Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de congruencia y el principio de prohibición de reforma en perjuicio; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, confirmó el Auto Interlocutorio de 17 de igual mes y año, generando los siguientes agravios: i) Existe incongruencia omisiva, porque incorporó elementos que no fueron objeto de debate para “‘REFORZAR”’ el art. 234.2 del CPP, como la existencia de una sentencia condenatoria de treinta años de privación de libertad por el delito de asesinato; por lo que, su persona tendría razones suficientes para abandonar el país; y, ii) Se vulneró el principio de prohibición de reforma en perjuicio, porque el Ministerio Público y la acusación particular no formularon recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio, por lo cual, al incorporar el elemento de la la sentencia condenatoria, agravó la “construcción” -riesgo de fuga- del art. 234.2 del indicado Código; además, inobservó el principio de prohibición de reforma en perjuicio determinado por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 49 a 61, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con los mismos alcances dispuestos por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al pago de daños y perjuicios, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0144/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51574-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 12 de 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 49 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Peredo Gallo en representación sin mandato de Carmela Ruiz Escobar contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 21 a 30, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carmela Ruiz Escobar -accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252. 1 y 3 del Código Penal (CP), le iniciaron de manera forzada un proceso penal el 16 de noviembre de 2011, como supuesta “‘autora intelectual”’; sin embargo, dos varones confesaron su participación en la muerte de “‘Juan de Dios Miranda”’, a pesar de ello fue sentenciada a treinta años de privación de libertad, sin que se hubiese demostrado con elementos probatorios suficientes que acredite su participación; por lo cual, planteó recurso de apelación restringida ante el Tribunal de alzada solicitando se restituyan sus derechos vulnerados; empero, “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa-, no existe resolución al citado recurso, habiendo transcurrido más de seis años de su planteamiento encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba; por más de diez años, sin que se hubiese emitido sentencia condenatoria ejecutoriada contra su persona. Su detención preventiva fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio 111 de 16 de noviembre de 2011, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y “10”; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que en su mayoría fueron desvirtuados a través del Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2019, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, quedando subsistente únicamente el peligro de fuga determinado por el art. 234.2 del CPP, tomando los criterios de favorabilidad, le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en su arraigo nacional, dos fiadores personales, presentación cada quince días y la prohibición de acercarse a los familiares de la supuesta víctima; empero, se le hizo imposible conseguir dos fiadores para efectivizar su libertad, por encontrarse detenida preventivamente. Solicitó al -Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba- señale audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva a objeto de enervar el único riesgo procesal concurrente, al amparo del art. 239.1 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, pedido que fue resuelto en audiencia de 7 de septiembre de 2022, denegándose su solicitud, con el argumento que en la referida etapa ya no podía enervar riesgos procesales; el cual fue apelado, siendo resuelto por Auto de Vista de 27 de dicho mes y año, emitido por la Vocal hoy accionada anulando el Auto Interlocutorio de 7 de ese mes y año, conminando a que se emita nuevo auto interlocutorio ingresando al análisis de fondo de los riesgos procesales aún vigentes. Por consiguiente el citado Tribunal de Sentencia Penal, en cumplimiento del señalado Auto de Vista, mediante Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, ingresó al análisis de la prueba a objeto de enervar el único riesgo procesal vigente en su causa, conforme previene el art. 234.2 del citado Código; empero, valoró de manera incorrecta la prueba, a pesar que esta prueba acreditaba sus arraigos naturales; por lo cual, formuló recurso de apelación incidental contra ese Auto Interlocutorio; aclarando que el mismo no fue apelado por el Ministerio Público ni por el acusador particular. En -audiencia de consideración del recurso de apelación incidental- interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, denunció la incorrecta valoración de la prueba con relación al riesgo procesal determinado por el art. 234.2 del CPP; así como, la subjetividad en la que incurrió el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, indicando que, en uso de su derecho de locomoción, podía mantenerse oculta o abandonar el país, consideración que aplicó sin ninguna prueba documental, argumento que resultó ser subjetivo; en consecuencia, la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista de 27 de igual mes y año, que resulta ser arbitrario y lesivo de sus derechos; ya que: a) Incorporó elementos que no fueron objeto de debate para “‘REFORZAR”’ el art. 234.2 del mencionado Código, al indicar que, es preciso determinar que al existir sentencia condenatoria de treinta años de presidio por el delito de asesinato tendría razones suficientes para abandonar el país y permanecer oculta, aspecto que no fue jamás motivo de la construcción del referido riesgo procesal conforme acredita el acta de aplicación de medida cautelar, no pudiendo ir más allá de los agravios expuestos, menos aún, subsanar los errores del Ministerio Público; puesto que, si el mismo consideraba que se incorpore algún riesgo procesal “deberá” solicitarlo mediante una audiencia; y, b) El Ministerio Público y la acusación particular no plantearon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022. Por lo tanto, la Vocal hoy accionada al incorporar el elemento de la sentencia condenatoria, agravó la “construcción” del art. 234.2 del CPP, e inobservó el principio de prohibición de reforma en perjuicio determinado por el art. 400 del indicado Código.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de congruencia y el principio de prohibición de reforma en perjuicio; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022; 2) Que la Vocal ahora accionada emita nuevo auto de vista conforme con los fundamentos expuestos en esta acción tutelar sea el plazo de veinticuatro horas de su notificación, declarando procedente su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022; y, 3) El cese de sus medidas cautelares personales y se condene a la citada Vocal la reparación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 48, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: i) La Vocal hoy accionada indicó que se encuentra denunciando la valoración de la prueba, no siendo evidente ese aspecto, su persona denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de la congruencia y la inobservancia del art. 400 del CPP, con relación a la prohibición de reforma en perjuicio; y, ii) En audiencia de cesación de la detención preventiva enervó el peligro de fuga conforme al art. 234.2 del citado Código.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 40 a 42 vta.; así como, en audiencia manifestó que: a) La acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; sin embargo, la accionante pretende que la Jueza de garantías revise el Auto de Vista de 27 de octubre de igual año, pronunciándose respecto al fondo del proceso y solicita se anule el citado Auto de Vista emitido por su autoridad, cuando la jurisdicción ordinaria es la única que puede revisar el fondo de las cuestiones planteadas; b) De acuerdo al contenido de la presente acción de libertad, si bien se identifican derechos vulnerados; empero, no explica de manera precisa cuál es el fundamento expresado de forma incorrecta y como debió su autoridad haber motivado y fundamentado con relación al punto reclamado, tampoco expresó por qué ese análisis y fundamentación no es correcta o resulta irracional; es decir, por qué esa valoración de antecedentes se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; puesto que, simplemente se limita a reclamar la vulneración de sus derechos, sin identificar en qué errores lógicos jurídicos hubiese incurrido; c) Emitió el referido Auto de Vista previa valoración y análisis de los antecedentes del proceso; así como, del Auto Interlocutorio impugnado, ante la advertencia de la existencia de una sentencia condenatoria a treinta años de presidio contra la accionante, su autoridad señaló que eventualmente por esa circunstancia la nombrada podría con facilidad abandonar el país o permanecer oculta, de igual manera, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba efectuó dicho razonamiento; d) Por la sola existencia de la mencionada sentencia se estaría agravando el riesgo procesal de fuga de acuerdo al art. 234.2 del CPP; por lo que, su autoridad simplemente advirtió que por la referida circunstancia podría eventualmente concurrir “aun” el señalado riesgo procesal; e) La accionante no puede alegar que se vulneraron sus derechos fundamentales, en especial su derecho a la libertad; más aun, considerando su condición de persona de la tercera edad, el referido Tribunal de Sentencia Penal dispuso la sustitución de los garantes personales por una fianza económica de posible cumplimiento; y, f) Su autoridad se limitó al análisis de los antecedentes y de la resolución impugnada, con el objeto de arribar a una determinación fundada en derecho contemplada en dicho Auto de Vista, sin que se evidencie vulneración de derecho alguna; por lo tanto, se concluye que ese Auto de Vista se emitió conforme lo dispuesto por los arts. 124 y 173 del citado Código y la jurisprudencia vinculante al presente caso.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12 de 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 49 a 61, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando dejar sin efecto el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación la Vocal ahora accionada emita uno nuevo y con relación a la vulneración del debido proceso, seguridad jurídica, responsabilidad civil y calificación de costas y reparación de daños y perjuicios, no corresponde pronunciarse habiendo sido concedido en parte la tutela solicitada; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El citado Auto de Vista, confirmó el Auto Interlocutorio de 17 de igual mes y año, considerando como base la sentencia condenatoria de treinta años de presidio dictada contra la accionante y en consecuencia rechazó la solicitud -de cesación de la medida cautelar de carácter personal-; 2) La nombrada alegó que la Vocal hoy accionada incrementó el riesgo procesal del peligro de fuga conforme lo previene el art. 234.2 del CPP; si bien es evidente que fue detenida antes de la vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres no es evidente que la determinación no puede basarse en meras presunciones y que ese fundamento comparta un debate a tiempo de sentar dicho riesgo procesal el cual ya se encuentra establecido y que el debate consiste en que si se enervó o no dicho riesgo procesal, bajo ese contexto argumentativo se puede denotar que el razonamiento denunciado de lesivo a los derechos de la accionante, tiene sustento al haberse demostrado los arraigos naturales y correspondía pronunciarse al riesgo procesal latente y con elemento de prueba acompañado que respalde su determinación; 3) La referida Vocal basó su decisión en la existencia de una condena por el delito de asesinato contra la acusada -accionante- la misma tiene la consecuente posibilidad de que la nombrada eluda la acción de la justicia; 4) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, consideró que el peligro de fuga se mantenía vigente, sin que la accionante hubiese logrado desvirtuar dicha consideración por falta de carga argumentativa y prueba, hecho que fue analizado por la Vocal ahora accionada que no tomó en consideración el tiempo de detención preventiva, la edad de la accionante al ser adulta mayor y su situación de vulnerabilidad, a momento de agravar su situación haciendo alusión a la prueba alguna acompañada en audiencia; 5) Con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, deviene de que la nombrada Vocal basó su decisión sin respaldo alguno; por lo que, supuestamente persiste el riesgo procesal de fuga, al respecto aquello se debe a la carencia de la carga argumentativa por la defensa de la accionante, circunstancia que fue considerado por la indicada Vocal insuficiente; y, 6) Respecto a la denuncia de vulneración del principio de prohibición de reforma en perjuicio, se estableció que dicho principio no puede ser objeto de examen en sede constitucional, debiendo comprenderse el mismo bajo el alcance indebido sustento de la determinación; asimismo, al tratarse de un cuestionamiento de legalidad procesal que debe ventilarse dentro del marco ordinario del proceso penal, conforme establece el art. 398 del CPP.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia de Consideración de Situación Jurídica de 16 de noviembre de 2011, en la cual el Juez de Instrucción Penal Cautelar Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio 111 de la misma fecha, disponiendo la detención preventiva de Carmela Ruiz Escobar -hoy accionante- (fs. 16 a 19 vta.). II.2. Consta Acta de Audiencia de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 29 de julio de 2019, en la cual, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitieron el Auto Interlocutorio de la misma fecha, imponiendo a la accionante las siguientes medidas sustitutivas a la detención preventiva: “1. La presentación de la imputada en secretaría de este Tribunal de Sentencia cada 15 días. 2. El arraigo de la acusada a nivel Nacional y Departamental que deberá tramitarse ante la Dirección Departamental de Migración, debiendo por secretaría expedirse la orden instruida correspondiente. 3. Que la misma no se acerque a la víctima ni a sus familiares. 4. Se dispone la presentación de dos fiadores o garantes personales, quienes deben de acreditar domicilio, solvencia y patrimonio independiente” (sic [fs. 3 a 5]). II.3. Se tiene el Acta de Audiencia de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 7 de septiembre de 2022, en la que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitieron el Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazando la solicitud de modificación de medidas cautelares presentada por la accionante; por lo que, la nombrada planteó recurso de apelación incidental (fs. 6 a 9 vta.). II.4. Cursa Acta de Audiencia de Consideración del Recurso de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 27 de septiembre de 2022, en la cual, Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada- emitió el Auto de Vista de la misma fecha; por el que, declaró procedente el recurso de apelación incidental planteado por la accionante; por lo tanto, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 7 de septiembre de 2022 y dispuso que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del referido departamento, dicte una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 10 a 12 vta.). II.5. Consta Acta de Audiencia de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 17 de octubre de 2022, en la cual, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitieron el Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazando la solicitud de cesación de la medida cautelar de carácter personal presentada por la accionante; empero, de oficio, modificó la medida cautelar personal en el numeral 4 del Auto Interlocutorio de 7 de septiembre de “2019” -2022-, dejando sin efecto la fianza personal dispuesta, e imponiendo una fianza económica en Bs6 000.- (seis mil bolivianos), que debía depositarse en las oficinas de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial (fs. 13 a 15). II.6. Mediante Acta de Audiencia de Consideración del Recurso de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 27 de octubre de 2022, la accionante fundamentó ese recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio de 17 del mismo mes y año; sin embargo, la Vocal hoy accionada a través del Auto de Vista de 27 de igual mes y año, declaró improcedente, el recurso de apelación incidental, confirmando, el citado Auto Interlocutorio. Ante la solicitud de complementación y enmienda planteada por la accionante, la misma fue rechazada en el referido acto procesal (fs. 43 a 45 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de congruencia y el principio de prohibición de reforma en perjuicio; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, confirmó el Auto Interlocutorio de 17 de igual mes y año, generando los siguientes agravios: i) Existe incongruencia omisiva, porque incorporó elementos que no fueron objeto de debate para “‘REFORZAR”’ el art. 234.2 del CPP, como la existencia de una sentencia condenatoria de treinta años de privación de libertad por el delito de asesinato; por lo que, su persona tendría razones suficientes para abandonar el país; y, ii) Se vulneró el principio de prohibición de reforma en perjuicio, porque el Ministerio Público y la acusación particular no formularon recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio, por lo cual, al incorporar el elemento de la la sentencia condenatoria, agravó la “construcción” -riesgo de fuga- del art. 234.2 del indicado Código; además, inobservó el principio de prohibición de reforma en perjuicio determinado por el art. 400 del citado Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El debido proceso y el principio de congruencia en las resoluciones de alzada; b) Congruencia de las resoluciones que resuelven medidas cautelares se extiende a los tribunales de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP vinculado con la prohibición de reforma en perjuicio contenida en el art. 400 del citado Código; c) Principio de prohibición de reforma en perjuicio del recurrente; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 2541/2012 de 21 de diciembre, señala que: «…En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: “De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. Asimismo, en relación a la incongruencia aditiva, la citada Sentencia Constitucional, señala que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ‘citrapetita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)» (las negrillas son nuestras).
reforma en perjuicio contenida en el art. 400 del citado Código La SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, establece que: "...los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva" (las negrillas nos corresponden).
Dicho precedente únicamente se encuentra vinculado a la fundamentación de los presupuestos exigidos para la procedencia de la detención preventiva. Por lo tanto, dicha actividad no puede implicar un desconocimiento del art. 400 del CPP, que contiene la garantía de la prohibición de la reforma en perjuicio.
La SCP 2033/2013 de 13 de noviembre, señala que: “Con relación al principio de prohibición de reformatio in peius o de reforma en perjuicio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1745/2010-R de 25 de octubre, dejó establecido que: ‘Al respecto, cabe señalar, que la no reformatio in peius, constituye un postulado constitucional esencial, que a su vez deriva de la garantía del debido proceso, en todo caso, ‘la reforma en perjuicio’ no es una simple regla que se subordine a la legalidad, sino un principio constitucional que hace parte del debido proceso y que se halla consagrado en el art. 117.I de la CPE, siempre y cuando el apelante agraviado con el fallo de primera instancia sea el único, caso contrario, cuando concurren dos o más apelantes, el Tribunal de segunda instancia, podrá modificar el fallo del inferior en base a fundamentación basada en normativa’. Más adelante la citada SC 1745/2010, concluyó que: ‘Estos amplios poderes otorgados al Tribunal de alzada, tienen una limitación fundamental, referida a la prohibición de reforma en perjuicio, la cual consiste en la prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos que no ha mediado apelación de su adversario. La reformatio in peius, es una máxima derivada del principio de defensa y se traduce en la prohibición de que la administración revoque o modifique un acto recurrido, menos aún, para agravar la sanción, razonar de una forma diversa, daría lugar a la coacción a los procesados, quienes se verían compelidos a la no presentación de recursos administrativos bajo la amenaza cierta de aplicárseles una sanción mayor; consecuentemente, se puede concluir que en autos, el Tribunal de apelación, ha transgredido el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso”’. El art. 398 del CPP, con relación al 400 del citado Código, consagra una garantía procesal que delimita la competencia del Tribunal de alzada; en el sentido, de que no puede modificar una resolución en perjuicio del imputado cuando únicamente éste haya interpuesto el recurso. Previsión materializa el derecho a la defensa y el principio de prohibición de la reforma en perjuicio, asegurando que el ejercicio del derecho a recurrir no derive en un resultado desfavorable para quien impugna.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de congruencia y el principio de prohibición de reforma en perjuicio; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, confirmó el Auto Interlocutorio de 17 de igual mes y año, generando los siguientes agravios: 1) Existe incongruencia omisiva, porque incorporó elementos que no fueron objeto de debate para “‘REFORZAR”’ el art. 234.2 del CPP, como la existencia de una sentencia condenatoria de treinta años de privación de libertad por el delito de asesinato; por lo que, su persona tendría razones suficientes para abandonar el país; y, 2) Se vulneró el principio de prohibición de reforma en perjuicio, porque el Ministerio Público y la acusación particular no formularon recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio, por lo cual, al incorporar el elemento de la la sentencia condenatoria, agravó la “construcción” -riesgo de fuga- del art. 234.2 del indicado Código; además, inobservó el principio de prohibición de reforma en perjuicio determinado por el art. 400 del citado Código. De la revisión de antecedentes, se tiene que cursa Acta de Audiencia de Consideración de Situación Jurídica de 16 de noviembre de 2011, en la cual el Juez de Instrucción Penal Cautelar Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio 111, disponiendo la detención preventiva de la accionante (Conclusión II.1.). Asimismo, consta Acta de Audiencia de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 29 de julio de 2019, en la cual, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del referido departamento, emitieron el Auto Interlocutorio de igual fecha, imponiendo a la nombrada las siguientes medidas sustitutivas de la detención preventiva: “1. La presentación de la imputada en secretaría de este Tribunal de Sentencia cada 15 días. 2. El arraigo de la acusada a nivel Nacional y Departamental que deberá tramitarse ante la Dirección Departamental de Migración, debiendo por secretaría expedirse la orden instruida correspondiente. 3. Que la misma no se acerque a la víctima ni a sus familiares. 4. Se dispone la presentación de dos fiadores o garantes personales, quienes deben de acreditar domicilio, solvencia y patrimonio independiente” (Conclusión II.2.). Mediante Acta de Audiencia de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 7 de septiembre de 2022, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitieron el Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazando la solicitud de modificación de medidas cautelares presentada por la accionante, por el cual, la nombrada planteó recurso de apelación incidental, mereciendo respuesta el Auto de Vista de 27 del referido mes y año, emitido por la Vocal hoy accionada, por el que, se declaró procedente el referido recurso de apelación; por lo tanto, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 7 de ese mes y año, y dispuso que los nombrados Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, dicten un nuevo auto interlocutorio en el plazo de cuarenta y ocho horas (Conclusiones II.3. y II.4.). Por lo que, los citados Jueces del Tribunal de Sentencia Penal emitieron el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, rechazando la solicitud de cesación de la medida cautelar de carácter personal presentada por la accionante; empero, de oficio, modificaron la medida cautelar personal en el numeral 4 del Auto Interlocutorio de 7 de septiembre de 2022, dejando sin efecto la fianza personal dispuesta, e imponiendo una fianza económica en Bs6 000.-, que debía depositarse en las Oficinas de la DAF del Órgano Judicial (Conclusión II.5.); asimismo, en Audiencia de Consideración del Recurso de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 27 de octubre del referido año, la accionante fundamentó dicho recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio de 17 del mismo mes y año; sin embargo, la Vocal ahora accionada declaró improcedente, ese recurso de apelación, confirmando, el citado Auto Interlocutorio. Ante la solicitud de complementación y enmienda planteada por la accionante, la misma fue rechazada en el referido acto procesal (Conclusión II.6.). Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de este fallo constitucional los Tribunales de alzada se encuentran obligados a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP.
A partir de la lectura del Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, esta Sala Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional evidencia que, en audiencia de cesación de la detención preventiva, se impuso a la accionante las siguientes medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva: “1. La presentación de la imputada en secretaría de este Tribunal de Sentencia cada 15 días. 2. El arraigo de la acusada a nivel Nacional y Departamental que deberá tramitarse ante la Dirección Departamental de Migración, debiendo por secretaría expedirse la orden instruida correspondiente. 3. Que la misma no se acerque a la víctima ni a sus familiares. 4. Se dispone la presentación de dos fiadores o garantes personales, quienes deben de acreditar domicilio, solvencia y patrimonio independiente” (sic). Luego, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 7 de septiembre de 2022, la accionante alegó, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres al art. 239 del CPP, sólo subsistía el peligro de fuga conforme al art. 234.2 del referido Código; empero, argumentó que este ya fue enervado a través de la acreditación de los tres arraigos naturales como son domicilio, familia y trabajo, en concordancia con la jurisprudencia constitucional; de igual forma, indicó que llevaba más de diez años con detención preventiva, desnaturalizando la finalidad de la medida cautelar, sobre todo considerando su condición de mujer y persona de la tercera edad, que amerita protección reforzada y alegó el principio de legalidad, seguridad jurídica y potestad reglada, solicitando que se dejen sin efecto las medidas cautelares personales aún vigentes, por no existir riesgos procesales que las justifiquen; sin embargo, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a través del Auto Interlocutorio de 7 de septiembre de 2022, rechazó la solicitud de modificación presentada por la accionante; por lo que, planteó recurso de apelación incidental. En ese contexto, por Auto de Vista de 27 de septiembre de 2022, la Vocal hoy accionada, declaró procedente el recurso de apelación incidental formulado por la accionante y anuló el Auto Interlocutorio de 7 de ese mes y año, disponiendo que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, dicte uno nuevo; por cuanto, se advirtió que ese referido Tribunal de Sentencia Penal, al emitir el indicado Auto Interlocutorio, omitió pronunciarse con relación a lo solicitado con base en lo establecido por el art. 239.1 CPP. Ante ello, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a través de Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, rechazaron la solicitud de cesación de medida cautelar de carácter personal, fundamentando que el peligro de fuga establecido por el art. 234.2 del CPP, se señaló “‘…el derecho de locomoción de la acusada, a partir del cual fácilmente puede abandonar el país, o permanecer oculta y mimetizada en medio de la población…”’ (sic); por lo cual, la defensa de la accionante con los fundamentos redujo la “construcción” del peligro de fuga; empero, no lo suficiente como para poder enervar el mismo en su totalidad, ello en razón de que el derecho de locomoción que ostenta la acusada -accionante-, es una circunstancia que le puede aún permitir abandonar el país y permanecer oculta. Contra esa determinación -Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022-, la accionante planteó recurso de apelación incidental, fundamentado en audiencia de 27 de ese mes y año, que el referido Auto Interlocutorio incurrió en una fundamentación y motivación arbitraria, al indicar que: i) Concurre el peligro de fuga previsto por el art. 234.2 del CPP, bajo el argumento de que la accionante podría abandonar el país, ocultarse o mimetizarse, en la población; y, ii) Que respecto a la solicitud de aplicación de protección reforzada en favor de la accionante por su condición de persona adulta mayor, el Tribunal de alzada estableció que dicha protección ya fue considerada; puesto que, al cesar la detención preventiva el 2019, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante ese Auto Interlocutorio, dejaron sin efecto la fianza personal y dispusieron la imposición de una fianza económica, en observancia de criterios de proporcionalidad y protección reforzada acordes a su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la Vocal hoy accionada, emitió el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, refiriendo con relación al primer punto que: a) El fundamento del citado Tribunal de Sentencia Penal, para mantener la concurrencia es insuficiente; por lo que, corresponde se de por enervado el riesgo de fuga; asimismo, indica que se debe considerar la existencia de una sentencia condenatoria de treinta años de presidio contra la accionante; por lo que, la nombrada tiene razones para abandonar el país y permaneces oculta; por lo tanto, aún concurre el riesgo procesal de fuga; y, b) Con relación al segundo punto indicó que la protección reforzada en favor de la accionante por constituirse de un grupo vulnerable de la tercera edad, ya fue aplicada; ya que, su detención preventiva cesó el 2019 y los Jueces del referido Tribunal de Sentencia Penal, dejaron sin efecto la fianza personal sustituyéndola por una económica, la Vocal ahora accionada no advirtió que los indicados Jueces simplemente aplicaron la normativa penal, sin emitir pronunciamiento alguno al respecto. De la lectura del fundamento expuesto por la Vocal hoy accionada, sostiene que, estableció su determinación de mantener vigente el peligro de fuga debido a la existencia de una sentencia condenatoria de treinta años de privación de libertad contra de la accionante; por lo que, se evidencia que la nombrada Vocal excedió su competencia para resolver el recurso de apelación incidental formulado por la accionante; ya que, introdujo un elemento que no fue debatido; si bien en el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, se hace referencia a la existencia de una sentencia condenatoria, la misma fue señalada solamente como un elemento probatorio referido por la accionante al solicitar su cesación de la detención preventiva; sin embargo, ese elemento no se constituyó para poder sustentar el peligro de fuga; ya que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, lo mantuvo vigente argumentando que “…en razón de que el derecho de locomoción que ostenta la acusada, es una circunstancia que le puede aún permitir abandonar el país y permanecer oculta, por ello el riesgo procesal aún se mantiene…”(sic). En ese sentido, debe entenderse que este elemento que sustenta la concurrencia del peligro de fuga -existencia de sentencia condenatoria-, sólo puede ser incorporado a solicitud del Ministerio Público o de la acusación particular y previo a debate en audiencia de consideración de medidas cautelares; por lo tanto, al introducirlo en la sustanciación de un recurso de apelación, cuando el único apelante era precisamente la parte sindicada -accionante-, la Vocal ahora accionada vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia vinculado con la garantía de prohibición de reforma en perjuicio establecida por el art. 400 del CPP, afectando directamente el derecho a la libertad personal de la accionante. Asimismo, la Vocal hoy accionada al introducir ese nuevo elemento para sustentar la concurrencia del peligro de fuga determinado en el art. 234.2 del CPP, no sólo vulneró la garantía de la prohibición de reforma en perjuicio, sino que evadió resolver los agravios expuestos por la accionante, sobre el argumento de fundar un riesgo procesal por el ejercicio del derecho a la locomoción. En consecuencia, la Vocal ahora accionada, al emitir el Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, no solo se apartó del contenido impugnativo del recurso de apelación incidental planteado por la accionante; asimismo, introdujo razonamientos que agravaron su situación jurídica, contrariando de forma evidente el principio de prohibición de reforma en perjuicio. Afectando directamente su derecho a la libertad personal, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y desconociendo la normativa aplicable y la jurisprudencia constitucional consolidada, en particular lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Con relación a la condición de persona de la tercera edad de la accionante, ese aspecto no resulta relevante; ya que, la concesión de tutela se fundamenta exclusivamente en la vulneración a los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de congruencia y el principio de prohibición de reforma en perjuicio; en consecuencia, lo alegado respecto a su condición carece de trascendencia constitucional; ya que, aún en ausencia de la referida condición, la tutela hubiese sido concedida de igual forma. Finalmente, respecto a la petición de la accionante sobre el pago de daños y perjuicios, esta no puede ser considerada en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 49 a 61, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con los mismos alcances dispuestos por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al pago de daños y perjuicios, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0144_2026-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): e57878acf72891515160db68a69e4fc15d9c568431467f9f956ebeaf561dccba
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