Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, así como los principios de celeridad, honestidad y eficiencia; puesto que, en el proceso penal de referencia: i) Formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 52/2022, que mantuvo su situación jurídica de detención preventiva; no obstante, , el entonces Juez hoy coaccionado, no remitió los antecedentes de dicho recurso ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; ii) Remitido el referido proceso al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, se emitió el Auto de Radicatoria 157/2022 conforme el art. 340 del mismo Código, sin que el Juez Técnico ahora accionado disponga la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, omisión que vulnera su derecho a la defensa, por cuanto debía controlar el estado de la causa sometida a su conocimiento; y, iii) En diciembre de 2022, con motivo de la vacación judicial, el mencionado proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante la cual presentó memorial solicitando corrección de procedimiento; sin embargo, tampoco se dispuso la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 3 de febrero, cursante a fs. 13 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54058-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2023 de 3 de febrero, cursante a fs. 13 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Kevin Rodrigo Molina Divico contra Reina Virginia Uriarte Vila, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital; Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; y, Gregorio Merlo Chura, ex Juez de Instrucción Penal de Palos Blancos, todos del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 3 a 6, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Kevin Rodrigo Molina Divico -accionante- por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP); encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 22 de julio de 2022 se celebró la audiencia medidas cautelares (de consideración de situación jurídica) ante el entonces Juez hoy coaccionado; por lo que, al ser rechazada su solicitud -mediante Auto Interlocutorio 52/2022 de la misma fecha-, formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad el 2 de febrero de 2023, los antecedentes no fueron remitidos ante la correspondiente Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, transcurriendo más de cinco (5) meses, superando ampliamente el plazo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que ocasionó la vulneración de sus derechos. Asimismo, refiere que el proceso penal fue posteriormente remitido al Juez Técnico ahora coaccionado, quien emitió el Auto de radicatoria de 12 de agosto de 2022; sin embargo, no dispuso la remisión de los antecedentes correspondientes al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 52/2022, omisión que vulnera el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa; puesto que, en su condición de autoridad judicial, debía ejercer control sobre el estado de las causas sometidas a su conocimiento. Posteriormente, en diciembre de 2022, debido a la vacación judicial, el proceso fue remitido al Juzgado de turno, siendo sorteado a la Jueza Técnica hoy accionada; en ese contexto, el accionante presentó memorial solicitando corrección de procedimiento; empero, sostiene que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, las autoridades judiciales ahora accionadas lo mantuvieron en estado de indefensión, al no haber tramitado con celeridad el recurso de apelación incidental, superando el plazo previsto por el art. 251 del CPP.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, justicia pronta y oportuna y al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, así como los principios de celeridad, honestidad y eficiencia; citando al efecto los arts. 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga en el día la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 12, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, manifestó que: a) Desde el “28” -lo correcto es 22- de julio de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, el entonces Juez Técnico hoy coaccionado, no remitió el recurso de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas, incurriendo en una actuación dilatoria y negligente que retardó la tramitación del proceso vinculado a una persona que se encontraba con detención preventiva; b) El cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal de “Palos Blancos” -lo correcto es Caranavi- del departamento de La Paz, junto con una acusación; empero, tampoco el Juez Técnico ahora coaccionado dispuso la remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, incumpliendo su obligación de adoptar medidas que agilicen a agilizar los trámites vinculados a la libertad; c) Durante la vacación judicial, el 28 de diciembre de 2022, solicitó ante la Juez Técnica hoy accionada la corrección de procedimiento y la remisión inmediata del recurso de apelación incidental al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, hasta la interposición de esta acción tutelar no se obtuvo respuesta; d) El trámite de remisión de actuados del mencionado recurso ante el Tribunal de alzada debe sustanciarse en veinticuatro (24) horas; sin embargo, transcurrieron más de cinco meses desde su interposición, lo cual configura una dilación indebida y vulnera sus derechos reconocidos por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), así como por los arts. 23 y 180 de la CPE. Por ello, solicita se conceda la tutela y se ordene al Juez Técnico ahora coaccionado, que remitan el recurso de apelación incidental en el plazo de veinticuatro (24) horas o incluso en el día, ante la irrazonable demora producida
Reina Virginia Uriarte Vila, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: 1) Extraña que haya sido accionada de manera individual, cuando el Tribunal en el que desempeña sus funciones se encuentra conformado por tres Jueces; asimismo, fue notificada diez minutos antes de ser instalada la audiencia de la presente acción tutelar; 2) Conforme a la documentación remitida a Secretaría, se advierte que el memorial presentado por el representante sin mandato del accionante, el 28 de diciembre de 2022, fue ingresado ante la Oficina Gestora de Procesos, pero nunca fue remitido ni ingresó formalmente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, extremo que también se evidencia en el libro diario en el cual no consigna su ingresó; 3) En caso de que el memorial hubiera sido presentado, este se quedó en la Oficina Gestora y probablemente fue devuelto al Tribunal de origen, dado que el 29 y 30 de diciembre de 2022 se encontraban devolviendo los antecedentes conforme se estableció en la Circular de vacación judicial; 4) En ese sentido, señaló que no tuvo conocimiento ni intervención respecto a la supuesta apelación pendiente de remisión, en todo caso, el abogado defensor debía verificar el trámite ante la Oficina Gestora o, en su caso, ante las autoridades que anteriormente conocieron la causa, quienes tendrían la obligación legal de remitir el recurso de apelación incidental dentro del plazo previsto por ley. Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz-ahora coaccionado-, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: i) Una vez recibido el proceso por sorteo fue asignado como Juez Técnico, emitiendo el Auto Interlocutorio 157/2022 de 12 de agosto y procedió a radicar la causa conforme el art. 340 del CPP, disponiendo las notificaciones correspondientes dentro del plazo de veinticuatro horas; ii) De la revisión de obrados, no cursa apersonamiento alguno ni solicitud relacionada con la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental pendiente, como sostiene el accionante; asimismo, la defensa técnica es la que debe realizar el seguimiento del proceso, los recursos interpuestos y velar por los derechos y garantías del imputado en las instancias donde se encuentre la causa; iii) Juez Técnico ahora coaccionado refiere que se trataría de una apelación de medidas cautelares; sin embargo, conforme a los actuados de la presente causa se tiene el Auto Interlocutorio 52/2022 que consideró la situación jurídica del accionante, que es muy diferente a una resolución de medidas cautelares; iv) Por último, por informe verbal de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, ninguna parte procesal se apersonó ante ese Tribunal para impulsar el trámite relacionado con una eventual apelación incidental pendiente; por lo que solicita resolver lo que en derecho corresponda. Asimismo, continuando con su informe, ante la pregunta de la Jueza de garantías, respecto a que la apelación fue presentada el “28” -lo correcto es 22-de julio de 2022, que fue remitido a la Sala Penal de Turno del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, que existe una subsanación que hasta la fecha no fue atendida ni devuelta y que el memorial -presentado el 28 de diciembre de 2022- no tiene pronunciamiento; por lo que, solicitó se envíen los datos para dictar resolución constitucional, ya que el expediente se encontraba en Caranavi a cargo del Tribunal de Sentencia que conforma el Juez técnico hoy coaccionado; a lo que respondió señalando que el abogado representante del accionante, se encuentra confundido; ya que, el expediente de juicio oral público y contradictorio se encuentra presente; sin embargo, no se encuentra el legajo del recurso de apelación incidental que supuestamente habría tenido una observación por el Tribunal de alzada. Asimismo, al ser consultado sobre el mencionado recurso que está pendiente de subsanación y que tendría que estar adjunto al expediente de juicio oral público y contradictorio en Caranavi, dado que se elevan fotocopias y en su caso originales para no perjudicar al privado de libertad; el Juez técnico ahora accionado, respondió que “…No cursa el legajo de apelación, menos observación que ha referido la parte accionante señora juez” (sic [fs. 11 vta.]). Al respecto, consultó si en ese expediente no existían antecedentes del recurso de apelación incidental planteado por el accionante, a lo que respondió que “El legajo de apelación no existe señora juez” (sic [fs. 11 vta.]).
Gregorio Merlo Chura, entonces Juez de Instrucción Penal de Palos Blancos del departamento de La Paz -hoy coaccionado-, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: a) En ese entonces era Juez de la localidad de Palos Blancos del referido departamento, actualmente desempeña funciones en el Juzgado de Sentencia Penal de Patacamaya del indicado departamento. En esa oportunidad, efectivamente llevó adelante la audiencia de modificación de medida cautelar a solicitud del accionante y también cumplió con la obligación de remitir el recurso de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, conforme exige la normativa procesal penal; b) Desde que dejó el cargo de Juez en el Juzgado de Instrucción Penal de Palos Blancos del referido departamento, desconoce el trámite posterior del recurso de apelación incidental; sin embargo, afirmó que sus antecedentes fueron remitidos a la Sala correspondientes; asimismo, no tiene certeza sobre si la Sala encargada envió el proceso al Juez Técnico ahora coaccionado-; en consecuencia, consideró incoherente la acción tutelar planteada en la que se manifiesta que su autoridad hubiera omitido la remisión del recurso; y, c) Se encuentra en suplencia legal en la localidad de Inquisivi y solicitará al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal de Palos Blancos del departamento de La Paz la documentación pertinente para acreditar si recogieron los antecedentes de la Sala encargada, ya que señaló que está plenamente seguro de la remisión efectuada, cuyo descargo se encuentra en el indicado Juzgado. En esa línea, continuando con su informe, ante la pregunta de la Jueza de garantías sobre dónde está el recurso de apelación; Juez hoy coaccionado, respondió que “el 28 -lo correcto es 22- de julio del 2022 se ha llevado situación jurídica en el cual se rechazó y el abogado apelo y esta autoridad en 24 horas se ha remitido, como se trata de provincias creo que ha sido en un día o dos, se ha remitido a salas y existe la copia en el juzgado de origen que es, no sé si esta adjunto al expediente porque mi persona ha sido trasladado a otro juzgado en el mes de agosto del 2022, entonces yo tenía una copia que si estaba en salas, se ha cumplido la remisión de la apelacion que ahora el accionante señala señora magistrada, se ha cumplido estrictamente, ahora desde el momento que yo eh sido trasladado no se si está en el expediente actual en la localidad de Caranavi la copia señalada pero que si se ha remitido a salas la apelacion correspondiente en el plazo que señala la ley, es cuanto puedo aclarar señora magistrada.” (sic [fs. 12]). Por último, la Jueza de garantías consulto si la subsanación del recurso de apelación fue puesto en conocimiento del Juez del Juzgado de Instrucción Penal de Palos Blancos del departamento de La Paz, respondiendo que “…si señora juez, seguramente, yo ya no eh conocido porque ya no estuve presente como juez, como le digo en el mes de agosto a los pocos días de que se ha llevado la audiencia a mí me han trasladado otro juzgado de provincia de la ciudad de La Paz, desconozco y este momento yo estoy de suplencia en la localidad de inquisivi, entonces señora magistrada no le puedo decir pero de que se ha cumplido y se ha remitido la apelación está en salas y así mismo el abogado accionante puede revisarlo mediante el nombre que si evidentemente se ha enviado señora magistrada.” (sic [fs. 12]).
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2023 de 3 de febrero, cursante a fs. 13 y vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) El art. 125 de la CPE consagra la acción de libertad como un mecanismo destinado a proteger la vida y la libertad de las personas cuando se encuentren ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas o privadas de su libertad, facultando al Tribunal de garantías para que, en conocimiento de dichas vulneraciones, guarde tutela a la vida, cese la persecución indebida, restablezca las formalidades legales o en su caso restituya la libertad del accionante; 2) En relación a la acción de libertad de pronto despacho, la jurisprudencia constitucional estableció que las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad deben tramitarse con la mayor celeridad posible, en observancia de los principios procesales previstos por en el art. 180.I de la CPE y en la Ley del Órgano Judicial ; en el presente caso, las autoridades Judiciales ahora accionadas desconocen el juzgado donde se encuentra el legajo de recurso de apelación incidental, cuando conforme a la LOJ, en su condición de Jueces deben velar por el cumplimiento de los plazos procesales en coordinación con Secretaría; 3) En la audiencia de la presente acción tutelar, el accionante no demostró de manera objetiva y fehaciente que las autoridades judiciales hoy accionadas hubieran limitado o restringido su derecho a la libertad, señalando que corresponde a dichas autoridades requerir informes a sus respectivos secretarios para el impulso correspondiente del recurso de apelación y determinar el grado de responsabilidad de los mismos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorial presentado el 28 de diciembre de 2022 ante la Juez del Tribunal Primero de Sentencia de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada- por Kevin Rodrigo Molina Divico -ahora accionante-, mediante el cual solicitó corrección de procedimiento y se remita el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, (Fs. 2 y vta.).
II.2. No cursa más documentación pertinente adjunta a la acción de libertad; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado en su memorial de acción de libertad presentado por el accionante (fs. 3 a 6); asimismo, lo manifestado en la audiencia de consideración de esta acción de defensa (fs. 10 a 12); y la Resolución 06/2023 de 3 de febrero, emitida por la Jueza de garantías (fs. 13 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, así como los principios de celeridad, honestidad y eficiencia; puesto que, en el proceso penal de referencia: i) Formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 52/2022, que mantuvo su situación jurídica de detención preventiva; no obstante, , el entonces Juez hoy coaccionado, no remitió los antecedentes de dicho recurso ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; ii) Remitido el referido proceso al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, se emitió el Auto de Radicatoria 157/2022 conforme el art. 340 del mismo Código, sin que el Juez Técnico ahora accionado disponga la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, omisión que vulnera su derecho a la defensa, por cuanto debía controlar el estado de la causa sometida a su conocimiento; y, iii) En diciembre de 2022, con motivo de la vacación judicial, el mencionado proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante la cual presentó memorial solicitando corrección de procedimiento; sin embargo, tampoco se dispuso la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada. En consecuencia, las autoridades judiciales hoy accionadas no tramitaron con la debida celeridad el recurso planteado, excediendo el plazo establecido por el art. 251 del CPP, manteniendo su estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; b) De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante; c) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, d) Análisis del caso concreto.
El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, establece que: “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…) En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, establece que: “El Constituyente boliviano impulsó la acción de libertad como mecanismo constitucional de protección de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, frente a acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos señalados precedentemente. En el ámbito de su carácter procesal, es factible resaltar la característica de la generalidad, por cuyo mérito es posible dirigir la acción contra toda persona natural responsable de la vulneración o la amenaza de los derechos señalados anteriormente, sin importar la condición de autoridad, servidor público o persona particular; es decir, al tratarse de la protección de tales derechos, la jurisdicción constitucional no reconoce ninguna clase de fueros ni privilegios a favor de los responsables de las presuntas vulneraciones.
Con relación a la legitimación pasiva, el entonces Tribunal Constitucional, desarrolló un entendimiento uniforme, sosteniendo que la misma ‘…se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente provocó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…’ (SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001, reiterado posteriormente en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R, 0233/2003-R, 0396/2004-R, 0807/2004-R, 0103/2010-R, 0691/2001-R y, SSCCPP 0701/2012, 0715/2012, 1000/2012, 1121/2012, entre muchas otras). Por otro lado, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, sobre la misma temática sostuvo: ‘…el recurso -ahora acción- sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente provocó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción En ese. sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003- R y 396/2004-R, 807/2004-R’, entendimiento que fue reiterado en las SSCC 0082/2005-R, 0350/2006-R, 0136/2007, 0392/2010-R, 0517/2010-R, 1840/2011-R y SSCCPP 1121/2012, 1000/2012, 0750/2012, 0533/2012, 379/2012, 117/2012 y 0055/2012, entre otras.
En ese contexto, en aras del principio de informalismo, la jurisprudencia constitucional citada promovió que, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, cuando la demanda sea interpuesta por error en la identidad de la persona o autoridad que vulneró el derecho, con la condición de que la persona demandada sea: ‘…de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existe los elementos de convicción pertinentes que lo acreditan; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecia tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal…’, razonamiento que también fue asumido en las SSCC 0141/2011-R, 1310/2011-R, 1602/2011-R y SSCCPP 0379/2012, 1451/2012, 1933/2012, entre otras.
Por otro lado, desde el punto de vista del carácter informal de la acción de libertad, la protección de los derechos adquiere mayor relevancia frente al cumplimiento de formalidades de carácter meramente procesal; por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máxima garantía de la eficacia de los derechos protegidos a través de la presente garantía jurisdiccional, debe asegurar la realización de una justicia material, en tal sentido, conforme con los entendimientos jurisprudenciales referidos precedentemente, la demanda de acción de libertad debe ser dirigida contra todo servidor público, autoridad y persona natural responsable de la presunta vulneración de los derechos;no obstante de ello, tratándose de servidores públicos cuya permanencia es temporal en una determinada función, para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada, es suficiente que la acción esté dirigida contra el cargo en el cual pudo haber desempeñado el responsable de la vulneración; en ese sentido, la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, interpretando los alcances del art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), norma que concuerda con el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señaló: ‘…en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una tutela constitucional efectiva, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudo cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales…’.
En armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié en que, a la luz del arte. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiera sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haber realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiera sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas son nuestras).
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que: “Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…) Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, así como los principios de celeridad, honestidad y eficiencia; puesto que, en el proceso penal de referencia: 1) Formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 52/2022, que mantuvo su situación jurídica de detención preventiva; no obstante, el entonces Juez hoy coaccionado, no remitió los antecedentes de dicho recurso ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; 2) Remitido el referido proceso al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, se emitió el Auto de Radicatoria 157/2022 conforme el art. 340 del mismo Código, sin que el Juez Técnico ahora accionado disponga la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, omisión que vulnera su derecho a la defensa, por cuanto debía controlar el estado de la causa sometida a su conocimiento; y, 3) En diciembre de 2022, con motivo de la vacación judicial, el mencionado proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante la cual presentó memorial solicitando corrección de procedimiento; sin embargo, tampoco se dispuso la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada. En consecuencia, las autoridades judiciales hoy accionadas no tramitaron con la debida celeridad el recurso planteado, excediendo el plazo establecido por el art. 251 del CPP, manteniendo su estado de indefensión.
En ese sentido, de la revisión del cuaderno constitucional, se advierte que no se remitieron los antecedentes necesarios que permitan, tanto al Juez de garantías como a esta Sala Tribunal Constitucional Plurinacional, contar con los elementos suficientes para tener certeza sobre los hechos ocurridos y efectuar un análisis adecuado de los datos del proceso, así como de la presunta vulneración alegada por el accionante; ello resulta relevante; ya que, en virtud del principio procesal de motivación establecido por el art. 3.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la jurisdicción constitucional está obligada a fundamentar y argumentar los fallos de manera jurídicamente razonable. No obstante, en aplicación de los principios de celeridad, no formalismo y verdad material, la resolución de la presente acción tutelar se sustentará en las afirmaciones realizadas por las partes procesales, contrastando el memorial de acción de libertad y los informes presentados en audiencia tutelar que cursan en el cuaderno constitucional. En ese contexto, ingresando al análisis del caso concreto, en cuanto a los informes presentados en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, por parte de las autoridades judiciales ahora accionadas, se tiene lo siguiente: Ahora bien, en audiencia de acción de libertad, celebrada el 3 de febrero de 2023, el entonces Juez hoy coaccionado, informó lo siguiente:
i) “…al respecto debo indicar como autoridad jurisdiccional por entonces, juez de la localidad de palos blancos actualmente con otra función en el juzgado de sentencia de la localidad de Patacamaya,” (sic [fs. 10 vta.]). ii) En esa oportunidad, efectivamente se llevó adelante la audiencia de consideración de “modificación de medida cautelar” -lo correcto es situación jurídica del procesado- a solicitud del accionante;
iii) Refiere que cumplió con la obligación de remitir el recurso de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro (24) horas;
iv) Respondiendo a la pregunta de la Jueza de garantías, sobre dónde está el recurso de apelación; indicó que, desde que dejó el cargo de Juez de Instrucción Penal de Palos Blancos del departamento de La Paz, el mes de agosto de 2022, desconoce el trámite posterior del recurso; y, v) Señaló que no tiene certeza sobre si la Sala encargada envió el proceso al Juez Técnico hoy coaccionado. Ahora bien, el Juez Técnico ahora coaccionado, informó lo siguiente: a) Una vez recibido el proceso penal por sorteo fue asignado como Juez Técnico, emitiendo el Auto Interlocutorio 157/2022 y procedió a radicar la causa conforme el art. 340 del CPP; No cursa apersonamiento alguno ni solicitud relacionada con la b) remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental pendiente;
c) El accionante refiere que se trataría de una apelación de medidas cautelares; sin embargo, conforme a los actuados de la presente causa se tiene el Auto Interlocutorio 52/2022 que consideró la situación jurídica del accionante;
d) Por informe verbal de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, ninguna parte procesal se apersonó para impulsar el trámite relacionado con una eventual apelación incidental pendiente;
e) El cuaderno de control jurisdiccional de juicio oral público y contradictorio, se encuentra presente en Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; sin embargo, no se encuentra el legajo del recurso de apelación incidental que supuestamente tuvo una observación por el Tribunal de alzada; y, f) Señaló expresamente que: “…No cursa el legajo de apelación, menos observación que ha referido la parte accionante señora juez (…) El legajo de apelación no existe señora juez” (sic [fs. 11 vta.]). En ese contexto, La Jueza Técnica accionada, informó lo siguiente: 1) El memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, por el accionante, fue ingresado ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, nunca fue remitido ni ingresó formalmente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de dicho departamento, extremo que también se evidencia en el libro diario, que no consigna su ingreso; 2) En caso de que el memorial del 28 de diciembre de 2022, hubiese sido presentado, este se quedó en la Oficina Gestora y probablemente fue devuelto al Tribunal de origen, dado que el 29 y 30 de diciembre de 2022, se encontraban devolviendo los antecedentes conforme se estableció en la circular de vacación judicial; 3) En consecuencia, señaló que no tuvo conocimiento ni intervención respecto al supuesto recurso de apelación incidental pendiente de remisión. Por consiguiente, en el caso concreto, el accionante denuncia que formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 52/2022, que mantuvo su situación jurídica de detenido preventivo; sin embargo, a su turno y en el momento en que conocieron el proceso penal, las autoridades judiciales hoy accionadas, hasta la interposición de la presente acción de libertad, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP. Ahora bien, establecido el problema jurídico, de lo manifestado por el accionante en esta acción de libertad y el informe de las autoridades judiciales ahora accionadas, se advierte que en el proceso penal seguido en contra su persona por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, en audiencia de consideración de su situación jurídica celebrada ante el entonces Juez hoy coaccionado, se emitió el Auto Interlocutorio 52/2022, mediante el cual se rechazó su solicitud, manteniendo su situación jurídica de detenido preventivo; por lo que, presentó recurso de apelación incidental. En ese sentido, presentada la acusación por parte del Fiscal de Materia, el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido, por sorteo, ante el entonces Juez Técnico ahora coaccionado, quien emitió el Auto Interlocutorio 157/2022 y procedió a radicar la causa conforme el art. 340 del CPP; asimismo, el nombrado manifestó que, de la revisión de antecedentes y el informe verbal de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no cursa ningún apersonamiento o solicitud de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental ante ente el Tribunal de alzada. En ese sentido, con motivo de la vacación judicial, el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Juzgado de turno, en fecha 28 de diciembre de 2022, siendo sorteado al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, y el accionante presentó memorial en la misma fecha, ante el referido Tribunal solicitando corrección de procedimiento; además, denunciando que hasta ese momento no se remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1). Por Consiguiente, se procederá a revisar la actuación de las autoridades judiciales hoy accionadas, a efectos de constatar si incurrieron en la vulneración de los derechos del accionante. Respecto a la Jueza Técnica hoy accionada En ese sentido, en el proceso penal de referencia, el accionante denuncia que en diciembre de 2022, con motivo de la vacación judicial, el referido proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante el cual presentó memorial solicitando corrección de procedimiento; sin embargo, la Juez Técnica ahora accionada, no dispuso la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada con la debida celeridad, excediendo el plazo establecido por el art. 251 del CPP. Finalmente del análisis y revisión de los antecedentes de la presente acción tutelar, así como del informe de la Juez Técnica hoy accionada, se advierte que, con motivo de la vacación judicial, el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal de referencia fue remitido al Juzgado de turno, siendo sorteado al referido Tribunal; en ese contexto, el 28 de diciembre de 2022, a las 16:01 horas, el accionante presentó memorial solicitando corrección de procedimiento, denunciando que hasta ese momento no se remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1). No obstante, de acuerdo al informe brindado en audiencia de la presente acción tutelar por parte de la Juez Técnica ahora accionada, se advierte que el mencionado Juez memorial fue presentado ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y no ingresó formalmente al despacho de la nombrada, extremo corroborado mediante la revisión del libro diario, en el que no consta registro alguno de su ingreso; tal afirmación no fue refutada ni desvirtuada por el accionante en audiencia, por lo que corresponde tenerla por cierta; en consecuencia, al no advertirse actuación u omisión atribuible a la Juez Técnica hoy accionada, corresponde denegar la tutela solicitada en su contra. Respecto al Juez Técnico ahora coaccionado Ahora bien, como se mencionó líneas arriba, de acuerdo al memorial de interposición de acción de libertad y su ratificación en audiencia de la presente acción tutelar, así como el informe de las autoridades judiciales ahora accionadas, se advierte que la acusación presentada por el Fiscal de Materia, el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal de referencia fue remitido, por sorteo, ante el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -ahora accionado-, quien emitió el Auto Interlocutorio 157/2022, y procedió a radicar la causa conforme el art. 340 del CPP, sin que dicho Juez disponga la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, omisión que vulnera su derecho a la defensa, por cuanto debía controlar el estado de la causa sometida a su conocimiento. En ese contexto, Juez Técnico hoy coaccionado, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar informó que, de la revisión de antecedentes y el informe verbal emitido por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, no cursa apersonamiento alguno ni solicitud de remisión de antecedentes vinculada al recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, extremo que no fue refutado ni desvirtuado por el accionante. Asimismo manifestó que, el cuaderno de control jurisdiccional de juicio oral público y contradictorio se encuentra radicado en el mencionado Tribunal; sin embargo, no se encuentra en su despacho el legajo del recurso de apelación incidental que supuestamente fue observado por el Tribunal de alzada; en consecuencia, no se advierte que el nombrado hubiese cometido alguna omisión en su labor jurisdiccional; más aún, cuando no le fue posible ejercer control sobre el estado del recurso de apelación incidental, por la falta de remisión del legajo de dicho recurso planteado por el accionante, junto al expediente principal, que fue remitido tras la acusación formulada por el Fiscal de Materia; en consecuencia, al no evidenciarse actuación u omisión arbitraria del señalado Juzgado, corresponde denegar la tutela solicitada en su contra. Respecto al entonces Juez ahora coaccionado Ahora bien, como se mencionó líneas arriba, el accionante señala que dentro del proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, en audiencia de consideración de su situación jurídica celebrada ante el entonces Juez ahora coaccionado-, se emitió el Auto Interlocutorio 52/2022, mediante el cual se rechazó la solicitud del accionante manteniendo su situación jurídica de detenido preventivo; por lo que, presentó recurso de apelación incidental; sin embargo, dicho Juez no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental planteado ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hasta la interposición de la presente acción de libertad, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP. En ese contexto, de acuerdo al informe brindado en audiencia de la presente acción tutelar por parte del entonces Juez hoy coaccionado, se tiene que, el 22 de julio de 2022, al celebrarse la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, se emitió el Auto Interlocutorio 52/2022, mediante el cual se rechazó la solicitud del nombrado; y, ante la formulación del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 52/2022, sostiene que dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; Asimismo, señaló que, en ese entonces, ejercía funciones como Juez del referido Juzgado y que desde el mes de agosto de ese año, desempeña funciones en el Juzgado de Sentencia Penal de Patacamaya del departamento La Paz, motivo por el cual afirma que desconoce el trámite posterior del recurso de apelación incidental planteado (fs. 10 vta.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo Constitucional, en lo relativo a la legitimación pasiva en la acción de libertad y su eventual no exigencia ante una flagrante vulneración de derechos alegados, se estableció que, de manera excepcional, es posible ingresar al análisis de fondo cuando la demanda sea interpuesta por error en la identidad de la persona o autoridad que vulneró el derecho; sin embargo, dicha posibilidad se encuentra condicionada a que la persona demandada sea de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existan los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecia tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal. Por consiguiente, es necesario precisar que la legitimación pasiva implica la necesaria coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos alegados y aquella contra quien se dirige la acción de libertad; en el caso concreto, el accionante denuncia que, ante la interposición del recurso de apelación incidental, los antecedentes no fueron remitidos ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, de acuerdo al informe brindado en audiencia de la presente acción tutelar por parte del entonces Juez ahora coaccionado, se advierte que el nombrados, desde el mes de agosto de 2022, ejerce funciones en el Juzgado de Sentencia Penal de Patacamaya del departamento de La Paz; por lo que, desconoce el trámite posterior del recurso de apelación incidental planteado por el accionante, situación que no fue refutada ni desvirtuada por el nombrado; en consecuencia, se evidencia que el entonces el Juez hoy coaccionado, no tuvo participación en los hechos denunciados como vulneradores de derechos en la presente acción tutelar; ya que, la falta de remisión fue responsabilidad del Juzgado de Instrucción Penal de Palos Blancos del referido departamento, y no así de su persona; por ello, carece de legitimación pasiva; más aún, si en el presente caso no se cumplen las condiciones excepcionales establecidas en la jurisprudencia constitucional para prescindir de la legitimación pasiva en acciones de libertad, toda vez que no se advierte un error excusable en la identificación de la autoridad responsable y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar el acto ilegal. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto al entonces Juez ahora coaccionado por carecer de legitimación pasiva. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 3 de febrero, cursante a fs. 13 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0149_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): b368a5931ecd8126b912013f3bb9ece19671192310b8b3ab2aee9ce0f0214148
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