B.IA.LEGAL

SCP 0148/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 24 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
50436-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por su representado sin mandato alega la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, la Jueza ahora accionada, determinó su detención domiciliaria al concurrir el riesgo procesal inserto en el art. 234.1 del CPP, situación que resulta ilógica, irracional e incongruente, pues ordenó tal medida, aun cuando se estableció que no tiene domicilio, ordenando incluso al secretario ahora accionado se comunique con su abogado para pretender obligarle a cumplir con tal medida. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó a analizar el fondo de lo impetrado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2025-S4 Sucre, 24 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50436-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Montalván Torrez en representación sin mandato de Jorge Florens Chaparro Vega contra Dina Larrea López, Jueza; y, Rudy Quispe Huanca, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción en lo Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 8 a 11 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, en audiencia de medidas cautelares de 18 de agosto de 2022, la Jueza ahora accionada, determinó su detención domiciliaria al concurrir el riesgo procesal inserto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); situación que, resulta ilógica, irracional e incongruente, pues ordenó tal medida aun cuando se estableció que no tiene domicilio; por lo que en audiencia, solicitó se aclare este aspecto; sin embargo, únicamente se le indicó que debe conseguir un domicilio, demostrando así, la afectación a su derecho a la libertad y el procesamiento indebido; más, en razón a que al culminar la audiencia, también ordenó al secretario ahora accionado, se comunique con su abogado, para pretender obligarle a presentar un domicilio o levantar un informe a contrario.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados su derecho a la libertad, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto el art. 8, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y “1) Se reestablezcan los derechos y garantías y se apliquen las reglas del bloque de constitucionalidad. 2) Se imponga costas a la autoridad recurrida, y sea en la suma de 10.000 Bs…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de Garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, ratificó los términos de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Dina Larrea López, Jueza de Instrucción en lo Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe cursante de fs. 15 a 17 vta., señaló: a) El ahora accionante es investigado e imputado por el delito de lesiones graves y leves, lo que significa se encuentra bajo control jurisdiccional y bajo dirección funcional, por lo que no puede aducir lesión alguna al debido proceso; b) Con relación a que se determinó su detención domiciliaria sin que tenga domicilio, se emitió la Resolución 309/2022 de 18 de agosto justificando tal aspecto; sin embargo, fue apelada por el abogado del ahora accionante, lo que impide pueda manifestar nuevo criterio sobre ello, pues de hacerlo, generaría un doble pronunciamiento al ser responsabilidad del Tribunal de alzada; c) Es de extrañar que no se presentó ningún documento que se permita las salidas laborales del imputado, aun cuando se otorgó el plazo de setenta y dos horas para ello; d) Si bien se determinó la detención domiciliaria, no se emitió el correspondiente mandamiento pues el mismo se retiró del juzgado sin informar el lugar donde debía cumplir tal medida, por lo que el mismo se encuentra con libertad irrestricta, no existiendo vulneración alguna; e) Con relación a que el secretario llamó al abogado del accionante, es un aspecto del cual no tiene conocimiento, pues se retiró al término de la audiencia; y, f) La acción de libertad, puede plantearse únicamente cuando se evidencie detención indebida o persecución ilegal que afecte el derecho a la libertad, siendo un recurso de última ratio, por lo que no se cumplen los requisitos formales y materiales, tomando en cuenta que el accionante se encuentra en libertad irrestricta. Rudy Quispe Huanca, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia y a través de informe cursante a fs. 26 y vta., señaló que: 1) Con relación a la llamada telefónica que realizó al abogado, se debe considerar la Circular 07/2022 emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que determinó se mantienen los actos de comunicación procesal, mediante medios telemáticos y electrónicos (WhatsApp, correo electrónico) por lo que únicamente dio cumplimiento a tal instructivo, no siendo evidente que se le amedrentara de alguna manera; 2) Al culminar la audiencia, se notificó al imputado con la resolución de medidas cautelares; sin embargo, el mismo de forma prepotente abandonó el juzgado, manifestando que no tenía por qué cumplir con detención domiciliaria, pues apeló tal resolución, aclarando, que tal recurso fue remitido cumpliendo con los plazos correspondientes; y, 3) La acción de libertad no se adecua a los presupuestos de procedencia exigidos por el art. 125 de la CPE, pues no se demostró lesión alguna al derecho a la libertad o al debido proceso, además que no se presentó prueba idónea y pertinente, por lo que corresponde se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 02/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 34 vta., denegó la tutela solicitada, en razón de los siguientes argumentos: i) Se observa que, se otorgó al accionante el plazo de setenta y dos horas para cumplir con las medidas cautelares impuestas, con la aclaración de que si no se cumplen podría procederse a una revocatoria de las mismas; sin embargo, esta situación no permite que ningún funcionario deba llamar o convocar a las partes, pues cuentan con su defensa y saben los plazos a cumplir; y, en caso de incumplimiento, también conocen los efectos que puede generarse; sin embargo, no se puede corroborar si existió amedrentamiento alguno, por lo que es un aspecto que debe investigarse por las vías correspondientes; y, ii) Con relación a la disposición de detención domiciliaria, no se puede ingresar a dilucidar tal aspecto, pues esta determinación fue apelada, siendo deber del Tribunal de alzada analizar esta situación; ello, pues no se puede activar dos mecanismos de defensa a la vez por la posibilidad de que genere una disfunción procesal emitiéndose interpretaciones distintas, por lo que se establece que la presente acción de libertad no está dentro de los alcances del art. 125 de la CPE.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 309/2022 de 18 de agosto, por el que la Jueza ahora accionada determinó la aplicación de medidas cautelares diferentes a la detención preventiva al ahora impetrante de tutela, entre ellas, la detención domiciliaria con salida laboral, siempre y cuando presente documental con horario de trabajo y se realice la verificación domiciliaria correspondiente; constando además, la existencia de anuncio de apelación incidental pronunciado por el ahora accionante conforme el art. 251 del CPP (fs. 18 a 21).

II.2. Consta Oficio 180/2022 de 5 de septiembre, por el que la Jueza ahora accionada, remitió el legajo de apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 25 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por su representado sin mandato alega la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, la Jueza ahora accionada, determinó su detención domiciliaria al concurrir el riesgo procesal inserto en el art. 234.1 del CPP, situación que resulta ilógica, irracional e incongruente, pues ordenó tal medida, aun cuando se estableció que no tiene domicilio, ordenando incluso al secretario ahora accionado se comunique con su abogado para pretender obligarle a cumplir con tal medida. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Respecto a la inviabilidad de esta acción de defensa por la activación de dos jurisdicciones con el mismo reclamo e igual pretensión, la SCP 0150/2024-S2 de 7 de mayo, estableció: “…la SCP 0490/2018-S1 de 10 de septiembre, en el marco del entendimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, asumido por la reiterada jurisprudencia constitucional, señaló que: ...la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, citando la jurisprudencia constitucional sobre la activación paralela de mecanismos de defensa, concluyó: ‘En ese sentido, la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre citando a la SC 0080/2010 de 3 de mayo, sostuvo que: «…Asimismo, esta Sentencia, respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: […la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…]»; de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico’. (…) Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal… De la citada jurisprudencia, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, se establecieron tres supuestos que constituyen una excepción al carácter no subsidiario de la acción tutelar -acción de libertad-, siendo el segundo de estos, la existencia de ‘recurso de impugnación a una resolución judicial de medida cautelar’, por cuanto ese es el medio idóneo, rápido y efectivo a través del cual se repararán las presuntas arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido’. Por su parte, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en cuanto a la viabilidad de la acción de libertad -en ese entonces hábeas corpus- estableció que: ‘...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico’.

Entendimiento aplicado en un caso concreto con supuestos fácticos análogos al presente, en el que la SCP 0100/2018-S1 de 23 de marzo, en su ratio decidendi determinó denegar la tutela solicitada por cuanto: ‘(…) el accionante hizo uso del medio idóneo para impugnar la detención preventiva impuesta en su contra, como en efecto correspondía, recurso que además fue activado en la referida audiencia cautelar, pero sin considerar aquello, el accionante el mismo día (…) de forma simultánea interpuso la presente acción de libertad, alegando los agravios referidos a su detención preventiva, concurriendo en el presente caso la subsidiariedad excepcional de la presente acción de defensa, conforme el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dado que sin considerar que su recurso de apelación se encontraba activado y sin esperar que el mismo sea resuelto (…) acudió simultáneamente a la jurisdicción constitucional, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves o leves, la Jueza ahora accionada, determinó su detención domiciliaria al concurrir el riesgo procesal inserto en el art. 234.1 del CPP, situación que resulta ilógica, irracional e incongruente, pues ordenó tal medida, aun cuando se estableció que no tiene domicilio, ordenando incluso al secretario ahora accionado se comunique con su abogado para pretender obligarle a cumplir con tal medida. De las conclusiones del presente fallo constitucional, se observa la emisión del Auto Interlocutorio 309/2022, que dispuso entre otros, la detención domiciliaria del accionante, siendo tal determinación apelada por la vía incidental en la misma audiencia (Conclusión II.1); en cumplimiento al trámite de este recurso, se observa la existencia del Oficio 180/2022, por el cual se remite el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2). Con tales antecedentes, es pertinente considerar que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció el carácter excepcionalmente subsidiario de la acción de libertad, entendiendo que dicha causal de inadmisibilidad es aplicable, cuando la parte accionante activó en la jurisdicción ordinaria un mecanismo intraprocesal y de forma paralela la vía constitucional para tratar un mismo asunto, haciendo imposible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Por lo descrito, se observa que en esta acción tutelar el accionante cuestiona el Auto Interlocutorio 309/2022, que dispuso entre otros, su detención domiciliaria; sin embargo, de forma paralela y con el mismo objeto planteó recurso de apelación incidental contra el mismo fallo; aspecto que demuestra, incurrió en la referida causal de inadmisibilidad de esta acción tutelar, que busca impedir se genere una disfunción procesal por existir dos resoluciones que se pronuncien sobre un mismo aspecto, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo impetrado. Finalmente, respecto a las llamadas que señala el accionante fueron realizadas por el secretario accionado para supuestamente pretender obligarle a cumplir con las medidas dispuestas, no existe elemento objetivo que demuestre la existencia de coacción alguna; pero más allá, se aclara que la acción de libertad, no se constituye en la vía para considerar esta denuncia, pudiendo el accionante activar las medidas que considere necesarias en las instancias correspondientes. Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó a analizar el fondo de lo impetrado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0148_2025-S4.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 83e098d5c7cde16bb932e015268e5ceac21deee3f8db43a77f546caadc198278

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →