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SCP 0140/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 24 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50397-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su vertiente de celeridad y su derecho a la libertad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por comisión del delito hurto agravado, hasta el momento de interposición de esta acción tutelar, la parte demandada incumplió en no dar inmediato cumplimiento a la orden de mandamiento de libertad de 28 de junio de 2022, incumpliendo lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada; y, exhortar a la autoridad demandada a no incurrir en lo posterior, en dilaciones que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad
  2. III.2. El deber del Director del Centro Penitenciario al momento de tener conocimiento del mandamiento de libertad
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2025-S4 Sucre, 24 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50397-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 23/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Deyker Wanda Angulo contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 4 a 6, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de hurto agravado, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, el cual se dio curso, emitiéndose Sentencia Condenatoria de tres años; posteriormente, solicitó la suspensión de la pena, misma que fue aceptada mediante Resolución 027/2022 de 25 de abril de 2022, pronunciada por el Juez Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, librándose en consecuencia, el correspondiente Mandamiento de Libertad por suspensión condicional de la pena, el 28 de junio de 2022, y puesto a conocimiento de la autoridad ahora demandada en su condición de Director del Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, el 6 de julio de ese año, conforme consta en el sello de recepción de dicho mandamiento, con número de trámite 11946; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no se ejecutó tal mandamiento, a pesar de que contaron con el registro de ingreso al penal, así como todos sus datos personales.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su vertiente de celeridad y su derecho a la libertad; citando al efecto, los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o "Pacto de San José de Costa Rica”.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de agosto de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 11 a 12, presente el impetrante de tutela asistido por abogado; y, la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción de libertad

El accionante, en audiencia, ratificó los términos expuestos en su demanda de la presente acción de defensa, y ampliándolos refirió lo siguiente: a) El Mandamiento de Libertad por suspensión condicional de la pena, presentado ante la autoridad ahora demandada, no fue ejecutado de manera pronta y oportuna, tal como lo establece el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001–, que dispone de manera clara que, una vez cumplida la condena y concedida la libertad condicional, el interno deberá ser liberado ese mismo día, sin necesidad de trámite alguno; y, b) Existen varios privados de libertad con libertad condicional que no han sido liberados debido a la falta de "cédula de identidad, solo fotocopia simple" (sic); a pesar de que, el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al momento del ingreso, toma la identificación del detenido preventivo, incluyendo placas fotográficas y huellas dactilares, lo que permite que la autoridad jurisdiccional y Fiscal tengan constancia de la identidad del interno; por lo tanto, el hoy demandado no puede justificar el incumplimiento de la orden bajo el argumento de que el interno no porte la cédula de identidad respectiva.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, en la presente audiencia de consideración de la acción tutelar manifestó lo que sigue: 1) El accionante es de nacionalidad venezolano y ya fue puesto en libertad para dar cumplimiento al mandamiento; no obstante, recién se la ejecutó ya que no se contaba con ningún documento que lo identificara, se le solicitó que proporcionara algún tipo de documento de identidad, pero no entregó ninguno; esta situación se debió a que, en ocasiones anteriores, se han presentado casos de suplantación de identidad por parte de otros privados de libertad, especialmente cuando estos contaban con mandamientos de libertad o detención domiciliaria; y, b) Respecto al cumplimiento de los mandamientos de libertad, la SCP 0161/2022-S3 de 31 de marzo; establece que, una vez cumplida la condena y concedida la libertad condicional, el interno debe ser liberado el mismo día sin necesidad de trámite alguno, conforme al art. 39 de la citada Ley, y en caso de incumplimiento, el funcionario responsable será pasible de responsabilidad penal; empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la gobernación de la cárcel de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien puede ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener aluna falsedad material o ideológica lo cual le emplee tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar el tratamiento, los registros antes de dar curso a mandamientos de comprobación y consulta que debe ser realizada inmediatamente una vez recibida el referido mandamiento; de modo que, conforme a las SSCC 0100/2010-R de 10 de mayo; y, 0323/2008-R de 17 de marzo, destacando que la presentación del Mandamiento de Libertad debe ser suficiente para proceder con la liberación, pero se impone un deber jurídico sobre la gobernación del Centro Penitenciario para verificar la identidad del interno y asegurar que no existen mandamientos pendientes o falsedades en el mandamiento de libertad y esta verificación debe realizarse de manera inmediata una vez recibido el mismo.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 23/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 13 a 14, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) La parte demandada, presentó el acta de libertad de 23 de agosto de 2022; por el cual, se dio libertad al ahora accionante; y, ii) Para la tramitación y ejecución del Mandamiento de Libertad, se recurrió a medios identificados con el fin de establecer al procesado y procedimiento con su liberación, en este sentido; se considera que, aunque la parte solicitante de tutela haya señalado el incumplimiento del art. 39 de la LEPS; también es cierto que para la ejecución del indicado mandamiento, deben cumplirse ciertos requisitos internos, en este caso, la autoridad demandada cumplió con la verificación del requisito de identificación del interno mediante medios dactilares; en consecuencia, no se ha evidenciado ninguna acción que infrinja la citada Ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Certificado de Permanencia y Conducta 10578/2022 de 30 de junio, suscrito por David Rodolfo Machicado Cuela, Director; y, Paola Andrea Aguilar Arancibia, encargada de Archivo y Kardex, ambos del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; por el cual, se acredita que el ahora accionante ingresó a dicho Centro el 28 de junio de 2021, con mandamiento de detención preventiva por el delito de robo, siendo su permanencia de un año y dos días, y no tiene observaciones de conducta (fs. 2). II.2. Mediante Mandamiento de Libertad de 28 de junio de 2022; por el que, el Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, ordenó al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz –hoy demandado–, ponga en libertad al ahora solicitante de tutela, siempre que no esté detenido o condenado por otra causa, con sello de recepción de 6 de julio de 2020 (fs. 3). II.3. A través de Acta de libertad de 23 de agosto de 2022, suscrita por el Jefe de Seguridad Interna del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; en la cual, se procedió a la liberación del ahora solicitante de tutela (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su vertiente de celeridad y su derecho a la libertad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por comisión del delito hurto agravado, hasta el momento de interposición de esta acción tutelar, la parte demandada incumplió en no dar inmediato cumplimiento a la orden de mandamiento de libertad de 28 de junio de 2022, incumpliendo lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad

El art. 115.II de la CPE, establece lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Asimismo, el art. 178.I de la Norma Suprema determina que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

Las normas constitucionales señaladas refiriéndose al principio de celeridad, considerando el carácter sumario y la finalidad que tiene la acción de libertad, establecieron que deben evitarse actos dilatorios en la tramitación de todo tipo de procesos; en consecuencia, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser tramitada y atendida con la mayor celeridad posible; pues de no hacerlo, incurriría en dilación injustificada. En ese sentido se pronunció la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, que señaló lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…”.

III.2. El deber del Director del Centro Penitenciario al momento de tener conocimiento del mandamiento de libertad

Al respecto, la SCP 0099/2016-S1 de 15 de enero, reiterando el entendimiento asumido por la SCP 0657/2012 de 2 de agosto, respecto a los deberes que tienen los directores de los centros penitenciarios, cuando reciben un mandamiento de libertad, manifestó lo siguiente: “'…tratándose de mandamientos de libertad, el art. 39 de la LEPS, señala que cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, mientras que el funcionario que incumpla esa disposición será pasible a la responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda; por lo tanto los encargados de las prisiones a momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; empero, deberán analizar también, de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo. Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades se evada, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad. En ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, ha señalado que: «…el art. 39 de la LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…»′" (las negrillas y el subrayado son nuestros).

En consecuencia, conforme a las normas constitucionales y jurisprudencia citada, toda autoridad jurisdiccional o administrativa, en conocimiento de una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; sin embargo, el anterior Tribunal Constitucional estableció dos aspectos que deben ser observados al momento de cumplir esta disposición legal y que de ninguna manera puede ser interpretada como restrictiva de la libertad.

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció como lesionado el debido proceso en su vertiente de celeridad y su derecho a la libertad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por comisión del delito hurto agravado, hasta el momento de interposición de esta acción tutelar, la parte demandada incumplió en dar inmediato cumplimiento a la orden de mandamiento de libertad de 28 de junio de 2022, incumpliendo con su accionar lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS.

Identificada la problemática, de la revisión de antecedentes y conforme a las conclusiones del caso, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión de delito de hurto agravado, mediante Resolución 027/2022 de 25 de abril, el Juez Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz dispuso el mandamiento de libertad por suspensión condicional de la pena, mismo que fue librado el 28 de julio de 2022 y puesto a conocimiento a la parte ahora demandada el 6 del mismo mes y año; sin embargo, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz −hoy codemandado− no dio cumplimiento de tal mandamiento de libertad en el plazo dispuesto en el art. 39 de la LEPS, hasta la presentación de la presente acción tutelar.

Asimismo, en audiencia la autoridad demandada justificó la demora en la ejecución del mandamiento de libertad; dado que, el impetrante de tutela es de nacionalidad venezolana y no contaba con identificación alguna que acredite que se trataba de dicha persona, de modo que previamente al cumplimiento del mandamiento de libertad procedió a verificar los datos personales del hoy accionante.

En ese orden, previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde recordar que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que subrayan la necesidad de actuar con rapidez y eficiencia de las autoridades judiciales debiendo garantizar una justicia rápida, justa y equitativa, especialmente cuando se trata de casos relacionados con la libertad personal, de modo que la celeridad en estos casos es una garantía de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando dilaciones que puedan resultar en una restricción injustificada de la libertad.

En relación a la ejecución de los mandamientos de libertad por parte de los responsables de los recintos penitenciarios, estos tienen la obligación de dar inmediato cumplimiento conforme establece el art. 39 de la LEPS; es decir “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan”; no obstante, la jurisprudencia estableció dos aspectos que deben ser observados a momento de cumplir dicha disposición legal y que de ninguna manera puede ser interpretada como restrictiva de la libertad, es así que como primer punto se señaló que los encargados de recintos penitenciarios de manera previa a la ejecución del mandamiento de libertad deben verificar si en el file de la persona privada de libertad no existe otro mandamiento que restrinja el derecho a la libertad y segundo, deben verificar si el mandamiento presentado es auténtico, reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades evada la ley, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad”; no obstante, la dilación injustificada en un proceso penal, en el que de por medio se encuentren personas privadas de libertad, conlleva la vulneración de derechos fundamentales; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional señaló de manera reiterada, que los servidores públicos, deben cumplir sus tareas con agilidad y mayor prontitud, más aún, cuando hay una orden judicial expresa para la efectivización de un mandamiento de libertad, como se explicó en el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese marco, corresponde analizar los supuestos de hecho planteados y subsumirlos a la jurisprudencia constitucional, a efectos de determinar si existió o no, lesión al debido proceso en su vertiente de celeridad y su derecho a la libertad, denunciado por el impetrante de tutela.

Entonces, tal como se indicó precedentemente, dentro de las facultades de los Directores de los Centros Penitenciarios, se encuentra la de disponer la libertad inmediata del detenido frente a un mandamiento de libertad emitido en su favor, que emana de autoridad competente; pero también, previo a ello, de manera inmediata y sin que dicho extremo origine una demora indebida, deben verificar si existen o no, otros mandamientos en contra del imputado, así como determinar la autenticidad de éste.

En el caso concreto, la autoridad demandada alegó que la falta de cumplimiento al mandamiento de libertad dentro del plazo previsto en el art. 39 de la Ley 2298 se debió a que el accionante, de nacionalidad venezolana, no contaba con un documento que acreditara su identidad ni que demostrara que la persona a ser liberada era efectivamente Jhon Deyker Wanda Angulo, a pesar de que se le pidió que presentara algún documento que confirmara su identidad, no lo hizo; empero, de la documentación adjunta a la causa, cursa un certificado de permanencia y conducta emitido el 20 de junio de 2022, suscrito por David Rodolfo Machicado Cuela, Director, y Paola Andrea Aguilar Arancibia, encargada de Archivo y Kardex, ambos del Recinto Penitenciario de San Pedro, en el cual se certifican la fecha de ingreso, el tiempo de permanencia y el tipo penal por el cual el ahora accionante ingresó a dicho centro penitenciario, a partir de este documento, se advierte que el demandado tenía pleno conocimiento de la identificación del hoy accionante.

En ese contexto, tras la verificación de la documentación adjunta al expediente, se constata que el demandado fue notificado con el mandamiento de libertad el 6 de julio de 2022, y hasta la interposición de la presente acción tutelar -23 de agosto de 2022-, no se cumplió con dicho mandamiento; es decir, transcurrieron más de cuarenta días desde que el mandamiento fue puesto en conocimiento de la autoridad correspondiente; lo que pone de manifiesto que el Director del mencionado Centro Penitenciario incurrió en un acto dilatorio excesivo que vulneró el derecho a la libertad alegado por la parte accionante; que si bien es cierto, corresponde a las autoridades penitenciarias verificar ciertos requisitos previos para disponer la libertad de los internos, dicha función no puede ni debe ser utilizada como justificación para dilatar o retrasar la ejecución de la orden de libertad.

Finalmente, respecto a lo manifestado por el Juez de garantías, en relación a que mediante acta de libertad de 23 de agosto de 2022, suscrita por el accionante, Billy Coharite Mamani, Comandante de Guardia, y Diego Cahuaya Zabala, Jefe de Seguridad Interna del recinto penitenciario de San Pedro, presentado en audiencia de esta acción tutelar, ya se hubiera dado cumplimiento al mandamiento de libertad en favor del ahora accionante, y que dicho hecho sería uno de los fundamentos para denegar la tutela, debe tenerse presente que tal accionar no exime de responsabilidad a la autoridad ante el evidente incumplimiento del plazo previsto en el artículo 39 de la Ley 2298, que la alegación del cumplimiento posterior del mandamiento de libertad, que en efecto se hubiese realizado el 23 de agosto de 2022, no puede considerarse una justificación válida para el incumplimiento en el plazo originalmente establecido,

Además, es importante resaltar que la responsabilidad de la autoridad penitenciaria no puede limitarse a la mera ejecución del mandamiento una vez vencido el plazo, sino que también incluye la obligación de garantizar que dicha ejecución se realice sin demoras que violen el derecho a la libertad del interno.

En este sentido, en posteriores actuaciones, la autoridad demandada debe tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 2 de la CADH, que impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo, necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas; de ahí que, la autoridad demandada estaba obligada a adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento oportuno al mandamiento de libertad dispuesto a favor de ahora accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, evaluó de forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada; y, exhortar a la autoridad demandada a no incurrir en lo posterior, en dilaciones que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0140_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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