Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de marzo de 2026
Concede la tutela
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento a la impugnación, a la libertad de locomoción y a la defensa; toda vez que, ante el rechazo, por el juez de la causa, de su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso el recurso de apelación incidental; empero, la Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 91/2023, declaró inadmisible el mismo y confirmó la resolución apelada, omitiendo pronunciarse sobre el fondo de la impugnación, bajo el criterio que no interpuso recurso de apelación incidental debido a que la expresión usada denota tiempo futuro sujeto a confirmación; y, además, no identificó los agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 56/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia corresponde, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2026-S3 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54093-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 56/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Chávez Carrillo en representación sin mandato de Jhoel Marcelo Maldonado Coarety contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de marzo de 2023, cursante de fs. 14 a 17, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad; el 24 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó Imputación Formal solicitando su detención preventiva; el 26 del mismo mes y año se llevó adelante audiencia de consideración de dicha petición, acto en el que se dispuso su detención preventiva. El 2 de febrero de 2023, se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva, misma que fue negada por Auto de Vista 91/2023 de 7 de igual mes; interponiendo en consecuencia, apelación incidental contra el mencionado Auto; recurso que llegó a radicar en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia en la que la -autoridad demandada- declaró inadmisible su recurso sin ingresar al fondo, debido a que no presentó su apelación en cumplimiento a lo que establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo 2019-; y, el art. 33 del Reglamento 12/2019 denominado Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; puesto que, solo señaló, “voy a plantear” (sic), denotando una expresión a futuro sujeto a confirmación, además de no haber identificado los agravios, lo que vulneró su derecho al debido proceso en su elemento derecho a la impugnación, así como su derecho a la libertad de locomoción y a la defensa.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento a la impugnación, a la libertad de locomoción y a la defensa; citando al efecto los arts. 23.I y III, 115.II, 116.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 91/2023, debiendo señalar día y hora para considerar la apelación en contra del Auto Interlocutorio 067/2023 de 2 de igual mes.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante, ampliando sus argumentos, señaló: a) Se vulneró su derecho a la impugnación previsto en el art. 180.II, de la CPE, afectando directamente su libertad, por ello el motivo de la presente acción tutelar; b) Mediante Auto Interlocutorio 067/2023, se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, por lo que presentó apelación contra el mencionado Auto; una vez remitido el recurso a la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la autoridad demandada por Auto de Vista 91/2023, lo declaró inadmisible, bajo el argumento de que, expresó su planteamiento denotando tiempo futuro sujeto a confirmación y por no invocar los agravios; no obstante haber cumplido con lo que establece el art. 251 del CPP; toda vez que, hizo conocer de forma oral la vulneración que existe a los arts. 124 y 173 de la norma adjetiva; c) Por otra parte, la autoridad demandada buscaba se pronuncie la palabra interpongo y no así “voy a interponer”, aspectos que ya fueron superados por la SC 0961/2016 de 7 de octubre, que dispone que, no existe la necesidad de formalismos o de pronunciar expresiones sacramentales para ingresar a fondo de una apelación, por lo que se vulneró el derecho a la impugnación, puesto que no dio siquiera la oportunidad de fundamentar los agravios correspondientes en audiencia; y, d) Cumplió también lo dispuesto por los arts. 33 y 47 del Reglamento que incorporó la Ley 1173, pues no tenía sentido referir los agravios al juzgado de instrucción, cuya instancia no sería la que se pronuncie al respecto, vulnerando en consecuencia el derecho a la defensa y al debido proceso puesto que se pronunció la apelación de acuerdo a los presupuestos establecidos por la normativa, lesionando inclusive su derecho a la libertad de locomoción, por no darle la oportunidad de realizar su fundamentación y expresar su petición.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -ahora demandada-, a través de informe escrito de 9 de marzo de 2023, a fs. 22 y vta., solicitó se deniegue la tutela, e informó: 1) Se dio cumplimiento a los arts. 251 y 404 del CPP, donde establece la apelación y forma de interposición, incumpliendo el accionante lo que prevé los artículos mencionados; denotando en la expresión “voy a plantear” tiempo futuro sujeto a confirmación, y no así presente y cierto, además de no identificar los agravios contra la resolución, no siendo necesaria su fundamentación pero si el de invocarlos, vulnerando el principio de oralidad previsto en el art. 180.I de la CPE; y, 2) El art. 396.3 del CPP, establece que los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que determine el mismo código, llegando a la conclusión de que la interposición del recurso de apelación incidental debía ser interpuesto inmediatamente concluida la audiencia, normativa que no se dio cumplimiento; por lo que, no se vulneró ningún derecho o garantía establecida en la CPE.
El Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 56/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 27, concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 91/2023, para que la autoridad demandada, luego de señalar audiencia, emita otra resolución; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: i) El 2 de febrero de 2023, se llevó adelante audiencia de cesación a la detención preventiva, determinando el rechazo de la solicitud formulada; por lo cual, el abogado del accionante de manera textual señaló “… conforme al art. 251 del CPP voy a plantear apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…“ (sic); a criterio también de esta autoridad, esa expresión constituye un acto futuro, es el anuncio que hace el imputado a través de su defensa que va a hacer uso del recurso de apelación, que en contexto de lo que establece el art. 251 del CPP, se deduce de una forma lógica que lo que se expresó es que se va hacer uso de esas setenta y dos horas a fin de la impugnación respectiva, que esta será escrita, ya que no se está optando por formular un recurso de manera directa y de forma posterior a la emisión de la decisión; hasta ahí se tendría que el Auto de Vista cuestionado se encontraría sustentado; ii) De la Resolución del Juez a quo, se tiene que se señaló y expresó de manera puntual por la defensa que se vulneró los arts. 124 y 251 del CPP, y señaló que sus agravios se expresarían ante la Sala Penal correspondiente; en la parte importante expresó “…señalando que estamos haciendo apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…” (sic); esta expresión modifica lo que anteriormente se había expresado; es decir, los términos usados importan de manera inequívoca que el accionante estaba haciendo uso de la modalidad de impugnación en el acto, en la previsión del art. 251 del CPP; y, iii) A partir del principio de favorabilidad y pro actione, se encuentra una incuestionable formulación de apelación incidental a la decisión que rechazó la cesación a la detención preventiva, aspecto que no fue considerado por la autoridad demandada quien se limitó a la primera manifestación dejando de lado a la aclaración realizada en audiencia, denotando que no se valoró correctamente los antecedentes, emitiendo una decisión que vulneró su derecho a la defensa como parte del debido proceso, generando un procesamiento indebido, a su vez vulnerando el derecho a la libertad, y quebrantando además, la doble instancia plasmada en el derecho a la impugnación; este razonamiento impidió se revise el fondo de la decisión que el juez a quo emitió, correspondiendo la reparación de dichos actos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de cinco magistraturas, cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Jhoel Marcelo Maldonado Coarety, hoy accionante, por la supuesta comisión del delito de asesinato, a través de Auto Interlocutorio 067/2023 de 2 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante. En el mismo actuado el impetrante de tutela a través de su abogado, señaló “…conforme al artículo 251 del CPP voy a plantear apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar, porque a nuestro criterio se ha vulnerado el artículo 173 y 124 del CPP, señalando a su autoridad que vamos a dar nuestros agravios ante la sala penal correspondiente solicitando a su autoridad se remitan actuados a una sala, es cuanto vamos a solicitar a su autoridad señalando que estamos haciendo apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…” (sic); recurso que fue concedido, disponiendo su remisión ante el Tribunal de alzada (fs. 2 a 3 vta.).
II.2. Mediante Auto de Vista 91/2023 de 7 de febrero, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, advirtiendo que la parte procesada no interpuso su recurso de apelación conforme manifestó “…conforme al artículo 251 del CPP voy a plantear apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…” (sic), expresión que denota tiempo futuro sujeto a confirmación; así también, no identificó agravios contra la resolución apelada; declaró inadmisible la apelación planteada por el accionante, en consecuencia, confirmó la Resolución 067/2023 de 2 de febrero (fs. 4 y vta.).
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento a la impugnación, a la libertad de locomoción y a la defensa; toda vez que, ante el rechazo, por el juez de la causa, de su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso el recurso de apelación incidental; empero, la Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 91/2023, declaró inadmisible el mismo y confirmó la resolución apelada, omitiendo pronunciarse sobre el fondo de la impugnación, bajo el criterio que no interpuso recurso de apelación incidental debido a que la expresión usada denota tiempo futuro sujeto a confirmación; y, además, no identificó los agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Estos entendimientos fueron asumidos por la SCP 0387/2025-S3 de 20 de mayo de 2025. El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estipula:
La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Sobre las formas de presentación del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, así la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, determinó que este mecanismo de impugnación “puede ser planteado en forma oral y en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito” . Bajo el mismo entendimiento la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, hace alusión a los principios de oralidad e inmediación que son parte del procedimiento penal, y reiteró lo establecido por la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que determinó las subreglas referentes al recurso de apelación incidental, citando entre ellas:
1El FJ III.3, señala: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”.
2El FJ III.3, indica: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
[iv)] Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. (…) Por tal motivo, ante toda apelación oral formulada en audiencia, la autoridad judicial debe disponer la remisión de los antecedentes de la causa al Tribunal ad quem en la misma audiencia, en ese mérito, a partir de ese momento, se computará el plazo previsto en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. [el resaltado es añadido]
Este razonamiento se ha mantenido en el marco de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 1173 al art. 251 del CPP, así la SCP 0807/2021-S4 de 12 de noviembre, reafirmó lo siguiente:
[Al] respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.
En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo (…) [el resaltado es añadido]. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente: [Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…). En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].
Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].
De la revisión de antecedentes y Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de asesinato, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio 067/2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su pretensión; en el mismo acto procesal, el accionante a través de su abogado, señaló “…conforme al artículo 251 del CPP voy a plantear apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar, porque a nuestro criterio se ha vulnerado el artículo 173 y 124 del CPP, señalando a su autoridad que vamos a dar nuestros agravios ante la sala penal correspondiente solicitando a su autoridad se remitan actuados a una sala, es cuanto vamos a solicitar a su autoridad señalando que estamos haciendo apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…” (sic); recurso que fue concedido, disponiendo su remisión ante el Tribunal de alzada. Por otra parte, se corrobora que mediante Auto de Vista 91/2023 de 7 de febrero, la ahora Vocal demandada, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el accionante, advirtiendo que la parte procesada no interpuso su recurso de apelación porque manifestó “…conforme al artículo 251 del CPP voy a plantear apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…” (sic), expresión que denota tiempo futuro sujeto a confirmación; así también, no identificó agravios contra la resolución apelada; por consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 067/2023.
En el caso que se examina, la autoridad demandada al haber realizado esa interpretación, resulta totalmente errónea, debido a que el accionante al culminar la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, y tras ser notificado verbalmente con la decisión judicial, interpuso de forma inmediata recurso de apelación incidental según lo establecido en el art. 251 del CPP, refiriendo en forma textual “voy a plantear apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…“ (sic); reiterando más adelante “…señalando que estamos haciendo apelación a la resolución que su autoridad acaba de dictar…” (sic). Como se advierte no cabe ninguna duda, que el peticionante de tutela expresó correctamente su voluntad de impugnar el Auto Interlocutorio, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; puesto que en audiencia de manera clara apeló oralmente contra dicha determinación, ajustándose al marco legal, que establece que la interposición del citado recurso; es tan evidente, que el propio Juez a quo, no tuvo duda alguna de su planteamiento, puesto en la misma audiencia, dispuso ”…habiéndose planteado o presentado apelación por la parte imputada, se concede la misma y conforme al art. 251 del CPP por Secretaría remítase antecedentes al Tribunal de alzada para su consideración” (sic). En efecto, de acuerdo al entendimiento plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, el art. 251 del CPP, establece la vía recursiva específica contra la resolución judicial que "imponga, rechace o modifique medidas cautelares"; este recurso, aunque denominado incidental, opera bajo un rito procedimental autónomo, caracterizado, no solamente por plazos extremadamente breves y la exigencia de celeridad, justificada por el alto valor del derecho a la libertad personal, sino, esta autonomía procesal implica que el trámite no se rige por las reglas generales de la apelación incidental contenidas en los arts. 403 y 404 del CPP; el reconocimiento de un procedimiento especializado, de resolver el recurso en audiencia, conlleva la preeminencia del control judicial sobre la situación del imputado respecto de cualquier formalidad procesal; este enfoque prioriza la eficacia del control recursivo inmediato. Consiguientemente, la interpretación efectuada por la Vocal demandada es incorrecta, puesto que, en lugar de proceder conforme a la voluntad de la parte apelante, se extravía en una interpretación literal de lo manifestado por el abogado de defensa a tiempo de apelar, desconociendo que la normativa procesal penal no impone el uso de frases sacramentales para interponer recursos; por ello, concluir de forma sesgada que el término utilizado por el accionante “voy a apelar”, constituya como una referencia a una intención futura y no a un recurso formal presentado, así como la falta de exposición de agravios, que no constituía un óbice ya que el accionante pudo haberlo realizado en audiencia de alzada, desconociendo abiertamente el principio pro actione, que le obligaba a desechar todo rigorismo o formalismo excesivo, a fin de materializar el derecho a la impugnación del hoy accionante y en consecuencia pronunciarse sobre el fondo del recurso. Por ello, existe la posibilidad que los aspectos de derecho que fueron inobservados por el accionante sean subsanados por la autoridad judicial que conoce la acción, en consecuencia se advierte que se restringe el derecho al debido proceso en su elemento de impugnación y a la defensa, al no haberse permitido la revisión sobre la decisión de primera instancia debido a que no se permitió corregir los errores del impetrante de tutela para que su pretensión fuera escuchada; y, de forma directa lesionó el derecho a la libertad personal, puesto que ha impedido que se defina su situación jurídica; razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 56/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia corresponde, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis añadido).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0148_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.
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