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SCP 0147/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
41902-2021-84-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia; toda vez que la autoridad demandada, hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa, no resolvió el incidente presentado de cambio de garantía real por garantía personal y tampoco señaló audiencia al efecto; por lo que, solicita se conceda la tutela y se disponga que en el plazo de veinticuatro horas se resuelva su petición y se señale audiencia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre cesación de las medidas cautelares personales; c) Sobre la solicitud de modificación de medidas cautelares personales y el señalamiento de audiencia; y, d) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2021 de 26 de julio, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio que lleva fecha de 27 de mayo de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz. b) Que la autoridad demandada, en el día de notificación con el presente fallo constitucional, señale audiencia de modificación de medidas cautelares, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya cambiado y no se haya producido la radicación de la causa ante el Juez de Sentencia Penal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre cesación de las medidas cautelares personales
  3. III.3. Sobre la solicitud de modificación de medidas cautelares personales y el señalamiento de audiencia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0147/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 41902-2021-84-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/2021 de 26 de julio, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Álvaro Ortiz Cerezo contra Erick Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de julio de 2021, cursante a fs. 3 y vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de junio de 2021, presentó un memorial ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, sobre “incidente” de cambio de garantía real a garantía personal, amparado en el art. 241 del Código de Procedimiento Penal (CPP). A la fecha, habiendo transcurrido ya casi un mes, dicha solicitud no ha sido resuelta ya sea positiva o negativamente, y menos se ha fijado fecha para que se lleve a cabo la audiencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115, 116 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

No consigna petitorio.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 26 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia procedió a ratificar el contenido de la acción presentada y de manera oral indico lo siguiente: a) No es evidente lo referido en el informe de la autoridad demandada, tomando en cuenta que señala que se llevó a cabo una audiencia de cesación el 27 de mayo de 2021; por lo que, el informe carece de veracidad; b) Se ha vulnerado su derecho al debido proceso, a la defensa y a ser oído por la autoridad al no responder a su petición en el plazo que establece la Ley -veinticuatro horas-; y, c) Solicita que se ordene al Juez de Instrucción Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz que responda a su petición y que señale en el plazo de veinticuatro horas audiencia para llevar a cabo y que conteste, ya sea positiva o negativamente a su petición.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Erick Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 26 de julio de 2021, cursante de fs. 6 y 7, refirió lo siguiente: 1) No son ciertos y evidentes los argumentos vertidos por el accionante, debido a que se dio respuesta a su incidente planteado el 27 de mayo de igual año, el mismo que fue rechazado in limine, explicando a través del Auto Interlocutorio por la que la pretensión fue rechazada, debido a que no demostró su situación de precariedad, a pesar de contar en el penal con trabajadoras sociales, para acreditar aquél extremo; 2) El accionante pretendió sesenta días después de manera temeraria hacer ver que su solicitud no fue respondida, situación que debe ser tomada en cuenta por el Tribunal de garantías; 3) El cuaderno procesal se encuentra en el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del citado departamento, remitido el 9 de julio de 2019, en virtud al pliego acusatorio presentado por el Ministerio Publico; y, 4) No existe vulneración a los derechos y garantías del accionante, ya que la solicitud del mismo fue atendida mediante resolución debidamente fundamentada, y rechazada por falta de prueba y al no tener competencia solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 13/2021 de 26 de julio, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., “rechazó” la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes argumentos: i) Llama la atención a éste Tribunal, que la solicitud o el incidente presentado el 25 de junio del 2021, por Luis Ortiz Cerezo, hubiera sido resuelto el 27 de mayo del mismo año, lo que resulta ser incongruente; por lo que, se entiende que en esa incoherencia de las fechas existe un error de taipeo y no mala fe del juzgador ni del Secretario; ii) Existe una resolución de rechazo in limine; es decir, que no corrió en traslado el incidente de cambio de garantía real a garantía personal; y que por la data de presentación se puede suponer que dicho incidente fue resuelto a los dos días de haberse sido presentado, justamente antes de la presentación de ésta acción de libertad; iii) Que la actuación del Juez demandado, no es conforme a derecho ni al debido proceso; toda vez que, si bien dicho incidente fue presentado el 25 de junio del “202” -siendo lo correcto 2021-; de acuerdo a los datos proporcionados por el accionante, dicho escrito habría sido recibido el 30 de igual mes y año, por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del citado departamento; lo que permite entender que ese incidente debió ser resuelto con posterioridad a la fecha antes referida; sin embargo, se consigna como fecha el 27 de mayo de igual año; por lo que corresponde llamar la atención severamente al Juez demandado; y, iv) Que, la autoridad judicial demandada, también informó que el expediente fue remitido ante el Juez de Sentencia de Puerto Suárez del departamento antes mencionado, habiéndose enviado ante éste Tribunal una fotografía por parte de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal antes referido que comunica sobre dicha remisión y que consiguientemente se encuentra radicado en ese Tribunal.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 12 de agosto de 2022 (fs. 16), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 46) notificado a las partes el 17 de marzo de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

II.1. Mediante memorial presentado el 30 de junio de 2021, por Luis Álvaro Ortiz Cerezo, se planteó incidente de cambio de garantía real a garantía personal, con el argumento de imposible cumplimiento de la fianza real dispuesta en la suma de Bs40 000.- (cuarenta mil bolivianos), solicitando al efecto señalamiento de audiencia para considerar la petición (fs. 1). El cargo de recepción de Juzgado de Instrucción Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, data del 30 de junio de 2021 a horas 09:56 (fs. 2). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 05 de 27 de mayo de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz; por el cual, dispone el rechazo in limine del incidente de cambio de Garantía Real a Garantía Personal interpuesto por Luis Álvaro Ortíz Cerezo, por carecer de fundamentación legal y prueba pertinente conforme lo establece el art. 314 parágrafo I y 315 parágrafo II del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 9 y 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia; toda vez que la autoridad demandada, hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa, no resolvió el incidente presentado de cambio de garantía real por garantía personal y tampoco señaló audiencia al efecto; por lo que, solicita se conceda la tutela y se disponga que en el plazo de veinticuatro horas se resuelva su petición y se señale audiencia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre cesación de las medidas cautelares personales; c) Sobre la solicitud de modificación de medidas cautelares personales y el señalamiento de audiencia; y, d) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0103/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento reiterado en la SCP 0112/2012 de 27 de abril. Con relación a la demora en la efectivización del mandamiento de libertad, en los casos que se dispuso la cesación de la detención preventiva con la consiguiente aplicación de medidas sustitutivas, la SC 0862/2005-R de 27 de julioseñaló que sus solicitudes deben tener un trámite acelerado y oportuno; puesto que, si existe demora indebida, ya sea en su tramitación, consideración o cuando se entorpezca o impida que el beneficio concedido 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.2.1, indica: “Del mismo modo, el Tribunal Constitucional Transitorio, contrastó este problema jurídico con la Constitución vigente, en algunas sentencias constitucionales, siendo la más relevante la siguiente:

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en un caso en el que constató que la demora en la que incurrió el juez de la causa fue tanto en el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, como en la tramitación de la misma debido a suspensiones injustificadas; el Tribunal Constitucional, contrastando el problema jurídico planteado con las normas constitucionales-principios de la Constitución vigente: el derecho fundamental a la libertad personal, el valor dignidad, el principio de celeridad, otorgó la tutela, generando la siguientes reglas procesales penales construidas jurisprudencialmente, a partir de la comprensión de qué implica un acto dilatorio respecto a las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP…”. 3El FJ III.2, refiere: “Consiguientemente, se concluye que el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado”.

pueda ejecutarse de inmediato, se restringe el derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 0028/2010-R de 16 de abril puntualizó que la celeridad procesal como principio ético-moral de la sociedad plural, no solo tiene que imprimirse en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas con el derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización; entendimiento confirmado por la SCP 1853/2012 de 12 de octubre, la que indica que si bien debe acreditarse que se cumplieron con las medidas sustitutivas impuestas; empero, la materialización de la libertad del imputado o procesado, debe obedecer al principio de celeridad, cuya actuación contraria provoca dilación indebida; razonamiento reiterado en la SCP 0182/2014 de 30 de enero, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, refiere: “…No siendo razonable ni lógico, que una vez determinada la cesación de la detención preventiva, el procesado no pueda efectivizar su derecho, por causas dilatorias atribuibles al juez cautelar, por actitudes de desidia o negligencia que provoquen la persistencia de la medida restrictiva de libertad”. De la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, se concluye que entre las modalidades de acción de libertad se encuentra la denominada traslativa o de pronto despacho; a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, que la autoridad judicial no solo está compelida a imprimir esa celeridad procesal en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas con el derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización, ya que una actitud contraria constituye una dilación indebida que vulnera este derecho.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre cesación de las medidas cautelares personales

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley de 24 de junio de 2010- pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R. Respecto a la cesación de las medidas cautelares personales, el Código de Procedimiento Penal (CPP), entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1 al 6 del art. 239 del indicado cuerpo legal; norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en su art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el citado artículo, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- a través de su art. 2.III, que establece:

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y. ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de las medidas cautelares personales, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad, entendimiento que fue desarrollado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0142/2018-S2 de 30 de abril, entre otras.

III.3. Sobre la solicitud de modificación de medidas cautelares personales y el señalamiento de audiencia

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada por la Ley 1226 de 23 de septiembre de igual año, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su art. 2 incluye modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que señala:

Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales.

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” De lo transcrito, se advierte el art. 239 del CPP con la modificación efectuada al citado artículo por la referida Ley 1173, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia fue regulado a 48 horas. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de modificación de medidas cautelares personales que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los personas que se encuentren cumpliendo medidas cautelares de carácter personal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia; toda vez que la autoridad demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no resolvió el incidente presentado de cambio de garantía real por garantía personal y tampoco señaló audiencia al efecto; por lo que, solicita se conceda la tutela y se disponga que en el plazo de veinticuatro horas de resuelva su petición y señale audiencia.

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de modificación de medidas cautelares personales que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, que de acuerdo a lo establecido en al art. 239 del CPP, modificado por las leyes 1173 y 1226, es de cuarenta y ocho horas; ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Asimismo, debe tomarse en cuenta que respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el Juez o Tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre Ahora bien, en el caso en examen, el accionante, mediante memorial presentado el 30 de junio del 2021, planteó un “incidente” de cambio de fianza económica a la fianza personal. En respuesta, el Juez demandado alega haber emitido el Auto de “27 de mayo del 2021”, mediante el cual en su parte resolutiva se dispuso: “Declarar el RECHAZO IN LIMINE del incidente de nulidad de Cambio de Garantía Real a Garantía Personal”(sic) Como se advierte, el Juez demando, en lugar de otorgar el trámite que corresponde al pedido de modificación de medida cautelar, en este caso de fianza económica a fianza personal para hacer efectiva la cesación a la detención preventiva del peticionante de tutela; es decir, proveer al escrito de solicitud dentro de las veinticuatro horas de su presentación fijando una audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas de efectuado ese pedido para considerar y resolver el mismo en dicho actuado; como se tiene dicho, en su descargo el Juez demandado presentó una resolución mediante la cual rechazó in limine un incidente de cambio de garantías real a garantía personal, que además tiene como fecha de emisión -27 de mayo del 2021- una de data anterior al pedido -30 de junio del 2021- al que se dice responder; sin que conste además la fecha con la notificación efectuada al imputado -hoy accionante-. Consiguientemente, resulta evidente que la autoridad judicial demandada, ha incurrido en dilación indebida, al no haber proveído a la solicitud de modificación de medida cautelares dentro de las veinticuatro horas fijando la audiencia dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas; ya que de ninguna manera, puede tenerse como respuesta válida, el Auto -que lleva fecha de 27 de mayo del 2021- ya que a través del mismo, el Juez demandado, imprimiendo un trámite indebido se ha pronunciado sobre un incidente de nulidad que no fue planteado por la parte imputada; prolongando con dicho pronunciamiento incongruente, la dilación en la resolución válida sobre la solicitud de modificación de medida cautelar; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, el demandado alega que el expediente habría sido ya remitido ante el Juez de Sentencia Penal, aludiendo que dicha remisión se habría producido el 9 de julio del 2019. Entorno a ese aspecto, no solo por el hecho de que se alude a una fecha que resulta incongruente con los antecedentes del caso, sino porque el Juez demandado no ha acreditado que a la fecha de la presentación de la solicitud de modificación de medida cautelar efectuada por el peticionante de tutela, ya se habría radicado ante el Juez de Sentencia Penal, corresponde modular los efectos del presente fallo constitucional.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obro de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2021 de 26 de julio, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio que lleva fecha de 27 de mayo de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz. b) Que la autoridad demandada, en el día de notificación con el presente fallo constitucional, señale audiencia de modificación de medidas cautelares, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya cambiado y no se haya producido la radicación de la causa ante el Juez de Sentencia Penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

4 El FJ III.4, manifiesta: “La celeridad procesal señalada precedentemente no solo tiene que imprimirse en su tramitación y consideración sino también en su efectivización, pues el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado”.

5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0147_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 26cf73ec0175b7f2202f8a5eb5210211ca8bca2565e40f64edfeda5a3a0c821d

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