Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 28 de marzo de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes, en su calidad de asambleístas suplentes de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la remuneración justa y al aguinaldo porque ante su solicitud de pago del aguinaldo de la gestión 2021, realizada el 23 de diciembre de ese año, el Presidente de la indicada Asamblea se los negó mediante CI.PRESIENCIA.ALD.147/2021-2022ZMR de 11 de enero, así como hizo caso omiso al informe METPS-JDT SC-0254-INF/22 de 23 de marzo de 2022 de la Inspectora de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, que señalaba que correspondía dicho pago. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 133 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 152 a 154 vta., (CORRESPONDE A LA SCP 0145/2025-S3 viene de la pág. 13). pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada; y, 2º Llamar la atención a la referida Sala Constitucional por la demora en que incurrió al remitir la presente acción de tutela a este Tribunal, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0145/2025-S3 Sucre, 28 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53526-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 133 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 152 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cristina Changaray Taborga, Cirilo Daza Flores, Timoteo Etacori Chiquenoi, Nélida Faldin Chuvé, Riery García Velásquez, Belizaida Hurtado Soria, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salomé Muriel, Eugenia Poñez Urapota, José Luis Rivero Poiqui, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado, Asambleístas Departamentales suplentes del departamento de Santa Cruz contra Zvonko Matkovic Ribera, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 4 y 15 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 60 a 68 vta. y 89 a 92 vta., los accionantes manifestaron que:
En el ejercicio de sus funciones como asambleístas departamentales suplentes de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, mediante nota OF.B.MAS.RVE 143/2021 de 23 de diciembre, solicitaron al ahora demandado Presidente, el pago del aguinaldo de la gestión 2021; sin embargo, les fue negado mediante el oficio CI.PRESIDENCIA.ALD. 147/2021-2022ZMR de 11 de enero de 2022, porque no correspondía dicho pago a los asambleístas suplentes, para ello se basó en un informe jurídico emitido por el Director de Asuntos Jurídicos; en ese orden, se afectó su derecho al trabajo digno, con remuneración justa y pago de aguinaldo, pues el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz establece como una de las atribuciones y funciones del Presidente de la referida Asamblea autorizar con el Secretario de la directiva los gastos inherentes a los presupuestos de esta en coordinación con su Oficial Mayor, con ello se agotaron los medios para la protección de sus derechos vulnerados. Frente a ello, el 24 de enero de 2022, formalizaron una denuncia sobre pago de aguinaldo ante la Jefatura Departamental de Trabajo Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, para lo cual se refirieron al incumplimiento de los arts. 48.II y 49 de la Ley Fundamental, así como de las Instructivas 111/2021 del Ministerio de Trabajo y 001/2021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas referentes al pago de aguinaldo al sector público; asimismo, se solicitó al Jefe Departamental del Ministerio de Trabajo conmine al ahora demandado al pago doble del aguinaldo señalado; en ese orden, recién en la tercera audiencia al efecto, llevada a cabo el 18 de febrero de 2022, se hizo presente el Presidente de la indicada Asamblea, pero no se pudo llegar a un acuerdo, pues este sostenía que los asambleístas suplentes no tenían derecho a cobrar dicho aguinaldo de navidad. En ese contexto, la Inspectora de la indicada Jefatura emitió el Informe METPS-JDT SC-0254-INF/22 de 23 de marzo de ese año, que señalaba que correspondía el pago de aguinaldo de navidad de la gestión 2021, para ello se basó en normativa de la cual se entiende que el aguinaldo no es solo un derecho para un determinado sector de la población, lo cual emerge de la “Ley de 18 de diciembre de 1944” y esta se constituye en una norma especial, por lo que es aplicable tanto al sector público como privado. El 6 de mayo de 2022, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante oficio MTEPS/JDTSC 458/2022 de 28 de marzo, puso en conocimiento del Presidente de la citada Asamblea dicho informe, desde ese momento se deben computar los seis meses previstos por el principio de inmediatez para plantear esta acción de tutela. De todo lo relatado, se advierte que se desconoció el derecho al trabajo y a la justa remuneración, al negarse el pago de aguinaldos a los suplentes por dicha condición, a pesar de gozar de los mismos derechos que los titulares, habiendo trabajado toda la gestión 2021 en sesiones concernientes a sus funciones. La falta de pago de dicho aguinaldo afecta a su economía personal y familiar.
Denunciaron la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y al aguinaldo, citando al efecto citó los arts. 14.II, 46.I y II, 48.I y II y 49.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 6.1 y 7.a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela y se ordene al demandado que realice inmediatamente las gestiones para el pago de aguinaldo de la gestión 2021, estableciendo para el efecto un plazo determinado y de breve cumplimiento.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 149 a 151 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cristina Changaray Taborga, Zoely Tatiana López, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado, Asambleístas Departamentales suplentes del departamento de Santa Cruz, a través de sus abogados, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestaron que: a) Hasta la fecha no cumplió con la conminatoria de la Jefatura Departamental del Trabajo, como tampoco se ha desarrollado ninguna diligencia con ese fin por parte de la autoridad demandada; b) El Director de Asuntos Jurídicos de la Asamblea estableció que no correspondía el pago del aguinaldo a los suplentes debido a la naturaleza jurídica de sus funciones y de su remuneración que es de carácter excepcional y supletorio a la función de los asambleístas titulares, empero al efecto no realizó una análisis basado en la primacía de la Norma Suprema, lo cual contraviene el art. 12.VI de la Ley Departamental 217 de 6 de julio de 2021, que estableció que los asambleístas gozan de los mismos derechos que los titulares cuando estén debidamente habilitados; c) Se está incumpliendo el art. 1 de la Instructiva 001/2021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que establece que los servidores públicos tienen el derecho al pago del aguinaldo; d) Señalaron que sesionaron el doble que los asambleístas titulares, “…los suplentes sesionaron dos sesiones al mes los titulares sesionan en un promedio de seis sesiones al mes…” (sic); ante esa situación exigen y reclaman por primera vez dicho derecho; f) A través del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y del Reglamento de la Asamblea, los titulares y los suplentes perciben aguinaldo; y, g) Es correcto que no se pueda pagar el aguinaldo, pero deben realizar las gestiones para abrir una partida presupuestaria. Cirilo Daza Flores, Timoteo Etacori Chiquenoi, Nélida Faldin Chuve, Riery García Velásquez, Belizaida Hurtado Soria, Sandy Mamani Choque, Salomé Muriel y José Luis Rivero Poiqui, no asistieron, pese a su notificación cursante a fs. 94, donde consta que su abogado, recibió la copia de Ley por Rodolfo Vallejos Espinoza “y otros”.
Eugenia Poñez Urapota no suscribió el memorial principal de demanda, sino solo el de subsanación y no asistió a la audiencia, a pesar de la indicada notificación.
Zvonko Matkovic Ribera, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 138 a 148 vta. y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La pretensión de los accionantes está vinculada a un tema presupuestario y de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, la Ley Financial y la del Presupuesto General del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas tienen un presupuesto asignado por el nivel central del estado para el desarrollo del ejercicio de sus facultades y atribuciones, el cual engloba los de los órganos ejecutivos como legislativos, pero está administrado por el órgano ejecutivo departamental; entonces cualquier modificación del presupuesto de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, está inevitablemente ligada a la coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, por lo que se la debe notificar como tercera interesada, pues esta puede ver afectados sus derechos relativos al presupuesto departamental que administra; en ese orden, solicita que se notifique a la Gobernación de Santa Cruz con esta demanda; 2) El 20 de mayo de 2022, presentó recurso de revocatoria contra el Informe MTEPS-JDT-SC-0254-INF/22, por considerarlo contrario a la normativa vigente, el cual fue respondido mediante Oficio del Jefe Departamental del Trabajo MTEPS/JDTSC 521-A/2022 que determinó que el informe impugnado no es un acto administrativo definitivo y que solo se trata de un informe legal, por lo que desestimó el recurso de revocatoria; 3) Los accionantes no adjuntaron el Oficio del Jefe Departamental del Trabajo MTEPS/JDTSC 521-A/2022, donde estableció que el referido informe, sobre el cual los impetrantes de tutela asientan su pretensión, no es un acto administrativo definitivo, por lo que la vía administrativa sigue abierta, por lo que esta demanda de amparo constitucional es improcedente en aplicación del art. 53.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), pues no existe ninguna resolución administrativa ni conminatoria de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, que instruya a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz el pago del aguinaldo en favor de los asambleístas suplentes por la gestión 2021; 4) Los casos laborales donde existan hechos controvertidos no pueden ser resueltos por un Tribunal de garantías vía acción tutelar, sino en la vía ordinaria, por lo que en este caso, los accionantes debieron acudir a la judicatura laboral para exponer ahí su pretensión; 5) De la Constitución Política del Estado, Estatuto del Funcionario Público, Ley Departamental 217 de Remuneración de Asambleístas Suplentes, Decreto Supremo 567 y Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se advierte que tanto la Constitución como el Estatuto Autonómico de Santa Cruz determinan que los asambleístas suplentes no reciben remuneración, sin perjuicio de aquello, de forma excepcional estas normas determinan que procede una remuneración a dichos asambleístas siempre y cuando ejerzan la suplencia del titular, es decir, por el tiempo en que ejercieron el reemplazo del asambleísta titular, entonces tanto su remuneración como sus derechos laborales respectivos se materializan en tanto y en cuanto asuman la titularidad en el cargo; 6) De las normas citadas, se entiende que los derechos laborales están íntimamente vinculados a los derechos a la seguridad social cuando el trabajador está cumpliendo una labor remunerada de forma continua, estable y cuando se encuentre en relación de dependencia; en el caso de los asambleístas suplentes no se cumple con esos supuestos, ya que ellos son autoridades que asumen funciones solo en casos donde el titular no puede ejercer sus funciones, motivo por el cual no se puede asumir que la referida Asamblea tiene el deber de asegurarle todos los derechos laborales, como el pago del aguinaldo, lo cual afirma la naturaleza excepcional de sus cargos; 7) La función de los asambleístas suplentes está definida en la Ley Departamental 217, en la que se indica que es complementaria y accesoria a las funciones de su asambleísta titular; 8) El pago que perciben los asambleístas suplentes no es un salario, porque carece de continuidad, por consiguiente se trata de una dieta; además, es excepcional; en cambio los titulares reciben un salario; 9) De acuerdo a lo previsto por el Estatuto del Funcionario Público, los servidores públicos electos no ingresan al ámbito del régimen laboral, previsto en dicha norma, quienes tienen un régimen especial respecto a lo laboral por la naturaleza de su cargo; por consiguiente, no les corresponde el pago del aguinaldo a los accionantes; y, 10) Si se concede la tutela, se convertiría en un precedente para que las ocho restantes Asambleas Legislativas Departamentales y los más de trescientos cincuenta Concejos Municipales tengan que prever un presupuesto adicional para el pago de aguinaldos de autoridades suplentes, lo cual no corresponde por carecer de fundamento normativo y porque los otros Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales de Bolivia no cuentan con una norma que regule la remuneración de asambleístas suplentes, como la tiene el Departamento de Santa Cruz, es decir, que no solo se crearía un problema presupuestario para el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, sino que este caso crearía un sin número de conflictos normativos. 1.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 133 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 152 a 154 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los impetrantes de tutela no debieron haber planteado una acción de amparo constitucional, sino una de inconstitucionalidad contra el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, pues dicha norma establece la prohibición de abonar el aguinaldo a los asambleístas suplentes; ii) No existe la partida presupuestaria para el pago de aguinaldos asambleístas suplentes; iii) El art. 10 del DS 567 establece que la remuneración de los asambleístas suplentes es solo una dieta, entonces no está habilitada la partida presupuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, además dicha dieta es excepcional; iv) El “…artículo 10 que se mencionaba…” (sic) establece que solo los titulares reciben aguinaldo porque no existe “…una partida habilitada…”; v) Existe jurisprudencia constitucional que establece que el principio de subsidiariedad no es aplicable a la acción de amparo constitucional cuando se trata de derechos laborales; sin embargo, el derecho al aguinaldo en el caso particular de los accionantes está sujeto al cumplimiento de determinadas reglas al interior de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; vi) En aplicación del art. 54.I del CPCo, se efectúa una excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en ese orden, se advierte que no se ha demostrado que exista una conminatoria de cumplimiento de dicha obligación emitida por autoridad competente, es decir, la Jefatura Departamental de Trabajo, si bien emitió un informe, este no produce ningún efecto, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo, ya sea en la instancia del Ministerio de Trabajo o “también tendría la vía expedita…” (sic); vii) Si bien no se cumplió con el referido derecho al aguinaldo, pero tampoco lo están negando las autoridades administrativas, por lo que menos aun esta Sala Constitucional lo puede negar; viii) Al existir dichos derechos y también el tener que precautelar las arcas del Estado, en cuanto a su presupuesto, se debe producir prueba para tener la certeza de que un derecho prima sobre el otro, debiendo resolver esa situación la autoridad competente y no la instancia constitucional, el cual no puede ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria y no puede valorar prueba; y, ix) Entonces, en aplicación del principio de subsidiariedad no puede ingresar al fondo de este caso, pues existe la vía administrativa y la jurisdiccional laboral y además resta aun reconocer plenamente el derecho reclamado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta solicitud de pago de aguinaldo y prestaciones de salud al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic Ribera, ahora demandado, mediante OF.B.MAS. RVE. 143/2021 de 23 de diciembre de 2021 en fotocopia, remitida el 30 de diciembre de ese año, por Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Cirilo Daza Flores, Timoteo Etacori Chiquenoi, Nélida Faldin Chuvé, Riery García Velásquez, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salomé Muriel, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado, con base en el siguiente argumento: “…la norma claramente establece los derechos para los servidores públicos en tema de derecho de aguinaldo, como en tema de derecho a las prestaciones de salud, sin ninguna discriminación entre suplentes ni titulares. En base a lo expuesto pido se dé cumplimiento al pago del aguinaldo de la gestión 2021 y se nos otorgue el respectivo seguro de salud, conforme la norma lo establece, en sujeción del principio de igualdad…” (sic [fs. 3 a 4]).
II.2. A través de Informe Legal D.A.J. 01/2022 de 11 de enero, remitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz al Presidente de esta, se señaló: “…tanto la naturaleza jurídica y la remuneración de los asambleístas suplentes es accesoria y en ese marco cuentan con el pago de una dieta por el desarrollo de sus funciones en ausencia de su titular, motivo por el cual conforme la normativa vigente no corresponde realizar el pago del aguinaldo de navidad a las autoridades mencionadas (…) concluye y recomienda que no corresponde el pago del aguinaldo de navidad para los asambleítas suplentes debido a que la naturaleza jurídica tanto de su función como de su remuneración son de carácter excepcional y supletorio a las funciones de los asambleístas titulares” (sic), el cual fue puesto en conocimiento de Rodolfo Vallejos Espinoza esa misma fecha, por parte del mencionado Presidente, mediante CI.PRESIDENCIA.ALD.147/2021-2022 ZMR de 11 de enero de 2022 (fs. 4 bis a 9). II.3. Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cristina Changaray Taborga, Cirilo Daza Flores, Timoteo Etacori Chiquenoi, Nélida Faldin Chuvé, Riery García Velásquez, Belizaida Hurtado Soria, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salomé Muriel, José Luis Rivero Poiqui, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado, mediante memorial presentado el 24 de enero de 2022, plantearon denuncia por aguinaldo impago ante el Jefe Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de la Capital del departamento de Santa Cruz y solicitaron que ante el incumplimiento de “…la norma laboral supra citada…” (sic) se conmine el pago de su aguinaldo doble; asimismo, se sancione al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental con una multa por infracción a la Ley Social, petición que la realizaron conforme al art. 24 de la CPE (fs. 10 a 12 vta.). II.4. Consta Informe MTEPS-JDT SC-PCJM-0254-INF/22 de 23 de marzo, de la Inspectora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, dirigido al Jefe Departamental de Trabajo de su distrito, en el que arribó a la conclusión de que se tenía acreditada y reconocida la relación de dependencia entre los denunciantes Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cristina Changaray Taborga, Cirilo Daza Flores, Nélida Faldin Chuvé, Riery García Velásquez, Belizaida Hurtado Soria, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salomé Muriel, José Luis Rivero Poiqui, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado y la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, por lo que en aplicación de la Ley de 18 de diciembre de 1944, correspondía el pago del aguinaldo de navidad gestión 2021 para los denunciantes; en ese marco, sugirió poner en conocimiento de las partes interesadas el presente informe (fs. 14 a 16).
II.5. Por Credenciales emitidas el 31 de marzo de 2021, por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se conoce que son asambleístas suplentes Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cirilo Daza Flores, Nélida Faldín Chuve, Riery García Velásquez, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salome Muriel, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado (fs. 27 a 37). II.6. Se verifica que el 6 de mayo de 2002, mediante MTEPS/JDTSC 458/2022 de 29 de marzo, la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz hizo conocer al Presidente de la citada Asamblea Legislativa Departamental el mencionado Informe MTEPS-JDT SC-PCJM-0254-INF/22 de 23 de marzo (fs. 13). II.7. Consta recurso de revocatoria del Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz presentado el 20 de mayo de 2022 ante el Jefe Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de esta, contra el Informe MTEPS-JDT SC.PCJM-0254-INF/22, solicitando su revocatoria y con ello que no se dé lugar a la denuncia de determinados asambleístas departamentales suplentes (fs. 131 a 137). II.8. Consta OFICIO MTEPS/JDTSC 521-A/2022 de 27 de mayo, por el cual el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz señaló que el informe impugnado no era un acto administrativo definitivo sino un paso procedimental de las tareas propias y rutinarias de dicha cartera de Estado, y ante la denuncia de falta de pago de aguinaldo de la gestión 2021 no se emitió Resolución Administrativa que determine el extremo denunciado; además dicho informe sugirió que sea puesto en conocimiento de las partes interesadas, lo que fue cumplido; en ese oren, no corresponde el pronunciamiento de una resolución de recurso de revocatoria, pues se planteó dicho recurso contra un acto administrativo que no está sujeto a impugnación (fs. 129 a 130).
Los accionantes, en su calidad de asambleístas suplentes de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la remuneración justa y al aguinaldo porque ante su solicitud de pago del aguinaldo de la gestión 2021, realizada el 23 de diciembre de ese año, el Presidente de la indicada Asamblea se los negó mediante CI.PRESIENCIA.ALD.147/2021-2022ZMR de 11 de enero, así como hizo caso omiso al informe METPS-JDT SC-0254-INF/22 de 23 de marzo de 2022 de la Inspectora de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, que señalaba que correspondía dicho pago. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación a ello, el art. 129.I y II de la CPE establece:
“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas fueron agregadas). Asimismo, el art. 54.I del CPCo prevé: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. En ese marco, la SCP 0510/2024-S3 de 17 de julio y en aplicación de jurisprudencia constitucional reiterada, dispuso: “En sintonía con la norma procesal constitucional, el desarrollo de la jurisprudencia fue diseñando los supuestos de subsidiariedad. A este efecto es preciso citar la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.1., se establecieron reglas y subreglas de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, en los siguientes términos:`…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución (…) la excepción al principio de subsidiari[e]dad, (…) se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’” (las negrillas pertenecen al texto original y el subrayado fue añadido).
Ya en el análisis del caso concreto, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional determinó: “El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Alcalde hoy accionado, le comunicó su desvinculación laboral sin causa justificada alguna, ni proceso administrativo previo o de otra índole, dejándolo sin ingresos económicos, seguro de salud y sin otro recurso para su defensa que no sea la acción de amparo constitucional”.
Los accionantes, en su calidad de asambleístas suplentes de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la remuneración justa y al aguinaldo porque ante su solicitud de pago del aguinaldo de la gestión 2021, realizada el 23 de diciembre de ese año, el Presidente de la indicada Asamblea se los negó mediante CI.PRESIENCIA.ALD.147/2021-2022ZMR de 11 de enero, así como hizo caso omiso al informe METPS-JDT SC-0254-INF/22 de 23 de marzo de 2022 de la Inspectora de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, que señalaba que correspondía dicho pago. Establecido el planteamiento del problema, concierne contextualizarlo; en ese orden, los accionantes plantean esta demanda tutelar en su calidad de asambleístas suplentes de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, la cual está constatada por las Credenciales señaladas en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional con relación a Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cirilo Daza Flores, Nélida Faldín Chuve, Riery García Velásquez, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salome Muriel, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado. Asimismo, se evidencia que estos –excepto Jorge Arriaga Llorenty- junto con Timoteo Etacori Chiquenoi (es decir, solo diez de los dieciséis accionantes) el 30 de diciembre de 2021, presentaron oficio OF.B.MAS. RVE. 143/2021 de 23 de diciembre de 2021 ante el Presidente de dicha Asamblea, ahora demandado, solicitando el pago del aguinaldo correspondiente a la gestión 2021 (Conclusión II.1). Así fue que el Director de Asuntos Jurídicos de la referida Asamblea emitió su Informe Legal D.A.J.01/2022 de 11 de enero, que concluyó y recomendó que no correspondía el pago solicitado; esa misma fecha, el demandado puso en conocimiento del accionante Rodolfo Vallejos Espinoza, el mencionado informe, mediante CI.PRESIDENCIA.ALD. 147/2021-2022 ZMR de igual data (Conclusión II.2).
Consiguientemente, los accionantes, excepto Eugenia Poñe Urapota, mediante memorial presentado el 24 de enero de 2022, plantearon denuncia por aguinaldo impago ante el Jefe Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de la Capital del Departamento de Santa Cruz (Conclusión II.3). Finalmente, consta nota MTEPS/JDTSC 458/2022 de 29 de marzo, puesta en conocimiento del Presidente de la Asamblea referida el 6 de mayo de ese año, mediante el que a tiempo de hacerle conocer que correspondía el pago de aguinaldo solicitado, se le remitía el Informe METPS.JDT SC.0254-INF/22 de 23 de marzo, elaborado por la Inspectora del referido Ministerio de Trabajo, que arribó a esa conclusión y sugirió que sea puesto a conocimiento de las partes (Conclusión II.4). Sobre esa base, se pasa a revolver el problema planteado por los solicitantes de tutela; para ello, corresponde señalar que de las dieciséis personas indicadas como accionantes en el memorial principal de demanda todos suscribieron el mismo, excepto Eugenia Poñez Urapota (fs. 68 vta.), por lo que esta no tiene legitimación activa en la presente demanda, a pesar de haber suscrito el memorial de subsanación, ya que este es accesorio al primero y si este no fue suscrito por dicha persona, no puede intervenir en el subsecuente, pues, entre otros aspectos, el primero interrumpe el plazo de caducidad y contiene todos los reclamos de forma completa y extensa que luego serán resueltos. En ese marco, Eugenia Poñez Urapota no tiene legitimación activa en esta demanda. Por otro lado, si bien constan en obrados Credenciales de Asambleístas suplentes de la referida Asamblea de Jorge Acuña Morales, Rosa Aragón Maturana, Jorge Arriaga Llorenty, Cirilo Daza Flores, Nélida Faldín Chuve, Riery García Velásquez, Zoely Tatiana López, Sandy Mamani Choque, Salome Muriel, Rodolfo Vallejos Espinoza y Jorge Antonio Ysnado, está claro que la autoridad demandada no desconoció esa calidad de aquellos de los cuales no se evidenció la correspondiente credencial, por lo que se los considera con la suficiente legitimidad activa para plantear el presente reclamo constitucional. Ahora bien, los derechos considerados vulnerados por los accionantes son al trabajo, al salario justo y al aguinaldo; sin embargo, se evidencia que bajo ninguna circunstancia esgrimieron alegatos o expusieron hechos que permitan sostener que existió una posible afectación de los dos primeros, pues de la lectura de los memoriales de esta demanda, dichos hechos solo se relacionan con el derecho al aguinaldo, ya que indicaron que fue por este por el cual reclamaron a la autoridad demandada y que no les fue pagado. Por ello, solo la denuncia de la afectación del derecho al aguinaldo se constituye en objeto de análisis de esta demanda, mas no así la reclamación de menoscabo de los derechos al trabajo y salario, aclarando que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se exceptúa de exigir la observancia del principio de subsidiariedad, con relación a este último derecho señalado, empero al no ser este parte del objeto de la resolución de la presente acción de tutela, no es posible soslayar ese principio para el análisis del caso de autos, ya que, además con relación al derecho al aguinaldo, la jurisprudencia no ha previsto la aplicación de esa excepción al citado principio. Consiguientemente, dado que corresponde la exigencia del principio de subsidiariedad para poder ingresar a analizar en el fondo la denuncia de afectación del derecho al aguinaldo, se advierte que a fin de cobrar el pago de este derecho, si bien los accionantes plantearon su solicitud ante el demandado el 30 de diciembre de 2021, no se verifica que hayan ejercido los medios de defensa de sus derechos, previstos por la norma, al efecto existe tanto la vía administrativa laboral como la judicatura ordinaria en dicha materia, en la que se puede dilucidar si existen fundamentos para ello y si los hechos suscitados permiten que se efectúe dicho reconocimiento. En relación a esa falta de agotamiento de la vía, cabe destacar que los propios accionantes señalaron -en la ampliación de su demanda-que esta es la primera vez que reclaman dicho derecho porque habrían sesionado el doble que los asambleístas titulares, es decir, que dado lo expuesto existen hechos que demostrarse y debatirse previos a conocerse si les corresponde el derecho al aguinaldo; a ello se suma, que los demandados señalaron que en efecto no corresponde el pago aun, sino que para eso la autoridad demandada debe realizar las gestiones pertinentes; ello quiere decir, que no se tiene certeza de que efectivamente les asiste dicho derecho. Asimismo, de la lectura de la Conclusión II.7 de este fallo, se conoce que la autoridad demandada impugnó el Informe de la Inspectora de la indicada Jefatura METPS-JDT SC-0254-INF/22 de 23 de marzo de 2022, mediante recurso de revocatoria presentado el 20 de mayo de ese año ante lo que la Jefatura del Trabajo de dicho departamento emitió OFICIO MTEPS/JDTSC 521-A/2022 de 27 de mayo, en el que indicó que el informe impugnado no se trataba de una Resolución Administrativa en la que se haya resuelto la denuncia planteada y que la sugerencia de dicho informe era que sea puesto a conocimiento de la partes, como efectivamente se había realizado (Conclusión II.8), de lo cual se comprende que no existe ninguna determinación definitiva que sustente el derecho invocado por los impetrantes de tutela. De todo lo señalado, queda claro que el aguinaldo no es un derecho consolidado en favor de los accionantes, sino que a ese fin resta un procedimiento que así lo determine, que no fue llevado a cabo aun, al respecto, se reitera que se concluye que los demandantes de tutela no han agotado la vía legal correspondiente para exigir el pago del aguinaldo pretendido, situación que amerita la aplicación del principio de subsidiariedad previsto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinaciona, específicamente el num.1.b), es decir, que los demandantes de tutela no plantearon un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico para acceder al derecho al aguinaldo; consiguientemente, la vía constitucional no se encuentra expedita para revisar en el fondo la presente reclamación. Cabe indicar que los accionantes pretendieron que el incumplimiento de dicho Informe de la mencionada Inspectora era igualmente un acto vulnerador, pues lo consideraron como el inicio del cómputo del plazo de seis meses previsto por el ya indicado principio de inmediatez; sin embargo, de la lectura de la respuesta de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, al recurso de revocatoria del Presidente de la Asamblea indicada contra ese Informe, se conoce que este no se trataba de ninguna conminatoria, es decir, que no se constituía en ningún instrumento legal que permitiera exigir el pago del aguinaldo, cuyo incumplimiento se pudiera constituir en un acto vulnerador de derechos; en ese orden, no se evidencia que el demandado haya incurrido en algún acto de desobediencia a las autoridades laborales administrativas, pero aunque así hubiera sido, no existe un mecanismo legal que permita que un informe de la administración laboral pueda ser exigido en su cumplimiento mediante una acción de amparo constitucional para el pago de aguinaldos. Finalmente, se evidencian aspectos contradictorios en los alegatos de los impetrantes de tutela cuando señalaron que agotaron los medios de protección de sus derechos en el momento en que la autoridad demandada les negó el pago del aguinaldo por la gestión 2021, mediante oficio CI.PRESIDENCIA.ALD. 147/2021-2022ZMR de 11 de enero de 2022, pues de haber sido así, el plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez debía computarse desde la recepción de dicho oficio por parte de los accionantes, que se dio la misma fecha señalada y desde entonces al planteamiento de esta acción de tutela -4 de noviembre de 2022- pasó superabundantemente ese plazo. Sin embargo, cabe aclarar que este aspecto debe ser analizado en forma concordante con la activación de la vía administrativa; no obstante -como se anotó- si la sede administrativa no fue agotada y ese es el fundamento para explicar el incumplimiento del principio de subsidiariedad, no es posible –en ese marco- abordar el análisis del principio de inmediatez.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departmental De Justicia de Santa Cruz, resolvió la presente causa el 22 de noviembre de 2022, empero la remitió a este Tribunal, recién el 7 de febrero de 2023 (fs. 156), es decir, demoró más de dos meses en dicha remisión, cuando tenía un plazo de veinticuatro horas para ello, como lo dispone el art. 38 del CPCo, que prevé: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”; por ello, corresponde llamar la atención a dicha Sala por la mencionada demora y además se la debe exhortar a que en la atención de futuras acciones de tutela cumpla con el plazo previsto para su remisión a este Tribunal. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 133 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 152 a 154 vta., (CORRESPONDE A LA SCP 0145/2025-S3 viene de la pág. 13). pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada; y, 2º Llamar la atención a la referida Sala Constitucional por la demora en que incurrió al remitir la presente acción de tutela a este Tribunal, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0145_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): fd2cb62449b5963df980e716357ed3422c8933e7b7752e882d9b02c6290054bc
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