Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a los principios de celeridad, economía procesal y gratuidad; toda vez que, apeló la resolución de medidas cautelares que dispuso su detención preventiva; sin embargo, el legajo de apelación incidental no fue remitido al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de dos semanas, es decir, un tiempo mayor al plazo establecido por ley. Ante ello, la Secretaria demandada señaló que no se remitió oportunamente los antecedentes porque se presentaron inconvenientes que impidieron su cumplimiento. Por su parte, la Auxiliar codemandada, señaló que la remisión de apelaciones no fue encomendada a su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 63/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57880-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 63/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Quispe Ticona contra Norah Mamani Mamani, Secretaria; y, Heydi Piza Piza, Auxiliar, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
El 12 de agosto de 2023 fue sometido a una audiencia de consideración de medidas cautelares, en la cual se dispuso su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio 447/2023 de 12 de agosto; dicha decisión que fue apelada por su defensa -de forma oral en audiencia-, sin embargo, a partir de ese momento transcurrió “…un plazo mayor a 24 horas (2 SEMANAS) hasta la fecha y hora del presente recurso constitucional…” (sic), sin que se haya remitido el legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, omisión que lesionó sus derechos y garantías constitucionales, obviando el principio de celeridad que debe ser tomado en cuenta por todo funcionario que depende del Órgano Judicial.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a los principios de celeridad, economía procesal y gratuidad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Que la Secretaria y Auxiliar demandadas remitan el legajo de apelación incidental ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) Llamar severamente la atención a las prenombradas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia señaló que: 1) En el presente caso, con privado de libertad, el “Juez cautelar de turno” ordenó la remisión de los antecedentes ante la autoridad competente de la localidad de Pucarani; y, 2) Se incumplieron los plazos procesales, asimismo, los principios de celeridad, objetividad y acceso a una justicia pronta y oportuna, ya que el 12 de agosto de 2023, se dispuso su detención preventiva y la remisión de antecedentes -se entiende al Tribunal de alzada-, sin embargo, a la fecha -23 de igual mes y año-, transcurrieron cinco días hábiles sin que se hubiese remitido el cuaderno de apelación.
Norah Mamani Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, sostuvo que: i) No se elaboró el informe respectivo para la audiencia de garantías porque fue notificada recién a horas 14:17, a pesar de ello, se hizo llegar copias legalizadas de los oficios de remisión a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a Presidencia del referido Tribunal Departamental, a fin de que se remita el proceso al Juzgado Público Mixto, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del señalado departamento; ii) Se tuvieron inconvenientes como paros contundentes de caminos; asimismo, los días 12 y 14 de agosto de 2023, el Juzgado -se entiende el despacho judicial del que depende- se encontraba de turno, y la carga procesal fue bastante amplia con más de quince audiencias, razón por la que no se remitió oportunamente el proceso; y, iii) Siendo el proceso de provincia, no se llevó a cabo el sorteo por no tener sistema, no obstante, se coordinó con plataforma a fin de que se pueda crear un Número de Registro Judicial (NUREJ) y que sea remitido a la referida Sala Penal; empero, no fue recepcionado por una observación; por otro lado, es de conocimiento de los funcionarios que dicha Sala Penal solo reciben documentación hasta horas 12:00.
Heidy Piza Piza, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que la remisión de la apelación no fue encomendada a su persona, ya que se encarga de generar notificaciones; y, de cargar y descargar los memoriales.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 62/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 15 a 17, concedió en parte -siendo lo correcto concedió- la tutela solicitada, disponiendo que se remitan antecedentes de la acción de libertad ante la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura para tomar las acciones correspondientes contra las demandadas, facultando al accionante hacer el seguimiento respectivo y adjuntar las literales que viera conveniente, toda vez que, la causa ya habría sido remitida al “Juzgado de Pucarani”; con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien existen inconvenientes que impiden remitir un recurso de apelación a tiempo, como los conflictos sociales, en el presente caso, estos acontecieron de manera posterior a la emisión de la resolución, y fueron por dos días, que son justificables; sin embargo, estos no pueden ir en desmedro de los justiciables, más aun teniendo en cuenta que hay un privado de libertad; b) En cuanto a lo manifestado por la Secretaria demandada sobre los oficios de remisión, tomando en cuenta que la resolución habría sido emitida el 12 de agosto de 2023 y los días de los conflictos sociales suscitados, la remisión de la apelación tendría que haber sido cumplida, por lo que, es evidente la dilación causada por las demandadas, debiendo considerarse lo establecido por la SCP 1023/2022-S4 de 15 de agosto, en razón a la celeridad que debe existir en los trámites judiciales y administrativos de personas privadas de libertad; c) En relación a la Auxiliar codemandada, que refiere que la remisión de apelaciones no sería su atribución, es necesario señalar que, según la Ley del Órgano Judicial, debe coadyuvar a la Secretaria demandada en sus tareas, no siendo posible delegar funciones a los pasantes, porque estos deben estar habilitados por el Consejo de la Magistratura y, las remisiones ante el Tribunal de alzada o en su defecto al juzgado correspondiente son obligaciones administrativas propias de la Secretaria demandada; y, d) No se remitió ninguna literal que pueda constatar las fechas de remisión y otras alegaciones realizadas por las demandadas, a fin de demostrar que la demora no es atribuible a sus personas sino únicamente a trámites administrativos.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 71), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 (fs. 75) y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 447/2023 de 12 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso aplicar la medida cautelar de detención preventiva a Víctor Hugo Quispe Ticona -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el prenombrado por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 3 a 5). II.2. Cursa oficio de 21 de agosto de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, con referencia “…REMITE APELACION EN CONTRA DE LA RESOLUCION N° 447/2023 DE FECHA 12 DE AGOSTO…” (sic), con cargo de recepción de 23 del citado mes y año a horas 11:25, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 12 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a los principios de celeridad, economía procesal y gratuidad; toda vez que, apeló la resolución de medidas cautelares que dispuso su detención preventiva; sin embargo, el legajo de apelación incidental no fue remitido al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de dos semanas, es decir, un tiempo mayor al plazo establecido por ley. Ante ello, la Secretaria demandada señaló que no se remitió oportunamente los antecedentes porque se presentaron inconvenientes que impidieron su cumplimiento. Por su parte, la Auxiliar codemandada, señaló que la remisión de apelaciones no fue encomendada a su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
Identificado el objeto procesal, de la revisión de antecedentes y de lo aseverado por Víctor Hugo Quispe Ticona -hoy accionante- se tiene que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su privación de libertad a través del Auto Interlocutorio 447/2023 de 12 de agosto, contra el cual planteó recurso de apelación en audiencia de forma oral, solicitando que por secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz se remita el legajo de apelación ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro del plazo establecido por ley. Al respecto, la Secretaria del Juzgado de Garantías, en audiencia de esta acción tutelar, informó que: “…el segundo oficio es de la fecha 21 de agosto de 2023, apelación en contra la resolución N° 447/2023 del 12 de agosto de 2023 en fotocopias legalizadas, siendo esta recepcionado en fecha 23 de agosto de 2023 a horas 11:27 am” (sic [fs. 13 vta.]). Por otro lado, de la revisión del expediente constitucional, se tiene oficio de 21 de agosto de 2023, cuya referencia indica “…REMITE APELACION EN CONTRA DE LA RESOLUCION N° 447/2023 DE FECHA 12 DE AGOSTOS DE 2023 (EN FOTOCOPIAS LEGALIZADAS)” (sic [Conclusión II.2]), del cual se advierte que, cuenta con cargo de recepción de 23 de agosto de 2023 a horas 11:27 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, la incertidumbre alegada por el accionante, ante la no remisión del legajo de apelación incidental no es evidente, toda vez que, la Secretaria demandada remitió los documentos con anterioridad a la interposición de la presente acción de defensa. En ese sentido, se concluye que, el hecho que motivo al impetrante de tutela a interponer la presente acción de libertad, ya fue cumplido por la Secretaria y la Auxiliar demandadas -con anterioridad a la activación del proceso constitucional-; por lo que, con base en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, opera la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, impidiendo en consecuencia a este Tribunal emitir pronunciamiento alguno sobre el acto lesivo denunciado; ya que el mismo fue sustraído por la desaparición del hecho alegado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte -siendo lo correcto conceder- la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 63/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0149_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): a02ec63da330b5846be934fb5f95295b7b9a7b66cdea51ee8c167d126342fa2f
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