil “casos” diarios en el departamento de Santa Cruz, sin haberse logrado cubrir las acefalias y como ente gestor se alcanzó un monto de “11.000.000 de bolivianos” de deudas laborales por salarios; d) Tuvieron veinte reincorporaciones, que no pudieron cumplir con el pago de salarios por la crisis económica que atraviesan; por lo que, no se cuenta con presupuesto (programa 72 – actividad 07 personal recurrente) para realizar nuevas contrataciones para personal eventual como la accionante, con un déficit económico como ente gestor; e) Se encuentran cumpliendo con los servicios de salud; empero, no cuentan con recursos para las reincorporaciones, habida cuenta que se trata de contratos eventuales; por lo que, no hubo despidos injustificados; en consecuencia, disponer su reincorporación implicaría un daño económico a la CNS Regional Santa Cruz y no se podría cumplir con el pago de salarios; y, f) La Ley General del Trabajo y la normativa de la Ley 006 de 1 de mayo de 2010 establecen lineamientos para la contratación de personal de la citada CNS, prohibiendo la suscripción de un tercer contrato; por lo que, en el contrato de trabajo de enero a diciembre de 2021, la referida CNS cumplió con las normas de contratación y circulares emitidos para el efecto.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 98/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 67 vta. a 72 vta., concedió la tutela solicitada por la accionante, en cuyo mérito ordenó: 1) Se proceda de manera inmediata a la reincorporación de la accionante a su fuente laboral, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le correspondan por ley, así como reponiendo los sueldos devengados desde su despido injustificado; es decir, en los términos establecidos en la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022; y, 2) Se aclara que la tutela concedida es de carácter provisional y en tanto se encuentre vigente la citada Resolución Administrativa.; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) En el proceso administrativo en la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en etapa recursiva promovida por la accionante, se emitió la referida Resolución Administrativa, que en su parte resolutiva conminó a la CNS Regional Santa Cruz a la reincorporación laboral de la accionante; por lo que, corresponde dar cumplimiento sin omitir ninguna determinación dispuesta, lo contrario permite apreciar la vulneración de los derechos denunciados por la accionante; ii) La Sala Constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida fundamentación o una correcta valoración de la prueba, debido a que estos aspectos corresponden ser revisados en la jurisdicción ordinaria; y, iii) Corresponde en consecuencia conceder la tutela solicitada, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que deje sin efecto la conminatoria señalada en la indicada Resolución Administrativa o disponga lo contrario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota presentada el 7 de febrero de 2022, dirigida a Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ángela Maiti Rosso Rodríguez -hoy accionante- formuló denuncia de despido injustificado solicitando su reincorporación laboral por el derecho a la estabilidad laboral, mereciendo el Auto de 23 de marzo de igual año, por el cual declinó competencia disponiendo que la accionante acuda a la instancia llamada por ley para que defina lo que corresponda (fs. 16 y vta. y 21 a 23 vta.).

II.2. A través de memorial presentado el 25 de abril de 2022, ante el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la accionante mediante recurso de revocatoria impugnó el Auto de 23 de marzo de igual año, que fue resuelto mediante RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022 de 24 de mayo, en cuya parte dispositiva revocó totalmente el indicado Auto y conminó a la CNS Regional Santa Cruz proceda a la reincorporación laboral inmediata de la accionante, en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le correspondan por ley (fs. 26 a 28 vta., y 29 a 30 vta.); conminatoria que la referida CNS no dio cumplimiento según Informe de Verificación JDTSC/I/VER.REINC./ LAB. 070/2022 de 23 de junio de la Inspectora de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; puesto que, la CNS Regional Santa Cruz, después de haberla despedido injustificadamente, incumple la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022 de 24 de mayo, que le conminó a su reincorporación laboral inmediata, al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados y demás derechos que le correspondan por ley, bajo el pretexto de que no se agotó la etapa de impugnación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional

La Norma Fundamental, impone al Estado el deber de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados.

En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme a los establecido por el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009.

Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 0495, 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: 1) El pago de beneficios sociales; o, 2) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido.

En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y 2 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699, establece que: “(BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN).

I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras). 3 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 0495, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones

“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

IV. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006 con los siguientes textos:

V. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas son nuestras).

jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. El DS 0495 establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.

En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como lo estableció la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra posición concluyó que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, es decir, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo refirió la SCP 0900/2013 de 20 de junio. En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 7 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen).

substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial.

En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señalo que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras).

La citada jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de 8 La jurisprudencia establecida en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citada por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otras. 9 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, estableció que: “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas fueron añadidas). 10 Cita jurisprudencial que fue señalada textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2014-S3 de 27 de octubre, 1500/2014 de 16 de julio, 1760/2014 de 15 de septiembre, 0240/2015-S2 de 26 de febrero, 0510/2015-S1 de 22 de mayo, 0203/2017-S3 de 21 de marzo, 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras.

junio, al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación;…” (las negrillas nos corresponden).

Esta misma jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el 11 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, -cita la SCP 0591/2012 de 20 de junio-, refirió que: “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

ámbito familiar; puesto que, afecta la fuente laboral que constituye en el medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada.

Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que estableció que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas nos corresponden).

Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva que: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación; puesto que, la CNS Regional Santa Cruz, después de haberla despedido injustificadamente, incumple la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022 de 24 de mayo, que le conminó a su reincorporación laboral inmediata, al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados y demás derechos que le correspondan por ley, bajo el pretexto de que no se agotó la etapa de impugnación. De la revisión de los antecedentes se concluye que previa denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral interpuesta por la accionante, la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se pronunció el Auto de 23 de marzo de 2022, declinando competencia y disponiendo que la accionante acuda a la instancia llamada por ley para que defina lo que corresponda por ley (Conclusión II.1.). En etapa de impugnación en sede administrativa, promovida por la nombrada, se pronunció la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022, en cuya parte dispositiva revocó totalmente el citado Auto impugnado y conminó a la CNS Regional Santa Cruz proceda a la reincorporación laboral inmediata de la accionante, en el mismo puesto que ocupaba en la referida CNS, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley; conminatoria que la indicada CNS no dio cumplimiento según Informe de la Inspectora de Trabajo de la referida Jefatura (Conclusión II.2.).

Ahora bien, de acuerdo a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene que dicha conminatoria no constituye una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral del trabajador, sino provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador. En ese entendido, el empleador tiene el deber de dar cumplimiento inmediato e íntegro a la conminatoria de reincorporación laboral, aún se interpongan los recursos en sede administrativa mediante el recurso de revocatoria y jerárquico o se promueva su revisión en la vía judicial; consiguientemente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar aspectos relacionados a la fundamentación de la conminatoria y resoluciones, la valoración de las pruebas aportadas por las partes; puesto que, esa labor corresponde a las autoridades en sede administrativa o judicial, previa activación de los medios o recursos intraprocesales o previa demanda que promueva su revisión judicial.

En ese marco, en el caso concreto, la accionante denunció que su empleador, la CNS Regional Santa Cruz no dio cumplimiento a la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022, en cuya parte dispositiva conminó a la citada CNS proceda a su inmediata reincorporación laboral, en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados y demás derechos que le correspondan por ley; extremo que se evidencia del Informe de Verificación JDTSC/I/VER.REINC./ LAB. 070/2022 de 23 de junio de la Inspectora de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el reconocimiento expreso formulado por el Administrador Regional de la referida CNS al momento de presentar su informe oral alegando la falta de agotamiento de los medios de impugnación o expresando justificaciones de carácter presupuestario, la interrupción de la relación laboral, etc., y como efecto la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la alimentación de la accionante como trabajadora y de su entorno familiar, tomando en cuenta la cualidad de interdependencia de los derechos fundamentales reconocida por mandato constitucional.

En ese entendido, sin perjuicio del cumplimiento de la conminatoria señalada en la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022, la CNS Regional Santa Cruz tiene la facultad de presentar los recursos en sede administrativa a través de los recursos de reposición y jerárquico o promover su revisión en sede judicial por la referida CNS, instancias en las cuales se deben extender en su carga argumentativa y aportar las pruebas por las partes, para que sean consideradas y resueltas en dichas instancias y sea resuelta en forma definitiva la situación laboral de la accionante; consiguientemente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar consideraciones de estos aspectos, limitando su intervención en la revisión del cumplimiento o no de la señalada conminatoria para la otorgación de la tutela solicitada.

Otro aspecto que se debe destacar es la tutela provisional que otorga la jurisdicción constitucional, precisamente porque es la autoridad en sede administrativa o judicial, la que debe resolver en forma definitiva la situación jurídico-laboral de la accionante; empero, sin suspender el cumplimiento íntegro e inmediato de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 116/2022. En ese entendido, la jurisdicción constitucional se encuentra impelida para disponer el cumplimiento de la citada Resolución Administrativa, de manera inmediata y en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 98/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 67 vta., a 72 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por Ángela Maiti Rosso Rodríguez, sea en forma provisional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La CPE, establece en su art. 50: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.

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12 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

13 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0150_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a07806a5287143e34ccaccf668b921b0cbbebc914ba1d166e3b4c83244ab22f8

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