B.IA.LEGAL

SCP 0145/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
26 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52493-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libertad; así como, el principio de celeridad; puesto que, la celebración de audiencia de cesación de su detención preventiva, desde el 23 de noviembre de 2022, fue postergada de manera injustificada en varias oportunidades, sin que, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, la Jueza ahora accionada hubiese fijado una nueva fecha de audiencia, ni justificó de manera razonable dicha demora. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; ii) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la Jueza hoy accionada, en razón de lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

a) Disponer que la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, programe y celebre la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas desde la notificación con el presente fallo constitucional; salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante ya hubiese sido resuelta; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Germán Quispe Mamani, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz. 3° Exhortar a Jimena Velásquez Albarracin, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz conminándola a que, en lo sucesivo, adecúe su actuación la normativa procesal penal y a los parámetro constitucionales, actuando con la debida diligencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares
  2. III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0145/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52493-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 8 de octubre, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Alberto Chávez Aliaga contra Jimena Velásquez Albarracin, Jueza y German Quispe Mamani, Secretario ambos del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 5 a 7, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, se encuentra detenido preventivamente mediante audiencia de medidas cautelares de “julio” de 2022; por lo que, solicitó cesación de la detención preventiva ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, señalándose audiencia para tal efecto para el 23 de noviembre del referido año; posterior a ello, el Auxiliar del citado Juzgado le comunico que se suspendió la misma, y que señalaría una nueva fecha y hora por "nota marginal", disponiendo su notificación; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad no se señaló dicha audiencia, a pesar de la insistencia de su abogado, el cual, se apersonó en varias oportunidades a Secretaría del referido Juzgado; le indicaron que la audiencia se señalaría antes de la vacación judicial.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se señale audiencia de cesación de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 31 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 9.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Jimena Velásquez Albarracin, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado en audiencia manifestó que, se señaló audiencia para el “6” -5- de diciembre de 2022 antes de la vacación judicial, dándose así, estricto cumplimiento al plazo legal -de cuarenta y ocho horas- establecido para la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, remitiéndose los obrados al Juzgado de turno; ya que, son privados de libertad. Germán Quispe Mamani, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 a 13, señaló que: a) Se fijó audiencia mediante decreto de 14 de noviembre del citado año, para el 16 del mismo mes y año, misma que fue suspendida por suplencia legal de la Jueza ahora accionada, reprogramándose esta, en dos oportunidades más, para el 18 y 23 del citado mes y año, por la misma razón; y, b) En cumplimiento del Instructivo JAF/DAF-OJ/LPZ 315/2022 de 7 de igual mes, el 21 de igual mes y año se informó el traslado del Juzgado, el cual se realizó hasta el 24 del señalado mes y año; por ello, la citada audiencia se reprogramó -nuevamente- para el 28 de dicho mes y año, y luego, para el 5 de diciembre del indicado año, fecha en la cual, el expediente fue remitido al Juzgado de turno por vacación judicial; por lo tanto, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 02/2022 de 8 de octubre, cursante de fs. 32 a 33, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados la Jueza ahora accionada mediante decreto de 29 de noviembre de 2022 señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para el 5 de diciembre del citado año; por lo que, lo vertido por el accionante no era evidente: y, 2) Con relación a las suspensiones de las audiencias de cesación de la detención preventiva se encuentran debidamente justificadas por encontrarse en suplencia legal, por traslado del despacho judicial que impidió la conexión a internet para efectuar las notificaciones correspondientes.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto de Vista 835/2022 de 4 de noviembre, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 1/2022 de 10 de octubre, pronunciado por Jimena Velásquez Albarracín, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del señalado departamento -ahora accionada-; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alberto Chávez Aliaga -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; por el que, se instruyó que la Jueza hoy accionada, emita un nuevo pronunciamiento y señale nueva audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); así como, por explicación, complementación y enmienda solicitada por el accionante, se determinó que la Jueza hoy accionada en el plazo de cuarenta y ocho horas señale la audiencia una vez devuelto el legajo de apelación (fs. 18 a 19 vta.).

II.2. Por sello de cargo de 11 de noviembre de 2022, la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, recepcionó la remisión del expediente correspondiente al proceso penal del accionante; por lo que, mediante decreto de 14 del citado mes y año, en cumplimiento del Auto de Vista 835/2022, la Jueza ahora accionada, señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para el 16 del indicado mes y año (fs. 21). II.3. A través de decreto de 29 de noviembre de 2022, la Jueza hoy accionada, señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, programada para el 5 de diciembre del citado año, manifestando que dicha decisión fue tomada en cumplimiento del Instructivo SP-TDJ-LP 34/2022 de 15 del referido mes, relativo a la "...Jornada de Descongestionamiento al Sistema Penal..." (sic [fs. 27]). II.4. Cursa lista de los procesos remitidos por el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, al Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del mismo departamento, donde se encuentra el proceso penal del accionante, con recepción de 5 de diciembre de 2022 (fs. 28 a 30 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libertad; así como, el principio de celeridad; puesto que, la celebración de audiencia de cesación de su detención preventiva, desde el 23 de noviembre de 2022, fue postergada de manera injustificada en varias oportunidades, sin que, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, la Jueza ahora accionada hubiese fijado una nueva fecha de audiencia, ni justificó de manera razonable dicha demora. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; ii) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares

La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva. La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).

III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libertad; así como, el principio de celeridad; puesto que, la celebración de audiencia de cesación de su detención preventiva, desde el 23 de noviembre de 2022, fue postergada de manera injustificada en varias oportunidades, sin que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la Jueza ahora accionada hubiese fijado una nueva fecha de audiencia, ni justificó de manera razonable dicha demora. De antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido contra el accionante por el delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra con detención preventiva, constando el Auto de Vista 835/2022 de 4 de noviembre, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 1/2022 de 10 de octubre, pronunciado por la Jueza ahora accionada; por el que, se instruyó que la nombrada, emita un nuevo pronunciamiento y señale nueva audiencia de cesación de la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas (Conclusión II.1.); por sello de cargo de 11 de noviembre de 2022, la Auxiliar del referido Juzgado, recepcionó la remisión del expediente correspondiente al proceso penal del accionante; por lo que, mediante decreto de 14 del citado mes y año, señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para el 16 del indicado mes y año (Conclusión II.2.) Así mismo, a través de decreto de 29 de noviembre de 2022, la Jueza hoy accionada, señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, para el 5 de diciembre del citado año (Conclusión II.3.); así también, de la lista de procesos remitidos por el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, al Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del mismo departamento, consta el proceso penal del accionante, con recepción de 5 de diciembre de 2022. Descritos como se encuentran los antecedentes, es preciso remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho opera ante dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad, siendo una de esas que se fije audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; por lo que, de conformidad con el art. 239.1 del CPP, la Jueza hoy accionada tenía cuarenta y ocho horas para señalar audiencia; sin embargo, fijó esa audiencia para varios días posteriores del señalado por la disposición del Auto de Vista 835/2022, aludiendo postergaciones justificadas debido a suplencias legales e Instructivos emitidos, incurriendo de esa manera en una dilación indebida en el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva. Respecto a la Jueza ahora accionada Haciendo un contraste entre lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional y los antecedentes del caso, se debe concluir que existió una omisión injustificada en cuanto a la atención oportuna del señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante por parte de la Jueza ahora accionada; puesto que, si bien el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz recibió el expediente el 11 de noviembre de 2022, y por decreto de 14 del mismo mes y año programó audiencia para el 16 del citado mes y año, la audiencia no se realizó en esa fecha ni en las sucesivas reprogramaciones. Siendo inexcusables las razones alegadas por esa autoridad -suplencias judiciales y traslado de oficinas del Juzgado-, mismas que, no justifican la inactividad jurisdiccional frente a un derecho de tal jerarquía como lo es la libertad. Es así que, la audiencia recién fue reprogramada para el 5 de diciembre del referido año, excediendo ampliamente el plazo legal de cuarenta y ocho horas previstas para tal efecto por la norma procesal y por el mismo Auto de Vista 835/2022. Además, se debe señalar que en el presente caso, no se advierte que hasta dicha fecha se hubiese celebrado efectivamente la audiencia extrañada; ya que, no existe constancia de las notificaciones a las partes y no se observa evidencia alguna de que la misma se hubiese efectuado; así como, el Juez de garantías tampoco hizo referencia respecto a la celebración de la referida audiencia. Asimismo, el hecho de remitir el caso al Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, bajo el argumento de la vacación judicial, no resulta ser un justificativo suficiente respecto a la dilación en la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva, al contrario, denota una negligencia omisiva, al remitir dicho cuaderno, encontrándose pendiente la celebración de una audiencia tantas veces suspendida; por lo que, la Jueza hoy accionada con su actuar incurrió en la afectación a los derechos que reclama el accionante; así como al principio de celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Con relación al Secretario ahora coaccionado En cuanto al actuar del Secretario hoy coaccionado y los actos vulneratorios en los que pudo incurrir el mismo, corresponde aplicar el entendimiento descrito en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, el cual señala que: "...esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas". En atención a lo antecedido, con relación a dicho funcionario judicial, el accionante pudo acudir ante su inmediato superior; si es que, consideraba alguna actuación fuera del margen del procedimiento o la norma procesal que no sea emergente o implique el cumplimiento propio de las funciones y atribuciones de dicho funcionario, caso en el cual se aplica el entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, sobre la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada.

En ese contexto, se advierte que la conducta atribuida a la Jueza ahora accionada no constituye un hecho aislado, sino que revela un comportamiento reiterativo y persistente, contrario a los estándares fijados por la jurisprudencia constitucional, la cual estableció de manera uniforme que toda demora injustificada en la tramitación y resolución de solicitudes que inciden directamente en la libertad personal configura una vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de plazo razonable; así como, al derecho a la libertad personal; en virtud de lo cual, resulta necesario exhortar a la mencionada Jueza, conminándola a que, en lo sucesivo, adecúe su actuación a la normativa procesal penal y a los parámetros constitucionales, actuando con la debida diligencia; más aún, cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la Jueza hoy accionada, en razón de lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

a) Disponer que la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, programe y celebre la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas desde la notificación con el presente fallo constitucional; salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante ya hubiese sido resuelta; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Germán Quispe Mamani, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz. 3° Exhortar a Jimena Velásquez Albarracin, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz conminándola a que, en lo sucesivo, adecúe su actuación la normativa procesal penal y a los parámetro constitucionales, actuando con la debida diligencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0145_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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