B.IA.LEGAL

SCP 0149/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47943-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se infiere- en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones -vinculados a la libertad-, así como a los principios de legalidad, iura novit curia y pro actione, toda vez que la Vocal accionada: a) El 20 de mayo de 2022, celebró la audiencia de la apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 224/2022 -que dispuso su detención preventiva-, es decir, cincuenta y siete días posteriores a la celebración de la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales, y treinta y un días después de ser remitida y radicada dicha alzada en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, incumpliendo así el procedimiento establecido por el art. 251 del CPP, que determina su resolución bajo responsabilidad y sin más trámite dentro el plazo de tres días; y, b) A través del Auto de Vista 352/2022 declaró inadmisible el mencionado recurso de apelación incidental, alegando la inobservancia de invocación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso -en sus elementos constitutivos de motivación y fundamentación relacionada con la interpretación de la norma- en vinculación directa al derecho a la defensa y a la libertad, así como a los principios de legalidad, iura novit curia y pro actione, conforme a los razonamientos expuestos en este fallo constitucional, y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, con la aclaración al respecto que el alcance de tutela concierne solo a la consideración y resolución del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 224/2022, correspondiendo resolverse en cuanto al fondo conforme corresponda en derecho. 2° DENEGAR la tutela impetrada con relación a la dilación en la tramitación y pronunciamiento en alzada, vinculada una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 3° Exhortar a Beltrán Quispe Pucho, Verónica Zambrana Mier y Juan Adalit Mamani Quispecahuana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la sustracción de materia para la invocación de tutela
  2. III.2. Trámite procesal del recurso de apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares: Prevalencia del derecho material
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2024-S2 Sucre, 7 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47943-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodolfo Cordero Murillo en representación sin mandato de Harold Wilson Cordero Angulo contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 10, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en la audiencia de consideración de medidas cautelares personales desarrollada el “24” de marzo de 2022 y no “25” como se consigna en el Auto Interlocutorio 224/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción de Materia y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de dicho departamento, por el plazo de dos meses; determinación que incumple el principio de legalidad y contiene defectos absolutos que inobservan lo estipulado en los arts. 231 bis, 233 numerales 1, 2 y 3, y 235 ter, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), razón por la cual, en la misma audiencia, interpuso recurso de apelación incidental, expresando de forma textual: ‘“interponemos señor juez, recurso de apelación incidental para posteriormente desarrollar y explicar en audiencia…”’ (sic).

A partir de ello formuló recurso de apelación en la citada audiencia, y pese a que recién el 19 de abril -de 2022- fue remitido y radicado ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a su vez, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal miembro de dicha Sala Penal -ahora accionada-, incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 251 del CPP, que determina su resolución bajo responsabilidad y sin más trámite, realizó observaciones, conllevando también a que no se dé cumplimiento al plazo de tres días dispuesto para su tramitación, pues la audiencia de apelación se efectivizó el 20 de mayo de igual año; es decir, cincuenta y siete días posteriores a la celebración de la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales, y treinta y un días después de haberse radicado en la referida Sala Penal. Asimismo, instalada la extrañada audiencia y luego de la intervención de su abogado defensor y el representante del Ministerio Público, la Vocal accionada, “...de acuerdo al audio que adjunto en calidad de prueba…” (sic) -mediante Auto de Vista 352/2022 de 20 de mayo- resolvió de forma textual: «”La parte recurrente manifiesta a través de su defensa técnica, ‘interponemos Sr. Juez recurso de apelación incidental para posteriormente desarrollar y explicar en audiencia, gracias’, Al respecto es importante invocar al Articulado 251 modificado en la ley 1173 de abreviación procesal penal, a tiempo de considerar que el recurso de apelación al ser interpuesto en el plazo de 72 horas efectivamente debe ser remitido al tribunal de 2da instancia, empero al tiempo de interponer el mismo se debe invocar de manera adecuada la normativa en la cual se habrá de ponderar la pretensión del recurso de apelación en merito precisamente a la observancia de la ley 1173 lo que implica la adecuada invocación del articulado 251 o en su defecto 404 contenidos en la referida norma, es decir la ley 1173 de abreviación procesal penal, si bien de manera textual refieren al termino interponemos recurso de apelación, empero la parte recurrente no invoca el articulado en el cual adecua reiteramos su motivación y pretensión, menos aún realiza fundamento de agravio ante el juez ad-quo, estos extremos han sido debido debidamente modulados por la normativa de referencia ley 1173 de abreviación procesal penal y la reglamentación de su aplicabilidad, es decir el reglamento ordenador aprobado por el tribunal supremo de justicia, en cuyo efecto se tiene a bien advertir que no se invoca normativa vigente en la cual se impetre recurso de apelación y asimismo se ausenta fundamento de agravio expresado ante el juez de primera instancia, esta omisiva no hubiere sido oportunamente subsanada, tanto ante el juez ad-quo o de forma ulterior ante el tribunal de alzada a efecto de su correspondiente ponderación, en consecuencia se puede advertir que el recurrente no cumple con requisitos formales y legales a tiempo de impetrar el recurso de apelación de referencia, extremos que hacen inviable la consideración en pronunciamiento de fondo de la cuestiones o agravios expresados en la presente audiencia, por tanto la sala penal 4ta del tribunal departamental de justicia en observancia del articulado 396 numeral tercero y 398 de la ley 1970, declara inadmisible el recurso de apelación formulador por Harold Wilson Cordero Angulo por inobservancia y ausencia de invocación del articulado 251 de la ley 1173 de abreviación procesal penal, extremo que inviabiliza e impide al tribunal de alzada pueda pronunciarse sobre el fondo del recurso plateado, por tal efecto se confirma el interlocutorio 224/2022 del 25 de marzo del 2022, extendido por el juez 3ro anticorrupción y contra violencia hacia la mujer de la ciudad de La Paz, con la presente resolución quedan verbalmente notificados los presentes en sala”» (sic). En ese sentido, la Vocal accionada, al declarar “INADMISIBLE” el recurso de apelación incidental que formuló, alegando la inobservancia y ausencia de invocación del art. 251 del CPP, fundamentó su decisión “en forma extensiva” sobre lo establecido por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, así como por el “reglamento ordenador” aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia que habría modulado esos extremos, pero sin citar ningún artículo, omitiendo de ese modo su deber de motivación y fundamentación, aspectos que considera se contraponen al derecho al debido proceso y al principio de legalidad. De igual manera, la autoridad accionada invocando los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, refirió que no cumplió con los requisitos formales; sin embargo, ante la apelación incidental de medidas cautelares personales, dichas disposiciones legales no determinan de forma taxativa la exigencia de invocar al art. 251 del citado Código, puesto que de acuerdo a lo previsto por el art. 403.3 del adjetivo penal, se formuló dicha impugnación de forma oral en la mencionada audiencia de aplicación de medidas cautelares; debiéndose considerar que conforme el principio iura novit curia es ilógico que se detalle al juez el procedimiento que debe seguir la apelación incidental, ya que el mismo es conocedor de las leyes, más aún cuando el Juez de la causa admitió dicho mecanismo de impugnación señalando: ‘“Se tiene presente lo expuesto por la parte se tiene presente la apelación incidental....”’ (sic). En ese sentido, la Vocal accionada realizó una interpretación restrictiva de los arts. 251 y 396 inc. 3) del CPP, cuando correspondía a dicha autoridad, en virtud del principio pro actione, reconozca la existencia del citado medio de impugnación, revocando o manteniendo el Auto Interlocutorio cuestionado, pues conforme establecieron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0376/2013-L de 27 de mayo y 0961/2016-S2 de 7 de octubre, la falta de expresión de agravios en dicho acto procesal no se constituye en un óbice para su consideración, toda vez que de acuerdo a los principios de oralidad e inmediación que rigen en el proceso penal, el apelante tiene la posibilidad de fundamentarlos en la audiencia de resolución de la alzada.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se infiere- en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones -vinculados a la libertad-, así como a los principios de legalidad, iura novit curia y pro actione, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene que la autoridad accionada, “en el día” deje sin efecto “…LO DISPUESTO DECLARANDO INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACION EN AUDIENCIA DE FECHA 20 E MAYO DEL 2022 Y EMITA RESOLUCION ANALIZANDO EL FONDO DE ACUERDO A LOS FUNDAMENTOS LEGALES ESGRIMIDOS Y LA BASTA JURSIPRUDENCIA QUE IMPERA EN NUESTRO ESTADO DE DERECHO” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el memorial de acción de libertad y ampliando el mismo manifestó que: a) Conforme se evidencia del “documento” de remisión, el legajo de apelación fue enviado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 19 de abril -de 2022- celebrándose la audiencia de apelación treinta y un días después, a partir de lo cual dicha Sala Penal tuvo conocimiento de su apelación, toda vez que hizo observaciones al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del referido departamento, a fin de que se subsanen cuestiones “de fondo” sobre la Resolución impugnada, como la inexistencia del certificado médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y del -informe-psicológico, lo que no correspondía “…por que no se habría presentado en la prueba, pero si se ha mencionado por el señor juez…” (sic); b) El 3 de mayo -de 2022- el mencionado Juzgado de Instrucción devolvió los antecedentes subsanando lo observado; empero, como se verifica del “cuaderno” el 23 del señalado mes y año, “…se ha vuelto a mandar el cuaderno…” (sic), es decir incluyendo trámites adicionales para poder resolver el recurso de apelación incidental planteado, incumpliendo lo previsto por el art. 251 del CPP; y, c) Solicita se anule “…la revocatoria de la resolución emitida por la vocal de la sala penal cuarta que declara inadmisible nuestro recurso de apelación…” (sic), debiendo la Vocal accionada resolver el fondo del recurso de impugnación que interpuso, sea en el plazo de veinticuatro horas, pues se impugnó de forma correcta, nombrando el recurso incidental de forma adecuada, además aclarando que se procedería a fundamentar de manera posterior en audiencia -de alzada-; en consecuencia, se vulneraron sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, toda vez que continúa detenido “hasta la fecha” -se entiende de la data de interposición de esta acción de defensa- sin obtener una respuesta con celeridad por parte del Tribunal de alzada.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 16 y vta. señaló que: 1) El Auto de Vista 352/2022, se emitió dentro de los plazos establecidos por la norma y en cumplimiento a los parámetros y límites de competencia previstos por los arts. 396 y 398 del CPP, en observancia del derecho, principio y garantía del debido proceso; asimismo, tomando en cuenta “la disposición contenida” en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal que determina: ‘“Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar, la parte apelara en el acto”’ (sic), por lo que no puede presumirse conculcación de derechos o garantías constitucionales, puesto que la parte hora accionante no fundamentó ningún agravio ante la autoridad judicial de primera instancia, tampoco invocó el articulado sobre el cual sustenta su pretensión; 2) Con base al principio "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", es decir, "Nadie puede ser escuchado, invocando su propia torpeza", la parte ahora impetrante de tutela no puede alegar la lesión de sus derechos y garantías invocados, sobre un acto que su propia defensa generó por su omisión; 3) Conforme estableció la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, no es atribución de la jurisdicción constitucional ingresar a una interpretación de la legalidad ordinaria como pretende la parte accionante, pues ello corresponde a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la jurisdicción común, ya que la potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano, de acuerdo a lo previsto por el art. 178.I de la CPE se sustenta, entre otros, en los principios de independencia e imparcialidad; y, 4) Por lo referido no se conculcaron los derechos y garantías constitucionales de la parte accionante, por lo tanto carece de legitimación pasiva.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 18/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista “325/2022” -siendo lo correcto 352/2022-, ordenando que en el plazo de setenta y dos horas la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, convoque a una nueva audiencia y resuelva el recurso de apelación incidental; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Del análisis de los antecedentes, así como de lo expuesto por las partes procesales, se establece que mediante Auto Interlocutorio 224/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, fallo contra el cual, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue considerado el 20 de mayo de 2022, por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se pronunció el Auto de Vista 352/2022, declarando la inadmisibilidad de dicho recurso, confirmando el fallo impugnado; ii) Del cuaderno de control jurisdiccional se advierte que el Auto de Vista citado dentro sus fundamentos principales estableció de manera textual: "…de la compulsa integral del Auto Interlocutorio N° 224/2022 de fecha 25 de marzo de 2022, se puede advertir que de forma posterior a la parte dispositiva, la parte recurrente manifiesta a través de su defensa técnica, interponemos señor juez apelación incidental para posteriormente desarrollar y explicar en audiencia gracias (…). Al respecto es importante invocar el art. 251 modificado en la ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, a tiempo de considerar que el recurso de apelación debe ser interpuesto en el plazo de 72 horas y remitido al tribunal de alzada; empero a tiempo de interponer el mismo se debe invocar de manera adecuada la normativa en la cual, se ha de ponderar la pretensión del recurso de apelación en mérito precisamente a la observancia de la ley 1173 de abreviación procesal penal, lo que implica la adecuada invocación del art. 251 o en su defecto el Art. 404 contenidos en la referida normal procesal penal, ley 1173 de Abreviación Procesal Penal’. ‘Si bien de manera textual refiere al termino interponemos, empero la parte recurrente no invoca el articulado en el cual, adecúa su motivación y pretensión, menos aún realiza fundamento de agravio ante el Juez A quo”’ (sic), fundamentos con los cuales se declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental; iii) La SCP 0044/2020-S2 de 17 de marzo, en cuanto a la motivación y principio de congruencia de las resoluciones como garantia del debido proceso, señala que toda resolución debe responder a los agravios de la apelación y contar con la motivación suficiente y coherente que la sustente, debiendo guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes; iv) Asimismo, las autoridades jurisdiccionales deben emitir resoluciones jurisdiccionales, desde y conforme a la Norma Suprema, así el art. 180 de la CPE, contempla los principios de verdad material y de favorabilidad, como la prevalencia del derecho sustancial como el reconocimiento que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas en el “culto ciego” a las reglas procesales o consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver un asunto; y, v) Con base en ese razonamiento, el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, no puede sobreponerse a la previsión constitucional que es de aplicación directa, asimismo el principio procesal clásico iura novit curia permite al juez o tribunal, determinar el derecho aplicable a una controversia, sin consideración a las normativas invocadas por las partes; en consecuencia, en el caso de autos, el no haber invocado el art. 251 -del CPP- a tiempo de interponer el recurso de apelación incidental, no resulta un fundamento suficiente para no considerar y resolver el aludido recurso de impugnación, correspondiendo que todo servidor jurisdiccional tome en cuenta el aforismo “…dame los hechos yo te daré la justicia…” (sic), no siendo necesario aplicar un fundamento extremadamente formal para declarar su inadmisibilidad, pues a la luz del principio de favorabilidad, frente a la existencia de un conflicto de leyes, se debe buscar la solución más favorable, evidenciándose de este modo en el caso en análisis, la lesión al derecho al debido proceso por falta de motivación con incidencia en el derecho a la libertad del accionante, siendo preciso que la autoridad accionada emita resolución observando los fundamentos esgrimidos en esa resolución constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 224/2022 de 25 de marzo, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Harold Wilson Cordero Angulo -ahora peticionante de tutela-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a través del cual, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por el plazo de dos meses. Constatándose del mismo que, una vez concluido dicho acto procesal, la defensa del prenombrado señaló: “Interponemos señor Juez, Recurso de apelación incidental para posteriormente desarrollar y explicar en audiencia, gracias” (sic), ante lo cual la referida autoridad judicial dispuso: “Se tiene presente lo expuesto por la parte se tiene presente la Apelación Incidental, interpuesta póngase en conocimiento del Tribunal de Alzada a los efectos de remisibilidad de la presente disposición jurisdiccional, conminando a la parte Apelante pueda recabar el sacado de fotocopias a los fines de armar el legajo de apelaciones con lo que damos por concluida esta actuación jurisdiccional” (sic [fs. 2 a 4 vta.]). II.2. Consta un Disco Compacto (CD) de audio de la audiencia de consideración de la apelación incidental, en la que se puede apreciar la voz de una persona de sexo femenino dirigiendo el acto procesal (fs. 5), cuyo contenido coincide con la transcripción literal realizada en el memorial de acción de libertad (fs. 6 vta. a 8), correspondiente al Auto de Vista 352/2022 de 20 de mayo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se infiere- en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones -vinculados a la libertad-, así como a los principios de legalidad, iura novit curia y pro actione, toda vez que la Vocal accionada: a) El 20 de mayo de 2022, celebró la audiencia de la apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 224/2022 -que dispuso su detención preventiva-, es decir, cincuenta y siete días posteriores a la celebración de la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales, y treinta y un días después de ser remitida y radicada dicha alzada en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, incumpliendo así el procedimiento establecido por el art. 251 del CPP, que determina su resolución bajo responsabilidad y sin más trámite dentro el plazo de tres días; y, b) A través del Auto de Vista 352/2022 declaró inadmisible el mencionado recurso de apelación incidental, alegando la inobservancia de invocación del art. 251 del CPP y la ausencia de fundamentación de agravios ante el Juez de primera instancia, fundamentado su decisión “en forma extensiva” sobre lo establecido por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, así como por el “reglamento ordenador” aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero sin citar ningún artículo, omitiendo su deber de motivación y fundamentación del citado Auto de Vista y realizando una interpretación restrictiva de los arts. 251 y 396 inc. 3) del CPP, cuando dichas disposiciones legales no establecen de forma taxativa tales exigencias, provocando con todo ello que continúe privado de su libertad sin obtener una respuesta con celeridad por parte del Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la sustracción de materia para la invocación de tutela

Sobre el particular, la SCP 0455/2020-S3 de 27 de agosto, estableció que: “Respecto a esta figura de connotación procesal constitucional, la SCP 0619/2019-S1 de 25 de julio, en su ratio decidendi, señaló: ‘…por lo que, se considera que los supuestos fácticos que sustentan el reclamo del impetrante de tutela, tornan la solicitud del cumplimiento de dicho actuado en insubsistente, debido a que el acto lesivo desapareció antes de que el Juez demandado asumiera conocimiento de la interposición de la acción tutelar en su contra, a efectos de que se cumpla con dicha remisión, lo que deviene en la imposibilidad de la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la denuncia efectuada en sede constitucional como emergencia de la pérdida de la materia o sustracción del objeto procesal; por lo que, resultaría ineficaz la concesión de la tutela; toda vez que, la actuación extrañada fue cumplida con anterioridad a que la autoridad judicial asumiera conocimiento del reclamo por la presunta dilación ahora denunciada; razonamiento al cual, se arriba aplicando los entendimientos jurisprudenciales reiterados sobre este particular y que se encuentran glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ello en consideración a que, cuando se activa la jurisdicción constitucional procurando la tutela del debido proceso vinculado a la libertad, por cuestiones procesales, existe la probabilidad que los hechos, actuaciones u omisiones -se reitera irregularidades procesales- que dieron lugar a la activación de la acción de libertad hubiesen cesado antes de su análisis y consideración, y por ende, el objeto procesal de la acción ha desaparecido y consiguientemente el petitorio deviene en insubsistente…’. Entendimiento aplicado en base a la línea jurisprudencial asumida, entre otras por la SCP 0786/2015-S3 de 10 de julio, que estableció: ‘La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación; o porque la violación o amenaza de lesión del derecho ha cesado; ante lo cual, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales; debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a ser resuelto por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal -en acción de libertad-; cuando el petitorio ha devenido en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Trámite procesal del recurso de apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares: Prevalencia del derecho material

El régimen de medidas cautelares está sujeto a un trámite y procedimiento especial previsto en la norma adjetiva penal, dado que es un instrumento procesal que, entre otros aspectos de su finalidad, busca asegurar la presencia del imputado o acusado en el proceso, o evitar la obstaculización del mismo, pero a su vez por sus propias características de instrumentalidad y temporalidad, conlleva plazos procesales cortos y ausencia de rigorismos extremos, dado que de por medio se encuentra la libertad personal; así sobre esta ausencia de rigorismos a momento de hacer uso del recurso de apelación respecto a la imposición de una medida cautelar, la SCP 1329/2022-S3 de 28 de septiembre, desarrolló los siguientes entendimientos: “…con base en el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados (…) ello implica la interposición válida del recurso de apelación incidental (…), pues en virtud al señalado principio y en el marco de la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, la activación de la apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, no se halla sujeta a formalismos extremos, más aún cuando su planteamiento puede efectuarse de manera oral en audiencia, bastando únicamente su anuncio, pues la parte apelante tiene la posibilidad de fundamentar su recurso en la audiencia de resolución de alzada” (el resaltado nos pertenece). Entendimiento que, -se reitera- responde a la naturaleza y alcance de las medidas cautelares como medida instrumental procesal regida con la normativa expresa que regula su tramitación y a su vez genera certidumbre sobre la situación jurídica del encausado dentro de la tramitación del proceso penal.

III.3. Análisis del caso concreto

Delimitado el marco del cuestionamiento constitucional planteado dentro de esta causa tutelar, corresponde ingresar a su resolución, según sea pertinente. En cuanto al inc. a) del objeto procesal

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, el 20 de mayo de 2022, recién celebró la audiencia de la apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 224/2022 -que dispuso su detención preventiva-, siendo que el 19 de abril del citado año, la alzada habría ya radicado en dicha Sala, incumpliendo así el procedimiento establecido por el art. 251 del CPP, que determina su resolución bajo responsabilidad y sin más trámite dentro el plazo de tres días.

De la relación fáctica precedentemente descrita, planteada así por la parte impetrante de tutela, se evidencia que el reclamo constitucional sobre este punto en análisis, radica en una presunta dilación indebida en la que habría incurrido la Vocal accionada en la convocatoria a la audiencia de apelación para la consideración y resolución del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 224/2022, enfatizando en concreto que, el acto lesivo a sus derechos invocados se circunscribiría a su celebración y materialización el 20 de mayo de 2022, después de cincuenta y siete días posteriores al desarrollo de la audiencia cautelar y treinta y un días después de ser remitida y radicada en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; circunstancias que motivaron al prenombrado a interponer la presente acción de libertad el 23 de igual mes y año a horas 11:15, según consta en la papeleta respectiva del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ [fs. 10]). En ese contexto de la postulación realizada por el peticionante de tutela y la cronología efectuada precedentemente, se denota que la convocatoria a la audiencia de apelación que ahora se extraña por el nombrado, y que se alega como causa presunta de la dilación para la resolución de la apelación incidental que interpuso y que motiva a la presente acción tutelar, en los hechos ya fue efectivizada; precisiones fácticas que concuerdan además con lo informado por los sujetos procesales, existiendo a ese efecto un pronunciamiento de la Vocal accionada -Auto de Vista 352/2022 de 20 de mayo- en sentido de declararse la inadmisibiliadad de tal mecanismo de impugnación, que precisamente es el segundo elemento de cuestionamiento del objeto procesal de esta acción de defensa. En tal sentido, se evidencia que la autoridad ahora accionada concretó la celebración de la audiencia de apelación de medidas cautelares de carácter personal y que hoy se constituye en la causa de reclamo constitucional, de forma anterior a la interposición de la presente acción de libertad y no como efecto de su planteamiento, recayendo el objeto procesal en insubsistente e inexistente, lo que se corrobora además en la ausencia de petitorio o pretensión expuesta por el accionante en su demanda constitucional sobre dicho cuestionamiento, siendo aplicable al respecto, la figura procesal constitucional de sustracción de materia, conforme los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuyos intelectos establecen la imposibilidad de que este Tribunal realice un análisis de fondo de la problemática constitucional a raíz de la desaparición de los elementos fácticos que originaron el reclamo, puesto que como ocurre en el caso concreto, la postulación del impetrante de tutela se centra en una actuación que ya fue efectivizada o ya se materializó antes de la interposición de la acción, es decir, no existe materia sobre la cual realizar el control tutelar, pues la dilación denunciada -más allá de ser evidente o no- dejó de generar efectos procesales, dado que ya fue concretada y por ende se constituye en un hecho superado a momento de la interposición de la acción de defensa ante su efectivización, lo que conlleva a su vez que la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria, en razón a la inviabilidad material de ordenar la realización de un acto o trámite procesal -como eventualmente sería ordenar la celebración de la audiencia de apelación incidental-, cuando la misma se concretó de manera previa, por lo que, no es posible asumir un pronunciamiento sobre el fondo de la problemática formulada, debiéndose en su efecto denegar la tutela impetrada sobre este punto.

Con relación al inc. b) del objeto procesal Sobre este punto, el peticionante de tutela denuncia que, la autoridad judicial accionada, a través del Auto de Vista 352/2022 declaró inadmisible el recurso de apelación incidental que interpuso, alegando la inobservancia de la invocación del art. 251 del CPP y la ausencia de fundamentación de agravios ante el Juez de primera instancia, fundamentado su decisión “en forma extensiva” sobre lo establecido por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, así como por el “reglamento ordenador” aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero sin citar ningún artículo, omitiendo su deber de motivación y fundamentación de la resolución y realizando una interpretación restrictiva de los arts. 251 y 396 inc. 3) del CPP, cuando dichas disposiciones legales no establecen de forma taxativa tales exigencias, provocando con todo ello que continúe privado de su libertad sin obtener una respuesta con celeridad por parte del Tribunal de alzada.

Delimitada la problemática constitucional a ser analizada sobre este punto de reclamo, se debe considerar que dentro de los antecedentes remitidos a conocimiento de este Tribunal, se advierte que la Resolución apelada, causa de la emisión del Auto de Vista 352/2022 hoy cuestionado mediante ésta vía constitucional, es el Auto Interlocutorio 224/2022 de 25 de marzo, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a través del cual el Juez a quo, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por el plazo de dos meses, actuación procesal que además en su contenido evidencia que el procesado y ahora impetrante de tutela, al considerar tal determinación lesiva a sus derechos y garantías constitucionales, formuló oralmente apelación incidental, pues una vez concluido dicho acto procesal, la defensa del prenombrado señaló: “Interponemos señor Juez, Recurso de apelación incidental para posteriormente desarrollar y explicar en audiencia, gracias” (sic [el subrayado es nuestro]); ante lo cual, la referida autoridad judicial dispuso: “Se tiene presente lo expuesto por la parte se tiene presente la Apelación Incidental, interpuesta póngase en conocimiento del Tribunal de Alzada a los efectos de remisibilidad de la presente disposición jurisdiccional, conminando a la parte Apelante pueda recabar el sacado de fotocopias a los fines de armar el legajo de apelaciones con lo que damos por concluida esta actuación jurisdiccional” (sic [Conclusión II.1]). Ahora bien, en cuanto al Auto de Vista 352/2022, si bien de antecedentes no se cuenta con dicha Resolución transcrita, se debe considerar que la parte accionante acompañó un CD de audio de la audiencia de consideración de la apelación incidental, en la que se puede apreciar la voz de una persona de sexo femenino dirigiendo el acto procesal, cuyo contenido coincide con la transcripción literal realizada en el memorial de acción de libertad (fs. 6 vta. a 8) correspondiente al Auto de Vista 352/2022 (Conclusión II.2), el cual si bien no fue remitido por el Tribunal de garantías que tuvo acceso al cuaderno procesal y efectuó la revisión correspondiente y sobre el cual fundamentó su Resolución constitucional; sin embargo, el mismo no fue desacreditado por la parte accionada, y por el contrario fueron reiterados dichos argumentos de su determinación, en su informe escrito presentado dentro de esta acción de defensa; consecuentemente, se tiene por veraz. En ese contexto, recayendo el reclamo constitucional en la presunta carencia de fundamentación y motivación e interpretación restrictiva de los arts. 251 y 396 inc. 3) del CPP, al emitir la Vocal accionada el Auto de Vista 352/2022, que declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental planteado y confirmó el Auto Interlocutorio 224/2022; es necesario por su pertinencia, precisar con relación al recurso de apelación incidental que en el marco del derecho a la impugnación, en cuanto a las resoluciones que dispongan, mo difiquen o rechacen las medidas cautelares, el legislador realizó una distinción con los parámetros jurídicos o de trámite procedimental regulados por los arts. 404 y ss. del CPP, estableciendo la apelación incidental dentro del régimen de medidas cautelares, con un procedimiento especial y propio como un medio idóneo para recurrir de las mismas, conforme se tiene de lo dispuesto por el art. 251 del citado Código, que establece entre otros presupuestos procesales, que debe ser interpuesta por el agraviado en el término de setenta y dos horas de notificado con el fallo que se considera lesivo a sus derechos y garantías constitucionales; sin embargo, a partir de la uniforme línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal, y conforme ocurre en la práctica procesal se establece la posibilidad de su apelación de forma oral en la misma audiencia donde se emitió la resolución que presuntamente causa el agravio, lo que converge no en un imperativo, sino más bien en una potestad por un principio de favorabilidad a la celeridad, pues dada la naturaleza de las medidas cautelares se pretende“…garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP…” ([el énfasis y subrayado son agregados] SCP 0561/2021-S3 de 30 de agosto citando a la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre).

En el caso en análisis, se tiene que la Vocal accionada pronunció el Auto de Vista 352/2022 declarando inadmisible el recurso de apelación incidental formulado por el ahora peticionante de tutela, y confirmó el Auto Interlocutorio 224/2022, que dispuso su detención preventiva, con los siguientes fundamentos: ‘“La parte recurrente manifiesta a través de su defensa técnica, ‘interponemos Sr. Juez recurso de apelación incidental para posteriormente desarrollar y explicar en audiencia, gracias’, Al respecto es importante invocar al Articulado 251 modificado en la ley 1173 de abreviación procesal penal, a tiempo de considerar que el recurso de apelación al ser interpuesto en el plazo de 72 horas efectivamente debe ser remitido al tribunal de 2da instancia, empero al tiempo de interponer el mismo se debe invocar de manera adecuada la normativa en la cual se habrá de ponderar la pretensión del recurso de apelación en merito precisamente a la observancia de la ley 1173 lo que implica la adecuada invocación del articulado 251 o en su defecto 404 contenidos en la referida norma, es decir la ley 1173 de abreviación procesal penal, si bien de manera textual refieren al termino interponemos recurso de apelación, empero la parte recurrente no invoca el articulado en el cual adecua reiteramos su motivación y pretensión, menos aún realiza fundamento de agravio ante el juez ad-quo, estos extremos han sido debido debidamente modulados por la normativa de referencia ley 1173 de abreviación procesal penal y la reglamentación de su aplicabilidad, es decir el reglamento ordenador aprobado por el tribunal supremo de justicia, en cuyo efecto se tiene a bien advertir que no se invoca normativa vigente en la cual se impetre recurso de apelación y asimismo se ausenta fundamento de agravio expresado ante el juez de primera instancia, esta omisiva no hubiere sido oportunamente subsanada, tanto ante el juez ad-quo o de forma ulterior ante el tribunal de alzada a efecto de su correspondiente ponderación, en consecuencia se puede advertir que el recurrente no cumple con requisitos formales y legales a tiempo de impetrar el recurso de apelación de referencia, extremos que hacen inviable la consideración en pronunciamiento de fondo de la cuestiones o agravios expresados en la presente audiencia, por tanto la sala penal 4ta del tribunal departamental de justicia en observancia del articulado 396 numeral tercero y 398 de la ley 1970, declara inadmisible el recurso de apelación formulador por Harold Wilson Cordero Angulo por inobservancia y ausencia de invocación del articulado 251 de la ley 1173 de abreviación procesal penal, extremo que inviabiliza e impide al tribunal de alzada pueda pronunciarse sobre el fondo del recurso plateado, por tal efecto se confirma el interlocutorio 224/2022 del 25 de marzo del 2022, extendido por el juez 3ro anticorrupción y contra violencia hacia la mujer de la ciudad de La Paz, con la presente resolución quedan verbalmente notificados los presentes en sala”’ (sic [las negrillas son añadidas]). Puntualizados los argumentos expuestos por la Vocal accionada en el Auto de Vista 352/2022, ahora cuestionado, se evidencia que en efecto, a pesar que el accionante a través de su abogado en la audiencia de aplicación de medida cautelar, inmediatamente después de que el Juez a quo terminó de dictar el Auto Interlocutorio que impuso su detención preventiva, formuló en el mismo acto procesal de forma oral apelación incidental, la autoridad accionada, con base únicamente en el incumplimiento de “requisitos formales”, como la invocación del art. 251 y señalando además que no realizó la fundamentación de los agravios ante el Juez de primera instancia, determinó que su impugnación resultaba inadmisible, negando con dichos argumentos la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del recurso planteado vulnerando el derecho al debido proceso, sin considerar que la formulación de dicho recurso era válida, pues conforme se analizó precedentemente su interposición puede efectuarse de manera oral en audiencia, toda vez que la parte recurrente tiene la oportunidad de fundamentar los puntos de agravio en audiencia ante el Tribunal de alzada; consiguientemente, correspondía a la autoridad accionada efectuar un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios que la parte recurrente consideró lesivos a sus derechos o garantías constitucionales respectol Auto Interlocutorio apelado. El razonamiento fáctico procesal precedente, responde a la aplicación de los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, sobre la prevalencia del derecho material en el trámite procesal del recurso de apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares, a partir del principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre los agravios invocados, así como la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, a partir de lo cual la activación de la apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, puede efectuarse de manera oral en audiencia, pues la parte apelante tiene la posibilidad de fundamentar su recurso de apelación incidental en la audiencia de resolución de la alzada.

En ese marco, se evidencia que la determinación asumida por la Vocal accionada mediante el Auto de Vista 352/2022, vulnera el derecho al debido proceso al declarar su inadmisibilidad y en su efecto no pronunciarse en el fondo sobre dicho recurso, pues esa determinación converge en la vulneración del citado derecho al ser carente de motivación y fundamentación vinculada a la errónea interpretación y aplicación de la norma en directa relación con los derechos a la defensa y a la libertad, y en vinculación con la inaplicación de los principios iura novit curia y pro actione, pues no contiene un justificativo suficiente y razonable para sustentar la decisión de declarar inadmisible dicho mecanismo de impugnación, impidiéndosele al hoy peticionante de tutela la exposición de sus agravios y por ende la consideración y revisión de la determinación de la imposición de la medida cautelar de extrema ratio en segunda instancia, sin emitir como un efecto consecuencial de ello un pronunciamiento de fondo que resuelva su situación jurídica; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista ahora impugnado a efectos que se pronuncie una nueva resolución conforme lo expresado precedentemente, aclarando que el alcance de tutela responde solo a que se tramite y resuelva en el fondo el recurso de apelación incidental interpuesto, dado que en lo que hace a la resolución de fondo de la apelación planteada, ello corresponde ser resuelto por la autoridad accionada, conforme corresponda en derecho.

III.4. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la presente acción de defensa, corresponde referirse al trámite procesal de la misma, en el cual se advierte que el cuaderno procesal de la causa, de la cual deviene dicha acción tutelar fue puesto a conocimiento del Tribunal de garantías, instancia que a su vez emitió su Resolución con base en dichos actuados procesales, describiendo inclusive los fundamentos principales del Auto de Vista 352/2022 (fs. 20); empero, el referido Tribunal de garantías no remitió tal documental ante este Tribunal Constitucional Plurinacional a objeto de la verificación de los mismos, incumpliendo lo establecido por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dispone la remisión de oficio de la resolución y los antecedentes de la acción de defensa en grado de revisión; sin embargo, pese a no contar con dicha documentación, que eventualmente podría haber sido requerida, con la consiguiente dilación en la resolución de la acción planteada, es que para evitar esa situación, y en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, se procedió a resolver la presente causa con base en la verificación referida precedentemente y que fue confirmada por lo argumentando por los sujetos procesales dentro del caso en análisis, así como del CD de audio presentado, lo cual no implica soslayar la omisión procesal en la que incurrió el Tribunal de garantías, razón por la cual, corresponde exhortar al mismo, a objeto de que en futuras actuaciones cumpla con el procedimiento procesal constitucional a fin de evitar suspensiones y demoras en la resolución de los casos.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso -en sus elementos constitutivos de motivación y fundamentación relacionada con la interpretación de la norma- en vinculación directa al derecho a la defensa y a la libertad, así como a los principios de legalidad, iura novit curia y pro actione, conforme a los razonamientos expuestos en este fallo constitucional, y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, con la aclaración al respecto que el alcance de tutela concierne solo a la consideración y resolución del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 224/2022, correspondiendo resolverse en cuanto al fondo conforme corresponda en derecho. 2° DENEGAR la tutela impetrada con relación a la dilación en la tramitación y pronunciamiento en alzada, vinculada una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 3° Exhortar a Beltrán Quispe Pucho, Verónica Zambrana Mier y Juan Adalit Mamani Quispecahuana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0149_2024-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 482b4465cf86c57aba5fdd1f0a09a5a5f7b05bf12f951da475f55aa8af987e57

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