B.IA.LEGAL

SCP 0149/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
21 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50396-2022-101-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 28 de julio 2022, que fue resuelto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitiendo el Auto de Vista de 23 de agosto del citado año, que anuló el referido Auto Interlocutorio impugnado y ordenó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mismo departamento -ahora demandado-, la emisión de una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, en estricto apego al debido proceso; sin embargo, se produjo una dilación indebida en el recojo de los antecedentes del recurso de apelación incidental resuelta, ya que la Secretaria del indicado Juzgado -ahora demandada-, no cumplió con dicha obligación conforme a la Circular 05/2016. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin que ello importe declarar su libertad, pues la misma deberá ser considerada por la autoridad jurisdiccional competente según lo estipulado por el procedimiento penal; 2° Disponer que el Juez ahora demandado: i) Solicite a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la remisión del expediente, el acta y la Resolución de la apelación incidental de medidas cautelares dentro del plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional; y, ii) En lo sucesivo, obre conforme al principio de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes relacionadas al derecho a la libertad; máxime, si dichas peticiones se presentan como emergencia de la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares; debiendo responder a las mismas, emitiendo resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

3º DENEGAR la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación a la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 4º Exhortar al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que en el marco del carácter vinculante que ostenta la jurisprudencia constitucional, aplique los lineamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efectos de establecer obligaciones y responsabilidades al personal de apoyo judicial de las Salas del Tribunal Departamental de Justicia que dirige, con la finalidad de garantizar la celeridad en la devolución de expedientes a los jueces o tribunales de origen; en especial, cuando se trate de recursos de apelación incidental de medidas cautelares conforme a ley.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen
  4. III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50396-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aleida Cabrera Negrete en representación sin mandato de Mario Inturias Montaño contra Vicente Ayzama López, Juez y Claudia Alejandra Mendoza Copa, Secretaria, ambos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), proceso que se encuentra en etapa de investigación preliminar, se produjo una dilación indebida en el recojo de los antecedentes del recurso de apelación incidental resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ya que la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mismo departamento -ahora demandada-, incumplió con la citada obligación conforme manda la Circular 05/2016 de 2 de agosto.

En ese entendido, el 23 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia del recurso de apelación incidental ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quienes mediante Auto de Vista de la misma fecha, anularon la Resolución impugnada y ordenaron al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mismo departamento -ahora demandado-, emitir una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, en estricto apego al debido proceso. Ante dicha situación, solicitó a los funcionarios del mencionado Juzgado, dar cumplimiento al Auto de Vista de 23 de agosto de 2022; sin embargo, no obtuvo respuesta favorable, por lo que nuevamente insistió en el recojo del expediente de la ciudad de Cochabamba, pero el personal del Juzgado manifestó que estaban demasiado ocupados para realizar dicha gestión. En consecuencia, al haber transcurrido veinte días de la celebración de la audiencia del recurso de apelación incidental, la Secretaria del referido Juzgado -ahora demandada-, no cumplió con sus funciones, pese a que los funcionarios del Tribunal de alzada se comunicaron con ella para exigir el recojo de los antecedentes; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no cumplió con su obligación, causando un grave perjuicio al procesado -ahora impetrante de tutela-, prolongando indebidamente su detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que los ahora demandados, de manera inmediata, recojan antecedentes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, y en lo sucesivo se observe las normas y la jurisprudencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus argumentos, señaló que: a) Ante el rechazo de la cesación a la detención preventiva, los ahora demandados remitieron antecedentes al Tribunal de alzada, como efecto del recurso de apelación incidental planteado, mismo que fue resuelto el 23 de agosto de 2022, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando nulo el Auto Interlocutorio de 28 de julio de igual año y ordenando que en el plazo de veinticuatro horas se emita una nueva resolución debidamente fundamentada en resguardo del derecho al debido proceso; b) Solicitó a los funcionarios del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mismo departamento -ahora demandados- que recojan los antecedentes que se encuentran ante el Tribunal de alzada; pero los mismos manifestaron no poder realizar dicha gestión, ya que tienen mucha carga procesal; asimismo, los funcionarios del Tribunal de alzada se comunicaron vía WhatsApp a objeto de que recojan los antecedentes del recurso de apelación incidental formulado; sin embargo, hasta la fecha no recogieron los mismos; c) Toda vez que transcurrieron más de veinte días desde la emisión del Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, por memorial presentado ante el Juez a quo -ahora demandado-, se solicitó el recojo de los antecedentes mencionados, ya que el no hacerlo constituiría dilación indebida y vulneraría los derechos fundamentales directamente relacionados con la libertad, pero no se obtuvo respuesta alguna, pese a haberles manifestado que se puede proveer de pasajes a objeto de que puedan viabilizar el recojo del expediente; d) Se evidenciaría que la omisión de recojo del expediente, genera una dilación indebida en la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, puesto que impide que se resuelva su situación jurídica, ya que toda autoridad judicial que conozca un proceso donde se encuentre de por medio el derecho a la libertad, tiene la obligación de actuar con la mayor celeridad posible, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Vicente Ayzama López, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, en audiencia, informó que: 1) La SCP “0664/2017-S3 de 30 de junio” haciendo una correcta interpretación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estableció la obligación del Tribunal de alzada de remitir el expediente del recurso de apelación incidental al juzgado de origen en el plazo de veinticuatro horas; por otra parte, se tiene la Circular 05/2016 de 2 de agosto, que señala la obligación de los funcionarios de pasar a las Salas a recoger los expediente que se hubieran remitido en apelación; no obstante, por jerarquía normativa se debería cumplir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en su jurisprudencia; 2) No se tendría ningún elemento de convicción objetivo, que demuestre de forma racional que están en la obligación de ir a la ciudad de Cochabamba, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, a recoger el expediente en cuestión; en ese entendido, desconocería si efectivamente se hubiera emitido el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, pues dicho Auto no es de su conocimiento, por cuanto no se tendría la remisión del expediente del recurso apelación, ya que el 9 de septiembre de igual año, en cumplimiento de la Circular 05/2016, la Secretaria -ahora demandada- se apersonó a Salas Penales y no se remitió ningún antecedente; asimismo, no existiría ninguna normativa que ordene al Juez a recoger los expedientes o que deba acudir a Salas del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento con dicha finalidad; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Claudia Alejandra Mendoza Copa, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante a fs. 25, señaló que: i) En ningún momento fue notificada para el recojo del expediente remitido en apelación incidental; ii) En cuanto al recojo del expediente, la Secretaria debería tener la certeza de que los funcionarios de la respectiva Sala tienen listo el expediente para su recojo, ya que Ivirgarzama queda a seis horas de la ciudad de Cochabamba, lo cual imposibilitaría presentarse cada viernes a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, dado que existen audiencias señaladas y turnos de sábado y domingo en materia penal y niñez; y, iii) Las notificaciones que realizarían los funcionarios de Salas para el recojo de expedientes, se efectúan cuando el expediente está listo para recoger; sin embargo, en el presente caso no se realizó ninguna notificación al respecto; por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 a 31 vta., concedió la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) El Juez -ahora demandado-, pese a conocer el Auto de Vista de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto al recurso de apelación incidental, no atendió la solicitud del ahora accionante con la debida diligencia y celeridad, ya que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se pronunció nueva resolución respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el imputado -ahora accionante-, vulnerando su derecho a la libertad y al debido proceso, en el entendido de que la autoridad judicial -ahora demandada- tenía la obligación de dirigir y supervisar las actuaciones de su personal subalterno a objeto de garantizar que todo el proceso sea resuelto de manera oportuna y con la debida diligencia, más aún si se encuentra de por medio el derecho a la libertad; por ello, debió evitar mayor dilación al resolver la situación jurídica del ahora impetrante de tutela; b) Respecto a la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del precitado departamento -ahora demandada-, la misma no tiene facultades jurisdiccionales, sino que estaría obligada a cumplir instrucciones del Juez, por lo que no tendría legitimación pasiva para ser demandada, en el entendido de que no asume determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando las determinaciones de la autoridad judicial; y, c) De acuerdo a la Circular 05/2016, la referida Secretaria -ahora demandada-, omitió su obligación de cumplir con las instrucciones impartidas por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, lo que generó la vulneración de los derechos del ahora demandante de tutela; por cuanto en el caso concreto, es pasible de dirigir la acción contra la indicada Secretaria, en razón a que su actuación se adecúa a la excepción prevista por la jurisprudencia, por contrariar las determinaciones de Presidencia del mencionado Tribunal Departamental de Justicia, por lo que se verificaría el incumplimiento de recojo del expediente a efectos de que la autoridad judicial -ahora demandada- emita nueva resolución; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa proveído de 11 de agosto de 2022, por el que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ordenó la radicatoria del recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP, señalando audiencia de consideración para el 23 de igual mes y año (fs. 3). II.2. Consta Circular 05/2016 de 2 de agosto, emitido por Jimy Rudy Siles Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que establece:

“Por medio de la presente, se DETERMINA que los Secretarios y Secretarias de los Juzgados de Provincias así como de la Epi Norte y Sur, tienen la obligación de apersonarse por las Salas Penales, Civiles, Familiar y Social a fin de recoger expedientes, así como a Secretaría de Presidencia para recoger los respectivos Instructivos, Circulares, Comunicados y otros que atañen a las labores Jurisdiccionales, los mismos que fueron comunicados vía Wasth App o vía llamada telefónica, los días viernes y lunes hasta horas 18:00 pm., asimismo en caso de que sólo se apersone un servidor judicial y existiera más Juzgados de su Provincia, este servidor judicial tiene la obligación de llevar las copias necesarias para entregar a cada uno de los Juzgados de su Provincia con sus respectivos descargos de entrega. La presente Circular es de cumplimiento obligatorio, bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento y omisión (sic [fs. 5]). II.3. Por memorial de 8 de septiembre de 2022, Mario Inturias Montaño -ahora accionante-, conforme al principio de celeridad y en estricta aplicación de la Circular 05/2016 de 2 de agosto, solicita el recojo del expediente procesal remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, anunciando que se emitió el Auto de Vista de 23 de agosto de igual año (fs. 4)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 28 de julio 2022, que fue resuelto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitiendo el Auto de Vista de 23 de agosto del citado año, que anuló el referido Auto Interlocutorio impugnado y ordenó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mismo departamento -ahora demandado-, la emisión de una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, en estricto apego al debido proceso; sin embargo, se produjo una dilación indebida en el recojo de los antecedentes del recurso de apelación incidental resuelta, ya que la Secretaria del indicado Juzgado -ahora demandada-, no cumplió con dicha obligación conforme a la Circular 05/2016. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 5) Análisis del caso concreto; y, 6) Otras consideraciones.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0052/2018-S2 de 15 de marzo -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: …toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010 de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.3. El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0227/2019-S2 de 1 de mayo, asumió el siguiente razonamiento entre otras: Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3 establece que:

…el art. 251, (…) , señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).

III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 28 de julio 2022, que fue resuelto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitiendo el Auto de Vista de 23 de agosto de igual año, que anuló el referido Auto Interlocutorio impugnado y ordenó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mismo departamento -ahora demandado-, la emisión de una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, en estricto apego al debido proceso; sin embargo, se produjo una dilación indebida en el recojo de los antecedentes de la apelación incidental resuelta, ya que la Secretaria del indicado Juzgado -ahora demandada-, no cumplió su obligación de recoger los antecedentes que fueron remitidos en grado de apelación, conforme a la Circular 05/2016 de 2 de agosto. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que por proveído de 11 de agosto de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ordenó la radicatoria del recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP, señalando audiencia para su consideración el 23 de igual mes y año (Conclusión II.1). Posteriormente, frente a la emisión del Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, el ahora impetrante de tutela mediante memorial de 8 de septiembre de igual año, conforme al principio de celeridad y en estricta aplicación de la Circular 05/2016, solicitó el recojo del expediente procesal remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, anunciando que se emitió el señalado Auto de Vista (Conclusiones II.2 y II.3). Ahora bien, efectuadas las precisiones precedentes, corresponde abordar la problemática planteada, la cual radica en la dilación indebida en el recojo de los antecedentes de la apelación incidental resuelta por el Tribunal de alzada, ya que el Juez y la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandados-, no cumplieron su obligación de recoger los antecedentes que fueron remitidos en grado de apelación, conforme a la Circular 05/2016. Al respecto, con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, se debe considerar, que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre de por medio involucrado el derecho a la libertad física o personal, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en ese entendido, en el caso de la tramitación de un recurso de apelación de medidas cautelares, la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento del trámite de apelación incidental de la resolución que resuelva una medida cautelar hasta llevar a cabo la audiencia, sino también en forma posterior, dando curso a la debida celeridad procesal que merece el trámite de devolución de los antecedentes del recurso de apelación al Juzgado o Tribunal de origen; en este punto, si bien el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, establece un trámite sumario a efectos de considerar los recursos de apelación de medidas cautelares; empero, no prevé el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el Juez o Tribunal de origen, tampoco cual es la autoridad encargada de remitir, o como se solicita en el presente caso recoger dichos antecedentes; sin embargo, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante dicho vacío legal -que se mantuvo incluso con la modificación anotada- y siendo que no se puede dejar en incertidumbre al imputado, sostuvo que una vez que el Tribunal de alzada dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva el recurso de apelación; debe remitir el expediente, el acta y la resolución correspondientes al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, entendiéndose que los Vocales y el Secretario del Tribunal de alzada correspondiente, son los encargados de dicha remisión. Ahora bien, tomando en cuenta el memorial de interposición de la presente acción de libertad, lo desarrollado en la audiencia tutelar, el informe de la autoridad demandada y los antecedentes que cursan en obrados; se tiene que llevada a cabo la audiencia de consideración de apelación incidental de medidas cautelares, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitieron el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022, anulando el Auto Interlocutorio de 28 de julio 2022; y en consecuencia, ordenaron al Juez a quo -ahora demandado- emitir una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, en estricto apego al debido proceso; no obstante, el trámite de devolución al Juzgado de origen -ahora demandado-, no se realizó con la debida celeridad y dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; en consecuencia, prima facie tanto el Vocal como la Secretaria, ambos de la indicada Sala Penal Segunda tendrían responsabilidad en cuanto a la dilación indebida; empero, dichos funcionarios no fueron demandados a través de la presente acción de libertad, haciendo inviable la tutela de los derechos del ahora accionante, en contra de los funcionarios que realmente tienen la obligación de actuar con prontitud y celeridad en el trámite de devolución de la causa. No obstante, con relación al Juez ahora demandado, del análisis de los antecedentes, se advierte que el ahora peticionante de tutela, invocando el principio de celeridad presentó el memorial de 8 de septiembre de 2022, y en estricta aplicación de la Circular 05/2016, solicitó el recojo del expediente procesal remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, anunciando que se emitió el Auto de Vista de 23 de agosto de 2022 (Conclusiones II.2 y II.3). En ese entendido, es preciso señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se reiteró el razonamiento sobre el rol de las autoridades judiciales en la tramitación de una causa, destacando que el Juez, en su calidad de autoridad revestida de jurisdicción, no debe dejar en desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y realizar el seguimiento correspondiente de los casos que se tramitan en su despacho, dado que de no cumplirse las mismas, también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado. En el presente caso, se evidencia que el Juez -ahora demandado-, no consideró que su obligación como autoridad jurisdiccional, no se limita únicamente a la emisión de resoluciones, sino que también tiene el deber de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y controlar que las mismas sean cumplidas; máxime, si -en el caso de autos- se tiene un memorial de solicitud vinculado al derecho a la libertad, donde se anunció la emisión del Auto de Vista de 23 de agosto de 2022 que resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el ahora accionante, mismo que no fue atendido con prontitud y celeridad, omitiendo la autoridad judicial -ahora demandada- impartir las instrucciones necesarias para agilizar la devolución y el cumplimiento de la decisión del Tribunal de alzada, más aún si desde la presentación del memorial de 8 de septiembre de igual año, hasta la celebración de la audiencia de la presente acción tutelar, transcurrieron seis días sin realizar ninguna gestión al respecto; en consecuencia, se verifica la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, sólo en cuanto a la dilación indebida e ilegal generada, sin que ello importe declarar su libertad, pues la misma deberá ser considerada por la autoridad jurisdiccional competente. Con relación a la Secretaria ahora demandada, el ahora demandante de tutela señaló que no recogió los antecedentes del recurso de apelación incidental, a pesar de haber acudido al Juzgado solicitando la realización de dicha gestión. Al respecto, conforme a la Circular 05/2016, los Secretarios y Secretarias de los Juzgados de Provincias así como de la Epi Norte y Sur, tienen la obligación de apersonarse por las Salas Penales, Civiles, Familiar y Social a fin de recoger expedientes (Conclusión II.2); sin embargo, como se mencionó previamente, el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, no prevé el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el Juez o Tribunal de origen, tampoco cual es la autoridad encargada de remitir el expediente, o como se solicita en el presente caso recoger dichos antecedentes; empero, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, llenó ese vacío legal sosteniendo que una vez que el Tribunal de alzada dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; debe remitir el expediente, el acta y la resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, entendiéndose que dicha obligación recae en los Vocales y el Secretario del Tribunal de alzada correspondiente, quienes son los encargados de dicha remisión. En consecuencia, se verifica que la responsabilidad de remitir antecedentes no corresponde a la Secretaria ahora demandada, asimismo no se tiene prueba alguna que acredite que esta funcionaria de apoyo judicial con su actuación haya incumplido las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado -la autoridad judicial ahora demandada-; por lo tanto, se verifica que la misma no tiene legitimación pasiva para ser demandada en la presente causa; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna a los derechos invocados por el ahora accionante, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en su contra.

III.6. Otras consideraciones

Es preciso aclarar, que si bien el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173, no establece un plazo concreto para la devolución del expediente, el acta y la resolución de la apelación incidental de medidas cautelares al Juez o Tribunal de origen, los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, son coherentes con las modificaciones vigentes, incorporadas por la Ley 1173; en ese entendido, una vez que el Tribunal de alzada resuelva el recurso de apelación, debe remitir el expediente, el acta y la resolución correspondientes al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. Al respecto, la Circular 05/2016, no es un justificativo para esperar que los Secretarios de los juzgados de provincias, así como de la Epi Norte y Sur, recojan los expedientes que fueron objeto de apelación incidental, por cuanto se observa que la mencionada Circular fue emitida en la gestión 2016; es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; en consecuencia, dicho razonamiento contenido en la señalada Circular, no condice con la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, ni con lo previsto por el art. 251 del CPP.

En consecuencia, en el entendido de que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme el art. 203 de la CPE, resulta ineludible exhortar al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a efectos de que en el marco del carácter vinculante que ostenta la jurisprudencia constitucional, aplique los lineamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para establecer obligaciones y responsabilidades al personal de apoyo judicial de las Salas del Tribunal Departamental de Justicia que dirige, con la finalidad de garantizar la celeridad en la devolución de expedientes a los jueces o tribunales de origen; en especial, cuando se trate de recursos de apelación incidental de medidas cautelares conforme a ley. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin que ello importe declarar su libertad, pues la misma deberá ser considerada por la autoridad jurisdiccional competente según lo estipulado por el procedimiento penal; 2° Disponer que el Juez ahora demandado: i) Solicite a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la remisión del expediente, el acta y la Resolución de la apelación incidental de medidas cautelares dentro del plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional; y, ii) En lo sucesivo, obre conforme al principio de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes relacionadas al derecho a la libertad; máxime, si dichas peticiones se presentan como emergencia de la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares; debiendo responder a las mismas, emitiendo resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

3º DENEGAR la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, con relación a la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 4º Exhortar al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que en el marco del carácter vinculante que ostenta la jurisprudencia constitucional, aplique los lineamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efectos de establecer obligaciones y responsabilidades al personal de apoyo judicial de las Salas del Tribunal Departamental de Justicia que dirige, con la finalidad de garantizar la celeridad en la devolución de expedientes a los jueces o tribunales de origen; en especial, cuando se trate de recursos de apelación incidental de medidas cautelares conforme a ley. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”. 4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0149_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): df85b1ca03e5a3eeef67a5da879391dcc160cfdfac97ba2969de39cdd3908fce

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