Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de mayo de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, así como a los principios de publicidad, igualdad, supremacía constitucional, juez imparcial y presunción de inocencia; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violación con agravantes, en audiencia de juicio oral de 23 de mayo de 2022, y estando finalizando la lectura de la Sentencia condenatoria dictada en su contra, de manera ilegal y sin previa notificación, los Jueces accionados aceptaron la solicitud del representante del Ministerio Público de instalar inmediatamente una audiencia de aplicación de medidas cautelares, pese a que dicha autoridad fiscal ni siquiera había presentado antecedentes previos, la imputación formal o medios probatorios que hagan presumir o acreditar la probabilidad de autoría y acreditar los riesgos procesales establecidos en los arts. “231 y 232” del CPP, y en el mismo acto procesal, celebraron dicha audiencia y ordenaron su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos desarrollados ut supra y con la aclaración que no se ingresó al fondo del problema jurídico-constitucional planteado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2024-S2 Sucre, 7 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47947-2022-96-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 04/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniela Elizabeth Daza Vera en representación sin mandato de Wilder Humberto Almendras Baltazar contra Marina Celina Herbas Herbas, Ronald Colque Rubin de Celis y María Eugenia Marquina Mencia, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 24 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 6 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) “3P0212014”, en audiencia de juicio oral de 23 de mayo de 2022, Marina Celina Herbas Herbas, Ronald Colque Rubin de Celis y María Eugenia Marquina Mencia, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionados-, mediante Sentencia “3”, lo declararon autor del delito de violación con agravantes, imponiéndole la pena de veinticinco años de privación de libertad, a cumplirse en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba. En ese mismo acto procesal, de manera anterior a que los Jueces accionados terminen de leer la Sentencia condenatoria emitida en su contra, el representante del Ministerio Público, sin la presentación de antecedentes previos, la imputación formal o medios probatorios que hagan presumir o acreditar la probabilidad de autoría y acreditar los riesgos procesales establecidos en los arts. “231 y 232” del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la aplicación de medidas cautelares; al respecto, hace constar que de manera anterior no se llevó a cabo ninguna audiencia de aplicación de medidas cautelares. Ante esa solicitud, los Jueces ahora accionados, sin un previo señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares, de forma arbitraria y sin respetar sus derechos, puesto que, su defensa técnica al amparo de lo establecido por el art. 168 del CPP, pidió que no se continúe con la referida audiencia de aplicación de medidas cautelares, debido a que únicamente se convocó a una audiencia de juicio oral; decidieron instalar la citada audiencia, argumentando que su persona contaba con Sentencia condenatoria, pero sin considerar los accionados que dicha Sentencia no se encuentra ejecutoriada, y por lo tanto, no tiene autoridad de cosa juzgada. Finalmente, expresa que la mencionada audiencia de aplicación de medidas cautelares es ilegal, al haber derivado en su detención preventiva y, que el fundamento de los Jueces accionados, al invocar que concurre el principio de informalidad establecido por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, hacen caso omiso a los derechos que le asisten, así como a los principios aplicables en el presente caso.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, así como a los principios de publicidad, igualdad, supremacía constitucional, juez imparcial y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 8.II, 21.7, 22, 23, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se declare la ilegalidad de la audiencia de aplicación de medidas cautelares y el Auto de 23 de mayo de 2022 -por el que se dispuso su detención preventiva-; b) Se disponga su inmediata libertad; c) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de que los Jueces accionados respondan por sus actos; y, d) El pago de costas y daños civiles.
Celebrada la audiencia pública el “24” -siendo lo correcto 25- de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, señaló que: 1) Dentro del proceso penal del cual deviene la presente acción de defensa, al encontrarse en fase de juicio oral, se llevaron a cabo varias audiencias previas a la audiencia de 23 de mayo de 2022, pero en ese último acto procesal, los Jueces ahora accionados, levantaron la reserva de la audiencia porque en ese momento se encontraba presente un veedor del “Senado Nacional”; aspecto que no ameritaba esa determinación, lo cual vulneró sus derechos; 2) Se debe tener presente que no existió una conclusión de la audiencia de juicio oral de lectura de sentencia, pasando a considerar de manera direccionada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, pese a sus reclamos rechazados por la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, en el que radica la causa, al conceder la palabra al Fiscal de Materia, a fin de que fundamente los presupuestos para la procedencia de la detención preventiva; y, 3) Dicha autoridad fiscal solo señaló el hecho de la existencia de la Sentencia condenatoria y la Presidenta del referido Tribunal de Sentencia Penal, no podía suplir la carga argumentativa que debió efectuar el Ministerio Público y, en base a ello determinar su detención preventiva.
Marina Celina Herbas Herbas, Ronald Colque Rubin de Celis y María Eugenia Marquina Mencia, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante a fs. 26 y vta., señalaron lo siguiente: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la comisión del delito de violación con agravantes, una vez desarrollado el juicio oral el 23 de mayo de 2022, se emitió Sentencia condenatoria de veinticinco años de privación de libertad, a cumplirse en el Centro Penitenciario El Abra de ese departamento; ii) Una vez que se emitió la parte resolutiva de la citada Sentencia, la autoridad fiscal pidió que se apliquen medidas cautelares al imputado -hoy accionante-; por cuanto, no se aplicaron en la etapa preparatoria porque se encontraba declarado rebelde y, como emergencia de ello, en el verificativo de aplicación de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva, por lo que la defensa técnica del impetrante de tutela apeló incidentalmente esa determinación; iii) Si bien en esta acción tutelar, el accionante refiere que se estaría violentando su derecho a la libertad; empero, ello no es evidente, porque la imposición de medidas cautelares tiene como finalidad que el acusado se someta al proceso, y dadas las características del caso, que se trata de un delito de violación con agravantes a una mujer, el resguardo de los derechos de la víctima conforme a la Constitución Política del Estado, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y las normas internacionales obligan a las autoridades judiciales a juzgar con perspectiva de género; iv) Por lo mencionado, solicitaron que se deniegue la tutela, considerando que se debe velar no solo por los derechos del acusado, sino también realizar una ponderación reforzada con relación a los derechos de la mujer víctima, haciendo prevalecer la finalidad de una justicia pronta, oportuna y eficaz, considerando además que no se puede realizar una doble petición en resguardo de eventuales derechos vulnerados del acusado, cuando el mismo, al haber apelado “la resolución”, dio lugar a que el Tribunal de alzada sea el que deba conocer tal extremo, no pudiéndose utilizar la vía constitucional para este tipo de peticiones; y, v) Pidieron que se remitan antecedentes de esta acción de defensa al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a efectos de que conozcan la labor de los abogados del accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 30 a 32 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) En el presente caso, se denuncia la vulneración al derecho a la libertad, por un procesamiento indebido; por cuanto, se habría celebrado una audiencia de aplicación de medidas cautelares, sin haberse convocado previamente a la misma, teniendo como resultado la privación de libertad del accionante; b) En ese entendido, conforme a los antecedentes del caso, se tiene que el 23 de mayo de 2022, se celebró tanto el juicio oral público y contradictorio, emitiéndose en dicho acto procesal la parte dispositiva de la Sentencia condenatoria, así como la audiencia de aplicación de medidas cautelares, determinándose la detención preventiva del impetrante de tutela; decisión esta última que fue impugnada por la defensa del antes mencionado; c) Es así que, la defensa técnica del accionante activó el “mecanismo revisoría” del actuar de las autoridades accionadas, vía jurisdicción ordinaria a través del recurso de apelación, por lo que al haber hecho uso de ese mecanismo, no podía solicitar “hoy” a la vía constitucional su protección, sin antes tener el resultado del recurso de apelación incidental formulado; d) En ese entendido, se debe aplicar la jurisprudencia constitucional que refiere, no se pueden activar dos recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales; motivo por el cual se imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y, e) Respecto a la solicitud de la parte accionada con relación a que se remita la “Resolución” al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a efectos de que conozcan la actuación de los abogados del accionante, tal extremo no corresponde por no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa acusación formal de 4 de mayo de 2021, presentada por el Ministerio Público contra Wilder Humberto Almendras Baltazar -hoy accionante-, por el delito de violación con agravantes, solicitando al Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, se dicte auto de apertura de juicio, fijándose día y hora de audiencia y, concluido el debate, se dicte sentencia condenatoria declarando al acusado, autor y culpable (fs. 16 a 17 vta.).
II.2. Acta de audiencia pública de medida cautelar de 23 de mayo de 2022, en la cual el representante del Ministerio Público manifestó: “En merito a las circunstancias que sean anotado en la presente audiencia de juicio oral, la sentencia emitida por el Tribunal y no habiéndose aplicado medidas cautelares de carácter personal en contra del acusado Wilder Humberto Almendras Baltazar, solicita fundamentar una aplicación de medida cautelar en esta audiencia en base a las circunstancias acontecidas en la presente audiencia si el Tribunal así lo permite”(sic), ante lo cual los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionados-, señalaron que: “En merito a la solicitud efectuada por el representante del Ministerio Público en este estado y no obstante de haberse programado audiencia para la celebración de juicio oral, sin embargo la amplia jurisprudencia ha establecido la facultad que tiene el Fiscal como representante del Estado y la sociedad de poder solicitar este tipo de audiencias…” (sic); y posteriormente, por Auto de la misma fecha, dichas autoridades judiciales ordenaron llevar a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares; y consiguientemente, después de la intervención de las partes procesales, se emitió Auto de igual fecha, por el que al advertir la concurrencia de los arts. 233.1; y, 234.4 y 8 del CPP, determinaron la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario El Abra de ese departamento, ordenando que por Secretaría se expida mandamiento de detención preventiva.
Ante esa decisión, la defensa del acusado, ahora accionante, en la misma audiencia formuló recurso de apelación incidental, conforme al art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; planteamiento recursivo de impugnación ante el cual los Jueces accionados ordenaron que por Secretaría se realice la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno y sea en el plazo establecido por ley (fs. 18 a 23).
II.3. Consta mandamiento de detención preventiva de 23 de mayo de 2022, librado por los Jueces accionados contra el accionante, a efectos de dar cumplimiento al Auto de la misma fecha, por el que se dispuso la efectivización de dicha medida cautelar en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba (fs. 24).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, así como a los principios de publicidad, igualdad, supremacía constitucional, juez imparcial y presunción de inocencia; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violación con agravantes, en audiencia de juicio oral de 23 de mayo de 2022, y estando finalizando la lectura de la Sentencia condenatoria dictada en su contra, de manera ilegal y sin previa notificación, los Jueces accionados aceptaron la solicitud del representante del Ministerio Público de instalar inmediatamente una audiencia de aplicación de medidas cautelares, pese a que dicha autoridad fiscal ni siquiera había presentado antecedentes previos, la imputación formal o medios probatorios que hagan presumir o acreditar la probabilidad de autoría y acreditar los riesgos procesales establecidos en los arts. “231 y 232” del CPP, y en el mismo acto procesal, celebraron dicha audiencia y ordenaron su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre la inviabilidad de este mecanismo tutelar de defensa, ante la activación de dos jurisdicciones con el mismo reclamo e igual pretensión, la SCP 0490/2018-S1 de 10 de septiembre, en el marco del entendimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, asumido por la reiterada jurisprudencia constitucional, señaló que: [...la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, citando la jurisprudencia constitucional sobre la activación paralela de mecanismos de defensa, concluyó: «En ese sentido, la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre citando a la SC 0080/2010 de 3 de mayo, sostuvo que: “…Asimismo, esta Sentencia, respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: ‘…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…’”; de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico »] (las negrillas corresponden al texto original). En ese mismo sentido, sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en impugnaciones de medidas cautelares y la imposibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea, la SCP 0401/2020-S3 de 5 de agosto, estableció que: «En cuanto a la impugnación de resoluciones dentro del régimen de medidas cautelares, la SCP 001/2018-S1 de 14 de febrero, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, precisó “La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, ampliamente ratificada, estableció las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, bajo los siguientes entendimientos: ‘…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…) Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…
De la citada jurisprudencia, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, se establecieron tres supuestos que constituyen una excepción al carácter no subsidiario de la acción tutelar -acción de libertad-, siendo el segundo de estos, la existencia de “recurso de impugnación a una resolución judicial de medida cautelar’, por cuanto ese es el medio idóneo, rápido y efectivo a través del cual se repararán las presuntas arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido”.
Por su parte, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en cuanto a la viabilidad de la acción de libertad -en ese entonces hábeas corpus- estableció que: “...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico".
Entendimiento aplicado en un caso concreto con supuestos fácticos análogos al presente, en el que la SCP 0100/2018-S1 de 23 de marzo, en su ratio decidendi determinó denegar la tutela solicitada por cuanto: ‘(…) el accionante hizo uso del medio idóneo para impugnar la detención preventiva impuesta en su contra, como en efecto correspondía, recurso que además fue activado en la referida audiencia cautelar, pero sin considerar aquello, el accionante el mismo día (…) de forma simultánea interpuso la presente acción de libertad, alegando los agravios referidos a su detención preventiva, concurriendo en el presente caso la subsidiariedad excepcional de la presente acción de defensa, conforme el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dado que sin considerar que su recurso de apelación se encontraba activado y sin esperar que el mismo sea resuelto (…) acudió simultáneamente a la jurisdicción constitucional, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada’ ».
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega que, los Jueces accionados, en audiencia de juicio oral de 23 de mayo de 2022, se encontraban dando lectura a la Sentencia condenatoria dictada en su contra en la misma fecha y, de manera ilegal y sin previa notificación, aceptaron la solicitud del representante del Ministerio Público de instalar inmediatamente una audiencia de aplicación de medidas cautelares, pese a que dicha autoridad fiscal ni siquiera había presentado antecedentes previos, la imputación formal o medios probatorios que hagan presumir o acreditar la probabilidad de autoría y acreditar los riesgos procesales establecidos en los arts. “231 y 232” del CPP, y en el mismo acto procesal, vulnerando los derechos y principios invocados en esta acción tutelar, celebraron dicha audiencia y ordenaron su detención preventiva. A partir de dicho reclamo constitucional que generó la interposición de esta acción de defensa, así como el alcance de la pretensión del impetrante de tutela, que radica en lo esencial en que se deje sin efecto la detención preventiva impuesta en su contra, es necesario realizar una contextualización del despliegue procesal ahora cuestionado, a objeto de conocer los actuados procesales y jurisdiccionales inherentes al mismo; así, se tiene que cursa acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por el delito de violación con agravantes, solicitando al Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, se dicte auto de apertura de juicio, fijándose día y hora de audiencia, y concluido el debate se dicte sentencia condenatoria declarando al acusado, autor y culpable (Conclusión II.1). Asimismo, cursa acta de audiencia pública de medidas cautelares de 23 de mayo de 2022, en la cual el representante del Ministerio Público manifestó: “En mérito a las circunstancias que sean anotado en la presente audiencia de juicio oral, la sentencia emitida por el Tribunal y no habiéndose aplicado medidas cautelares de carácter personal en contra del acusado Wilder Humberto Almendras Baltazar, solicita fundamentar una aplicación de medida cautelar en esta audiencia en base a las circunstancias acontecidas en la presente audiencia si el Tribunal así lo permite” (sic), ante dicha solicitud, los Jueces ahora accionados, señalaron: “En merito a la solicitud efectuada por el representante del Ministerio Público en este estado y no obstante de no haberse programado audiencia para la celebración de juicio oral, sin embargo la amplia jurisprudencia ha establecido la facultad que tiene el Fiscal como representante del Estado y la sociedad de poder solicitar este tipo de audiencias…” (sic); y posteriormente, por Auto de la misma fecha, dichas autoridades determinaron llevar a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares; y consiguientemente, después de la intervención de las partes procesales, dictaron Auto de igual fecha, por el que al advertir la concurrencia de los arts. 233.1; y, 234.4 y 8 del CPP, ordenaron la detención preventiva del procesado, ahora impetrante de tutela, en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba, estableciendo que por Secretaría se expida mandamiento de detención preventiva. Ante esa determinación, la defensa del accionante, en la misma audiencia de medidas cautelares, formuló recurso de apelación incidental, conforme al art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173; y en vista de dicha interposición de la alzada, los Jueces accionados ordenaron que por Secretaría se realice la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno y sea en el plazo establecido por ley (Conclusión II.2). Asimismo, consta mandamiento de detención preventiva de 23 de mayo de 2022, librado por los Jueces accionados contra el impetrante de tutela, a efectos de dar cumplimiento al Auto de la misma fecha, por el que se dispuso la efectivización de dicha medida cautelar en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba (Conclusión II.3). De acuerdo al contexto fáctico y procesal señalado, se resalta que en la estrategia procesal activada y asumida por la defensa del procesado, ahora peticionante de tutela, con anterioridad a la interposición de esta acción tutelar y la posibilidad de activación de mecanismos de defensa intra procesales que prevé el ordenamiento jurídico aplicable, bajo el encuadre normativo previsto en el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, el prenombrado formuló recurso de apelación incidental contra el Auto de 23 de mayo de 2022, por el que los Jueces accionados dispusieron su detención preventiva, y que ahora se cuestiona a través de esta acción tutelar; a partir de lo cual, queda evidenciado que promovió una dinámica de secuencia procesal tendiente a reclamar en sede ordinaria los posibles agravios que le estaría generando el pronunciamiento judicial que determinó su detención preventiva, abriendo de esa manera la parte procesal, la posibilidad de su reanálisis por instancia superior en dicha jurisdicción, como en efecto correspondía, al ser la apelación incidental prevista en la referida norma procesal, el medio recursivo de impugnación instituido dentro del régimen de medidas cautelares, para efectuar los reclamos o cuestionamientos a presuntos agravios sufridos a momento de la imposición de una detención preventiva, en lo esencial referidos a la concurrencia de riesgos procesales o la causal que hubiese determinado dicha medida y su génesis de activación. Así, en el caso concreto se advierte que, paralelamente, con la misma finalidad de examinar la determinación de imposición de la medida extrema de privación de libertad, el accionante acudió ante esta vía constitucional cuando se encontraba en tramitación y pendiente de resolución el recurso de apelación incidental, lo cual imposibilita que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de la denuncia constitucional planteada; toda vez que, como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es posible asumir una extensión y/o despliegue procesal simultáneo tanto en sede ordinaria como constitucional sobre una misma problemática, en virtud a que, de admitirse ello, desencadenaría en la desnaturalización de la esencia y finalidad de la protección que brinda la acción de libertad, conllevando a que adquiera una connotación alternativa o paralela a la jurisdicción ordinaria, desencadenando una eventual confrontación jurídica ante la posibilidad de que existan fallos contrapuestos emitidos en ambas jurisdicciones sobre una misma situación procesal-judicial. En consecuencia, se advierte que en el presente caso, el accionante activó de forma paralela con igual alcance de reclamo de lesividad, tanto el recurso de apelación incidental, contemplado en el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173, así como la presente acción de libertad, por lo que corresponde denegar la tutela, sin ingresar al examen de fondo de la problemática planteada. Finalmente, se aclara que al no contar con los agravios expuestos en apelación por el accionante y ante la eventualidad de que el mismo no haya cuestionado, entre estos, el hecho de que la audiencia de aplicación de medidas cautelares se hubiese instalado presuntamente de manera ilegal, sin previo aviso y sin que el Ministerio Público hubiese presentado los actuados procesales inherentes a ello; tal extremo pudo ser cuestionado a través del incidente de actividad procesal por defectos absolutos, siendo el mecanismo ordinario idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que la parte procesal considere que le causan agravio en su derechos y el despliegue procesal aplicado -conforme al entendimiento asumido en la SCP 1065/2022-S3 de 18 de agosto-; por lo que, al respecto, se advierte a su vez el incumplimiento del principio de subsidiariedad aplicable de forma excepcional a la acción de libertad, constituyendo ello otra causal de sustento que, ratifica la denegatoria de la tutela, no correspondiendo realizar ninguna otra consideración sobre las pretensiones de la parte accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con distintos argumentos, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 25 de mayo, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos desarrollados ut supra y con la aclaración que no se ingresó al fondo del problema jurídico-constitucional planteado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0150_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 34f22a7d09196eebdd0364ffc27e5e978dacff925f4b96ef9d430f5918b247ff
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