Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido a que, ante la solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, las autoridades demandadas no programaron dicha audiencia; por el contrario, emitieron un decreto disponiendo que previamente debía atenerse al libro de altas y bajas, argumentando la existencia de una apelación y otras cuestiones pendientes de resolución; extremo que, es falso. Ante ello, la parte demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 319/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0144/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56015-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 319/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Rodríguez Manuelo contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 16 a 18 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
El 28 de abril de 2023, solicitó ante Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado- una audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. Sin embargo, el 3 de mayo de indicado año el Juez demandado emitió un decreto, fuera de plazo, indicando que previamente debían resolverse las cuestiones pendientes, al estar registrada una apelación en el libro de altas y bajas, lo cual no era cierto, pues dicho recurso fue resuelto y devuelto el 10 de marzo del mismo año. Dicho decreto, arbitrario e irrazonable, ignoró lo establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que obliga a señalar audiencia para tratar la cesación de la detención preventiva; toda vez que, la audiencia nunca fue fijada. Ante ello, el 8 de mayo de 2023, presentó recurso de reposición, para que el Juez de la causa rectifique su decisión; no obstante, el recurso no fue respondido, ni se señaló audiencia alguna, incumpliendo los plazos legales.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que las autoridades demandadas cumplan de manera inmediata con el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva, en observancia de lo establecido por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 13 de mayo de 2023 (fs. 23), solicitó ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el retiro de la presente acción de libertad interpuesta, sea con las formalidades de ley.
Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 24 a 25 vta.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 319/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Del informe emitido por la Secretaría del referido Juzgado se estable que existiría un desistimiento promovido por de accionante, mismo que fue presentado con posterioridad al señalamiento de la audiencia de acción de libertad; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis de la pretensión tutelar; b) El impetrante de tutela, mediante escrito de 28 de abril de 2023, solicitó la cesación de su detención preventiva dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032201926, solicitud que mereció la emisión de decreto; contra el cual, interpuso recurso de reposición; sin embargo, se determinó que este recurso fue presentado fuera de plazo. Posteriormente, el Juez demandado señaló audiencia virtual para la consideración de la aplicación de medidas cautelares para el 12 de mayo de 2023; y, ante la inconcurrencia de las partes, la audiencia fue reprogramada para el 16 de igual mes y año, “…mismas que hubieran sido diligenciadas…” (sic) por el Secretario codemandado; y, c) De las actuaciones procesales desarrolladas en el referido proceso penal, se advierte que se señaló audiencia de cesación a la detención preventiva; en consecuencia, no existe materia constitucional susceptible de tutela, dado que, los supuestos fácticos que sustentaban el reclamo del peticionante de tutela desaparecieron.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 38), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 (fs. 42) y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 28 de abril de 2023, Julio Rodríguez Manuelo
-accionante-, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, la cesación de su detención preventiva, impetrando señalamiento de audiencia al efecto (fs. 7 a 10). II.2. Mediante decreto de 3 de mayo de 2023, el Juez demandado, en atención al memorial referido en la Conclusión II.1, dispuso que la parte solicitante debía atenerse al libro de altas y bajas, debido a la existencia de “…una apelación y cuestiones pendientes a resolverse en las salas de turno (sic [fs. 11]).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido a que, ante la solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, las autoridades demandadas no programaron dicha audiencia; por el contrario, emitieron un decreto disponiendo que previamente debía atenerse al libro de altas y bajas, argumentando la existencia de una apelación y otras cuestiones pendientes de resolución; extremo que, es falso. Ante ello, la parte demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, debe considerarse que la finalidad de la acción de libertad es la protección de derechos fundamentales, lo que permite inferir que, si a tiempo de celebrarse la audiencia o antes de la notificación de la misma, la parte accionante pretende retirar la acción constitucional, corresponde inhibirse de conocer el fondo de la problemática planteada.
En lo principal, el agravio denunciado por Julio Rodríguez Manuelo -hoy accionante-, radica en que Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandados-, habrían omitido señalar audiencia de cesación de la detención de preventiva ante la presentación del memorial de 28 de abril de 2023 (Conclusión II.1), emitiendo decreto de 3 de mayo del mismo año, por el cual se refiere que existen cuestiones pendientes a resolverse como es el recurso de apelación (Conclusión II.2); lo cual sería falso. Antes de analizar el referido reclamo, corresponde destacar el memorial de retiro de la acción de libertad, presentado el 13 de mayo de 2023 a horas 10:21 (fs. 23); es decir, con anterioridad a la notificación con la disposición emitida por el Juez de garantías para la celebración de la audiencia de consideración de dicha acción tutelar, fijada para el señalado día, a horas 11:30; misma que fue notificada la indicada fecha a horas 11:13 vía WhatsApp (fs. 24 a 26 vta.). En consecuencia, este hecho deja sin objeto la presente acción de defensa ya que no genera relación jurídico-procesal alguna; es decir que no se activaron los plazos ni correspondía celebrar la audiencia de garantías programada. En ese entendido, es pertinente señalar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional resulta aplicable de al caso, puesto que la pérdida del objeto procesal se produce cuando desaparecen los supuestos facticos que dieron lugar a su activación, tornándose insubsistente el petitorio e innecesaria la intervención de la jurisdicción constitucional. Además, la SC 0054/2011-R de 7 de febrero, estableció que el retiro de la demanda constituye un derecho facultativo y un acto unilateral de la parte accionante. Este retiro no implica el abandono de ningún derecho y permite que la acción sea nuevamente presentada, ya que se trata de un acto de efectos meramente temporales o aplicable cuando existe restitución del derecho lesionado; por ello, el accionante tiene plena libertad para desistir o retirar su demanda. En conclusión, al haberse sustraído el objeto de la acción tutelar, cualquier eventual concesión de tutela por parte de este Tribunal resultaría ineficaz e innecesaria; dado que, dicho objeto constituye el elemento esencial que debe ser resuelto por la jurisdicción constitucional; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 319/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0144_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7e86af169332e3535566fa62a79b32ac9981ae12d01b23ceb8bc6be3713fed1b
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