Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro de la “demanda de asistencia familiar” seguida por Maribel Peredo Cadima en su contra, se encuentra con apremio corporal por más de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, desde el 24 de febrero de 2022; dicha situación se mantiene vigente, a pesar de haber cumplido con el pago de la asistencia familiar devengada conforme el Acuerdo Transaccional de 2 de septiembre de igual año, puesto que la Jueza ahora demandada no notificó de forma oportuna el Auto Interlocutorio de 6 del mismo mes y año ni el Mandamiento de Libertad de la misma fecha, prolongando indebidamente su detención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 a 46, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, en lo sucesivo obre conforme al principio de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes de libertad; máxime, si las peticiones de libertad se fundan en el cumplimiento de la obligación de cancelar la asistencia familiar devengada; debiendo responder a las mismas, emitiendo resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50390-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ricardo Vásquez Cadima en representación sin mandato de Milton Macías Vargas contra Olga Rojas Flores, Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 21 a 22, la parte accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señaló que, dentro de la “demanda de asistencia familiar” seguida por Maribel Peredo Cadima contra Milton Macías Vargas -ahora accionante-, por Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2022, pronunciado por la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, se encuentra recluido por más de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del citado departamento, desde el 24 de igual mes y año. Con la finalidad de recobrar su libertad, el 26 de agosto -lo correcto es 2 de septiembre- de 2022, suscribió un Acuerdo Transaccional con la demandante, en el que consta que se cubrió el total de la asistencia familiar devengada que asciende a la suma de Bs34 900,00.- (treinta y cuatro mil novecientos 00/100 bolivianos); documento que fue presentado el 6 de septiembre igual año ante la Jueza ahora demandada, solicitando el correspondiente mandamiento de libertad a su favor. A pesar de los reclamos efectuados en Secretaría de dicho Juzgado, “el día de ayer” no le notificaron con resolución alguna; sin embargo, a la fecha de interposición de esta acción tutelar -7 de septiembre de 2022- a horas 8:25, fue notificado con la Resolución de 6 de igual mes y año, que ordenó su libertad, estando a la espera del respectivo mandamiento que en el mejor de los casos se ejecutará el 8 del mencionado mes y año. Al respecto, el 7 de septiembre de 2022 presentó memorial reiterando la entrega del mandamiento de libertad y solo así fue que obtuvo el merituado mandamiento a horas 08:58.
El peticionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, señalando que la Jueza ahora demandada prolongó su privación de libertad al no haber actuado con la debida celeridad para resolver su petición y por no haber controlado al Oficial de Diligencias y Secretaria del Juzgado, en cuanto a su notificación con la resolución y mandamiento de libertad de forma oportuna.
Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 39, se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y en audiencia ampliando sus fundamentos señaló que: a) El 6 de septiembre de 2022, presentó un memorial solicitando la emisión del mandamiento de libertad, ya que el mismo se encuentra con apremio corporal en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, desde el 24 de febrero del mismo año; no obstante, transcurrieron más de seis meses de su privación de libertad, dispuesta con la finalidad de cumplir el pago de la asistencia familiar devengada; b) Por Acuerdo Transaccional de 2 de septiembre de 2022, presentado el 6 de igual mes y año, ante la Jueza ahora demandada, se cumplió con el pago total de Bs34 900,00.- por concepto de asistencia familiar;
sin embargo, cuando acudió al Juzgado de la causa, el Secretario y el Oficial de Diligencias, indicaron que se encontraba en despacho; posteriormente, el 7 de ese mes y año, a horas 8:25, se procedió a notificar con la Resolución que dispuso la emisión del mandamiento de libertad; no obstante, ese mismo día y antes de la notificación, presentó un memorial reiterando la solicitud de emisión del mandamiento de libertad; en suma, la petición planteada fue atendida pero con demora, ocasionando que se mantenga privado de su libertad de forma innecesaria, por la actitud dilatoria de la Jueza ahora demandada; al presente, sigue detenido y es posible que siga en dicha situación por un día más tomando en cuenta el excesivo tráfico que tiene la zona “Sillar”, ya que el mandamiento de libertad fue enviado a través de la empresa de transporte Carrasco; c) Si se emitió la Resolución de 6 del citado mes y año, no se entiende por qué no se notificó el mismo día, si la Jueza ahora demandada emitió dicha resolución dentro de las veinticuatro horas conforme a ley; razón por la cual, interpuso la presente acción tutelar en su modalidad innovativa, en el entendido que, no obstante se hubiera cumplido la solicitud de emisión de mandamiento de libertad por la Jueza ahora demandada, la misma fue en una situación de dilación indebida, y pese a que el acto lesivo cesó en sus efectos, no se debe dejar en impunidad la actuación dilatoria de la Jueza ahora demandada, quien no controló al personal de apoyo jurisdiccional, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.
Olga Rojas Flores, Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante informe oral en audiencia, señaló que: 1) La petición presentada el 6 de septiembre de 2022, fue atendida en la misma fecha y a la brevedad posible conforme a lo establecido por el art. 115 de la CPE; en consecuencia, el mandamiento de libertad fue extendido sin dilación y no es cierto que haya existido una demora de más de dos días en su emisión; 2) En cuanto a los retrasos en la ejecución del mandamiento de libertad debido a bloqueos y la distancia hasta la ciudad de Cochabamba, se trata de circunstancias de fuerza mayor ajenas a la autoridad judicial ahora demandada; además, la acción de libertad procede cuando se vulnera el derecho a la vida, al debido proceso en relación a la libertad, lo cual no fue correctamente fundamentado en la solicitud planteada por el ahora demandante; y, 3) Dado que la emisión del mandamiento de libertad fue realizada antes de la interposición de la presente acción de libertad, ya no sería necesario atender o proteger los derechos que alega como vulnerados, tomando en cuenta que se emitió el mandamiento de libertad y la situación de “trancadera” es una situación de fuerza mayor que no puede atribuirse a su autoridad; en consecuencia, solicita se deniegue la tutela pretendida.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 a 46, concedió la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal de garantías advierte que como consecuencia del acuerdo transaccional de pago de asistencia familiar adeudada, el ahora demandante de tutela, el 6 del citado mes y año, pidió ante la Jueza ahora demandada se expida el mandamiento de libertad; mismo que, fue extendido por providencia de la misma fecha mediante despacho instruido, habilitando para su ejecución a cualquier funcionario policial; sin embargo, la notificación de dicha providencia a las partes, demandante y demandado -ahora accionante-, recién se efectuó el 7 del señalado mes y año, a horas 8:20 y 8:23 de la mañana; asimismo, aunque el mandamiento de libertad fue expedido el 6 de igual mes y año, su entrega se realizó el 7 del indicado mes y año, a horas 8:58; y, ii) El informe oral en audiencia presentado por la Jueza ahora demandada, resulta ser en principio contradictorio al informe del Oficial de Diligencias; asimismo, resulta incoherente que se procedió a realizar la verificación del mandamiento de libertad sin que previamente se haya notificado la resolución de 6 del mencionado mes y año, que ordenaba su emisión; además, se verificó que el proceso fue remitido al Oficial de Diligencias para su notificación recién el 7 de igual mes y año, a horas 8:25, quien posteriormente pasó el mandamiento de libertad a despacho para firma de la Jueza ahora demandada, lo que demuestra que no se dio el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentra de por medio el derecho a la libertad, más aun tratándose de un mandamiento de libertad que debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues no hacerlo provoca una restricción indebida de este derecho; por lo que, existe una demora o dilación indebida en la tramitación y consideración del memorial presentado por el ahora peticionante, así como la ejecución del mandamiento de libertad; en consecuencia, se verificó que la autoridad judicial -ahora demandada- no supervisó adecuadamente la ejecución de la determinación asumida y no realizó las gestiones necesarias para la ejecución del mandamiento de libertad; en consecuencia, se otorgó la tutela solicitada. En la vía de aclaración, enmienda o complementación, el solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, señaló que: a) La resolución del Tribunal de garantías hizo mención a sentencias constitucionales plurinacionales; sin embargo, no mencionó la manera en la que la Jueza ahora demandada actuó en contra de la celeridad, tomando en cuenta que el mandamiento de libertad fue expedido oportunamente y en los plazos correspondientes, pese a que la jurisprudencia no señala el plazo que se tiene para emitir una resolución con la debida diligencia y celeridad, pero se sobrentiende que debe ser de forma oportuna, como se realizó en el presente caso, dado que fue entregado al día siguiente; en ese entendido, no se realizó la debida fundamentación con relación a cuál es la forma en la que se debe aplicar la debida diligencia y celeridad en el presente caso; y, b) Por otro lado, con relación al Secretario y Oficial de Diligencias, los mismos no fueron demandados en la presente acción tutelar; por lo que, no pueden emitir informes al respecto, tomando en cuenta que se remitió el proceso familiar correspondiente para su revisión respecto a la vulneración alegada; es decir, no existía motivo alguno para exigir informe a los funcionarios del Juzgado. Petición que fue atendida por el Juzgado, señalando que el ahora accionante no fundamentó de qué forma se incumplió con la debida diligencia y celeridad en el caso, dado que se emitió la resolución y el mandamiento de libertad dentro del plazo establecido; no obstante, se considera que no se cumplió con dichos principios, ya que pese a que la providencia y el mandamiento de libertad fueron emitidos el mismo día de la solicitud, no fueron notificados ni ejecutados oportunamente; razón por la que el ahora solicitante de tutela permaneció indebidamente detenido del 6 de septiembre de 2022 hasta la interposición de la presente acción de libertad; asimismo, en cuanto a la improcedencia de los informes del Secretario y Oficial de Diligencias que no fueron demandados, se aclara que la notificación no buscaba informes sobre el estado del proceso, sino sobre las actuaciones realizadas, que motivaron la presentación de esta acción tutelar; en consecuencia, al haber realizado la aclaración solicitada, se concluyó con el acto procesal.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Por memorial de 6 de septiembre de 2022, Milton Macias Vargas -ahora accionante- solicitó la emisión de un mandamiento de libertad ante la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, señalando que conforme a la Cláusula Tercera del Acuerdo Transaccional de 2 de septiembre de 2022, se acreditó el cumplimiento del pago de la asistencia familiar devengada, cuyo monto asciende a la suma de Bs34 900,00.-(treinta y cuatro mil novecientos 00/100 bolivianos [fs. 3]). II.2. Cursa Auto Interlocutorio de 6 de septiembre de 2022, por el que la Jueza ahora demandada, señaló que:
“Estando acreditada el pago de la suma de Bs. 34.900.- por concepto de asistencia familiar efectuado por el obligado Milton Macías Vargas a favor de la demandante Maribel Peredo Cadima, mediante Acuerdo Transaccional de Pago de Asistencia Familiar de fecha 2 de septiembre de 2022, consecuentemente estando cumplida c o n l a obligación de asistencia familiar, no existe motivo alguno para que el demandado Milton Macías Vargas, permanezca con apremio corporal en el penal de San Pedro de Sacaba o dependencia policial, se dispone la inmediata libertad del señor MILTON MACIAS VARGAS con CI. Nº 12684667 – Cbba., siempre que no guarde detención por otro caso o delito, debiendo expedirse por secretaria el respectivo mandamiento de libertad, a cuyo efecto notifíquese al director del penal San Pedro de Sacaba y a la Policía Nacional, sea mediante orden instruida para la ciudad de Cochabamba, comisionando su ejecución a cualquier funcionario policial hábil de la dicha ciudad. Dejándose sin efecto el mandamiento de apremio expedido en fecha 24 de febrero de 2022 y póngase a conocimiento de la Policía nacional la presente resolución.
AL OTROSI.- Por acompañada el acuerdo transaccional, arrímese al proceso con noticia contraria. AL OTROSI 2do.- notificaciones se comisiona al Oficial de Diligencias.” (sic [fs. 5.]). II.3. Cursa constancia de notificación de 7 de septiembre de 2022 a horas 8:23, practicada al impetrante de tutela, con el Auto Interlocutorio de 6 del citado mes y año, a través de WhatsApp (fs. 6). II.4. Se tiene memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, presentado por el ahora accionante ante la Jueza demandada; a través del cual, reiteró la solicitud de emisión de mandamiento de libertad, ya que acudió al Juzgado y el Oficial de Diligencias le informó que: “…no se entregara dicho mandamiento por encontrarse en despacho de la Jueza ante la falta de Firma de la autoridad en el mandamiento…” (sic [fs. 9 a 10]). II.5. Cursa Comisión Instruida de 6 de septiembre de 2022, por el que se comisiona a cualquier funcionario público hábil no impedido de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, a objeto de ejecutar el Mandamiento de Libertad de la misma fecha, a favor de Milton Macías Vargas -ahora accionante-; cuya nota de entrega, consigna que se procedió a la entrega del Mandamiento de libertad, el 7 de septiembre de 2022 a horas 8:58 a Celinda Maire Romero (fs. 7 a 8). II.6. Se tiene Acta de audiencia de la presente acción tutelar, celebrada el 7 de septiembre de 2022, a horas 15:30 (fs. 29 a 39 vta.). II.7. P o r i nforme de 7 de septiembre de 2022, presentado por el Oficial d e Diligencias del Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, ante el Tribunal de Garantías, se tiene que:
“…el día de hoy a primera hora de la mañana se me paso los memoriales pendientes del referido proceso por secretaria y las notifique en el acto a las partes al promediar las 08:25 y pasado a despacho de la Sra. Juez a objeto de que firme el mandamiento de libertad realizado por el secretario…” (sic [fs. 28 y vta. ]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro de la “demanda de asistencia familiar” seguida por Maribel Peredo Cadima en su contra, se encuentra con apremio corporal por más de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, desde el 24 de febrero de 2022; dicha situación se mantiene vigente, a pesar de haber cumplido con el pago de la asistencia familiar devengada conforme el Acuerdo Transaccional de 2 de septiembre de igual año, puesto que la Jueza ahora demandada no notificó de forma oportuna el Auto Interlocutorio de 6 del mismo mes y año ni el Mandamiento de Libertad de la misma fecha, prolongando indebidamente su detención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2019-S2 de 3 abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal de las personas; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud. En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas. Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras.
1El FJ III.1, establece: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
2El FJ III.2, refiere: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”.
3El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
4El FJ III.3, establece: “Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados es posible concluir, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro de la “demanda de asistencia familiar” seguida por Maribel Peredo Cadima en su contra, se encuentra con apremio corporal por más de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, desde el 24 de febrero de 2022; dicha situación se mantiene vigente, a pesar de haber cumplido con el pago de la asistencia familiar devengada conforme el Acuerdo Transaccional de 2 de septiembre de igual año, puesto que la Jueza ahora demandada no notificó de forma oportuna el Auto Interlocutorio de 6 del mismo mes y año ni el Mandamiento de Libertad de la misma fecha, prolongando indebidamente su detención. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que mediante memorial de 6 de septiembre de 2022, Milton Macías Vargas -ahora accionante- solicitó la emisión de un mandamiento de libertad ante la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, señalando que conforme a la Cláusula Tercera del Acuerdo Transaccional de 2 del citado mes y año, se acreditó el pago total de la asistencia familiar devengada, cuyo monto asciende a la suma de Bs34 900,00.-(Conclusión II.1 ). Dicha solicitud, fue resuelta por la Jueza ahora demandada, a través del Auto Interlocutorio de 6 de septiembre de 2022, considerando el referido Acuerdo Transaccional de 2 de ese mes y año, que acredita el pago de la asistencia familiar devengada, estableciendo que no existe motivo alguno para mantener su apremio corporal en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del citado departamento; en consecuencia, dispuso la emisión del mandamiento de libertad mediante comisión instruida y dejó sin efecto el mandamiento de apremio corporal ejecutado el 24 de febrero del referido año (Conclusión II.2). Al respecto, habiendo sido notificado con el Auto Interlocutorio de 6 de septiembre de 2022, el 7 de igual mes y año, a horas 8:23, a través de WhatsApp (Conclusión II.3), el ahora impetrante de tutela acudió ante la Jueza ahora demandada, por memorial presentado el mismo día -7 de septiembre de 2022-, reiterando la solicitud de emisión del mandamiento de libertad; dado que, acudió al Juzgado y el Oficial de Diligencias le informó que no entregaría dicho mandamiento por encontrarse en despacho, pendiente de firma de la autoridad judicial -ahora demandada- (Conclusión II.4); no obstante, atendiendo dicha petición se emitió la Comisión Instruida de 6 del referido mes y año, por el que se comisiona a cualquier funcionario público hábil no impedido de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, a objeto de ejecutar el Mandamiento de Libertad de la misma fecha, a favor de Milton Macías Vargas -ahora accionante- (Conclusión II.5). Ahora bien, efectuadas las precisiones precedentes, corresponde abordar la problemática planteada, la cual radica en la falta de notificación oportuna al ahora solicitante con el Auto Interlocutorio de 6 de septiembre de 2022 y el Mandamiento de Libertad de la misma fecha, que prolongó indebidamente su detención. En ese contexto, del análisis de los antecedentes se evidencia que, el 6 de septiembre de 2022, el ahora demandante solicitó la emisión de un mandamiento de libertad ante la Jueza ahora demandada, petición que fue resuelta por Auto Interlocutorio de la misma fecha; no obstante, dicha resolución fue notificada al ahora impetrante de tutela, recién el 7 de igual mes y año a horas 8:23, a través de WhatsApp, conforme a lo previsto por el art. 313.II de la Ley 603 (Conclusión II.3). Por su parte, la Comisión Instruida -de 6 de septiembre de 2022- fue entregada también el 7 del mismo mes y año a horas 8:58, a Celinda Maire Romero (Conclusión II.5); sin embargo, no cursa en el legajo constitucional prueba alguna de la ejecución del mandamiento de libertad entregado a la nombrada, ya que hasta la celebración de la audiencia de la presente acción de libertad, el 7 de igual mes y año a horas 15:30 (Conclusión II.6), el ahora peticionante continuaba privado de su libertad en cumplimiento del apremio corporal, dispuesto por Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2022, ejecutado el 24 de igual mes y año. En ese entendido, de acuerdo al Informe de 7 de septiembre de 2022, emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, se verifica que el Auto Interlocutorio de 6 de igual mes y año, fue remitido por la Jueza ahora demandada para su notificación, a primera hora de la mañana del 7 del indicado mes y año (Conclusión II.7), lo cual demuestra que se generó una demora o dilación indebida en la tramitación y consideración del memorial presentado por el ahora solicitante, provocando que su notificación se efectúe recién a horas 8:23 de ese día (Conclusión II.3). Situación similar ocurrió con la Comisión Instruida de 6 de septiembre de 2022, mediante la cual se ordenó la ejecución del Mandamiento de Libertad de la misma fecha, dado que ésta fue entregada el 7 de igual mes y año a horas 8:58 (Conclusión II.5), situación que prolongó indebidamente la privación de libertad del ahora demandante, pues hasta la celebración de la audiencia de la presente acción tutelar, el 7 del indicado mes y año a horas 15:30 (Conclusión II.6), el ahora solicitante continuaba cumpliendo su apremio corporal, debido a la demora injustificada de la autoridad judicial ahora demandada. En ese entendido, se debe considerar que a raíz del desarrollo jurisprudencial de esta institución -acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, toda autoridad que tenga conocimiento de una petición en la cual se involucre el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarla con la mayor celeridad posible; caso contrario, ésta genera lesiones a los derechos fundamentales; criterio que concuerda con el art. 415.IV de la Ley 603, que establece la ejecución del apremio corporal por un periodo no mayor a seis meses y que cumplido dicho plazo el obligado podrá solicitar su libertad; petición que debe atenderse con carácter prioritario frente a otras, de manera que no se ocasionen dilaciones indebidas en su tramitación; máxime, si la petición de libertad se funda en el cumplimiento de la obligación de cancelar la asistencia familiar devengada, siendo obligación de las autoridades judiciales imprimir la prontitud y celeridad debida conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; no obstante lo manifestado, resulta oportuno subrayar que lo referido no implica que la petición de libertad debe ser solucionada positiva o negativamente, sino resuelta o tramitada con inmediatez conforme a derecho y en aplicación del principio de celeridad (art. 180.I de la CPE y arts. 3.7 y 30.3 de la Ley 025); por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 a 46, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, en lo sucesivo obre conforme al principio de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes de libertad; máxime, si las peticiones de libertad se fundan en el cumplimiento de la obligación de cancelar la asistencia familiar devengada; debiendo responder a las mismas, emitiendo resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0148_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 485bf7549ffaf8af66397f2a7e24ab085b6c258905935c9fb6340a922808d29c
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