B.IA.LEGAL

SCP 0139/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 7 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
7 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47812-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la defensa; toda vez, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, el 11 de abril de 2022, se llevó a cabo audiencia de lectura de sentencia; no obstante, la misma no pudo ser leída por ser amplia, por lo que se señaló que sería “transcrita” y notificada, en franca inobservancia de la previsión contenida en el art. 361 in fine del CPP modificada por la Ley 1173; no obstante, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no se cumplió con lo dispuesto, impidiéndole con ello ejercer su derecho a la defensa, pues planteó cesación a su detención preventiva, sin poder utilizar la sentencia, elemento esencial para plantear recursos en favor de su libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 9 a 12, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2024-S4 Sucre, 7 de mayo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47812-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 9 a 12, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sanabria Oropeza contra Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, se dispuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, posteriormente instalada la audiencia de apertura de juicio oral el 5 de abril de 2022, la cual duró más de doce horas, reinstalándose al día siguiente, donde se señaló verificativo de lectura de sentencia; no obstante, llegado el día establecido, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz –ahora demandados–, hicieron conocer la imposibilidad de la lectura por ser extensa, por lo cual sería “transcrita” y notificada el 18 de abril de igual año; empero, llegada la fecha se apersonó al aludido Tribunal, donde le manifestaron que la Sentencia aún no se encontraría lista, y pese a que de forma posterior en reiteradas oportunidades hizo el seguimiento respectivo, siempre obtuvo la misma respuesta ‘“QUE (…) SE ENCUENTRA EN LA ÚLTIMA FASE Y QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN…”’(sic).

Sin que a la fecha de interposición de esta acción tutelar –17 de mayo de 2022– se haya cumplido con la notificación del aludido fallo, en pleno desconocimiento de lo estipulado en el art. 361 del Código de Procedimiento Penal (CPP); omisión que le ocasionó retrasos, pues se ve impedido de realizar las acciones legales correspondientes, ya que solicitó la cesación a su detención preventiva, sin poder utilizar documentaciones del proceso “pro que este esta en despacho para la sentencia, inclusive necesito las actas en donde se han retirado testigos que supuestamente influenciaría de estar libre, y lo que busca este tribunal es impedirme el ejercicio de mi derecho a la defensa, Consecuentemente es vital la SENTENCIA puesto que es elemento esencial para plantear recursos en favor a mi libertad” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad y a la defensa; citando al efecto el art. 15.l de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir en el plazo de veinticuatro horas todos los actuados pendientes, incluyendo las actas de audiencia de juicio y la sentencia, para que sean notificados conforme a procedimiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el “17” de mayo de 2022 –siendo lo correcto 18–, según consta en el acta cursante de fs. 7 a 8 vta., presente el accionante y los demandados y ausente el representante del Ministerio Público, en el que se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda y ampliándola manifestó que: a) Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, emitieron sentencia condenatoria en su contra, la cual no fue notificada, habiendo transcurrido ya un mes, sobrepasando abundantemente los plazos del Código de Procedimiento Penal, vulnerando su derecho a la defensa y a la libertad, “porque está pendiente la cesación que se ha presentado debido al estado de salud, de mi cliente es una persona de la tercera edad, si no que adolece de enfermedades crónicas como es una próstata crónica, hipertensión arterial, dolencias del corazón, sin embargo, tampoco ver la apelación correspondiente, porque el Tribunal que tendría el cuaderno de legajos y las piezas procesales que deberían ir remitidas para la apelación precisamente de esta sentencia encontramos obstaculizados de todas las formas para asumir, la presente defensa” (sic), no pueden “llevar” ninguna cesación y el derecho oportuno que es el derecho a la vida a la salud que tiene toda persona, ante la no emisión de la sentencia, lo cual afecta su derecho a la libertad; y, b) Finalizó solicitando se conceda la tutela, y se ordene a las autoridades demandadas emitir en el plazo de veinticuatro horas todos los actuados pendientes, incluyendo las actas de audiencia de juicio y la sentencia condenatoria, y posteriormente sea notificado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jimena Velásquez Albarracin, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) La Sentencia y las actas extrañadas se encuentran firmadas “si bien existe el módulo de adjuntarlos con CD, se le exige a la secretaria que se transcriba las actas íntegras” (sic); y, 2) Se denegó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por la parte –hoy accionante–, por ello que para remitir los antecedentes debe considerarse que se cuenta con 73 cuerpos “y en relación a las mismas están encargadas de sacar fotocopias” (sic), por lo que pidió se deniegue la tutela “porque se adjuntan arrimadas todo el expediente y voy a remitir en este momento a su despacho donde es su autoridad va a poder observar se encuentran todas las actuaciones y si se va a notificar téngase presente notificaciones son de forma personal no puedo notificar a los abogados con una sentencia cabalmente se tiene que notificar en el penal de San Pedro” (sic). Tomas Condori Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento La Paz, a su turno señaló que, jamás sostuvo una conversación con el impetrante de tutela, por tanto que mal podría decirse que indicó que la sentencia no se encontraba transcrita, existiendo mecanismos procesales a través de los cuales pudo haber hecho conocer los extremos hoy reclamados, por lo que al no hacerlo, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, “si quiere presentar solicitudes, lo puede realizar conforme a derecho y para considerar la misma se necesita entiendo yo, la sentencia más aún si se ha dado lectura de la misma es cuanto voy a informar” (sic), finalizó solicitando se deniegue la tutela impetrada. Wilge Hugo Mendoza, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento La Paz, expresó que, se cumplió con lo establecido en la norma adjetiva penal, y conforme fue sostenido por su colega, no se presentó ningún memorial con referencia a lo manifestado en esta acción de libertad, por lo que pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 9 a 12, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo con el accionante conforme el art. 361 del CPP, la sentencia debió ser emitida inmediatamente después de la deliberación, entonces cuando el impetrante de tutela indicó que los Jueces del Tribunal habrían decidido que la sentencia no podía ser leída en audiencia “ante esa providencia no se tiene activado ningún recurso impugnatorio” (sic), por lo que si consideraba que esa decisión no se enmarcaba en la norma de referencia pudo plantear el recurso de reposición; y, ii) Por otro lado señaló que, las audiencias son registradas en su integridad digitalmente de manera audiovisual, siendo la Oficina Gestora de Procesos responsable de cumplir con los protocolos de seguridad que garanticen la inalterabilidad del registro y su incorporación al sistema informático de gestión de causas, encontrándose los registros digitales de las audiencias en dicho sistema para el acceso de las partes en todo momento, a través de la ciudadanía digital conforme protocolos de seguridad establecidos para el efecto, por lo que a solicitud verbal de las partes se proporciona copia en formato digital y se registra constancia de la entrega de acuerdo al art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, “empero la petición en sentido que el Tribunal emita en el plazo de veinticuatro horas todos los actuados pendientes, incluyendo las actas de audiencia de juicio no es pertinente, si el hoy accionante considera la falta de pronto despacho de estos actuados, debió también poner en conocimiento a través de los canales pertinentes o en su defecto por medio del libro de quejas, aspecto que no lo han hecho, máxime que las autoridades accionadas han sido claros y expresos que no es evidente que no se tiene la sentencia, así como las actas, en ese entendido corresponde denegar la tutela solicitada” (sic).

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de acción de libertad realizada el 17 de mayo de 2022, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, presentaron informe oral (fs. 7 a 8 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la defensa; toda vez, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, el 11 de abril de 2022, se llevó a cabo audiencia de lectura de sentencia; no obstante, la misma no pudo ser leída por ser amplia, por lo que se señaló que sería “transcrita” y notificada, en franca inobservancia de la previsión contenida en el art. 361 in fine del CPP modificada por la Ley 1173; no obstante, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no se cumplió con lo dispuesto, impidiéndole con ello ejercer su derecho a la defensa, pues planteó cesación a su detención preventiva, sin poder utilizar la sentencia, elemento esencial para plantear recursos en favor de su libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso

Al respecto la SCP 0060/2018-S4 de 16 de marzo, haciendo referencia a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que: “…la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal con relación al procesamiento ilegal o indebido, ha establecido, en principio, que: ‘la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal’. Así la SC 0024/2001-R, de 16 de enero, jurisprudencia uniforme y reiterada por las SSCC 200/2002-R, 414/2002-R y 250/2003-R, entre otras. Asimismo, modulando la línea jurisprudencial constitucional vinculante anteriormente glosada y precisando aún más los presupuestos de activación del recurso de hábeas corpus, cuando se invoca procesamiento ilegal o indebido, la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, ha señalado que: ‘(...) la SC 1668/2004-R, de 14 de octubre, expresó que a través de este recurso no se pueden examinar "actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente’. Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal. De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. (…) Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. Por su parte, siguiendo este mismo entendimiento la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, entendió que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otrasʹ Conforme la jurisprudencia glosada, para la activación de la acción de libertad ante las denuncias de procesamiento ilegal o indebido, deben presentarse dos aspectos: a) Que el acto lesivo, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, necesariamente deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe presentarse un absoluto estado de indefensión, que implica que el accionante debe demostrar que no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso por tener conocimiento de los mismos recién al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, el 11 de abril de 2022, se llevó a cabo audiencia de lectura de sentencia; no obstante, la misma no pudo ser leída por ser amplia, por lo que se señaló que sería “transcrita” y notificada, en franca inobservancia de la previsión contenida en el art. 361 in fine del CPP modificado por la Ley 1173; no obstante, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no se cumplió con lo dispuesto, impidiéndole con ello ejercer su derecho a la defensa, pues planteó cesación a su detención preventiva, sin poder utilizar la sentencia que es un elemento esencial para plantear recursos en favor de su libertad.

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto de la problemática planteada y considerando que, el accionante es claro al señalar que la Sentencia Condenatoria emitida en primera instancia, le servirá como prueba para solicitar la cesación a su detención preventiva, “así como las actas” donde se retiraron testigos sobre los cuales presuntamente influenciaría estando en libertad, razón por la cual denuncia la falta de notificación con la misma; situación que si bien motiva a esta jurisdicción constitucional poder ingresar al control tutelar del reclamo efectuado, al encontrarse el contexto vinculado con su derecho a la libertad; no obstante, conforme se tiene del informe prestado por la autoridad demandada, y no controvertido por el impetrante de tutela, su pretensión –cesación a la detención preventiva–, ya hubiere sido considerada en audiencia, donde fue denegada; no existiendo ninguna otra solicitud de cesación pendiente tramitación cuya presentación haya sido debidamente acreditada ante este Tribunal, para su compulsa a los efectos de la tutela pretendida.

Por cuanto al carecer la extrañada notificación con la Sentencia Condenatoria emitida en primera instancia de vinculación con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al fondo, ello de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que estableció que quién pretende que las denuncias relativas al debido proceso sean tuteladas por la acción de libertad, debe demostrar que las mismas se encuentran vinculadas con el aludido derecho, y además que existió indefensión absoluta, lo que implica que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso por tener conocimiento de los mismos recién al momento de la persecución o la privación de la libertad, lo cual tampoco fue alegado ni demostrado ante esta jurisdicción. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 9 a 12, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0139_2024-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7704da7b727d116ad2cf65c31791c9cb5373f0b68066b4c32a5b9894e1929880

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →