B.IA.LEGAL

SCP 0140/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
44510-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y a la salud; toda vez que, el Vocal -ahora demandado- mediante Auto de Vista 275/2021 le otorgó la cesación a la detención preventiva mediante la imposición de medidas cautelares personales; sin embargo, hasta la presentación de esta demanda tutelar, no devolvió los antecedentes de la apelación incidental al Juzgado de origen a los fines de tramitar las medidas dictadas, ni permitió que el cumplimiento del trámite de las medidas dispuestas se realice ante la Sala Penal a su cargo. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizaran los siguientes temas: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juez de origen; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/2021 de 16 de octubre, cursante de fs. 30 vta. a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión del cuaderno de apelación incidental, al haberse ya efectuado dicha actuación; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a que la tramitación de los requisitos de cumplimiento de las medidas cautelares personales ante la Sala Penal a cargo del Vocal demandado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juez de origen.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44510-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/2021 de 16 de octubre, cursante de fs. 30 vta. a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Gerardo William Dick Mealla, en contra de Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2021, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante por medio de su abogado y representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Carola Espinoza del Carpio en contra de su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitó cesación a la detención preventiva; a tal efecto, el 8 de octubre del 2021, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso su detención domiciliaria con escolta de “19:00 a 06:00 am”, una fianza de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos), arraigo y presentación ante el juzgado cada día viernes. Bajo ese marco, recogió el oficio para el registro del arraigo ordenado en la oficina de Migración, repartición pública que le exigió el acta y la resolución correspondiente, aceptándose después de mucha insistencia el oficio presentado. Luego, de solicitar al mencionado Tribunal de alzada el acta de audiencia, el Auto de Vista y los oficios para notificar al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, para la otorgación de escolta, así como el formulario al Consejo de la Magistratura para el pago de la fianza; no pudo ser posible, señalándosele que debía ser el juzgado de origen quien reciba dichos actuados a los fines del cumplimiento de las medidas personales cautelares impuestas. En ese sentido, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no se le entregó el Acta de audiencia ni el Auto de Vista, menos se remitieron los antecedentes al Juzgado de origen por encontrarse en aislamiento; motivo por el cual, mediante la presentación de dos escritos pidió al Vocal demandado, ordene la tramitación de las medidas cautelares otorgadas a los fines del cumplimiento de la cesación a la detención preventiva, al encontrarse afectado en su salud al tener una enfermedad de base como es la diabetes mellitus tipo dos. Consecuentemente, al no haberse remitido al Juzgado de origen los antecedentes del caso por las razones expuestas, el Vocal ahora demandado, ocasionó un retraso innecesario en la tramitación de las medidas cautelares personales otorgadas al no ordenar se le entregue los oficios necesarios y el mandamiento de detención domiciliaria.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y a la salud; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga en el día, lo siguiente: a) El Vocal demandado emita el mandamiento de detención domiciliaria, el oficio para el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y el formulario de pago de fianza ante el Consejo de la Magistratura; y, b) Se presenten los requisitos de cumplimiento de las medidas cautelares personales ante la Sala Penal correspondiente y se realice la conducción a su domicilio “…bajo guarda de la sala penal…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 16 de octubre de 2021, según consta en acta cursante a fs. 28 a 30, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por medio de su abogado y representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de la presente acción tutelar y ampliando los mismos, en el desarrollo de la audiencia, señalo lo siguiente: 1) El 8 de octubre de 2021 al momento que se dictó el Auto de Vista 255/2021, solicitó la emisión de los oficios para el cumplimiento de las medidas impuestas como la fianza de Bs80 000.-(ochenta mil bolivianos), arraigo, detención domiciliaria con escolta de horas 19:00 a 06:00 y la presentación al juzgado los días viernes en horario de la mañana, determinaciones necesarias para el cumplimiento de su libertad; así el expediente hasta el momento de la presentación de la acción tutelar se encontraba en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz verificándose que el oficio de remisión al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, es posterior; 2) Si se quería que se realice en el Juzgado de origen las medidas impuestas por la autoridad, debía remitirse inmediatamente el día lunes a primera hora; sin embargo, el oficio es del día viernes, lo cual generó negligencia y dilación que le impidió poder cumplir con las demás medidas, porque les otorgaron el oficio para la oficina de Migración, pero no para el Comando Departamental de la Policía con el fin que se disponga la otorgación de un custodio; y, 3) El juzgado de control jurisdiccional al encontrarse en fase de aislamiento desde el día martes, carece de la facultad de poder recepcionar un legajo de apelación, por lo que solicitaron a la Sala del Vocal -ahora demandado- que directamente se ordene la emisión del mandamiento de la detención domiciliaria, disponiendo que el cumplimiento de las medidas se hagan en el juzgado de origen una vez que regrese del aislamiento, ante la negativa a dicha solicitud, nuevamente solicitó que se cumplan las medidas en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitiendo el mandamiento de detención domiciliaria, otorgándole los oficios que se les negó toda la semana; por lo que pide, a través de la presente acción tutelar se disponga que la Sala Penal deje sin efecto el oficio de remisión del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por encontrarse en aislamiento, lo cual generaría que la remisión a dicho juzgado sea devuelto a Plataforma para la generación del sorteo al despacho judicial hacerse cargo del trámite extrañado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 21 a 22 señaló: i) La procedencia del control de legalidad ordinaria por la violación del derecho a la libertad debe ser groseramente contrario a la ley, lo cual en el presente caso no ocurre, pretendiendo el accionante utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia más para que revise los actos del Tribunal de alzada, lo cual está prohibido por ley; ii) La acción presentada carece de expresión de agravios, además que no se menciona que derecho se le ha vulnerado, realizando simplemente una relación de los antecedentes del caso sin indicar el acto u omisión en la que hubiese incurrido; y, iii) En cuanto al argumento del accionante que no se remitió el expediente al juzgado de origen por negligencia, dicha afirmación no es evidente como consta en el oficio de remisión al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz. 1.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/2021 de 16 de octubre, cursante de fs. 30 vta. a 31 vta., resolvió denegar la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) Se tiene oficio con recepción por parte de la secretaria del juzgado, lo cual denota que la misma no se encuentra enferma de Coronavirus (COVID-19) y por ende en aislamiento; b) Se conoce que cuando existe aislamiento de un juzgado por efecto del Coronavirus (COVID-19), siempre existe un juzgado suplente el cual tiene que asumir todas las causas, más aun de las personas que se encuentran privadas de su libertad; y, c) El ordenar la devolución porque causaría mayor dilación, además de no ser una figura posible porque el control jurisdiccional, es el encargado de velar se lleve el proceso acorde a procedimiento y no así la Sala Penal, siendo que esta únicamente resuelve la apelación y la impugnación realizada. A la complementación solicitada por el impetrante de tutela a través de su abogado y representante sin mandato, la Jueza de garantías refirió que se está solicitando que se modifique y conceda la tutela, cuando ya dictó resolución, por lo que en la complementación y enmienda no podría modificar su fallo y considerando que fue bastante claro no existe nada que complementar y enmendar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa una fotografía del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, con un letrero que dice: ”JUZGADO EN AISLAMIENTO POR COVID-19”; asimismo, se tienen memoriales presentados el 14 y 15 de octubre de 2021, por el abogado del demandante de tutela, dirigidos a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitando en el primer memorial que la detención domiciliaria con custodio, así como el pago de la fianza y presentación del cumplimiento del arraigo se efectué una vez que el juzgado salga de aislamiento y se expida mandamiento de libertad en su favor; en el segundo memorial solicitó que en virtud a la celeridad que se debe imprimir en los trámites vinculados a la libertad y vida, se disponga el cumplimiento de las medidas ante aludida Sala Penal (fs. 2 a 4 vta.). II.2. Consta acta de audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva y Auto de Vista de Vista 275/2021 de 8 de octubre, por el cual el Vocal demandado declaró procedente la apelación presentada por el ahora solicitante de tutela, declarando fundada la cesación a la detención preventiva disponiendo varias medidas cautelares establecidas en el art. 231 bis del Código Penal (CP) [(fs. 13 a 19 vta.)]. II.3. Mediante oficio de 15 de octubre de 2021 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se remite el expediente original del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de Gerardo William Dick Mealla por la supuesta comisión del delito de violencia familiar, con cargo de recepción el 15 del mismo mes y año a horas 15:00 (fs. 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y a la salud; toda vez que, el Vocal -ahora demandado- mediante Auto de Vista 275/2021 le otorgó la cesación a la detención preventiva mediante la imposición de medidas cautelares personales; sin embargo, hasta la presentación de esta demanda tutelar, no devolvió los antecedentes de la apelación incidental al Juzgado de origen a los fines de tramitar las medidas dictadas, ni permitió que el cumplimiento del trámite de las medidas dispuestas se realice ante la Sala Penal a su cargo. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizaran los siguientes temas: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juez de origen; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.

En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0102/2018-S2 de 11 de abril, desarrolló el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En este mismo marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio refiere que la acción de libertad se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Siguiendo esa línea, la SCP 0203/2013 de 27 de febreroresolvió un problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones interpuestas, que no merecieron respuesta por más de un año y concluyó que ese actuar se constituye en una indiscutible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad.

Sobre el particular, también cabe hacer referencia al art. 8.I de la CPE, que en su Capítulo Segundo denominado “Principios, Valores y Fines del Estado”, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas); máximas milenarias conforme precisó la SCP 0015/2012 de 16 de marzo. El principio del ama quilla -no seas flojo-, no tiene aplicación exclusiva en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, sino también en la jurisdicción ordinaria, siendo de inexcusable cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, de las cuales dependen la concretización de los derechos fundamentales de los justiciables; evitando toda actitud dilatoria que no condice con los principios de la Constitución Política del Estado y la adecuada administración de justicia a la que aspira. Así, el ama quilla es un principio ético-moral ancestral, cuya aplicación resulta ineludible en tiempos en los que se pretende descolonizar la justicia, propendiendo a eliminar toda práctica jurídica tardía, formalista y por ende, colonial, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, un proceder diligente, acucioso y responsable, con la finalidad de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta, en la que no se restrinjan los derechos fundamentales.

III.3. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juez de origen.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0227/2019-S2 de 1 de mayo de 2019, asumió el siguiente razonamiento: Respecto al plazo en el cual, el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3 establece:

…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad y a la salud; toda vez que, el Vocal -ahora demandado- mediante Auto de Vista 275/2021 le otorgó la cesación a la detención preventiva mediante la imposición de medidas cautelares personales; sin embargo, hasta la presentación de esta demanda tutelar, no devolvió los antecedentes de la apelación incidental al Juzgado de origen a los fines de tramitar las medidas dictadas, ni permitió que el cumplimiento del trámite de las medidas dispuestas se realice ante la Sala Penal a su cargo. De acuerdo con los puntos de reclamo formulados por el demandante de tutela, cabe precisar que, de acuerdo con las directrices jurisprudenciales glosadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia constitucional Plurinacional, cuando el Tribunal de apelación conoce y resuelve un recurso de apelación incidental de medida cautelar tiene el deber de remitir los antecedentes ante el Juzgado de origen en el mismo plazo previsto para la remisión del recurso de impugnación, que resulta ser de veinticuatro horas. Esto en consideración a que se trata de la definición de la situación jurídica del imputado, por lo que se requiere de su celeridad y pronta tramitación, indistintamente de la decisión asumida en alzada, pues es posible que al confirmarse un rechazo de cesación de la detención preventiva o modificación de medida cautelar, el imputado pueda reiterar su petición -si lo considera pertinente- requiriéndose al efecto contar con todos los antecedentes y sobre todo conocer los fundamentos lógico jurídicos de cuanta resolución se emitió respecto de las medidas cautelares a fin de desvirtuar los motivos que fundaron los riesgos procesales concurrentes. Asimismo, en caso de que el Tribunal de apelación concediese la cesación de la detención preventiva, las medidas cautelares personales a imponerse requieren también de inmediata tramitación, por lo que la remisión de los antecedentes de la decisión asumida en alzada al Juzgado de origen; de igual manera deben efectuarse dentro del término de veinticuatro horas -se reitera- por encontrarse de por medio el derecho a la libertad de una persona privada de libertad. En el caso particular, el Vocal demandado incurrió en una indebida dilación al no remitir el acta de audiencia, el Auto de Vista y otros actuados contenidos en el cuaderno original en el plazo de veinticuatro horas al Juzgado a cargo del proceso penal seguido contra el solicitante de tutela; y si bien cumplió con dicho envío, esto fue recién el 15 de octubre de 2021 a horas 15:00, minutos después que se le notificó con la acción de libertad, conforme se evidencia de los datos cursantes en el expediente constitucional. Bajo ese entendido, el Vocal demandado incumplió los lineamientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional en cuanto al plazo de devolución al juzgado de origen dentro de las veinticuatro horas, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada respecto de este motivo de reclamación constitucional, a través de la acción de libertad de pronto despacho e innovativa, esto con el fin que no se repita dicha dilación indebida al remitir después de varios días el mencionado expediente. Con relación a la denuncia que el Vocal demandado debió disponer y tramitar las medidas cautelares personales impuestas, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con lo razonado precedentemente, no resulta posible pretender que un Tribunal de alzada efectúe todo el despliegue procesal inherente al cumplimiento de dichas medidas, pues abarcan una serie de requisitos como ser el arraigo a tramitarse ante Migración, la constitución de fianza, etc., que imposibilitarían la remisión en el plazo antes mencionado; asimismo, el argumento del peticionante de tutela en sentido de que el Vocal demandado debió tramitar las medidas cautelares personales a los efectos de cumplir la detención domiciliaria debido a que el juzgado de origen se encontraría en aislamiento por Coronavirus (COVID-19), no resulta un argumento que se sustente en alguna norma o directriz jurisprudencial, pues cuando por algún motivo el Juez de origen se encuentra impedido de conocer o continuar con la causa, de acuerdo con lo previsto por el art. 68 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, quien asume la suplencia es el juzgado siguiente en número de la misma materia; contexto bajo el cual no es atendible la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela pretendida sobre este particular. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/2021 de 16 de octubre, cursante de fs. 30 vta. a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión del cuaderno de apelación incidental, al haberse ya efectuado dicha actuación; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a que la tramitación de los requisitos de cumplimiento de las medidas cautelares personales ante la Sala Penal a cargo del Vocal demandado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”.

6 El FJ III.4, señala que: “hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 7El FJ III.5, establece: “Dicha omisión de la autoridad judicial demandada, traducida en una falta de resolución de las excepciones que opuso la accionante, implica una indiscutible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad; toda vez que el demandado actúo con desidia y falta de diligencia, sin considerar que las excepciones son medios intra procesales de previo y especial pronunciamiento que merecen una respuesta oportuna y célere por las implicaciones que conllevan en el proceso; no siendo fundamento valedero que no resolvió por no constar las notificaciones -cuestión que se advirtió no es cierta-, por cuanto no puede justificarse bajo ningún parámetro que durante más de un año, no se le haya dado respuesta a la justiciable, que detenida preventivamente, esperaba lógicamente cambiar su situación jurídica a través de la defensa planteada por su parte. Siendo la autoridad judicial como director funcional del proceso quien debe supervisar las funciones de sus dependientes y las diligencias que éstos efectúan, compeliéndole hacer seguimiento de la causa a objeto de llevarla en el marco de un debido proceso que no transgreda los derechos fundamentales de los imputados”.

8 El FJ III.2.1, refiere que: “…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. Los principios ético morales constitucionalizados: ‘ama qhilla, ama llulla y ama suwa’, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0140_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 25b91e77bfee44f3a70cb920fb5fefb1c568761d944d15929aac87eb1283db4c

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