Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a recurrir, de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna; puesto que, los ex Magistrados ahora accionados al momento de admitir el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 57/2020 de 23 de noviembre, el cual confirmó la Sentencia 43/2019 de 31 de diciembre, que le otorgó la pena de treinta años de presidio al considerarlo coautor del delito de asesinato, emitieron el AS 341/2022-RA de 3 de mayo, que -a su criterio- no se encontraría debidamente fundamentado al ser superficial y unilateral; además, que tampoco se ingresó a considerar el contenido del AS 379/2015-RRC-L de 27 de julio, mencionado como precedente contradictorio el cual determinó la forma que debe interpretarse el art. 20 del CP, respecto a la autoría y coautoría; así como, no señalaron si es un precedente sustantivo o adjetivo y las razones por las cuales las cataloga como tal; declarándolo inadmisible bajo el argumento de que no se desarrolló por tratarse de un hecho similar, llegando a una conclusión tácita que sería un precedente contradictorio sustantivo, cuando el precedente alegado es exclusivamente adjetivo; ya que, se denunció la incorrecta interpretación y aplicación de la normativa incumpliendo con ello lo dispuesto por los arts. 370 inc. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 024/2023-SCII de 23 de febrero, cursante de fs. 759 a 762, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por Eloy Quispe Aramayo, con relación a la vulneración de los derechos a recurrir y de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna vinculada; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 341/2022-RA de 3 de mayo, solo con relación al quinto motivo del recurso de casación aludido en el memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, por Eloy Quispe Aramayo adicionando un punto al recurso de casación interpuesto mediante memorial presentado el 11 de igual mes y año; y, b) Que los actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan un nuevo auto supremo únicamente respecto al quinto motivo del recurso de casación aludido, con la debida fundamentación, motivación y congruencia, de acuerdo con lo señalado en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0144/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53613-2023-108-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 024/2023-SCII de 23 de febrero, cursante de fs. 759 a 762, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eloy Quispe Aramayo contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El accionante por memoriales presentados el 28 de diciembre de 2022 y 3 de enero de 2023, cursantes de fs. 640 a 654 vta.; y, 657 a 658 vta., manifestó lo siguiente:
Por Sentencia 43/2019 de 31 de diciembre, se le impuso la pena de treinta años sin derecho a indulto, con el supuesto de ser autor del delito de asesinato en grado de autoría; no obstante, en su recurso de apelación restringida se fundamentó respecto a la imposibilidad de que pudiera ser el autor de ese delito; ya que, no disparó ni produjo la muerte a la víctima, tampoco su participación se adecuó al grado de autoría en sus distintas modalidades al no existir elemento probatorio que evidencie que su intención fue causar dicha muerte; sin embargo, el Tribunal de segunda instancia resolviendo el citado recurso de apelación emitió el Auto de Vista 57/2020 de 23 de noviembre, cambiando la apreciación de los hechos probados y revalorizando la prueba -lo cual sólo es admisible en primera instancia-, decidió imponer la pena de treinta años sin derecho a indulto a Edgar Poma Ventura -hoy tercero interesado- y declarándolo autor en grado de autoría; es decir, que concurriría un supuesto acuerdo propio para consumar el delito de asesinato y robo agravado; empero, esa nueva revalorización efectuada por el mencionado Tribunal de apelación es arbitrario e ilegal al no tener competencia y porque esa consideración realizada es errónea respecto a la autoría y participación, cuando la muerte de la víctima se produjo porque Roly Condori Corrales disparó sin que Edgar Poma Ventura ahora tercero interesado o su persona lo ordenaran disparar, o exista un acuerdo para quitarle la vida, lo cual es ilógico; ya que, conforme al informe de la autopsia y la declaración de la Médico Forense, se evidencia que los disparos no fueron en puntos vitales sobre el cuerpo de la víctima y denota el forcejeo, porque los disparos fueron imprevistos y nada planificados; y si se hubiese querido causar la muerte directamente a una persona para robarle mínimamente se empezaba por eso; es decir, causando la muerte de la víctima para luego robarle, extremos que a pesar de que fueron objeto de fundamentación en el recurso de casación planteado, correspondía que los ex Magistrados ahora accionados de manera coherente consideren que existió error en la aplicación del art. 20 del Código Penal (CP), al momento de determinar su participación en el tipo penal de asesinato; ya que, su persona no tuvo ninguna participación en la muerte de la víctima ni realizó el hecho por sí mismo; por lo que, la teoría del dominio del hecho respecto al delito de asesinato se encontraría descartada. Asimismo, conforme con lo establecido por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al momento de interponer el recurso de casación señaló con claridad el precedente contradictorio previsto en el Auto Supremo (AS) 379/2015-RRC-L de 27 de julio, que determina la forma de interpretarse el art. 20 del CP respecto a la autoría y coautoría; también, especificó en qué circunstancias puede darse la coautoría de acuerdo a la teoría del dominio de hecho; además, determinó cuando puede considerarse cómplice a un sujeto conforme el art. 23 del indicado Código, reiterando que la interpretación del art. 24 del referido Código, debe ser de acuerdo a los hechos por los cuales se debe considerar la culpabilidad, sin contar con los hechos o circunstancias de los demás; en ese entendido, su persona no sería culpable del delito de asesinato al no tener la intención de causar la muerte a una persona, elemento subjetivo ausente de falta de dolo; puesto que, se encontraba en un estado casi inconsciente cuando se produjeron los disparos y su participación no fue necesaria, tampoco podría ser considerado como cómplice, porque de acuerdo al art. 23 del señalado Código no prestó cooperación o felicitó el hecho de forma dolosa, debiendo únicamente ser sentenciado por complicidad de robo agravado. En ese marco, manifestó que el precedente contradictorio referido corresponde a un hecho similar y es pertinente respecto a la fundamentación y análisis del art. 20 del CP, debiendo admitirse por esa razón su recurso de casación; sin embargo, los ex Magistrados hoy accionados de manera superficial indicaron que se debió desarrollar el hecho similar, cuando es indiferente referir el hecho fáctico similar, siendo únicamente pertinente desarrollar el fundamento jurídico doctrinal del hecho similar que motivó el recurso de casación, situación que sí se cumplió al desarrollarse el precedente contradictorio de un hecho jurídicamente y doctrinalmente similar con relación a la correcta interpretación y aplicación del citado artículo sobre las circunstancias de determinación de la autoría, coautoría, complicidad, dominio del hecho, entre otros; empero, de la escueta fundamentación de los ex Magistrados ahora accionados sólo se puede extraer que no cumplieron con desarrollar el precedente con un hecho similar, incurriendo en extremo formalismo contradiciendo los principios de informalismo, verdad material e impugnación reconocidos por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y sin ingresar a un análisis; ya que, superficialmente los ex Magistrados ahora accionados manifestaron que no se desarrolló el precedente contradictorio de un hecho similar, determinación que adolece de falta de claridad incumpliendo con los arts. 124 concordante con el 418 ambos del CPP. Finalmente, respecto a la fundamentación efectuada por los ex Magistrados hoy accionados la cual fue unilateral y arbitraria; el art. 416 del CPP no ordena que se desarrolle el hecho fáctico del precedente contradictorio, declarándose inadmisible el quinto motivo del recurso de casación por el incumplimiento de una supuesta exigencia de la norma de desarrollar el hecho fáctico precedente de un hecho similar; ya que, si bien los ex Magistrados ahora accionados en el AS 341/2022-RA, a través de una cita referencial mencionaron el fundamento del AS 322/2012-RRC de 4 de diciembre, reconociendo que existen dos tipos de precedentes contradictorios, uno sustantivo y otro procesal o adjetivo, que en la consideración realizada al momento de resolver el quinto motivo del recurso de casación no realizan dicha diferenciación o fundamentación necesaria, siendo insuficientemente motivada, dejándolo en incertidumbre jurídica principalmente si se cumplió con el desarrollo del precedente contradictorio adjetivo con relación a la correcta interpretación y aplicación del art. 20 del CP; asimismo, existe una incongruencia interna en la parte considerativa del AS 341/2022-RA, que admitió la existencia de precedentes contradictorios de dos tipos y cuando resuelven se pronunciaron como si existiera solo un precedente contradictorio general y que se debía desarrollar el hecho fáctico similar.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a recurrir, de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna; citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el AS 341/2022-RA de 3 de mayo, emitido por los ex Magistrados ahora accionados y que se pronuncie uno nuevo debidamente motivado y fundamentado; y, b) Sea con costas.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 751 a 758 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 736 a 737 vta., manifestaron que: 1) El accionante dirigió la acción de defensa contra el AS 341/2022-RA, específicamente en lo relacionado al quinto motivo de su recurso de casación, alegando que carecería de fundamentación y motivación; puesto que, no se ingresó a considerar si dicho motivo tenía como precedente contradictorio un precedente sustantivo o adjetivo y las razones por las cuales se cataloga como tal, indicando que se llegó a la conclusión tácita de que se trataría de un procedente sustantivo; sin embargo, ese precedente tiene naturaleza adjetiva; ya que, lo que se denuncia es la incorrecta interpretación y aplicación de la norma incumpliendo con ello el art. 370.1 del CPP; 2) Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, radicada la causa en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se efectuó la identificación de cinco motivos del recurso de casación, cuatro de los cuales fueron admitidos para su posterior análisis de fondo, no sucediendo lo mismo con el quinto motivo; 3) En el citado motivo del recurso de casación el accionante alegó errónea aplicación e interpretación de la Ley al ratificarse la subsunción de los hechos a los tipos penales y la participación, indicando que quien disparó el arma de fuego fue Roly Condori Corrales y que él se encontraba en estado “inconveniente”, refirió también que el Auto de Vista 57/2020 cambio la apreciación de los hechos probados arbitrariamente y los revalorizó, lo cual sería solamente permisible en juicio oral, público y contradictorio; 4) Señaló que el Tribunal de segunda instancia no interpretó y aplicó correctamente el art. 20 del CP al momento de determinar su participación en los tipos penales de asesinato y robo agravado, debiendo ser solo sancionado con quince años por grado de complicidad citando como precedente contradictorio el AS 379/2015-RRC-L, que establece cuales serían las categorías de autoría penal, quedando fuera los inductores o instigadores y los cómplices; explicó que en el precedente alegado se especificó en qué circunstancias puede darse la coautoría y cuando puede hablarse de complicidad, lo cual no se encontraría conforme con lo resuelto por el Tribunal de segunda instancia que lo consideró como coautor del delito de asesinato, refiriendo además que tampoco sería cómplice al no prestar cooperación o facilitar el hecho de forma dolosa; 5) Como respuesta esa Sala Penal indico que el quinto motivo el recurrente reclamó errónea aplicación e interpretación del art. 20 del CP sobre la autoría del ilícito, citando como precedente el AS 379/2015-RRC-L, respecto al cual si bien se señaló cuáles son las categorías de autoría en un ilícito; empero, no se explicó con relación a que dicho precedente si se refiere a una situación de hecho similar; 6) En esencia el accionante en la presente acción tutelar expresó su disconformidad con lo resuelto por esa Sala Penal, antes de señalar en sus argumentos la supuesta falta de fundamentación; 7) La respuesta brindada -en el Auto de Vista 57/2020- fue clara, precisa, suficiente y concreta, de acuerdo a la jurisprudencia establecida en la SCP 0532/2014 de 10 de marzo, entre otras, al exponer las razones por las cuales no era posible la admisión del quinto motivo, con el fundamento legal del caso, no siendo evidente la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de falta de fundamentación; y, 8) La falencia de la fundamentación del quinto motivo del recurso de casación por el recurrente -accionante- impidió que dicha Sala Penal cuente con los insumos necesarios para la consideración del motivo de fondo; puesto que, conforme los arts. 416 y ss. del CPP el recurso de casación como parte del ejercicio del derecho de impugnación debe señalar en términos claros la contradicción con los precedentes alegados, debiendo considerarse situaciones de hecho similares que permitan la tarea del contraste, no pudiendo la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de manera discrecional, suplir las carencias en la fundamentación del recurrente -accionante- y pasar por alto las condiciones de admisión del recurso de casación.
Peter Alejandro Arellano Orellana, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) No existen elementos para conceder la tutela solicitada; ya que, la acción de defensa se encuentra destinada al quinto motivo del recurso de casación que declara inadmisible el recurso de casación; empero, no se cumplieron con los requisitos previstos por el Código de Procedimiento Penal para la admisión de un recurso de casación; así como, tampoco explicaron cuáles fueron los agravios que sufrió inicialmente con la “Sentencia”, siendo la mala interpretación del art. 20 del CP por parte de los ex Magistrados ahora accionados quienes dictaron el AS 341/2022-RA motivo de la acción tutelar; el cual hizo énfasis, calificó y explicó las razones para señalar al accionante como coautor del hecho penal, aplicando una correcta interpretación del art. 252.6 del CP, para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados; motivos por los que, los ex Magistrados hoy accionados tuvieron para subsumir la conducta del accionante; ii) El referido Auto Supremo, resolvió el recurso de casación efectuando una explicación amplia cumpliendo con el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, indicando cuáles fueron las circunstancias en las que pudiera efectuarse la coautoría de acuerdo a la teoría del dominio del hecho, y establecieron las diferencias entre el art. 20 del citado Código relacionada con la autoría y el art. 23 del mismo Código respecto a la complicidad; por lo que, no se advierte agravio alguno con relación a la interpretación y subsunción de los hechos atribuidos al accionante; en consecuencia, los ex Magistrados ahora accionados fallaron conforme a la normativa vigente sin que exista un vacío que sea motivo de generar una falta de fundamentación o debida motivación.
Edgar Poma Ventura, a través de sus abogados, manifestó que los ex Magistrados hoy accionados interpretaron de manera errada el art. 20 del CP, lo cual no condice con los antecedentes del día de los hechos, debiendo concederse la tutela en favor del accionante y que se admita el quinto motivo del recurso de casación, reiterando que él no causó la muerte de la víctima. Justiniano Cabrera Lizarazu, padre de la víctima, manifestó que todo lo referido por los imputados -Edgar Poma Ventura, hoy tercero interesado y el accionante-no sería evidente; puesto que, esos siguieron a su hijo hasta su casa y lo mataron con “siete tiros”.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 024/2023-SCII de 23 de febrero, cursante de fs. 759 a 762, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del AS 341/2022-RA, por el cual se declaró la inadmisibilidad del quinto motivo del recurso de casación, se tiene que éste analizó la admisibilidad de los cinco motivos de dicho recurso de casación planteado por el accionante, denegándose respecto al tercero y quinto motivo; haciéndose alusión únicamente al quinto motivo en la presente acción de amparo constitucional; b) La fundamentación jurídica de dicho Auto Supremo está circunscrita al derecho de impugnación previsto por los arts. 180.II de la CPE y 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 416 y 417 del CPP, referente a los requisitos de admisibilidad sobre el plazo y forma de presentación del recurso de casación, como el deber de citar y exponer fundadamente la concurrencia de contradicciones entre el indicado Auto Supremo y el precedente consistente en el AS 379/2015-RRC-L emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros; así como se mencionaron las situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad para los casos de defectos absolutos; c) Si bien el AS 341/2022-RA, no tiene una fundamentación precisa para distinguir los precedentes sustantivos y adjetivos; empero, tiene “insuficiente” motivación en lo concerniente al quinto motivo del recurso de casación; en el que, se reclamó una errónea aplicación e interpretación del art. 20 del CP en cuanto a la autoría del ilícito, mencionando el precedente del AS 379/2015-RRC-L; sin embargo, resulta evidente que el accionante en su recurso de casación no explicó respecto a que dicho precedente estaría referido a una situación de hecho similar, lo cual es exigido por el art. 416 del CPP; d) De acuerdo a la SCP 0018/2018-S2 -de 28 de febrero-, cuando se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, valoración de la prueba, entre otros, dicho análisis debe ser complementado con la relevancia constitucional a efectos de la concesión de la tutela, debiendo analizarse si conforme con los elementos aportados, la misma permitirá cambiar el sentido de la decisión o la materialización de un derecho sustancial; y, e) En el caso no se encontró relevancia constitucional para dejar sin efecto el AS 341/2022-RA, al no cumplirse con establecer la contradicción entre el precedente del AS 379/2015-RRC-L y el AS 341/2022-RA, el cual no es un defecto absoluto que amerite una aplicación de los criterios de flexibilización en la etapa de admisibilidad, siendo irrazonable que la jurisdicción constitucional deje sin efecto esa decisión con la finalidad de que se emita un nuevo Auto Supremo; en el que, se explique la diferencia entre el precedente adjetivo y el sustantivo o amplié los motivos por los que se declaró inadmisible el recurso de casación, provocando que la tutela sea insustancial al no permitir un cambio de la decisión de la admisión del quinto motivo del recurso de casación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 57/2020 de 23 de noviembre, emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en merito a los recursos de apelación restringida interpuestos por Eloy Quispe Aramayo -ahora accionante-, Edgar Poma Ventura -hoy tercero interesado-, el Fiscal de Materia, Roly Condori Corrales, Karina Verónica Fernández Téllez y Juan Villarroel Sejas contra la Sentencia 43/2019 de 31 de diciembre; en el que, declararon: 1) Procedente respecto a la parte acusadora pronunciando condena penal contra Edgar Poma Ventura ahora tercero interesado, con la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto y en lo demás se determinó que se esté a la indicada Sentencia; 2) Improcedentes con relación a los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal de Materia, Roly Condori Corrales, Karina Verónica Fernández Téllez, Juan Villarroel Sejas y el accionante; y, 3) Confirmando la mencionada Sentencia (fs. 517 a 530). II.2. Mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2020, ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el accionante interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 57/2020, pidiendo la admisibilidad, se declare fundado y se deje sin efecto el referido Auto de Vista; además, se pronuncie uno nuevo de acuerdo con la doctrina legal establecida (fs. 478 a 499 vta.). Asimismo, por memorial presentado el 15 de ese mes y año, el accionante adicionó un punto al recurso de casación planteado dentro del término de ley, ratificando el recurso ya presentado (fs. 502 a 506). II.3. Consta el AS 341/2022-RA de 3 de mayo, emitido por Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-; en el cual, declararon inadmisible el recurso de casación formulado por Edgar Poma Ventura ahora tercero interesado; y, admisible el interpuesto por el accionante únicamente para el análisis de fondo del primer, segundo y cuarto motivo del recurso de casación (fs. 630 a 634 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a recurrir, de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna; puesto que, los ex Magistrados ahora accionados al momento de admitir el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 57/2020 de 23 de noviembre, el cual confirmó la Sentencia 43/2019 de 31 de diciembre, que le otorgó la pena de treinta años de presidio al considerarlo coautor del delito de asesinato, emitieron el AS 341/2022-RA de 3 de mayo, que -a su criterio- no se encontraría debidamente fundamentado al ser superficial y unilateral; además, que tampoco se ingresó a considerar el contenido del AS 379/2015-RRC-L de 27 de julio, mencionado como precedente contradictorio el cual determinó la forma que debe interpretarse el art. 20 del CP, respecto a la autoría y coautoría; así como, no señalaron si es un precedente sustantivo o adjetivo y las razones por las cuales las cataloga como tal; declarándolo inadmisible bajo el argumento de que no se desarrolló por tratarse de un hecho similar, llegando a una conclusión tácita que sería un precedente contradictorio sustantivo, cuando el precedente alegado es exclusivamente adjetivo; ya que, se denunció la incorrecta interpretación y aplicación de la normativa incumpliendo con ello lo dispuesto por los arts. 370 inc. 1) del CPP con relación al 20 del CP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La actividad interpretativa de los tribunales de justicia, presupuestos para su análisis en la justicia constitucional; ii) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, iii); Análisis de caso concreto.
Sobre el tema, la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional fue uniforme al establecer los presupuestos a exigir a los accionantes para que acudan a la jurisdicción constitucional, con el propósito de que ésta pueda revisar la actividad interpretativa de los tribunales de justicia; en ese sentido, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, que reiteró el entendimiento asumido en la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, manifestó que: “De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico-argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0803/2024-S3 de 11 de septiembre, haciendo referencia a la SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: [«"'…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”
(…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho». En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, estableció que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”] (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a recurrir, de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna; puesto que, los ex Magistrados ahora accionados al momento de admitir el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 57/2020 de 23 de noviembre, el cual confirmó la Sentencia 43/2019 de 31 de diciembre, que le otorgó la pena de treinta años de presidio al considerarlo coautor del delito de asesinato, emitieron el AS 341/2022-RA de 3 de mayo, que -a su criterio- no se encontraría debidamente fundamentado al ser superficial y unilateral; además, que tampoco se ingresó a considerar el contenido del AS 379/2015-RRC-L de 27 de julio, mencionado como precedente contradictorio el cual determinó la forma que debe interpretarse el art. 20 del CP, respecto a la autoría y coautoría; así como, no señalaron si es un precedente sustantivo o adjetivo y las razones por las cuales las cataloga como tal; declarándolo inadmisible bajo el argumento de que no se desarrolló por tratarse de un hecho similar, llegando a una conclusión tácita que sería un precedente contradictorio sustantivo, cuando el precedente alegado es exclusivamente adjetivo; ya que, se denunció la incorrecta interpretación y aplicación de la normativa incumpliendo con ello lo dispuesto por los arts. 370 inc. 1) del CPP con relación al 20 del CP. Definida la problemática ahora expuesta por el accionante, de los antecedentes descritos en la presente causa se tiene que mediante de Auto de Vista 57/2020 emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en merito a los recursos de apelación restringida interpuestos por el accionante, Edgar Poma Ventura hoy tercero interesado, el Fiscal de Materia, Roly Condori Corrales, Karina Verónica Fernández Téllez y Juan Villarroel Sejas contra la Sentencia 43/2019; en el que, declararon: a) Procedente respecto a la parte acusadora pronunciando condena penal contra Edgar Poma Ventura ahora tercero interesado, con la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto y en lo demás se determinó que se esté a la indicada Sentencia; b) Improcedentes con relación a los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal de Materia, Roly Condori Corrales, Karina Verónica Fernández Téllez, Juan Villarroel Sejas y el accionante; y, c) Confirmando la mencionada Sentencia (Conclusión II.1.). Asimismo, se evidencia que mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2020, ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el accionante interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 57/2020, pidiendo la admisibilidad, se declare fundado y se deje sin efecto el referido Auto de Vista; además, se pronuncie uno nuevo de acuerdo con la doctrina legal establecida. Además, por memorial presentado el 15 de ese mes y año, el accionante adicionó un punto al recurso de casación planteado dentro del término de ley, ratificando el recurso ya presentado (Conclusión II.2.).
Es así que, en etapa de admisibilidad del recurso de casación los ex Magistrados hoy accionados pronunciaron el AS 341/2022-RA de 3 de mayo, declarando inadmisible el citado recurso de casación que fue formulado por Edgar Poma Ventura ahora tercero interesado; y, admisible el interpuesto por el accionante únicamente para el análisis de fondo del primer, segundo y cuarto motivo del recurso de casación (Conclusión II.3.). En ese entendido, conforme con lo denunciado por el accionante en la presente causa, se tiene que el mismo pretende que se admita su recurso de casación respecto al quinto motivo; en el cual, reclamó la errónea aplicación e interpretación del art. 20 del CP, referente a la autoría del ilícito penal, aludiendo como precedente el AS 379/2015-RRC-L; indicando al respecto los ex Magistrados ahora accionados que “…si bien ilustra cuáles son las categorías de autoría de un ilícito…” (sic) no se hubiese desarrollado explicación con relación a que ese precedente se referiría a una situación de hecho similar; lo cual -conforme lo indico el AS 341/2022-RA- dicha circunstancia seria exigida por el art. 416 del CPP en su tercer párrafo, señalando que al no tenerse cumplido con el citado requisito el motivo sería inadmisible. De conformidad con el art. 416 del CPP, “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema”; precepto legal que exige que el precedente contradictorio debe alegarse por el recurrente a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida; y, se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; por su parte, del art. 417 del señalado Código, se deduce la exigencia del cumplimiento de dos presupuestos esenciales para la admisión del recurso de casación, el relacionado a los plazos y la indicación de la contradicción en términos puntuales y precisos; admisibilidad o inadmisibilidad que debe ser determinada por el Tribunal Supremo de Justicia como ejercicio de una de sus facultades. En el caso concreto, el accionante por memorial presentado el 15 de diciembre de 2020, adicionó un punto en el recurso de casación, ratificando el ya presentado el 11 de igual mes y año, alegando la errónea aplicación e interpretación de la Ley al ratificar la subsunción de los hechos a los tipos penales y su participación, indicando que existiría por el Tribunal de segunda instancia una interpretación y aplicación incorrecta del art. 20 del CP, al momento de determinar la participación del accionante en los tipos penales de asesinato y robo agravado; defecto de interpretación y aplicación de la Ley en la subsunción que deben ser suplidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pudiendo rebajar la condena de grado de autoría con treinta años sin derecho a indulto a quince años en grado de complicidad, señalando que no mató a la víctima, ni disparó el arma, menos ordenó a la persona que disparara; ya que, no existió acuerdo tácito ni expreso para causar la muerte, al encontrarse en estado de shock, no siendo aplicable en su caso el citado artículo respecto al delito de asesinato al no realizar ese hecho por sí mismo; con esos antecedentes, cita el precedente contradictorio descrito en el AS 379/2015-RRC-L, el cual -a criterio del accionante- determinaría de qué manera se debe interpretar dicho artículo, con relación a la autoría y coautoría, especifica en qué circunstancias puede darse de acuerdo a la teoría del dominio del hecho, que determina cuando puede considerarse cómplice a un sujeto conforme al art. 23 del indicado Código y por último reitera que la interpretación del art. 24 del mismo Código debe ser de acuerdo a los hechos; por lo que, se considera que la culpabilidad para la imposición de la pena sin contar los hechos o circunstancias de los demás; señalando que en su caso en particular su persona no sería culpable del delito de asesinato al no tener la más mínima intención de causar la muerte a una persona -elemento subjetivo ausente falta de dolo-, eso porque se encontraba en un estado casi inconsciente cuando se produjeron los disparos, su decisión no fue necesaria para producir la muerte a la víctima; puesto que, con o sin su presencia Roly Condori Corrales al verse superado en la pelea de igual forma hubiese procedido con los disparos, no pudiendo ser considerado como autor o coautor; ya que, lo máximo que se le podía imponer era una pena por robo agravado en grado de complicidad y absolverlo de toda culpa en cuanto al delito de asesinato; así como, tampoco podía ser considerado cómplice porque de acuerdo al art. 23 del CP, no prestó cooperación o facilitó el hecho de forma dolosa; empero, al considerarlo coautor del referido delito se interpretó erróneamente el art. 20 del citado Código; ya que, si se realizaba una correcta interpretación de los requisitos para una coautoría no se subsumía su participación como coautor ni de complicidad, sino, que aplicando correctamente el art. 24 de ese Código correspondía su absolución respecto al indicado delito y solo se le debía sentenciar por complicidad del delito de robo agravado. Ahora bien, en consideración a la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia interna realizada por el accionante, cabe señalar que sobre esos elementos del derecho al debido proceso, el lineamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, la fundamentación y motivación de las resoluciones involucra la concurrencia de una exposición de los hechos, el sustento jurídico expuesto de manera clara y concisa, debiendo expresarse los argumentos y los motivos que justifiquen la determinación, todo ello en primacía de la garantía del derecho al debido proceso de toda persona dentro del desarrollo de cualquier proceso judicial o administrativo, de igual manera la SCP 0721/2024-S1 de 31 de diciembre, con relación a la congruencia interna señala: “como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. En ese contexto, se tiene que efectivamente los ex Magistrados ahora accionados declararon inadmisible el quinto motivo del recurso de casación, bajo el argumento de que el accionante no desarrolló la explicación con relación a que el precedente referido en el AS 379/2015-RRC-L, señalaba a una situación de un hecho similar, lo cual -a criterio de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia- sería una exigencia del art. 416 del CPP en su párrafo tercero; sin embargo, dicha norma en ese acápite solamente refiere a que “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”, siendo inexigible la explicación extrañada por el AS 341/2022-RA; denotándose un formalismo riguroso al momento de efectuar el análisis sobre la admisibilidad del quinto motivo del recurso de casación, cuando de lo descrito precedentemente el accionante cumplió con la procedencia del recurso de casación al alegar el precedente contradictorio, y realizar un análisis sobre la interpretación del art. 20 del CP y su vinculación con los hechos que dieron lugar a su condena; situación que necesariamente debió merecer un análisis motivado y debidamente fundamentado, explicando los motivos y razones por las cuales -pese a que se cumplieron con esos presupuestos-, no se dio como cumplido un requisito, dando lugar a la inadmisibilidad del “quinto motivo” del recurso de casación; principalmente si toda resolución que declare la inadmisibilidad del recurso de casación debe encontrarse suficientemente fundamentada y motivada, no siendo suficiente que los ex Magistrados hoy accionados se limiten simple y llanamente a la enunciación de manera genérica al incumplimiento de los presupuestos de procedencia del recurso de casación enunciados por el art. 416 del CPP, sino, que debe otorgarse al accionante la certeza de que evidentemente no cumplió con los presupuestos que la norma exige, señalando de manera clara cuál o cuáles de los requisititos no fueron considerados y el motivo; por el que, se los tiene como incumplidos. Por consiguiente, cabe señalar que el art. 417 del CPP, en cuanto a los requisitos a efectos de la admisibilidad del recurso de casación planteado señaló entre otros, que la parte debe indicar la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se deberá acompañar una copia del recurso de apelación restringida; en el que, se alegó el precedente constituyendo el incumplimiento de esos requisitos de inadmisibilidad del recurso de casación, no encontrándose dentro de esos la falta de explicación de que el precedente tenga que referirse a una situación de hecho similar, como lo señaló el AS 341/2022-RA. En ese entendido, si bien los preceptos legales establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, norman los presupuestos de procedencia y admisibilidad del recurso de casación, corresponde aclarar que en primacía del principio pro actione, el derecho de acceso a la justicia y a la impugnación, la instancia de casación no debe incidir en excesos ni en rigorismos formalistas exagerados al momento de establecer si se cumplen o no con los presupuestos de procedencia y admisibilidad de dicho medio de impugnación, debiendo en todo caso, en situaciones en las que declare la inadmisibilidad del recurso de casación explicar de manera fundamentada y motivada las razones de esa decisión, siendo insuficiente que de manera enunciativa y genérica se establezca el incumplimiento de los presupuestos contenidos por el art. 416 del referido Código. Finalmente, la ausencia de una adecuada motivación y fundamentación, que incurrió de igual manera en falta de congruencia interna del AS 341/2022-RA, por los ex Magistrados ahora accionados en la presente acción de defensa, amerita exigir el pronunciamiento de un nuevo Auto Supremo respecto únicamente al “quinto motivo” con relación a la admisibilidad de lo alegado en ese punto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 024/2023-SCII de 23 de febrero, cursante de fs. 759 a 762, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por Eloy Quispe Aramayo, con relación a la vulneración de los derechos a recurrir y de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna vinculada; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 341/2022-RA de 3 de mayo, solo con relación al quinto motivo del recurso de casación aludido en el memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, por Eloy Quispe Aramayo adicionando un punto al recurso de casación interpuesto mediante memorial presentado el 11 de igual mes y año; y, b) Que los actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan un nuevo auto supremo únicamente respecto al quinto motivo del recurso de casación aludido, con la debida fundamentación, motivación y congruencia, de acuerdo con lo señalado en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0144_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3e2713efb7a2ee37c4fb0eea7a8330d03befe5b198ae83ce3b00f25864fdf817
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