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SCP 0139/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56375-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa material, a la dignidad y a la legalidad; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, presentó memorial requiriendo audiencia de cesación de la detención preventiva; no obstante, hasta la fecha de interpuesta esta acción tutelar, la Jueza demandada no señaló audiencia ni resolvió las solicitudes presentadas, situación que considera lesiva a sus derechos y garantías constitucionales. Ante ello, la Jueza demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/23 de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56375-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/23 de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María José Herrera Ribera en representación sin mandato de Omar Carlos Antonio Aymaretty Espinoza contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 7 a 9, el accionante, a través de su representante sin mandato, refiere que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el mes de agosto de 2022 cumple detención preventiva por un plazo de ciento ochenta días, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de estafa agravada, en el que las supuestas víctimas admitieron entregar dinero por un puesto de trabajo y no cumplieron con el acuerdo de presentar su currículum; aunque reconoce su error, esto no justifica su detención indefinida ni una condena anticipada. El 12 de septiembre de 2022, solicitó una audiencia de conciliación ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, pero no tuvo respuesta. Posteriormente, el 22 de igual mes y año, presentó una propuesta a Luis Enrique Rodríguez Suárez, Fiscal de Materia, para pagar la deuda en cuotas, pero las víctimas exigieron la totalidad del dinero, lo cual es inalcanzable para su persona ya que actualmente se encuentra privado de libertad por más de nueve meses

Es así que, el 24 de mayo de 2023, solicitó a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, la cesación de su detención preventiva por cumplimiento del plazo establecido, pero hasta la fecha -se entiende de la presentación de esta acción tutelar-no recibió respuesta. Durante ese tiempo, a través de su abogado, intentó recuperar su libertad sin obtener información sobre el expediente; además, el 25 de mayo de 2023, se consultó al personal del Juzgado a cargo de la Jueza demandada sobre el expediente, obteniendo como respuesta que ya fue remitido al Juzgado de Sentencia Decimoséptimo de la Capital y departamento mencionados. Al verificar en dicho Juzgado de Sentencia el 31 de mayo, se informó que aún no lo habían recibido; y, al regresar al Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se recibió la misma respuesta, lo que refleja una falta de transparencia y diligencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa material, a la dignidad y a la legalidad; citando al efecto los arts. 22, 115.I, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) La remisión del expediente al juzgado o tribunal de turno; y, b) La inmediata entrega de los oficios solicitados y necesarios para consideración de la audiencia de cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso, el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz desde el 4 de agosto de 2022; 2) Se presentaron diferentes memoriales respecto a los cuales desconoce si cuentan o no con decreto; y, 3) Su abogado intentó hablar con el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin embargo, le señalaron “que está ocupado”.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno pese a su notificación cursante a fs. 12.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/23 de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que por Secretaría de su despacho, se oficie de manera inmediata a la Jueza demandada para que resuelva la situación jurídica del accionante, debiendo señalar audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de veinticuatro horas; con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante refiere que, 24 de mayo de 2023, presentó un memorial solicitando la cesación de su detención preventiva y la emisión de oficios; sin embargo, desconoce si estos memoriales recibieron respuesta, ya que no se le permitió acceder al cuaderno judicial; además, se le informó que el expediente fue remitido al juzgado de sentencia, pero al consultarlo, se le indicó que no recibieron; por otro lado, al regresar ante el despacho judicial a cargo de la Jueza demandada, su abogado confirmó que aún no remitió la acusación, lo que contraviene la ley, que establece que debe enviarse dentro de las veinticuatro horas; en ese entendido, conforme al “principio de veracidad” de esta acción tutelar, no se puede contrarrestar la documentación e informes presentados, de lo que se infiere que no se obró con celeridad en el proceso; ii) Es necesario resolver la situación jurídica del accionante dentro de un plazo de veinticuatro horas, señalando una audiencia de cesación de la detención preventiva, una audiencia de procedimiento abreviado o, en su caso, una audiencia de conciliación, aceptando o rechazando las solicitudes correspondientes, toda vez que, la situación jurídica del detenido preventivo debe ser resuelta sin demora. En este caso, el accionante solicitó diversas medidas y audiencias sin recibir respuesta; además, ahora que se presentó acusación, el impetrante de tutela señaló que aún no se remitió el proceso ante el juez de sentencia; y, iii) Existe jurisprudencia que establece que el juzgado que tiene la causa, incluso después de la presentación de la acusación, debe mantener el control jurisdiccional hasta que el expediente sea remitido al juzgado de sentencia; en este caso, la autoridad judicial demandada, al tener el control del proceso, debe señalar la audiencia correspondiente ya que, aunque la acusación fue presentada, el expediente aún no fue remitido al juzgado de sentencia, por lo que, no está radicado en este último.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 23), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 (fs. 27) y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de mayo de 2023, Omar Carlos Antonio Aymaretty Espinoza -hoy accionante-, solicitó a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- se conceda el procedimiento abreviado dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito previsto en el Art. 335 del Código Penal (CP) y se fije día y hora para la realización de la audiencia al efecto (fs. 3 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 24 de mayo de 2023, el accionante solicitó a la a la Jueza demandada al cesación de su detención preventiva y la consideración de medidas sustitutivas, señalando que llevaba más de nueve meses privado de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz; y, que no obstaculizó el proceso ni causó dilaciones en el esclarecimiento del hecho; en ese entendido, solicitó señalamiento de audiencia o en su defecto se remitan obrados de la acusación formal al tribunal o juzgado de sentencia de turno, con notificación a las víctimas (fs. 2 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa material, a la dignidad y a la legalidad; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, presentó memorial requiriendo audiencia de cesación de la detención preventiva; no obstante, hasta la fecha de interpuesta esta acción tutelar, la Jueza demandada no señaló audiencia ni resolvió las solicitudes presentadas, situación que considera lesiva a sus derechos y garantías constitucionales. Ante ello, la Jueza demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados

Al respecto, la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre señaló que: “De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público”.

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.3. Análisis del caso concreto

Omar Carlos Antonio Aymaretty Espinoza -hoy accionante- afirma que, debido al proceso penal instaurado en su contra, se encuentra con detención preventiva impuesta, la cual cumple por el lapso de ciento ochenta días desde el mes de agosto de 2022; por lo que, debió llevarse a cabo audiencia para definir su situación jurídica; debido a ello, mediante memorial presentado el 24 de mayo de 2023 (Conclusión II.2), realizó la siguiente solicitud: “…solicito que su autoridad fije fecha y hora para la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva para determinar las medidas sustitutivas por cumplimiento de medida, o en su defecto remita actuados de la acusación formal al tribunal o juzgado de sentencia de turno…” (sic [fs. 2]); en ese entendido, señala que únicamente habría obtenido evasivas del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien le informó que el expediente ya había sido remitido al Juzgado de Sentencia Decimoséptimo de la referida Capital y departamento, lo cual fue desmentido en este último despacho judicial; y, pese a ello se le negó el préstamo del expediente.

Ahora bien, de la revisión de obrados, se tiene que, si bien la autoridad judicial demandada fue debidamente notificada con esta acción tutelar, no presentó informe alguno, tampoco se remitió el expediente judicial con las piezas procesales necesarias, lo cual hubiese permitido una adecuada y razonable compulsa de los antecedentes de la causa objeto de revisión; sin embargo, habiéndose notificado a la prenombrada con la decisión vía Whatsapp, conforme consta de la captura de pantalla cursante a fs. 18, la misma contestó “OK”, situación que de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, autoriza de manera excepcional la aplicación de la presunción de veracidad. La omisión denunciada se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, debido a la vinculación directa con la libertad del peticionante de tutela, puesto que pretende obtener solución efectiva a su solicitud de cesación a la detención preventiva; bajo ese contexto, este Tribunal presume que la Jueza demandada incurrió en dicha desatención, ocasionando con su actuar dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante, concerniente a la referida solicitud de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva. En lo referente a que las solicitudes de procedimiento abreviado y conciliación realizadas por el impetrante de tutela no habrían obtenido respuesta, se tiene que las mismas conforme a lo desarrollado en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, no se constituyen en elementos del debido proceso que puedan ser tutelados mediante la acción de libertad, pues para ello deberían cumplirse con los siguientes requisitos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”; lo que respecto a dichas solicitudes no se cumple e impide a este Tribunal emitir pronunciamiento de fondo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/23 de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0139_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7d3ccdff2f1d769c168950c274405b054c54c988098862b93bc05394160f739b

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