Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de abril de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una remuneración justa, al trabajo digno, a la seguridad social, a la educación y a la estabilidad e inamovilidad laboral; toda vez que, fue desvinculado de su fuente de trabajo mediante Memorándum DTH-JCTCH/B/0214/2021 de 30 de abril, por la ex Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, quien no consideró que es padre de una menor de edad con discapacidad que requiere de medicación diaria; por lo que, ante tal hecho acudió a la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, instancia que a través de su titular emitió la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021 de 26 de julio, disponiendo que en el término de tres días se lo reincorpore al puesto laboral que ocupaba, con el mismo nivel salarial y se cancelen los sueldos devengados; empero, esa decisión administrativa no fue acatada por la Alcaldesa y el Director de Talento Humano, ambos del citado ente municipal -ahora demandados-; decisión administrativa confirmada in extenso por Auto J.R.T.E.A.- VMML-055/2021 de 13 de agosto, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda interpuesta por la entidad demandada.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 153/2021 de 18 de octubre, cursante de fs. 142 a 144, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto de los derechos al trabajo digno, a la seguridad social, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la educación, en mérito a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, disponiendo: 1° La inmediata reincorporación del peticionante de tutela a su fuente laboral, en el mismo cargo que se encontraba desempeñando hasta antes de su despido; y, 2° El pago de haberes devengados y otros derechos sociales que le correspondan desde el momento de su desvinculación laboral hasta la fecha de su efectiva reincorporación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2023-S2 Sucre, 10 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46494-2022-93-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 153/2021 de 18 de octubre, cursante de fs. 142 a 144, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Franz Paco Valero contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; Lizbetth Yely Peñaranda Márquez; y, Percy Apaza Huañapaco, ex y actual Director de Talento Humano, todos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 13 de septiembre y 4 de octubre de 2021, cursantes de fs. 76 a 87 y 91 a 95 vta., el accionante refirió que:
A través del Memorándum de reasignación DTH-JCTCH/R/1089/2018 de 16 de marzo, se estableció su relación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, con el Ítem E-10110302001; empero, sin previo proceso ni considerar que era progenitor de una menor de edad con grado de discapacidad (lo cual fue de pleno conocimiento de esa institución por la documental que presentó el 2 de octubre de 2017), disolvió su vínculo laboral mediante del Memorándum de agradecimiento de funciones DTH-JCTCH/B/0214/2021 de 30 de abril, emitido por Lizbetth Yely Peñaranda Márquez, ex Directora de Talento Humano del citado Gobierno Autónomo Municipal -ahora codemandada-. Ante ello, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, donde el 24 de junio de 2021, se llevó cabo audiencia con los representantes de la referida entidad edil, en la que ambas partes presentaron sus argumentos y respaldos; en consecuencia la Jefa de esa Jefatura Regional, emitió la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021 de 26 de julio, disponiendo que en el término de tres días sea reincorporado con igual cargo que ocupaba -Jefe de la Unidad de Mantenimiento-, mismo nivel salarial, más el pago de salarios devengados que le corresponden; la cual, fue notificada al señalado Gobierno Autónomo Municipal, el 2 de agosto del citado año; contra dicha orden la institución demandada solicitó aclaración y complementación, que fue declarada improcedente por Auto J.R.T.E.A.-VMML-055/2021 de 13 del indicado mes; sin embargo, Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; y Percy Apaza Huañapaco, Director de Talento Humano, ambos de la mencionada entidad municipal -ahora demandados- no acataron la misma.
Denunció como lesionados sus derechos a una remuneración justa, al trabajo digno, a la seguridad social, a la educación y a la estabilidad e inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 9.5, 17, 18, 35, 45, 46, 48.IV, 49.III, 70, 71, 72, 77 y 82 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cumplimiento de la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021; b) La cancelación de sueldos devengados; y, c) La restitución de sus derechos laborales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de octubre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 138 a 141 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela mediante su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que: 1) El art. 34.2 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, establece sobre la inamovilidad laboral de progenitores cónyuges, o tutores de hijos con discapacidad, concordante con la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, normativa que lo protege; puesto que, es padre de una menor de nueve años que tiene esa afección; razón por la que, necesita medicarla todos los días; y, 2) No fue notificado con la Resolución Administrativa (RA) JRTEA/VMML/ 040/2021 de 20 de septiembre; en consecuencia, desconoce la misma.
Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, mediante su representante en audiencia de garantías expuso que: i) El impetrante de tutela ocupaba un puesto laboral de confianza y de libre designación, no gozando de inamovilidad laboral; y, ii) Si bien el aludido se encontraba facultado para acudir a la jurisdicción constitucional en busca de la protección de su derecho -estabilidad laboral-reclamando el cumplimiento de la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021, no dio a conocer que dicha orden fue revocada a través de la RA JRTEA/VNMML/ 040/2021; por ello, al no tenerse una instrucción a cumplir, pidió denegar la tutela impetrada. Percy Apaza Huañapaco, Director de Talento Humano del aludido Gobierno Autónomo Municipal, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 18 de octubre de 2021, cursante de fs. 107 a 113 vta., y en audiencia de garantías indicó que: a) El impetrante de tutela por Memorándum DTH-RCTB/A/389/2016 de 18 de julio, fue designado como Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Dirección Municipal de Transporte Público - Wayna Bus y reasignado en el mismo puesto laboral en las gestiones 2017 y 2018, con un sueldo de Bs8 790.- (ocho mil setecientos noventa bolivianos); toda vez que, dicho cargo era de libre nombramiento y de confianza por la labor de asesoramiento; por lo que, el 30 de abril de igual año, se lo desvinculó; b) Contra el Memorándum de agradecimiento de funciones -DTH-JCTCH/B/0214/2021- el referido no planteó impugnación alguna; en consecuencia, no agotó la vía administrativa, incumpliendo con el principio de subsidiariedad de esta acción de defensa; c) El prenombrado solicitó el cumplimiento de la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021; empero, por el recurso de revocatoria que interpuso el señalado Gobierno Autónomo Municipal, se emitió la RA JRTEA/VMML/ 040/2021, revocando la citada orden; lo que, dejó como inexistente el objeto de este mecanismo constitucional; d) El impetrante de tutela no individualizó los actos en los que hubiera incurrido cada demandado, las lesiones que se ocasionó sus derechos y cuáles eran las mismas, limitándose a señalarlas de manera general; además, inexplicablemente demandó a una exautoridad a efectos del acatamiento de la conminatoria; e) El aludido carece de legitimación activa; siendo que, el puesto laboral que ocupaba, está fuera de la Ley General del Trabajo, y al ser de libre nombramiento y de confianza, para su desvinculación no se precisaba causal alguna; por tal motivo, se revocó la determinación de reincorporación laboral; y, f) Ante la decisión de la citada Resolución Administrativa no tuvo alguna obligación de cumplimiento, y siendo la misma desfavorable para el accionante le corresponde previamente agotar la vía administrativa; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Lizbetth Yely Peñaranda Márquez, ex Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por informe escrito interpuesto el 18 de octubre de 2021, cursante de fs. 103 a 106 vta., manifestó que: 1) Ante la renuncia intempestiva de su predecesora, asumió dicho puesto laboral a través del Memorándum de designación DAM/M/017/2021 de 1 de abril; es decir, a un mes del cierre de gestión municipal “…EL ALTO CON VUELO PROPIO…” (sic); siendo que, la nueva Alcaldesa debió formar su equipo de trabajo con servidores públicos de su confianza, procedió a retirar al personal de libre nombramiento -jefe de gabinete, asesores de despacho, secretarios municipales, directores y jefes de unidad, y subalcaldes- con memorándums de agradecimiento de funciones, y de igual manera aceptó renuncias; 2) Los encargados del estudio de los files, le remitieron los correspondientes memorándums para su firma, y por la recarga laboral que tenía se vio impedida de realizar una nueva revisión; por lo que, se pudo haber cometido algún error; 3) Fue apartada de sus funciones por Memorándum de agradecimiento de funciones DESP/MEA/M./029/2021 de 7 de mayo; lo que, la limitó a tomar conocimiento del contenido de cada caso; y, 4) Siendo que el Director de Talento Humano del citado ente edil, no acató la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021, no era atribuible a su persona la lesión de los derechos del peticionante de tutela; en tal razón, pidió ser excluida de la presente acción tutelar planteada en su contra, disponiéndose lo que en derecho corresponda.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 153/2021 de 18 de octubre, cursante de fs. 142 a 144, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Mediante el Memorándum de agradecimiento de funciones DTH-JCTCH/B/0214/2021, se desvinculó al impetrante de tutela de su fuente laboral; por ello, el aludido acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, instancia que a través de su titular emitió la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021, disponiendo que el peticionante de tutela sea reincorporado al mismo cargo que ocupaba, más el pago de salarios devengados; decisión que conforme antecedentes fue revocada mediante la RA JRTEA/VMML/ 040/2021, a consecuencia del recurso de revocatoria planteado por la entidad demandada, y notificada a aquella el 27 de septiembre de igual año; ii) Lo impetrado por el accionante radica en que por medio de los Decretos Supremos (DDSS) “28600” -siendo lo correcto 28699- de 1 de mayo de 2006 y 495 de 1 de mayo de 2010, se disponga el cumplimiento de la aludida orden; y, iii) La señalada Conminatoria fue dejada sin efecto por la citada Jefatura Regional, conforme las facultades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo; dado que, el acto que en primera instancia favorecía al solicitante de tutela desapareció, aquello impidió que se ingrese al estudio de la problemática planteada; toda vez que, se dio la sustracción del objeto procesal, que se encontraba con la teoría del hecho superado; lo contrario, implica desconocer las atribuciones de la autoridad administrativa; lo cual, hubiera sido distinto, si como consecuencia de un recurso jerárquico, nuevamente se pusiera en vigor la reclamada determinación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado de nacimiento de AA, nacido el 1 de octubre de 2012, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, consignando como progenitores a Edwin Franz Paco Valero -ahora accionante- y Laura Lorena Valencia Mamani (fs. 13). II.2. Consta carnet de discapacidad de AA, expedido el 9 de agosto de 2017, que señala: “Tipo Discapacidad: INTELECTUAL Deficiencia: INTELECTUAL Porcentaje: 34%” (sic [fs. 13]). II.3. A través de Memorándum DTH-JCTCH/R/1089/2018 de 16 de marzo, Fiorela Benita Quispe Chambi, ex Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, designó al peticionante de tutela, al puesto de Jefe de Unidad de Mantenimiento dependiente de la Dirección Municipal de Transporte Público - Wayna Bus, con Ítem E-10110302001 y en el cargo de Jefe C (fs. 8). II.4. Por Memorándum DTH-JCTCH/B/0214/2021 de 30 de abril, Lizbetth Yely Peñaranda Márquez, ex Directora de Talento Humano del señalado Gobierno Autónomo Municipal -codemandada-, agradeció al impetrante de tutela las funciones que desempeñaba, cesándolo del puesto laboral que ocupaba (fs. 9). II.5. Se tiene cédula de identidad de AA, expedido el 22 de junio de 2021, en el que se registró como fecha de su nacimiento el 1 de octubre de 2012, constando al accionante y Laura Lorena Valencia Mamani como sus progenitores (fs. 12). II.6. Por Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021 de 26 de julio, Mirna Victoria Huanca Méndez, Jefa Regional de Trabajo El Alto a.i., ordenó al indicado Gobierno Autónomo Municipal, que en el término de tres días, reincorpore al solicitante de tutela como Jefe de Unidad de Mantenimiento, con el mismo nivel salarial y el pago de sueldos devengados (fs. 4 a 6). II.7. Consigna certificado médico de 4 de agosto de 2021, por el cual Jorge Luis Reque Paz Soldan, Psiquiatría Infanto Juvenil y Adultos, diagnosticó que la menor AA tiene “1. Discapacidad intelectual GRAVE (CI=40), con deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento médico F71” (sic [fs. 10]).
II.8. Corre certificado médico de 24 de agosto de 2021, expedido por Roger Condemayta Soto, Neurólogo Pediatra, que diagnosticó a AA con:
“- Discapacidad intelectual grave - Trastorno del espectro autista grado severo (tres) - Microcefalia - Trastorno de la coordinación motora - Pubertad precoz - Insomnio en tratamiento” (sic [fs. 11]). II.9. A través de Auto J.R.T.E.A.-VMML-055/2021 de 13 de agosto, Vivian Marleny Mayta Limachi, Jefa Regional de Trabajo El Alto, declaró improcedente el pedido de aclaración, complementación y enmienda incoado por el aludido ente edil, al no adecuarse al art. 36 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, confirmando in extenso la supra citada Conminatoria (fs. 7 y vta.). II.10. Mediante escrito desplegado el 23 de agosto de 2021, ante la Jefatura
Regional de Trabajo El Alto, Abel Juan Tornero Jiménez, Asesor Legal Laboral de la Dirección de Talento Humano del señalado Gobierno Autónomo Municipal, interpuso recurso de revocatoria contra la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021 y el Auto J.R.T.E.A.-VMML-055/2021 (fs. 119 a 124). II.11. Consta la RA JRTEA/VNMML/ 040/2021 de 20 de septiembre, expedida por la Jefa Regional de Trabajo El Alto, quien resolvió el recurso de revocatoria presentado por la indicada entidad edil, revocando totalmente dicha Conminatoria (fs. 125 a 127).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una remuneración justa, al trabajo digno, a la seguridad social, a la educación y a la estabilidad e inamovilidad laboral; toda vez que, fue desvinculado de su fuente de trabajo mediante Memorándum DTH-JCTCH/B/0214/2021 de 30 de abril, por la ex Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, quien no consideró que es padre de una menor de edad con discapacidad que requiere de medicación diaria; por lo que, ante tal hecho acudió a la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, instancia que a través de su titular emitió la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021 de 26 de julio, disponiendo que en el término de tres días se lo reincorpore al puesto laboral que ocupaba, con el mismo nivel salarial y se cancelen los sueldos devengados; empero, esa decisión administrativa no fue acatada por la Alcaldesa y el Director de Talento Humano, ambos del citado ente municipal -ahora demandados-; decisión administrativa confirmada in extenso por Auto J.R.T.E.A.- VMML-055/2021 de 13 de agosto, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda interpuesta por la entidad demandada.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, sostuvo que: «El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio de 2011, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”» (el resaltado es nuestro). Respecto a la excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional con relación a personas con discapacidad o aquellas que estuvieran a cargo de las mimas, la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, expuso que: “…la SC 1483/2011-R de 10 de octubre señaló …si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad. En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional” (énfasis añadido).
La SCP 0105/2019-S2, indicó que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un cost[o] económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
De obrados, se tiene Memorándum DTH-JCTCH/R/1089/2018 de 16 de marzo, que en atención al Decreto Municipal 094 de 31 de enero de 2018, se designó al accionante como Jefe de Unidad de Mantenimiento dependiente de la Dirección Municipal de Transporte Público - Wayna Bus, con el Ítem E-10110302001 y en el cargo Jefe C (Conclusión II.3); a través de Memorándum DTH-JCTCH/B/0214/2021 de 30 de abril, la ex Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, con las facultades conferidas por el Decreto Municipal 082/17 -no precisa la fecha-, indicando que habiendo cumplido el periodo de Gestión Municipal “…EL ALTO CON VUELO PROPIO…” (sic) agradeció las funciones desempeñadas del solicitante de tutela, cesándolo del cargo en el que se desenvolvía (Conclusión II.4); mediante Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021 de 26 de julio, se ordenó al señalado Gobierno Autónomo Municipal que en el término de tres días, reincorpore al prenombrado al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación laboral, con el mismo nivel salarial y el pago de sueldos devengados (Conclusión II.6); por Auto J.R.T.E.A.-VMML-055/2021 de 13 de agosto, la Jefa Regional de Trabajo El Alto, declaró improcedente el pedido de aclaración, complementación y enmienda incoado por el referido ente edil, confirmando in extenso la citada Conminatoria (Conclusión II.9); el 23 de igual mes y año, la entidad demandada formuló recurso de revocatoria contra la aludida Conminatoria (Conclusión II.10); dicho recurso fue resuelto por la RA JRTEA/VMML/ 040/2021 de 20 de septiembre, revocando totalmente la misma (Conclusión II.11).
En el caso que nos ocupa, el hecho denunciado como lesivo por el peticionante de tutela, radica en que fue desvinculado de su fuente laboral por Memorándum DTH-JCTCH/B/0214/2021, pese a que la entidad demandada tuvo conocimiento de que el aludido es progenitor de una menor de edad con discapacidad, y al haber dispuesto la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, mediante la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021, su reincorporación, el referido Gobierno Autónomo Municipal, no la acató. Previo al análisis de la problemática planteada, corresponde mencionar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, si bien antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, esta regla no resulta absoluta; ya que, cuando se trata de personas que forman parte de grupos vulnerables como ser menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o en su caso, respecto a esta última, quienes tengan bajo su dependencia personas con capacidades diferentes, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad. En ese sentido, de obrados se tiene que el accionante con el fin de hacer valer sus derechos acudió a la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, instancia que a través de su titular emitió la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/046/2021, la cual conforme lo expuesto por la entidad demandada en la audiencia de garantías, fue revocada por la RA JRTEA/VMML/ 040/2021, actuado que no fue puesto a conocimiento del impetrante de tutela, a efecto de saber su contenido y tomar las medidas que vea pertinentes; sin embargo, cabe recalcar que el prenombrado al ser progenitor de una menor de edad que tiene discapacidad, con el objeto del resguardo y protección de sus derechos, pueda acudir de forma directa ante esta justicia constitucional, no siendo una exigencia agotar previamente la vía administrativa; es así que, en mérito a la protección reforzada que merecen, entre otras, las personas con discapacidad o las que están a cargo de su cuidado, no es necesario que se agote la instancia administrativa -recurso jerárquico-, correspondiendo tenerse presente la excepción al principio de subsidiariedad; considerando además, que la posible vulneración de derechos se encuentran relacionados a la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de un padre que tiene a su cargo una menor de edad con una afección; aspectos que, permiten ingresar al análisis de fondo de la problemática formulada y el planteamiento directo de este mecanismo de defensa.
Por lo mencionado, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se hallan protegidos los derechos de las personas con discapacidad a través de la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad; dado que, existen casos en los cuales los individuos con afecciones físicas, psíquicas o intelectuales, por sus limitaciones se ven impedidos de ejercer de manera directa sus derechos, mismos que requieren la protección de su familia; es así que, el Estado aplicando acciones afirmativas garantiza la inamovilidad laboral en entidades públicas y/o privadas de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que tiene como dependiente a un ser humano con discapacidad, correspondiendo al empleador abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de sus derechos laborales; en razón a que, se podría derivar en la lesión de los derechos a la dignidad, igualdad y no discriminación de la persona con discapacidad; cabe señalar, que dicha permanencia en la fuente laboral no es absoluta; toda vez que, está supeditada al desempeño del trabajador, entendiéndose que será justificado su despido si incurriera en alguna causal establecida por la Ley General del Trabajo. Además, resulta pertinente hacer mención al art. 2.V de la Ley 977, la cual señala que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (el resaltado y subrayado nos corresponde). En el caso concreto, de obrados se tiene el certificado de nacimiento y la cédula de identidad correspondientes a AA, que acreditan que el impetrante de tutela es padre de la prenombrada (Conclusiones II.1 y 5), quien a la fecha de presentación de esta acción de defensa contaba con ocho años de edad, la cual padece discapacidad intelectual del 34%, conforme se tiene del carnet de discapacidad de la misma (Conclusión II.2) y de los certificados médicos de 4 y 24 de agosto de 2021, los cuales diagnosticaron a la menor con discapacidad intelectual grave (Conclusiones II.7 y 8); lo que, permite concluir que el prenombrado tiene a su cargo una persona menor de dieciocho años de edad, con discapacidad; y, que conforme a la normativa nacional e internacional le corresponde gozar de inamovilidad laboral. Ahora bien, cabe indicar que el peticionante de tutela fue desvinculado de su puesto laboral, por Memorándum DTH-JCTCH/B/0214/2021, en el cual se le agradecieron sus funciones debido a la conclusión del “…periodo de la Gestión Municipal ‘EL ALTO CON VUELO PROPIO’…” (sic); es decir, que la desvinculación laboral del aludido no obedeció a la existencia de alguna causal justa de despido que haya sido comprobada en proceso administrativo previo; sino que, se trató de una destitución intempestiva, sin considerar que el solicitante de tutela al ser padre de una menor de edad que tiene discapacidad, goza de una protección especial del Estado y por ello, cuenta con la inamovilidad laboral, la cual únicamente puede ser limitada en caso de que el accionante haya incurrido en alguna causal de despido establecida por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), hecho que no ocurrió en la problemática analizada; en tal razón, al existir una desvinculación injustificada se lesionaron los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral del impetrante de tutela, que también afectó el derecho a la educación de la menor de edad AA; ergo, corresponde conceder la tutela impetrada. Con relación al derecho a la seguridad social denunciado por el peticionante de tutela como lesionado, se tiene que, de acuerdo a lo supra desarrollado, al haber sido desvinculado de su puesto de trabajo de manera injustificada, se suspendió el acceso al mismo; por consiguiente, atañe conceder la tutela solicitada y que los derechos emergentes de la relación laboral sean restituidos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 153/2021 de 18 de octubre, cursante de fs. 142 a 144, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto de los derechos al trabajo digno, a la seguridad social, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la educación, en mérito a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, disponiendo: 1° La inmediata reincorporación del peticionante de tutela a su fuente laboral, en el mismo cargo que se encontraba desempeñando hasta antes de su despido; y, 2° El pago de haberes devengados y otros derechos sociales que le correspondan desde el momento de su desvinculación laboral hasta la fecha de su efectiva reincorporación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0148_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): c4b5691b153d73c694a4c88cc414f72fb9cda278d367c3bdd4c67b639fc55d30
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