B.IA.LEGAL

SCP 0141/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 9 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
9 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
47961-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que, el Auto de Vista 215/2022 de 30 de marzo, que resolvió su recurso de apelación a la medida cautelar que se le impuso, si bien mantuvo su detención preventiva, estableció que ya no concurrían los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP; sin embargo, el Juez hoy accionado no consideró este aspecto para rechazar su solicitud de cesación formulada posteriormente, pese a que en audiencia pública se le hizo notar este extremo; y, el Vocal hoy accionado, a través de Auto de Vista 245/2022 de 28 de abril, ratificó el citado rechazo, aludiendo que ni él ni su defensa asistieron a la audiencia de apelación de medida cautelar, sin pronunciarse sobre el referido Auto de Vista 215/2022, que concluyó que no existían riesgos procesales de fuga y obstaculización, y sin que se aplique el principio in dubio pro reo . En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0141/2024-S3 Sucre, 9 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 47961-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 135/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Chumacero Tórrez en representación sin mandato de Juan Carlos Ramos Quenallata contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 13 a 18, el accionante por intermedio de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, pese a que en la declaración de los presuntamente afectados no fue mencionado, de manera forzada la Fiscalía emitió imputación formal en su contra; por lo que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 18 de marzo de 2022, Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, mediante Resolución 102/2022, dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento; habiendo apelado dicha Resolución, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 215/2022 de 30 de marzo, declaró la admisibilidad de su recurso y a su vez, determinó la procedencia en parte de las cuestiones planteadas por la parte imputada e improcedentes las de la parte querellante, ratificando la Resolución 102/2022 de 18 de marzo, manteniendo su detención preventiva; estableciendo sin embargo, que ya no concurría el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ni el de obstaculización descrito en el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo normativo. Posteriormente, el 20 de abril de 2022, solicitó cesación a la detención preventiva que fue rechazada por Resolución 161/2022 de 22 de ese mes, dictada por el Juez ahora accionado, señalando que existen los riesgos procesales previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP, decisión que fue objeto de apelación; empero, su abogado no asistió a la audiencia; por lo que, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado- confirmó dicha Resolución, sin escuchar ningún agravio ni los fundamentos de la apelación. El Juez hoy accionado, no consideró que el Auto de Vista 215/2022, dispuso la inexistencia de riesgos procesales, pese a que en audiencia pública se le hizo notar este aspecto; y el Vocal también accionado, al no pronunciarse sobre ese extremo de orden legal y fáctico, vulneró diferentes derechos constitucionales, como ser el de obtener una resolución fundamentada, motivada y congruente. Finalmente, el Auto de Vista emitido por el Vocal ahora accionado, se encuentra lleno de subjetividades al fundarse en meras suposiciones, desconociendo lo establecido en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio; pues realizó una suposición subjetiva en favor del Ministerio Público, en lugar de practicar el principio jurídico indubio pro reo cuando la duda favorece al reo; siendo que el referido Auto de Vista 215/2022, “orienta una cosa” y la parte dispositiva define un extremo legal, claro, transparente y fáctico a su favor; por lo que, mediante la acción de libertad, solicitó la aplicación de ese valor axiomático y dogmático garantizado por la Constitución Política del Estado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, citando únicamente el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se restablezcan las formalidades legales y se ordene la emisión de un nuevo auto de vista con los fundamentos del fallo constitucional que emita el Tribunal de garantías.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 36, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos expuestos en el memorial de interposición de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de los accionados

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 30, pidiendo se deniegue la tutela solicitada, expresando que se emitió el Auto de Vista 245/2022 de 28 de abril, respondiendo a los agravios planteados por la parte apelante sin omitir ningún aspecto. Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 26 a 27 vta., señaló lo siguiente: a) El “caos procesal” fue generado por el Auto de Vista 215/2022, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mismo que en su parte dispositiva mantuvo la detención preventiva del accionante; no obstante, al mismo tiempo estableció que ya no concurrirían los riesgos procesales descritos en los arts. 234.1, 2 y 7, y 235.1 y 2 del CPP; posteriormente, la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela fue rechazada por Resolución 161/2022 de 22 de abril; una vez apelada, fue confirmada a través de Auto de Vista 245/2022, pronunciado por la Sala Penal Primera del referido Tribunal Departamental de Justicia, debido a que tanto el imputado como su abogado no se presentaron a la audiencia de apelación de medida cautelar, a lo que el accionante alegó que debía aplicarse el principio de favorabilidad in dubio pro reo; sin embargo, dicha autoridad considera que ese argumento no era suficiente para disponer la cesación a la detención preventiva, ya que no existen nuevos elementos que desvirtúen los motivos que fundaron la detención preventiva del solicitante de tutela; b) Una vez devuelta las resultas de la apelación contra la Resolución 161/2022, el hoy accionante por segunda vez solicitó cesación a la detención preventiva, misma que fue rechazada a través de la Resolución 207/2022 de 11 de mayo; dado que no se presentaron nuevos elementos que desvirtúen los motivos de la detención preventiva, Resolución que también fue objeto de apelación; por lo que, los antecedentes fueron remitidos a la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia antes nombrada, sin que “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- se hayan devuelto los antecedentes o se tenga resultado de esta última apelación; y, c) De los datos cursantes en el cuaderno jurisdiccional se puede concluir que, el impetrante de tutela convalidó todo lo considerado en el Auto de Vista 215/2022, al no solicitar en su oportunidad, aclaración complementación y enmienda, y haber interpuesto dos veces consecutivas solicitud de cesación a la detención preventiva; además las contradicciones del Auto de Vista señalado, no pueden ser corregidas por el Juez a quo, al no tener competencia; por otro lado, existe falta de legitimación pasiva, ya que la acción tutelar no se interpuso contra la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, instancia que generó el “caos procesal”; a su vez, si bien se impugnó la Resolución de imputación formal, no se demandó al Fiscal de Materia asignado al caso; finalmente, no se agotó el principio de subsidiariedad, al haberse formulado un recurso de apelación contra la última Resolución 207/2022, la cual aún no fue resuelta; por todo ello, pide se declare la improcedencia de la acción de libertad y se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 135/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 37 a 42, denegó la tutela impetrada; expresando los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al Auto de Vista 215/2022, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, el mismo ya tiene calidad de cosa juzgada, siendo que la parte accionante no interpuso ninguna acción constitucional contra ese fallo, lo cual demuestra que convalidó la supuesta lesión de derechos y garantías, al solicitar la cesación a la detención preventiva de forma posterior; 2) En grado de apelación la Resolución 161/2022 fue confirmada por el Vocal ahora accionado, habida cuenta que a la audiencia pública señalada para el 28 de marzo de 2022, no asistió el impetrante de tutela como parte apelante ni su abogado, tampoco se presentó justificativo que pueda corroborar que se vulneró el derecho a la defensa, siendo la indefensión del hoy demandante de tutela, de entera responsabilidad de su defensa técnica; por lo tanto, no se puede anular el Auto de Vista 245/2022; 3) Respecto al alegato que la imputación formal contra el solicitante de tutela resulta incongruente; éste tenía la vía correspondiente y debió haber formulado un incidente de actividad procesal defectuosa en la audiencia de consideración de medidas cautelares; en tal razón, no se pueden modificar los criterios asumidos por las autoridades judiciales que determinaron y confirmaron su detención preventiva; y, 4) Sobre la falta de fundamentación del Auto de Vista 245/2022, acusada por la parte accionante, el mismo puede ser modificado, debido a que el abogado del apelante ahora accionante, no asistió a la audiencia de apelación de medidas cautelares, para fundamentar de manera oral los agravios que se hubieran ocasionado, siendo inviable pretender su nulidad. En vía de aclaración y complementación, la parte accionante pidió se aclare respecto a qué actuación o decisión fue considerada acto consentido; “en qué queda” el Auto de Vista que señaló que no existían riesgos procesales, por qué no se practicó un control de convencionalidad, por qué se realizaron las notificaciones para la audiencia de acción de libertad en horarios no habilitados, y por qué no se exigió la remisión del cuaderno procesal y la presencia del accionante en la audiencia virtual.

El Tribunal de garantías, señaló que en cuanto a los dos primeros puntos se ratificaban en la Resolución Constitucional emitida, al ser claros sus fundamentos; sobre el control de convencionalidad extrañado, no se efectuó una argumentación en el momento procesal oportuno; en relación a la notificación en horarios no habilitados, el abogado del impetrante de tutela fue notificado el 19 de mayo de 2022, a las 17:44 horas, además que claramente se estableció a las partes procesales el horario en el que debían ingresar a la audiencia virtual. Finalmente, en cuanto a que los antecedentes del proceso penal no fueron remitidos, debe considerarse que el expediente se envió al Tribunal de alzada en mérito a la apelación contra la Resolución 207/2022, además de ser obligación de la parte accionante adjuntar la documentación que considere pertinente e identificar qué actuados son considerados como vulneratorios de derechos y garantías constitucionales.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Quisbert Castro y Juan Carlos Ramos Quenallata -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado- por Resolución 102/2022 de 18 de marzo, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el término de cuatro meses a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de ese departamento, señalando audiencia para considerar su situación jurídica para el 18 de julio de 2022; dicha decisión fue apelada en audiencia por su defensa técnica (fs. 5 a 8). II.2. Mediante Auto de Vista 215/2022 de 30 de marzo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el hoy solicitante de tutela y la víctima, declarando procedentes en parte las cuestiones planteadas por la parte imputada e improcedentes las opuestas por la parte querellante, disponiendo ratificar en parte la Resolución 102/2022, manteniéndose la detención preventiva de Juan Carlos Ramos Quenallata por el periodo de 4 meses; “…sin embargo, se establece que ya no concurre el riesgo de fuga contemplado en el Art. 234 núm. 1), 2) y 7) y el riesgo de obstaculización contemplados en el Art. 235 num. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal” (sic [fs. 9 a 10 vta.]). II.3. Por Auto de Vista 245/2022 de 28 de abril, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad ahora accionada-, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte imputada hoy accionante, por haber sido presentado dentro del plazo previsto por ley; sin embargo, al no haber escuchado agravio alguno, confirmó la Resolución 161/2022 de 22 de abril, emitida por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del mismo departamento (fs. 11 a 12). II.4. Cursa Resolución 207/2022 de 11 de mayo, en la que el Juez hoy accionado, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrantes de tutela, determinando que su situación jurídica debía mantenerse; asimismo, declaró no ha lugar la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de dicho fallo; por lo que, en la misma audiencia de consideración de medidas cautelares, la defensa del accionante, hizo uso del recurso de apelación contra la nombrada Resolución (fs. 23 a 25 vta.). II.5. Consta informe de 19 de mayo de 2022, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, en el que se refiere que el expediente original del proceso: “MINISTERIO PUBLICO C/JUAN CARLOS RAMOS QUENALLATA por el delito de ESTAFA Y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES” (sic), fue remitido ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, adjuntando fotocopia del libro de apelaciones (fs. 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que, el Auto de Vista 215/2022 de 30 de marzo, que resolvió su recurso de apelación a la medida cautelar que se le impuso, si bien mantuvo su detención preventiva, estableció que ya no concurrían los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP; sin embargo, el Juez hoy accionado no consideró este aspecto para rechazar su solicitud de cesación formulada posteriormente, pese a que en audiencia pública se le hizo notar este extremo; y, el Vocal hoy accionado, a través de Auto de Vista 245/2022 de 28 de abril, ratificó el citado rechazo, aludiendo que ni él ni su defensa asistieron a la audiencia de apelación de medida cautelar, sin pronunciarse sobre el referido Auto de Vista 215/2022, que concluyó que no existían riesgos procesales de fuga y obstaculización, y sin que se aplique el principio in dubio pro reo . En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0957/2021-S4 de 29 de noviembre, reiterando las conclusiones de la SCP 0080/2010-R de 3 de mayo; señaló que: “…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. En lo atinente a este tercer supuesto, este entendimiento significa una modulación al asumido en la SC 0010/2007-R de 8 de enero, cuando manifestó que: ‘una vez pronunciada la resolución de apelación en contra de un auto de medidas cautelares, el justiciable se encuentra habilitado para acudir a la jurisdicción constitucional’, dado que ahora, dicho razonamiento se complementa con el hecho de que el agraviado, debe activar inmediatamente la acción libertad, empero, si en lugar de hacerlo, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, como se tiene explicado precedentemente, en virtud al principio de lealtad procesal y de equilibrio, ya no puede acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la resolución de apelación. Circunstancias en las que por el daño inminente e irreparable no es posible aplicar los supuestos anteriores, y corresponde ingresar al análisis de fondo (…) la acción de libertad esta exenta de formalismos en su presentación, por ello, en ningún caso corresponde el rechazo de esta acción, sino la admisión, es en audiencia donde el Tribunal de garantías, debe analizar si corresponde o no ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada o denunciada, y luego conforme al trámite o procedimiento sumarísimo, dictar Sentencia concediendo o denegando la tutela solicitada, con los efectos que corresponde, según sea el caso” .

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, activa la presente acción de libertad, aludiendo la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; a tal efecto, refirió que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, resolviendo el recurso de apelación a la Resolución que determinó una medida cautelar en su contra, se pronunció el Auto de Vista 215/2022 de 30 de marzo, que no obstante de mantener su detención preventiva, también concluyó que no concurrían los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP; aspecto que no consideró el Juez ahora accionado al rechazar la cesación a la detención preventiva que posteriormente solicitó; y una vez apelada la determinación de rechazo, el Vocal ahora accionado mediante el Auto de Vista 245/2022 de 28 de abril, confirmó su detención preventiva, sin tener en cuenta la conclusión arribada en el señalado Auto de Vista 215/2022, ni emitir pronunciamiento sobre el mismo, bajo el alegato que tanto su persona como su defensa no asistieron a la audiencia de apelación de medida cautelar, evitando la aplicación del principio in dubio pro reo. Precisado el objeto procesal, de la lectura de los antecedentes cursantes, se tiene que mediante Resolución 102/2022 de 18 de marzo, el Juez accionado determinó la detención preventiva del accionante por el término de cuatro meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, misma que fue apelada en audiencia a través de su defensa técnica (Conclusión II.1); dicho recurso fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 215/2022 de 30 de marzo, manteniendo la detención preventiva del impetrante de tutela, estableciendo a su vez que ya no concurrían los riesgos de fuga y obstaculización descritos en los arts. 234.1, 2 y 7, y 235.1 y 2, ambos del CPP (Conclusión II.2); posteriormente, mediante Auto de Vista 245/2022 de 28 de abril, el Vocal ahora accionado, en alzada confirmó la Resolución 161/2022 de 22 de abril, que rechazó la solicitud de cesación preventiva impetrada por el peticionante de tutela (Conclusión II.3); a su vez, el Juez de la causa, a través de la Resolución 207/2022 de 11 de mayo, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante, decisión que fue objeto de recurso de apelación en audiencia por su defensa (Conclusión II.4), el cual fue remitido en alzada ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.5). Ahora bien, de los antecedentes expuestos, se evidencia que el hoy accionante apeló la Resolución 207/2022, por la que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, pese a que éste, en el memorial de acción de libertad no mencionó este aspecto; sin embargo, de forma posterior mediante su representante sin mandato, interpuso la presente acción de defensa, el 19 de mayo de 2022 (fs. 19), pidiendo se ordene la emisión de un nuevo auto de vista, entendiendo conforme la problemática planteada que se refiere al Auto de Vista 245/2022, emitido por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, ahora accionado, el cual acusa de no tener una debida fundamentación, motivación y congruencia; extremo que demuestra la activación de dos mecanismos legales de forma simultánea o concurrente, habida cuenta que, el impetrante de tutela, no obstante haber apelado la Resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin esperar la correspondiente Resolución que resuelva el recurso, optó por activar la jurisdicción constitucional vía acción de libertad; por lo que, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresamente señala que: “…Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial”; es que esta Sala se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, debido a que se activó en la vía ordinaria, un mecanismo oportuno, el cual puede resolver la situación jurídica del accionante, mismo que se encontraba obligado a actuar con lealtad procesal e informar de todos los actuados judiciales que realizó; pues su actitud omisiva podría provocar una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, al incidir negativamente en el proceso penal de donde surge la acción de libertad en análisis; en tal razón corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0141_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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