Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de abril de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y a ser escuchada por autoridad imparcial e independiente, en razón a que ante la presentación de la acusación pública y la posterior formulación de su acusación particular -en su calidad de víctima-, el Juez ahora accionado, emitió el decreto de 12 de agosto de 2021, observando el contenido de la acusación particular, ordenando que, con carácter previo, acompañe la imputación formal por los ilícitos por los que su persona acusaba a la denunciada -violencia económica-, ya que la acusación pública únicamente endilgaba la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; empero, esa determinación era de imposible cumplimiento por cuanto no existía dicho requerimiento fiscal de imputación. Igualmente, por el Auto de 27 de octubre del mismo año de apertura de juicio oral y púbico, sin argumentar el motivo ni realizar ninguna fundamentación al respecto, no dio curso a la acusación particular con relación al tipo penal de violencia económica, no obstante a existir pruebas sobre su comisión, aceptando únicamente la atribución del delito de violencia familiar o doméstica, descrito en la acusación particular; por ende, incurrió en desconocimiento del arts. 11, 341 y 342 del CPP en vinculación con su condición de víctima adulta mayor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, conforme el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 149 a 154 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la referida Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2023-S3 Sucre, 4 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46216-2022-93-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 020/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 149 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alicia Cámara Vda. de Villarroel contra Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 1 y 7 de febrero, ambos de 2022, cursantes de fs. 77 a 84 vta.; y, 97 y vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido a instancia suya por el delito de violencia económica contra Lizet Villarroel Cámara -hoy tercera interesada- el 3 de diciembre de 2018, sucedieron las siguientes actuaciones -relevantes-: a) Querella presentada el 12 de julio de 2020, contra la nombrada y Leoncio Olivera Guzmán; y, b) Acusación Fiscal de 13 de mayo de 2021, por la que Jimena Angélica Barrios Diaz, acusó a la referida tercera interesada solamente por el delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), modificado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; no obstante, existía prueba suficiente para poder sostener con probabilidad que dicha ahora tercera interesada hubiera cometido “…el ilícito de VIOLENCIA ECONOMICA tipificado en el art 250 ter del Código Penal…” (sic), sin tomar en cuenta la igualdad de partes al omitir dicho delito.
Así, mediante memorial de 10 de agosto de 2021, dirigido al Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionado-, presentó acusación particular por la presunta comisión de “…los delito Tipificados en el Código Penal Art 272 bis) y 250 Ter inc. b)…" (sic) en el marco de los arts. 11 y 241 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que reconoce que la víctima puede registrar la calificación jurídica que considere; a tal efecto, el Juez accionado por decreto de 12 del mismo mes y año, manifestó que con carácter previo ‘“…acompañe la imputación del ilícito toda vez de que la Acusación de Fiscal de fecha 13 de mayo de 2021 (…) acusa por el delito de Violencia Familiar y/o Doméstica…” (sic), previsto y sancionado por el art. 272 bis del indicado Código; empero, dentro del proceso penal de referencia no existe dicha imputación por la inobservancia de la Fiscal de Materia a cargo, razón por la que no pudo dar cumplimiento a ese decreto, transcurriendo y feneciendo el plazo, no habiendo acción alguna que pueda interponer al respecto; en ese sentido, se tiene agotada la vía y por ende el principio de subsidiariedad. Mediante memorial de 11 de enero de “2021” -siendo lo correcto 2022- solicitó al Juez accionado control jurisdiccional de la causa conforme al art. 279 del CPP, pidiendo se cumpla el debido proceso establecido en los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). Por decreto de 17 de igual mes de “2021” -se asume de 2022- dicha autoridad judicial estableció que adecúe su solicitud a derecho, sin fundamentación “…respecto a la LEGALIDAD ORDINARIA…” (sic). En ese sentido aclara que “…Por decreto de 12 de Agosto de 2021, No se pudo dar cumplimiento a presentar Acusación por el Delito de Violencia Económica siendo que la fiscal OMITIO ESTE TIPO penal” (sic); asimismo, presentó denuncia contra la Fiscal de Materia asignada al caso, a través de “memoriales” de 11 de enero de 2022, por no haber acusado de manera correcta, omitiendo el delito de violencia económica, “…NOSE TOMO en cuenta ni se FUNDAMENTO RESPECTO A LA LEGALIDAD ORDINARIA el motivo del rechazo a la Acusación particular respecto a este ilícito” (sic). Por lo expuesto, considera que el decreto de 12 de agosto de 2021 y el Auto de 27 de octubre del mismo año -de apertura de juicio oral y público y señalamiento de audiencia-, por el que el Juez accionado no dio curso a la acusación particular respecto al delito de violencia económica, pese a existir pruebas que sostendrían dicho delito, constituyen determinaciones que lesionan sus derechos; puesto que solo aceptó la acusación particular respecto a la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. En ese contexto, tomado en cuenta que “…el art. 372 del C.P.P. (Base del Juicio) Nos dice en su parágrafo 4to una vez que ‘…El auto de apertura del juicio no será recurrible”’ (sic), se tiene que las Resoluciones descritas, no se encuentran dentro del art. 403 del CPP; por ende, al no existir un medio o recurso legal para solicitar la protección de los derechos y garantías restringidos, el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional se encuentra agotado. Finaliza indicando que con dichas omisiones, se lesionó el debido proceso y, por ende, su derecho “…A ACUSAR DE MANERA PARTICULAR EL TIPO PENAL OMITIDO POR LA FISCAL A CARGO…” (sic), derivando el extremo inaceptable de que como víctima no pueda contar con dicho derecho que se encuentra establecido en los arts. 11 y 341 del CPP, en ese sentido, al existir prueba testifical y documental “…sobre el tipo penal art 250ter inc. b) Violencia Económica)…” (sic), la Fiscal de Materia debió acusar por ese delito; por lo que, al omitir ese hecho, desvirtuó y desconoció la finalidad y naturaleza jurídica de la etapa preparatoria.
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y a ser escuchada por autoridad imparcial e independiente; citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el “Auto” -se entiende decreto- de 12 de agosto de 2021 y Auto de apertura de juicio oral y público de 27 de octubre del mismo año.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 146 a 148; presentes en enlace la peticionante de tutela asistida de su abogada, el Juez accionado, la tercera interesada, acompañada de su abogado y la representante del Ministerio Público; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia a través de su abogada, manifestó que: 1) En el Auto de 27 de octubre de 2021 de apertura de juicio oral y público, el Juez de la causa -accionado- no consideró el delito de violencia económica, y sin argumentar el motivo efectuó el rechazo a su acusación particular por el referido tipo penal, afectando en consecuencia sus derechos a la igualdad de partes y al debido proceso; toda vez que, la citada autoridad judicial debió tomar en cuenta el delito acusado; asimismo, tratándose de una víctima adulta mayor, se lesionó el art. 11 del CPP que determina la igualdad de partes y el art. 14 del PIDCP, concordante con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto al debido proceso y a ser escuchado por autoridad imparcial e independiente; y, 2) Con relación al art. 342 del mencionado Código, el Juez accionado, no consideró en su totalidad el señalado artículo al momento de examinar la inclusión en el Auto de apertura de juicio oral y público el delito de violencia económica a la par del delito de violencia familiar o doméstica; en ese sentido, el Auto Supremo (AS) 122 de 24 de abril de 2006, refiere que este precedente obliga a un Juez o Tribunal a garantizar un juicio justo que respete las garantías jurisdiccionales.
Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en audiencia, informó lo siguiente: i) La impetrante de tutela planteó acusación particular a través del escrito de 10 de agosto de 2021; sin embargo, se evidenciaron inconsistencias, ya que señaló los delitos de lesiones gravísimas, entre otros, “…refiriéndose asimismo al delito de violencia económica incurso en el art, 250 ter y Violencia Patrimonial, sin contener inciso alguno conforme la norma” (sic); ii) “tal ilícito” no corresponde a lo consignado en la acusación particular, siendo falso que hubiese emitido las Resoluciones cuestionadas de manera directa y arbitraria; en virtud a que la acusación particular fue atendida mediante el decreto de 12 de agosto de 2021, conteniendo argumentos claros a efecto de no incurrir en vulneración de derechos; puesto que, dicho ilícito nunca fue investigado y recién se pretendió incluirlo al momento de la acusación particular; solicitó a la parte acusadora particular -peticionante de tutela- presente la imputación formal respecto al tipo penal extrañado, determinación que no fue cumplida; por lo que, debiendo proseguir con la tramitación de la causa, emitió el Auto de apertura de juicio oral y público dentro de los alcances del art. 341 del CPP, luego de más de dos meses en los que tuvo tiempo la parte accionante de realizar cualquier observación; iii) Si la impetrante de tutela consideraba que el referido decreto vulneraba alguno de sus derechos, debió acudir al art. 401 del citado Código respecto al recurso de reposición con la finalidad de resolver los cuestionamientos de manera pronta y efectiva; al no haber actuado de este modo, se debe considerar el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; iv) La parte peticionante de tutela le notificó con la presente acción de defensa un día antes a la celebración del juicio oral y público, llamándole la atención el tiempo transcurrido; por cuanto, en su condición de Juez hubiese dado lugar a la realización del juicio oral y público de manera pronta por tratarse de una persona adulta mayor; sin embargo, es la misma víctima quien estuviere dificultando su trámite procesal; y, v) Respecto a que el Ministerio Público estaría considerando el indicado delito de violencia económica a través de otra querella en otro caso penal y remitiéndose igualmente a los cuestionamientos que se realiza con relación a que hubiese tenido conocimiento de la prueba, no resulta cierto; toda vez que, conforme a normativa se conoce la prueba en la etapa de sustanciación del juicio oral y público.
Lizet Villarroel Cámara, a través de su abogado en audiencia señaló que se ratificaba y allanaba a la fundamentación de hecho y de derecho realizada por el Juez accionado al haber sido clara y concisa; por lo que, a fin de no generar más carga procesal, solicita se deniegue la tutela impetrada por la parte accionante.
Jimena Angélica Barrios Díaz, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) Se remitía a la apertura del caso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; por cuanto, es así como se hubiese determinado la investigación por el Departamento de Análisis del Ministerio Público, ordenando su investigación al efecto, habiendo procedido posteriormente a la imputación formal contra la ahora tercera interesada respecto del delito señalado; y, b) Posteriormente, la parte accionante presentó querella por los delitos de discriminación, violencia económica y violencia patrimonial también contra otra persona que continúa en investigación y a la conclusión de la etapa preparatoria; de su parte fue emitida una imputación formal incluido el delito de violencia económica, rechazando los otros ilícitos, no habiéndose emitido al presente la resolución conclusiva del referido caso; por lo que, con esos argumentos solicita se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la aclaración de que se convocó al Vocal Constitucional de su similar Tercera-, por Resolución 020/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 149 a 154 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de 27 de octubre de 2021, de apertura de juicio oral y público, y todo lo obrado de manera posterior a este acto, ordenando al Juez accionado emita nuevo Auto que considere la acusación particular de la impetrante de tutela, presentada a través del memorial de 10 de agosto de 2021, en función a lo establecido en los arts. 341.II y 342 del CPP; ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la causal de improcedencia alegada por el Juez accionado, se tiene que conforme a la línea jurisprudencial fijada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1062/2015-S1 de 3 de noviembre y 0341/2019-S1 de 5 de junio; y, lo establecido en el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), el grupo de adultos mayores debe ser protegido de manera preferente y reforzada así como de forma inmediata en caso de verificarse vulneración en sus derechos; en consecuencia, en atención a la edad de la peticionante de tutela y su situación vinculada a la violencia, deviene la excepción al principio de subsidiariedad; 2) La víctima -accionante- precisó en el memorial de formalización de denuncia presentada el 3 de diciembre de 2018 ante la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) de Coña Coña, en función a los hechos relatados, la presunta comisión de los delitos de violencia patrimonial, violencia familiar o doméstica, así como violencia económica, citando respecto de este último, el at. 250 inc. b) del CP; al respecto, el Ministerio Público, argumentó que la denuncia pasa por la Unidad de Admisión del Ministerio Público a los fines de su revisión, procediéndose a una calificación más acorde a la normativa penal; sin embargo, posterior a ello, la víctima -impetrante de tutela- interpuso querella, a través de escrito presentado el 12 de junio de 2020; es decir, mucho antes de la emisión de la acusación formal, sujetando la investigación y ampliación por los delitos previstos en el art. 250 bis, que reconoce el delito de violencia económica, así como el art. 250 ter, sobre violencia patrimonial a la par del art. 272 bis de violencia familiar o doméstica, todos del CP, extremos señalados tanto en la indicada querella como en la denuncia y que mediante requerimiento fiscal de 14 de julio del mismo año, se determinó por “presentada”; “…elementos a precisar respecto de los actos procesales realizados durante la etapa preparatoria del proceso penal a cargo del Ministerio Público…” (sic), que debió trasuntarse en el requerimiento conclusivo a emitirse; 3) Radicada la causa emergente de la acusación formal, la víctima -peticionante de tutela- fue notificada a efecto de presentar la acusación particular, habiendo sido presentada a través del memorial de 10 de agosto de 2021, en la que, aparte de argumentar sobre la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y otros, también argumentó respecto a la comisión de la presunta comisión del delito de violencia económica, incurso en el art. 250 bis inc. b) del CP, señalando elementos de convicción para sustentar la comisión del indicado ilícito contra la denunciada -ahora tercera interesada-; dicha actuación fue observada mediante decreto de 12 del mismo mes, hoy cuestionado en la demanda tutelar, en el que el Juez accionado, precisó que habiéndose presentado acusación formal por parte del Ministerio Público por el delito de violencia familiar o doméstica, a efecto de considerar la acusación particular con relación al ilícito señalado, presente la imputación formal; sin que esta determinación se hubiese cumplido por la accionante, según esta por no existir imputación por el indicado ilícito; en consecuencia, no obstante que la acusación particular hubiese sido también formulada por el delito de violencia familiar o doméstica, no se hizo referencia a este tipo penal sino que se determinó la apertura del juicio oral y público contra la acusada -ahora tercera interesada-con base en la acusación formal del Ministerio Público por el delito señalado, cuando de conformidad al art. 240 del CPP, se notificará al querellante para que presente la acusación particular y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez días; el no ejercicio de este derecho por la víctima no impedirá su participación en el juicio oral y público y en las etapas posteriores, conforme al art. 11 del referido Código; es decir, que en el Auto de apertura de juicio oral y público, no se cumplió a cabalidad con considerar lo expuesto en la acusación particular presentada por la víctima -impetrante de tutela- y solamente se realizó tal apertura por el ilícito acusado por el Ministerio Público, sin haber fundamentado lo que correspondiere respecto a la acusación particular; por ende, no fue considerado por el Juez accionado lo señalado por los arts. 341.II y 342 del CPP; puesto que, en ese contexto normativo con base en el cual se tiene que existiendo contradicción entre la acusación fiscal y la particular, al no haberse presentado la imputación formal por el ilícito de violencia económica, el Juez accionado señaló que no era posible admitir una acusación particular que involucre este ilícito; sin considerar dicha autoridad judicial que acorde a la normativa procesal penal una imputación formal resulta ser provisional por cuanto conlleva aun la investigación y verificación por parte del Ministerio Público durante los seis meses posteriores a la imputación formal, “…el establecimiento de manera clara y precisa sobre el presunto accionar delictivo respecto de uno u otro ilícito que se hubiese denunciado ante el Ministerio Público…” (sic), inclusive los que se hubiesen detectado como conexos dentro del marco legal procesal; 4) Con relación a los antecedentes procesales del caso, se tienen cuestionados delitos vinculados a la violencia hacia la mujer que “…devienen de una misma raíz, que resulta ser conforme se precisó ‘violencia hacia la mujer’” (sic) siendo hechos que corresponde sean probados por las partes ante el Juez, los que resultarán la base del juicio oral y público, extremo que no hubiese sido considerado por la autoridad judicial a tiempo de dilucidar conforme a lo señalado por el art. 342 del referido Código respecto de la acusación formal y particular, y determinar los hechos sobre los cuales se procederá a la apertura del juicio oral y público a tiempo de emitir la resolución respectiva; por cuanto, en el Auto de 27 de octubre de 2021 de apertura de juicio oral y público, por una parte no se consignó la acusación particular, debiendo haber sido objeto de dicho juicio en uno u otro sentido; y, por otra parte el Juez accionado no consideró la posibilidad de que al haber advertido contradicciones irreconciliables entre ambas acusaciones y tratarse de presuntos delitos que pretenden proteger un mismo bien jurídico, en función al derecho al debido proceso en su vertiente igualdad procesal de las partes y el derecho a la víctima de acusar particularmente, conforme a los antecedentes procesales, al haber omitido un pronunciamiento la Fiscal de Materia asignada al caso en su debido momento, le correspondía -a la autoridad judicial- considerar la aplicación de la normativa procesal penal citada y determinar los hechos sobre los cuales procedía a la apertura del juicio oral y público y su sustanciación con base en el acervo probatorio presentado por ambas partes en el acto procesal público y contradictorio; toda vez que, no se juzgan delitos sino hechos; y, 5) En el marco de todo lo expuesto así como a la protección reforzada respecto del grupo vulnerable del adulto mayor, en el que se encuentra la peticionante de tutela, vinculada a la violencia, cuando el tenor de las acusaciones presentada se desprende que el conflicto penal versa entre miembros de una familia, -es necesario tener presente el- objeto de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia respecto de la prevención o resolución de manera efectiva de causas vinculadas a la violencia dentro de la familia, teniéndose verificado en el presente caso que el accionar del Juez accionado, constituye lesión del derecho al debido proceso con relación al trato igualitario de las partes en el proceso penal; consecuentemente, el derecho de la víctima a que se considere su acusación particular en el proceso penal, correspondiendo por ello, conceder la tutela impetrada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de Cédula de Identidad de Alicia Cámara Vda. de Villarroel -ahora accionante-, con fecha de nacimiento 10 de diciembre de 1950; por lo que, al momento de interposición de esta acción de amparo constitucional, contaba con 71 años de edad (fs. 2). II.2. Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2018, ante el Juez Público de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Turno de la Capital del departamento de Cochabamba el Ministerio Público puso en conocimiento el inicio de investigaciones de diligencias preliminares a denuncia de la impetrante de tutela contra Lizet Villarroel Cámara -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP (fs. 8).
II.3. Mediante escrito presentado el 13 de julio de 2020, ante la FEVAP de Coña Coña, la impetrante de tutela planteó querella contra Lizet Villarroel Cámara -ahora tercera interesada- y Leoncio Olivera Guamán, por la presunta comisión de los delitos de violencia económica, violencia patrimonial y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados, respectivamente, en los arts. 250 bis inc. b), 250 ter y 272 bis num. 3 del CP, con la agravante prevista en el art. 40 bis del indicado Código, vinculado a su vez, a los arts. 45 y 281 sexies del citado Código (fs. 10 a 13); a cuyo efecto, mediante requerimiento fiscal de 14 de dicho mes y año, el Fiscal de Materia ordenó que: i) Se notifique personalmente con la querella “al querellado”; ii) Se informe al Órgano Jurisdiccional el “inicio de investigaciones”; iii) El Supervisor de Plataforma de Atención al Usuario Externo (PAUE) certifique si existe algún proceso contra Leoncio Olivera Guamán; y, iv) El Director Departamental de Servicios Técnicos Auxiliares, extienda certificado de antecedentes policiales del antes mencionado. Verificándose la notificación personal tanto a la parte peticionante de tutela como a los querellados a través de diligencias de 4 y 31 de agosto del indicado año, respectivamente (fs. 14 y vta.). II.4. A través de requerimiento fiscal presentado el 8 de junio de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero - EPI Norte de la Capital del departamento de Cochabamba, la Fiscal de Materia acusó formalmente a Lizet Villarroel Cámara -hoy tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 bis del CP; por lo que, en conformidad con los arts. 323 inc. 1) y cumplidos con los presupuestos del 341, ambos del CPP, solicitó se remitan antecedentes a la autoridad competente a objeto de que se procesa a la radicatoria y apertura del juicio oral y público, previo señalamiento de día y hora de audiencia para tal efecto (fs. 52 a 57); en consecuencia, a través de proveído de “17 de mayo de 2021”, el referido Juez ordenó la remisión de actuados al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la Capital del indicado departamento (fs. 58). II.5. Mediante memorial presentado el 7 de julio de 2021, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, la Fiscal de Materia acompañó las pruebas ofrecidas en requerimiento conclusivo de acusación formal, así como las Certificaciones del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) de la denunciante como del denunciado (fs. 115); mereciendo el decreto de 8 de igual mes y año, por el que se dispuso que tanto la acusación fiscal como las pruebas ofrecidas sean puestas en conocimiento de la accionante para que formule acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal, así como para que ofrezca las pruebas de cargo en el término de diez días (fs. 117). Consiguientemente, la impetrante de tutela fue notificada el 27 del mismo mes y año con la acusación fiscal, el Auto de 10 de junio de ese año, memorial de 7 y decreto de 8, ambos de julio del señalado año (fs. 118).
II.6. Cursa memorial presentado el 10 de agosto de 2021, por el que la peticionante de tutela se apersonó ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba formulando acusación particular y ofreciendo prueba, identificando a la ahora tercera interesada como acusada por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica previstos y sancionados respectivamente por los arts. 250 bis inc. b) y 272 bis inc. 3) con la agravante prevista en el 40 bis, todos del CP; igualmente, invocó los arts. 250 ter, 270.3 y “…272 Bis Núm. 1) y LESIONES GRAVISIMAS… (sic) del referido Código, anunciando que se adhería a la prueba documental presentada por el Ministerio Público con ciertas excepciones (fs. 119 a 122); mereciendo en consecuencia, el decreto de 12 del mismo mes y año, por el que se declaró tener por ofrecida la prueba documental y testifical de cargo; no obstante, con relación a la acusación particular presentada por la presunta comisión de los delitos de violencia económica con la agravante establecida en el art. 40 bis del CP y lesiones gravísimas, ordenó que con carácter previo acompañe la imputación en la que se atribuyó dicho ilícito, en virtud a que la acusación fiscal únicamente acusó por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; sea en el plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 123); observación que fue notificada a la parte accionante, por medio de su abogada, a través del buzón de ciudadanía digital, el 20 del indicado mes y año (fs. 124). II.7. Por decreto de 20 de septiembre de 2021, emitido de oficio por la Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, se dispuso que al haberse vencido el plazo previsto por el art. 340.III de CPP, se ponga en conocimiento de la acusada -ahora tercera interesada- la acusación fiscal y las pruebas ofrecidas, para que dentro de los diez días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo, señalando la pertinencia, utilidad y qué es lo que se pretende probar con cada una de la pruebas documentales y testificales (fs. 125); al efecto, la referida hoy tercera interesada, por memorial interpuesto el 12 de octubre del citado año, respondió a las acusaciones pública y particular, solicitando que una vez se lleve a cabo el juicio oral y público, se proceda a dictar sentencia absolutoria y que se precisen los hechos sobre los cuales se apertura dicho juicio oral y público; toda vez que, existen contradicciones respecto al tipo penal (fs. 127 a 129). II.8. Cursa Auto de 27 de octubre de 2021, por el que Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionado-, determinó, sobre la base de la acusación formal, la apertura del juicio oral y público contra Lizet Villarroel Cámara por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP; en consecuencia, señaló audiencia para el 2 de febrero de 2022, a las 09:00 horas (fs. 130 y vta.).
II.9. Por memorial presentado el 13 de enero de 2022, la accionante solicitó el control jurisdiccional respecto a la actuación de la Fiscal de Materia; por cuanto, la acusación fiscal formulada “…NO LO HACE POR EL DELITO QUE CORRESPONDE delito de VIOLENCIA ECONOMICA 250Bis incB) 250 ter…” (sic); tampoco involucraba a Leoncio Olivera Guamán; también “…DETALLO EN LA DENUNCIA FISCAL las otras irregularidades, ASI MISMO POR LA INSERCION DE DATOS NO CORRECTOS EN DICHA ACUSACIÓN” (sic [fs. 137 y vta.]); mereciendo en consecuencia el decreto de 17 del mismo mes y año, por el que la Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segundo, señaló “Adecue su solicitud conforme a Derecho…” (sic [fs. 139]).
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y a ser escuchada por autoridad imparcial e independiente, en razón a que ante la presentación de la acusación pública y la posterior formulación de su acusación particular -en su calidad de víctima-, el Juez ahora accionado, emitió el decreto de 12 de agosto de 2021, observando el contenido de la acusación particular, ordenando que, con carácter previo, acompañe la imputación formal por los ilícitos por los que su persona acusaba a la denunciada -violencia económica-, ya que la acusación pública únicamente endilgaba la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; empero, esa determinación era de imposible cumplimiento por cuanto no existía dicho requerimiento fiscal de imputación. Igualmente, por el Auto de 27 de octubre del mismo año de apertura de juicio oral y púbico, sin argumentar el motivo ni realizar ninguna fundamentación al respecto, no dio curso a la acusación particular con relación al tipo penal de violencia económica, no obstante a existir pruebas sobre su comisión, aceptando únicamente la atribución del delito de violencia familiar o doméstica, descrito en la acusación particular; por ende, incurrió en desconocimiento del arts. 11, 341 y 342 del CPP en vinculación con su condición de víctima adulta mayor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre esta temática, la SCP 1219/2019-S1 de 11 de diciembre, señaló que: “Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su artículo 4, establece que: ‘Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
(…)’ Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados, en la norma prevista por el art. 7 que establece los deberes que tienen estos de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos” (las negrillas son nuestras).
Respecto a esta temática procesal, la jurisprudencia constitucional desarrolló distintos entendimientos sobre las garantías procesales inherentes a la víctima dentro de un proceso penal, así la SCP 0862/2018-S2 de 20 de diciembre, efectuó el siguiente desarrollo sobre la necesaria participación e información a la víctima antes de asumir una decisión judicial, aún ésta no se constituyera en querellante o acusadora particular: “El art. 121.II de la CPE, señala: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado’.
Por su parte, el art. 11 del CPP, modificado por la Ley 007, respecto a la garantía de la víctima, prevé que: ‘La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante’ (…).
Entonces, respecto a la víctima dentro del proceso penal, las normas señaladas, consagran su derecho a ser oída antes de cada decisión judicial y a participar con autonomía, sin constituirse en querellante o acusador particular.
Ahora bien, es necesario determinar con precisión, quiénes tienen la calidad de víctima, a efectos de saber quiénes están legitimados para intervenir dentro del proceso penal en calidad de querellantes o acusadores particulares. Al respecto, el art. 76 del CPP, considera como víctima:
1. A las personas directamente ofendidas por el delito;
2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;
3. A las personas jurídicas en los delitos que les afecten (…).
Asimismo, con relación a los derechos que se reconoce a la víctima, el art. 77 del mismo cuerpo legal, resalta que: ‘Aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento’ (…). Desarrollo normativo que fue mencionado en la SC 1388/2011-R del 30 de septiembre, que hace referencia al derecho de la víctima en el proceso penal, a la luz del nuevo modelo constitucional.
La SC 0103/2004-R de 21 de enero, en el Fundamento Jurídico III.2, señala que los derechos de las víctimas:
...se traduce en varias obligaciones concretas de los fiscales, tales como la de mantener a la víctimas permanentemente informadas de los avances de la investigación; consultar su opinión para la toma de decisiones relevantes en el proceso; adoptar medidas de protección en su favor; promover la satisfacción de sus intereses pecuniarios y, en fin, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el proceso se transforme en una nueva instancia de victimización y dolor de la misma (…). También, cabe mencionar a la SC 1859/2010-R de 25 de octubre, en cuyo Fundamento Jurídico III.3.2, asume lo señalado por la SC 1844/2003-R de 12 de diciembre, reiterando:
‘Se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, la que puede participar en el proceso como querellante, pero aun cuando no hubiere participado en el proceso en tal calidad, es obligación del fiscal, juez o tribunal y bajo su responsabilidad, informarle sobre el resultado de las investigaciones y el proceso, pues ésta (la víctima) tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla…’ (…).
Por su parte, las directrices universales contenidas en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, plasman los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, señalando que:
A.-Las víctimas de delitos
1. Se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse ‘víctima’ a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (el resaltado es nuestro).
Asimismo, la referida Declaración determina, entre otros, los siguientes derechos de las víctimas:
Acceso a la justicia y trato justo
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente (el resaltado es añadido).
Aspectos, que en concordancia con lo expuesto anteriormente, contemplan el reconocimiento de los derechos de la víctima en el Estado Constitucional de Derecho y la obligación ineludible de notificación a las víctimas de procesos penales, aunque no se hubiera constituido como querellante; ello, a fin de respetar el plano de igualdad y equilibrio necesario que debe existir entre el respeto a los derechos del imputado y de la víctima, sin que aquello implique incurrir en rigorismos procesales o formalidades, propendiendo, más bien, a que la misma justicia constitucional respete los derechos fundamentales de todas las partes que se vean involucradas por una decisión a asumirse en sede constitucional” (el resaltado nos pertenece).
Adicionalmente, es necesario recurrir a los razonamientos jurisprudenciales desarrollados en la SCP 0384/2019-S4 de 18 de junio, respecto al derecho de acceso a la justicia como garantía de la víctima dentro del proceso penal, estableció que: “…El derecho de acceso a la justicia, también reconocido en la doctrina como derecho a la jurisdicción, constituye un elemento del debido proceso y está reconocido en el art. 120.I de la Norma Fundamental: ‘Toda persona tiene derechos a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa’; en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDH), con el siguiente texto: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’.
Asimismo, en el art. 14.1, primera parte, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), dispone que: ‘Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil’.
A través de la jurisprudencia constitucional, previa cita del art. 8.1 citado, se asumió el siguiente razonamiento: ‘…como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ‘derecho a la jurisdicción’ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal’.
En ese marco, el derecho de acceso a la justicia alcanza a todo sujeto que acuda ante el Estado, a través de sus órganos competentes, a efectos de lograr un pronunciamiento sobre el conflicto que afecta sus derechos fundamentales o intereses jurídicos, el mismo que debe estar sujeto a un debido proceso, desarrollado conforme a la ley y respetando los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.
Ahora bien, resulta útil acudir al entendimiento asumido en la SC 1478/2012 de 24 de septiembre, que fue concebido en la resolución de hechos vinculados con la ‘justicia por mano propia’ o fuera del marco legal y jurisdiccional reconocido en un Estado constitucional de derecho, el cual nos proporciona una visión más detallada de los alcances que podría darse a este importante derecho en la administración de la justicia, sin que dicha postura tenga carácter limitativo sobre su ámbito de protección; la misma establece:
‘…que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’” (el resaltado es añadido).
En este contexto, se concluye que el derecho de las víctimas dentro de un proceso penal a ser oída antes de cada decisión judicial y participar con autonomía, así no se constituya en querellante o acusadora particular, está íntimamente ligado al derecho de acceso a la justicia en ejercicio del cual la víctima acude a la jurisdicción ordinaria con la finalidad de obtener un pronunciamiento sobre el conflicto que afecta sus derechos fundamentales o intereses jurídicos, el mismo que debe estar sujeto a un debido proceso y a la igualdad procesal.
Sobre esta temática, es necesario acudir a los razonamientos expuestos en la SCP 0989/2021-S3 de 30 de noviembre, mencionando al desarrollo jurisprudencial asumido por la SCP 2353/2012 de 16 de igual mes, y ampliando el mismo, estableció lo siguiente: «“El art. 1 de la CPE, establece que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’, en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, estableció: ‘Que, según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…’.
En este marco, las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y sus particularidades, cuentan con tutela reforzada constitucional, así el art. 67.I de la CPE, establece ‘Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana’, de donde además y en coherencia con el principio dignidad puede concluirse que en general a mayor edad y situación de abandono de una persona adulta mayor por parte de su familia, la protección por parte de las autoridades públicas y la sociedad debe ser más intensa.
Asimismo y de lo anterior, se extrae que la protección que las autoridades deben brindar a las personas adultas mayores, debe traducirse en la formulación de políticas públicas (generales) pero también a momento de tomar decisiones particulares que afecten a dicho grupo social, ello en virtud al efecto normativo de los derechos de las personas adultas mayores reconocidos en el art. 67 de la CPE, y la prohibición de abandono establecido en el art. 68 de la Norma Suprema, que conforme al art. 108.1 de la Ley fundamental, alcanza a las autoridades jurisdiccionales” (…).
Respecto a la discriminación de las personas de la tercera edad la SCP 0781/2015-S1 de 18 de agosto, señaló que: “…la Ley Fundamental reconoce derechos aplicables para determinados grupos sociales, sin que ello signifique el desconocimiento a la igualdad que propugna la Norma Suprema, sino que por el contrario, tales derechos tienen como meta el lograr materializar la anhelada igualdad de oportunidades y de calidad de vida, entre todos los bolivianos, y en el caso específico de los adultos mayores, a través de los artículos 67 y 68 de la CPE, que establecen que las personas de la tercera edad, tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; a una renta vitalicia de vejez, a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación.
Ésta protección específica, se encuentra vinculada al cuidado especial que merece la condición física y mental de las personas de la tercera edad, circunstancias que constituyen a éste sector poblacional, en un grupo de resguardo reforzada, debido la vulnerabilidad a la que son susceptibles en consideración de las condiciones aludidas, que les significan la imposibilidad de dar una respuesta adecuada o proporcional a situaciones de agresión. Es bajo éste razonamiento, que la jurisprudencia constitucional debe brindar protección fortalecida a los derechos de éste grupo poblacional, especialmente en lo relacionado con el derecho a la salud, seguridad social y alimentación que se encuentran íntimamente ligados a su supervivencia.
Bajo éste enfoque, en mérito a la constitución axiomática, se tiene que la materialización del paradigma del ‘vivir bien’, implica un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de ‘vulnerabilidad material’. En ese contexto, debe tomarse en cuenta que en circunstancias donde se denuncian actos que son lesivos o limitan a derechos fundamentales que atañen a personas de la tercera edad; en virtud a las características de nuestro modelo de Estado Constitucional de Derecho, que además se identifica como plurinacional e intercultural, todo individuo y con mayor razón los servidores públicos, tienen el deber de asegurar la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del paradigma de favorabilidad para aquellos sectores poblacionales que son considerados de atención prioritaria (como los adultos mayores), armonizado con el modelo del ‘vivir bien’.
En ese orden de ideas, el cumplimiento del ‘vivir bien’, instituido por la Constitución Política del Estado, como un principio ético-moral de la sociedad plural, conforme se ha dejado fundado en anteriores fallos; tiene varias acepciones, entre ellas: ‘vivir en paz’, ‘vivir a gusto’, ‘convivir bien’, ‘llevar una vida dulce’ que involucra el aspecto biológico, humano y espiritual; entendiendo la vida como una integralidad que explica la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza, mediada por esa espiritualidad. Su cumplimiento, se encuentra estrechamente ligado a derechos fundamentales de significativa importancia, como son la vida, un hábitat y vivienda, la alimentación, entre otros…” (…).
Por su parte, la SCP 0698/2018-S3 de 28 de agosto, refirió que: “Debe mencionarse a la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que entre sus principios, contempla a los de no discriminación, que ‘Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores’; no violencia, por el cual se busca ‘prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores’; solidaridad intergeneracional, que busca ‘la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas culturales favorables a la vejez y el envejecimiento’; protección, que ‘busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad’”» (el resaltado no pertenece).
Antes de ingresar a analizar el objeto procesal de esta acción de defensa, es necesario aclarar que, respecto a las alegaciones efectuadas por la parte accionada en sentido de ser aplicable el principio de subsidiariedad que rige la presente acción de defensa, por cuanto ante la emisión del decreto cuestionado (de 12 de agosto de 2021) correspondía que la impetrante de tutela interponga el recurso de reposición, consta que la peticionante de tutela es una persona adulta mayor (Conclusión II.1); por ende, en aplicación del deber de protección reforzada de las personas adultas mayores al que está obligado el Estado en todas sus instancias en consideración a su situación de vulnerabilidad devenida de su avanzada edad que las expone a diferentes riesgos (Fundamento Jurídico III.3), no corresponde exigir el agotamiento de los mecanismos ordinarios antes de la activación de esta acción de amparo constitucional, es decir, no es aplicable el principio de subsidiariedad previsto en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del CPCo.
Ahora bien, a efecto de analizar el fondo de las problemáticas planteadas, es necesario tener presente los antecedentes procesales que dieron lugar a la emisión del decreto y del Auto de apertura de juicio y público ahora cuestionados por la accionante.
Así se tiene que dentro del proceso penal iniciado contra Lizet Villarroel Cámara -ahora tercera interesada-, la impetrante de tutela, a través de escrito presentado el 13 de julio de 2020, ante la FEVAP de Coña Coña, planteó querella contra la mencionada y Leoncio Olivera Guamán, por la presunta comisión de los delitos de violencia económica, violencia patrimonial y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados, respectivamente, en los arts. 250 bis inc. b), 250 ter y 272 bis num. 3 del CP, con la agravante prevista en el art. 40 bis del indicado Código, vinculado a su vez, a los arts. 45 y 281 sexies del citado Código; a cuyo efecto, mediante requerimiento fiscal de 14 de dicho mes y año, el Fiscal de Materia ordenó que: 1) Se notifique personalmente con la querella “al querellado”; 2) Se informe al Órgano Jurisdiccional el “inicio de investigaciones”; 3) El Supervisor de PAUE certifique si existe algún proceso contra Leoncio Olivera Guamán; y, 4) El Director Departamental de Servicios Técnicos Auxiliares, extienda certificado de antecedentes policiales del antes mencionado. Verificándose la notificación personal tanto a la parte peticionante de tutela como a los querellados a través de diligencias de 4 y 31 de agosto del indicado año, respectivamente (Conclusiones II.2 y II.3).
Asimismo, consta que por requerimiento fiscal presentado el 8 de junio de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero - EPI Norte de la Capital del departamento de Cochabamba, la Fiscal de Materia acusó formalmente a Lizet Villarroel Cámara -hoy tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 bis del CP; por lo que, solicitó se remitan antecedentes a la autoridad competente a objeto de que se procesa a la radicatoria y apertura del juicio oral y público; en consecuencia, a través de proveído de “17 de mayo de 2021”, el referido Juez ordenó la remisión de actuados al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la Capital del indicado departamento (Conclusión II.4).
Habiendo sido recepcionada la causa señalada ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, la Secretaria Abogada del referido Juzgado, emitió el decreto de 8 de julio de 2021, por el que se dispuso que tanto la acusación fiscal como las pruebas ofrecidas sean puestas en conocimiento de la accionante para que formule acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal, así como para que ofrezca las pruebas de cargo en el término de diez días; actuados que le fueron notificados el 27 del mismo mes y año; consiguientemente, la accionante por memorial presentado el 10 de agosto de dicho año, se apersonó ante el mencionado Juzgado y formuló acusación particular, y ofreciendo prueba identificando como acusada a Lizet Villarroel Cámara -hoy tercera interesada- por los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica normados en los arts. 250 bis inc. b) y 272 bis inc. 3) con la agravante prevista en el 40 bis, todos del CP; igualmente, invocó los arts. 250 ter, 270.3 y “…272 Bis Núm. 1) y LESIONES GRAVISIMAS… (sic) del referido Código, anunciando que se adhería a la prueba documental presentada por el Ministerio Público con ciertas excepciones (Conclusiones II.5 y II.6).
En ese estado procesal, por el decreto de 12 de agosto de 2021, la Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, declaró tener por ofrecida la prueba documental y testifical de cargo; por otra parte, con relación a la acusación particular presentada por la presunta comisión de los delitos de violencia económica con la agravante establecida en el art. 40 bis del CP y lesiones gravísimas, ordenó que con carácter previo acompañe la imputación en la que se atribuyó dicho ilícito, en virtud a que la acusación fiscal únicamente acusó por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; sea en el plazo de cuarenta y ocho horas; observación que fue notificada a la parte accionante, por medio de su abogada, a través del buzón de ciudadanía digital, el 20 del indicado mes y año.
No habiendo presentado ninguna subsanación la parte impetrante de tutela, extremo reconocido por ella misma en su memorial de interposición de la presente acción de defensa, alegando que ello no fue posible por cuanto no existía imputación formal por el delito extrañado debido a la “inobservancia” de la Fiscal de Materia, la misma Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, a través del decreto de 20 de septiembre de 2021, “DE OFICIO”, explicó que revisados los datos del proceso, evidenció que la víctima presentó la acusación particular y vencido el plazo previsto por el art. 340.II del CPP y en coherencia con el parágrafo III del mismo articulado, dispuso que la acusación fiscal y las pruebas ofrecidas se pongan en conocimiento de la acusada, para que dentro de los diez días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo; al efecto, la acusada -hoy tercera interesada-, respondió a las acusaciones fiscal y particular, solicitando que una vez se lleve a cabo el juicio oral y público, se proceda a dictar sentencia absolutoria y que, al existir contradicciones respecto al tipo penal, que conforme al art. 342 del referido Código, se precise los hechos sobre los cuales se abre el juicio (Conclusión II.7).
En virtud a dichos antecedentes, el Juez accionado, mediante el Auto de 27 de octubre de 2021, determinó, sobre la base de la acusación formal, la apertura del juicio oral y público contra Lizet Villarroel Cámara por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 bis del CP; en consecuencia, señaló audiencia para el 2 de febrero de 2022, a las 09:00 (Conclusión II.8).
Al respecto, se tiene que la peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos por la emisión del decreto de 12 de agosto de 2021, por el que se observó la diferencia existente entre los delitos atribuidos a la denunciada en la acusación fiscal y los que ella identificaba, a cuyo efecto le dio cuarenta y ocho horas para que presentara la imputación formal respecto del delito de violencia económica, decisión que no acató por ser de imposible cumplimiento, al no existir tal requerimiento fiscal.
Sobre ello, es necesario aclarar que si bien no existe coincidencia entre la persona que presuntamente vulneró los derechos y garantías de la accionante y contra quien se interpone la presente acción tutelar, por cuanto quien emitió el decreto de 12 de agosto de 2021, fue la Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba y no así el Juez accionado, se tiene que éste, en el informe presentado en la acción de defensa en revisión, asumió la responsabilidad del referido pronunciamiento; en virtud a que justificó su contenido, señalando que se expresó de manera clara a efecto de no incurrir en vulneración de derechos; puesto que, dicho ilícito -violencia económica- nunca fue investigado y recién se pretendió incluirlo al momento de la acusación; por ende, corresponde ingresar al análisis de fondo del cuestionamiento respecto a dicho proveído.
En ese marco, es preciso retomar los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el que se estableció que a las víctimas dentro del proceso penal le es consagrado el derecho a ser oídas antes de cada decisión judicial y a participar con autonomía, aún no se hubiese constituido en querellante o acusadora particular; ello, a fin de respetar el plano de igualdad y equilibrio necesario que debe existir entre el respeto a los derechos del imputado y de la víctima, sin que aquello implique incurrir en rigorismos procesales o formalidades. Asimismo, se consignó que en coherencia con dicha garantía, se tiene al derecho de acceso a la justicia, que posibilita que toda persona acuda ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica, derecho que, a su vez, está íntimamente ligado al derecho al debido proceso e igualdad procesal.
Asimismo, es necesario tener presente el contenido del art. 340 del CPP, que dispone en cuanto a la preparación del juicio oral y público lo siguiente: “II. La o el Juez, o la o el Presidente del Tribunal de Sentencia, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidas las pruebas de la acusación fiscal, notificará a la víctima o querellante para que presente la acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal, y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez (10) días, en caso de que se ofrezcan otras pruebas distintas a las referidas en el pliego acusatorio del Ministerio Público, obtenidas legalmente, éstas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal. El no ejercicio de este derecho por la víctima, no impedirá su participación en el juicio y de las etapas posteriores conforme al Artículo 11 del presente Código.
imputado la acusación fiscal, en su caso la del querellante y las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo.
auto de apertura del juicio” (el resaltado nos pertenece). En ese contexto jurisprudencial y normativo, se tiene que luego de la observación efectuada a través del proveído descrito precedentemente, la misma Secretaria Abogada de Juzgado, mediante el decreto de 20 de septiembre de 2021, evidenciando la presentación de la acusación particular y de la acusación fiscal más el ofrecimiento de pruebas de cargo, ordenó la notificación a la parte acusada, a efecto de que dentro de los diez días siguientes ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo.
Igualmente consta que, habiendo sido de conocimiento de la ahora tercera interesada tanto la acusación fiscal como la particular, mediante el escrito de 12 de octubre del mismo año, respondió respecto al contenido de ambas acusaciones, efectuando el siguiente petitorio “Que al existir contradicciones en la acusación respecto al tipo penal, solicito a su autoridad conforme establece el art. 342 del C.P.P. PRECISE LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES SE ABRE EL JUICIO” (sic); en consecuencia, si bien a través del proveído de 12 de agosto de 2021 se observó el contenido de la acusación particular sin que la parte accionante hubiese podido subsanar la observación; empero, dicho acto procesal no fue descartado por la servidora judicial señalada, sino que ésta en sujeción al art. 340.II del CPP, puso en conocimiento de la acusada, ambos actuados procesales, entre otros; en consecuencia, la acusación particular fue considerada tanto en el proveído de 20 de septiembre de 2021 y en el escrito de respuesta de parte acusada, lo que permite concluir que hasta ese momento la impetrante de tutela estaba procesalmente -y por lo menos formalmente- siendo oída en su calidad de víctima dentro del proceso penal; empero, no ocurrió lo mismo a posterior y mediante los actuados procesales inherentes a la autoridad judicial que debía asumir materialmente las determinaciones vinculadas a lo solicitado por la víctima en el marco del debido proceso e igualdad procesal.
En efecto, en cuanto al Auto de 27 de octubre de 2021 de apertura de juicio oral y público pronunciado por el Juez accionado, se advierte que no obstante los datos procesales antes expuestos, sobretodo que la misma parte denunciada solicitó que, en ejercicio del art. 342 del CPP, se precisen los hechos sobre los cuales se apertura el juicio oral y público, al existir contradicciones en la acusación respecto al tipo penal, dicha autoridad omitió efectuar cualquier disquisición respecto a los hechos sostenidos por el Ministerio Público y los atribuidos por la víctima a la acusada, que hubiesen devenido en identificar la comisión de distintos tipos penales -violencia familiar o doméstica, en la acusación pública; y, violencia familiar o doméstica y violencia económica, en la acusación particular- que, no obstante proteger el mismo bien jurídico, vida e integridad corporal, son diferentes y merecen distintas sanciones.
Asimismo, la propia parte peticionante de tutela alegó la falta de precisión en los hechos contenidos en la acusación pública, por cuanto de acuerdo a su relato omitiría la participación demostrada y sostenida de otra persona en el hecho referido al cambio de chapa de la habitación donde supuestamente se resguardaban los papeles del vehículo perteneciente a la accionante y del cual fueron sustraídos para luego desencadenarse la serie de hechos vinculados a la violencia que la denunciada hubiera ejercido contra la impetrante de tutela.
Así, el Juez accionado, en el referido Auto se basó únicamente en la acusación formal, dejando de lado, sin fundamento legal alguno, la acusación particular; puesto que, en su parte dispositiva expresó que: “…en función de los Arts. 342 y 343 del Código Procesal Penal, sobre la base de la acusación formal del Ministerio Público, determina Apertura de Juicio penal contra LIZETH VILLARROEL CAMARA, mayor de edad, hábil por ley; por el delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el Art. 272 Bis del Código Penal, modificado por la Ley 348; en consecuencia, se señala audiencia de juicio oral…” (sic).
En ese orden, al no haber considerado la acusación particular presentada por la peticionante de tutela, el Juez accionado omitió sujetarse al art. 340.II, III y IV del CPP -previamente citados- con relación al parágrafo II del art. 341 de dicho Código que establece: “La víctima o querellante tendrá autonomía para precisar los hechos de la Acusación Particular, su calificación jurídica y para ofrecer prueba, aunque podrá adherirse a la que presente la o el Fiscal, sin que ello se considere abandono de la querella”; y, con los tres primeros párrafos del art. 342 del mismo Código, en el que se manda: “El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente.
Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio.
En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación”.
Por ende, existiendo una acusación de la víctima con la que demostró su intención de participar activamente en el juicio oral y público, en ejercicio de su autonomía procesal, la autoridad jurisdiccional de origen restringió su derecho a ser oída, vinculado con su derecho de acceso a la justicia, por cuanto la accionante no recibió pronunciamiento alguno de la jurisdicción ordinaria sobre dicha pretensión; con su derecho al debido proceso, en razón a que la autoridad jurisdiccional no se sujetó a la norma procesal penal aplicable que respecto a la acusación particular establece que esta tiene autonomía, incluso, para precisar los hechos, su calificación jurídica y para ofrecer prueba; tampoco se sujetó a las garantías que tiene la víctima dentro del proceso penal, reconocidas en el Código adjetivo penal, además de en la Norma Fundamental (ampliamente explicada en el Fundamento Jurídico III.1); y, con su derecho a la igualdad, en virtud a que, no considerar su acusación particular constituye un acto de discriminación que sitúa a la víctima en condiciones desfavorables y de desventaja con relación a los otros sujetos procesales, como es el Ministerio Público y la parte imputada. En ese marco de las garantías procesales inherentes a toda víctima dentro de un proceso penal, es necesario en el presente caso considerar a su vez, que conforme el desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se estableció que los adultos mayores, por su condición de vulnerabilidad debido a su exposición a diferentes riesgos y sus propias particularidades, merecen una tutela reforzada, sumado a ello a su vez el derecho de la mujer a vivir libre de violencia que converge, entre otras garantías, el acceso a la justicia a través de juicio oportuno y un acceso efectivo a procedimientos -Fundamento Jurídico III.1. de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional-, contexto fáctico procesal que no podía ser soslayado por el Juez accionado, mismo que en su rol de juzgador, director del proceso, y en conocimiento de todos los actuados procesales referidos precedentemente, tenía la obligación de velar por el respeto de los derechos y las garantías de la impetrante de tutela con carácter reforzado, al constituirse en una mujer adulta mayor, presunta víctima de violencia, -nótese que además de su hija, también denunció al esposo de esta-, lo que implica efectuar una minucioso control sobre el respeto del debido proceso en la tramitación de la causa penal y tomar decisiones judiciales desprovistas de rigorismos extremos que puedan constituir limitación o restricción del ejercicio material de sus derechos de las partes, en especial de mujeres adultas mayores presuntas víctimas de violencia, mandatos que no fueron observados.
Por las razones ampliamente expuestas, corresponde conceder la tutela solicitada por lesión de los derechos de la peticionante de tutela a ser oída y a participar con autonomía, -dentro del proceso penal de origen- en directa relación con sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso e igualdad procesal. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, conforme el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 149 a 154 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0149_2023-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): c55eea00dbdeed972e3721177db97cda92fbe0cfda59e7f480ebc17c1fd59b72
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