Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 9 de mayo de 2024
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, ante la solicitud de audiencia para la aplicación de sanciones alternativas, el Juez ahora accionado, previamente a la emisión de su mandamiento de libertad, incurrió en dilaciones indebidas al disponer que presente un informe psicológico, no obstante de que cumplió con lo establecido en el art. 76 de la Ley 348; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar permanece recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 7 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, una vez notificado con el presente fallo constitucional, de forma inmediata señale una nueva audiencia de consideración de aplicación de sanciones alternativas, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de lo previsto por el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, para que se disponga el mandamiento de libertad del accionante, si en el caso correspondería, salvo que ese acto procesal ya hubiese sido efectuado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2024-S3 Sucre, 9 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47949-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2022 de 7 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Méndez Rodríguez contra Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante por memorial presentado el 6 de mayo de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juana Justiniano Álvarez contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 6 de mayo de 2022, se puso a disposición del Juez hoy accionado y en audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado fue condenado a tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, renunciando las partes procesales a la interposición del recurso de apelación restringida; por lo que, su Sentencia quedó plenamente ejecutoriada. Así también, a través de su defensa técnica solicitó audiencia para la aplicación de sanciones alternativas, al amparo de lo previsto por el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, presentándose como pruebas el Certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y el Certificado de No Violencia (CENVI), con el objeto de cumplir con el mencionado artículo, respecto a que su persona no tiene que ser reincidente, en ese sentido según la señalada documentación se acreditó que no cuenta con sentencia ejecutoriada, ni declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso; sin embargo, el Juez hoy accionado previamente a emitir el mandamiento de libertad ingresó en dilaciones indebidas al disponer que presente un informe psicológico para que emita dicho mandamiento, actuando de forma contradictoria a la citada normativa legal; en consecuencia, dispuso que cumpla su condena en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz mientras no presente el mencionado informe.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23.I, 24, 125 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El 4 de mayo de 2022, fue aprehendido por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, y al día siguiente la representante del Ministerio Público presentó su imputación formal ante el Juez ahora accionado; b) El 6 de igual mes y año, a las 10:30 horas, señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, previamente al comienzo de dicha audiencia se llegó a un acuerdo legal con el Ministerio Público, firmando el procedimiento abreviado; por lo que, en audiencia la representante del Ministerio Público realizó su fundamentación y en Sentencia se dispuso la pena de tres años de reclusión, quedando ejecutoriada dicha Sentencia; c) Previamente a la emisión del mandamiento de libertad, el Juez hoy accionado solicitó, sin ninguna fundamentación, que se presente ante su autoridad un informe psicológico, imponiéndole con ello un requisito de forma ilegal que vulnera los derechos a la libertad y al debido proceso; y, d) Al ser condenado a una pena privativa de libertad de tres años, la misma será reemplazada por una sanción alternativa; empero, el Juez ahora accionado ingresó en dilaciones indebidas al solicitar un informe psicológico no obstante que su persona se encontraba detenida; por lo que, esa disposición es de imposible cumplimiento, más aún si en los arts. 77, 78, 79, 80 y 82 de la Ley 348, no establece como sanciones alternativas un informe psicológico.
Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, ni presentó informe alguno, a pesar de su citación cursante a fs. 10.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 7 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado emita el correspondiente mandamiento de libertad en favor del accionante; y, tomando en cuenta que se envían todos los actos procesales a través del sistema Cisco Webex, la mencionada autoridad judicial, no podría emitir de forma directa el mandamiento de libertad, más aún si se encontraban en fin de semana y se le imposibilitaba constituirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, porque solicitan que todas las actuaciones procesales sean sistematizadas, por ello se ordenó que se notifique por Secretaría al Juez hoy accionado, con esa resolución constitucional y que el “lunes” a primera hora emita el mandamiento de libertad en favor del accionante. Todo lo señalado, bajo los siguientes fundamentos: 1) Para que proceda la acción de libertad se deben tomar en cuenta dos requisitos, el primero que se encuentre afectada la libertad del accionante; y el segundo, que esa afectación le cause indefensión; 2) Conforme a su revisión y de acuerdo a lo mencionado, se evidenció que no existe en el procedimiento un requisito que consiste en un informe psicológico a efectos de que se apliquen las sanciones alternativas, ya que sería diferente si quizás previamente a considerar el procedimiento abreviado se le hubiera solicitado dicho informe, con el fin de que advirtiera el grado de afectación a la víctima; y, 3) En el presente caso se advirtió que se efectuó el procedimiento abreviado y se le otorgó al accionante las sanciones alternativas, encontrándose ejecutoriada la Sentencia “…y que únicamente se estaría solicitando el informe psicológico” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa CENVI de Kevin Méndez Rodríguez -hoy accionante-, emitido el 6 de mayo de 2022, por el Responsable del Registro Judicial de Antecedentes Penales Nacional del Consejo de la Magistratura (fs. 3). II.2. Consta Certificado REJAP del accionante, emitido el 6 de mayo de 2022, por el Responsable del Registro Judicial de Antecedentes Penales Nacional del Consejo de la Magistratura (fs. 4).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, ante la solicitud de audiencia para la aplicación de sanciones alternativas, el Juez ahora accionado, previamente a la emisión de su mandamiento de libertad, incurrió en dilaciones indebidas al disponer que presente un informe psicológico, no obstante de que cumplió con lo establecido en el art. 76 de la Ley 348; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar permanece recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.”
Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional; siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, ante la solicitud de audiencia para la aplicación de sanciones alternativas, el Juez ahora accionado, previamente a la emisión de su mandamiento de libertad, incurrió en dilaciones indebidas al disponer que presente un informe psicológico, no obstante de que cumplió con lo establecido por el art. 76 de la Ley 348; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar permanece recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. En principio es necesario aclarar que si bien no cursa en obrados los actuados señalados, no es menos evidente que la Jueza de garantías en el Auto de 6 de mayo de 2022, ordenó que el Juez ahora accionado de forma inmediata remita las copias respectivas del cuaderno procesal y los antecedentes procesales que tenga en su poder, relativo al proceso penal signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102062201178 Caso: FELCV-647/2022 que motiva la interposición de la presente acción de libertad; sin embargo, no obstante de su citación cursante a fs. 10, no remitió dicho cuaderno procesal, ni remitió informe alguno como tampoco se hizo presente a la audiencia de consideración de esta acción tutelar; por lo que, conforme al principio de informalismo que caracteriza esta acción de defensa, habilita a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada con el fin de resolver con la mayor celeridad, más aún si el Juez hoy accionado no señaló la existencia de actos contrarios a lo afirmado por el accionante; vale decir, que esa afirmación no fue acreditada con prueba objetiva por el Juez hoy accionado, a quien le correspondía demostrar ello, por la inversión de la carga de la prueba que corresponde en la acción de libertad. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que el accionante, adjuntó los Certificados REJAP y CENVI ambos emitidos el 6 de mayo de 2022, por el Responsable del Registro Judicial de Antecedentes Penales Nacional del Consejo de la Magistratura (Conclusiones II.1. y II.2.). En ese marco, se evidencia que el accionante cuestiona el hecho que el Juez ahora accionado, ante la solicitud de aplicación de sanciones alternativas, no libró el mandamiento de libertad de forma inmediata; no obstante, de que cumplió con los requisitos previstos por el art. 76 de la Ley 348, que establece lo siguiente: “I. En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando: 1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será remplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. 2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta. II. La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia”, incurriendo en dilaciones ilegales e indebidas; puesto que, al haberse sometido a un procedimiento abreviado en el que fue sentenciado a tres años de reclusión, permanece privado de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, y contando con los Certificados REJAP y CENVI cumplía con las previsiones contempladas por la citada norma legal; sin embargo, el Juez ahora accionado no dio cumplimiento a las disposiciones legales al determinar que el accionante presente un informe psicológico previamente al tratamiento de las sanciones alternativas, constituyéndose en un actuado que no puede influir en la aplicación de un instituto penal; ya que, si bien procede bajo el cumplimiento de ciertos requisitos -art. 76 de la Ley 348- que deben ser verificados por el Juez ahora accionado al momento de la celebración de la audiencia de aplicación de sanciones alternativas, para emitir el correspondiente mandamiento de libertad, no es menos evidente que en el presente caso la determinación que asumió el referido Juez hoy accionado fue ilegal e indebida; toda vez que, cuando se trata de delitos de violencia en razón de género, la disposición aplicable por mandato constitucional y de los instrumentos internaciones es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que debe ser aplicada de manera preferente incluso al mismo Código de Procedimiento Penal, al constituirse una ley especial que concierne a todas las autoridades judiciales, administrativas y la sociedad en general; en el caso en estudio corresponde la aplicación del art. 76 de la indicada Ley, en cuyo procedimiento de sanciones alternativas no se establece que se debe presentar un informe psicológico para su aplicación sino el cumplimiento de otros requisitos; por lo que, la determinación asumida por el Juez ahora accionado se encuentra al margen de lo previsto en la citada Norma. En el caso concreto al tratarse de una pena privativa de libertad que no excede los tres años, el Juez ahora accionado debió resolver de forma inmediata la situación jurídica del accionante enmarcándose en la aplicación de lo previsto en el art. 76 de la Ley 348 con la debida celeridad, y no como contrariamente procedió disponiendo la presentación de un informe psicológico previamente a la emisión del mandamiento de libertad, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso y a la libertad, así como al principio de celeridad; puesto que, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en un mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, tal como sucedió en el presente caso. En ese sentido, se concluye que el Juez ahora accionado incurrió en dilaciones indebidas e ilegales al no verificar solamente el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma citada -art. 76 de la Ley 348-para proceder a la emisión del mandamiento de libertad, peor aún si en ninguna parte de la norma aplicable al caso concreto se establece la presentación previa de un informe psicológico para acogerse a las sanciones alternativas y disponer lo que en el caso correspondería, situación que efectivamente generó la vulneración del derecho a la libertad de manera ilegal vinculados al derecho al debido proceso y al principio de celeridad, al no emitir un pronunciamiento inmediato y oportuno según el procedimiento instituido; vale decir que el Juez ahora accionado, no resolvió con diligencia la situación jurídica del accionante en estricta aplicación del art. 76 de la Ley 348, incurriendo en dilaciones indebidas e ilegales que vulneran sus derechos alegados en la presente acción de defensa, por esa razón corresponde conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 7 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, una vez notificado con el presente fallo constitucional, de forma inmediata señale una nueva audiencia de consideración de aplicación de sanciones alternativas, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de lo previsto por el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, para que se disponga el mandamiento de libertad del accionante, si en el caso correspondería, salvo que ese acto procesal ya hubiese sido efectuado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0139_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): c68f9cea49ec2d6657e6e5a216afaba936ed604b64885fb9c003206f3d447b60
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