B.IA.LEGAL

SCP 0139/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 30 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
30 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
50012-2022-101-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a un recurso sencillo y rápido, y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su persona contra Windsor Andia Rivera -hoy tercero interesado-, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 36 de 3 de mayo de 2021, bajo el argumento de no haber presuntamente cumplido con las formalidades procesales exigidas por los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 88/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 152 vta. a 157 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, por haber evidenciado la supresión del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, vinculado con el derecho de acceso a la justicia, dejando sin efecto el Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, pronunciado por los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando que las actuales autoridades emitan uno nuevo, en observancia de los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  2. III.2. El recurso de casación en materia penal y el precedente contradictorio como requisito de admisibilidad
  3. III.3. La flexibilización de requisitos de admisibilidad del recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2024-S2 Sucre, 30 de abril de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50012-2022-101-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 88/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 152 vta. a 157 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Asako Inamine Takei contra María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda; Edwin Aguayo Arando y Olvis Eguez Oliva, Magistrados de la Sala Penal todos del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 10 de agosto de 2022, cursantes de fs. 79 a 85 y 89, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su persona en calidad de víctima y querellante, luego como acusadora particular por el asesinato de su hija contra Windsor Andia Rivera -hoy tercero interesado-, tuvo que soportar un calvario judicial que terminó por deteriorar su salud como la de su esposo, quien murió sin encontrar la justicia que tanto buscaron, pues la gestión 2015 el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó una sentencia absolutoria, la cual tras ser apelada fue anulada por Auto de Vista, decisión confirmada por Auto Supremo, determinándose la realización de un segundo juicio oral. Después de casi nueve años de la muerte de su hija, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del citado Tribunal Departamental, emitieron la Sentencia 09/2020 de 1 de octubre, condenando a treinta años sin derecho a indulto al acusado; sin embargo, en virtud al recurso de apelación restringida interpuesta por el nombrado, los Vocales de la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal Departamental de Justicia, revalorizando toda la prueba producida en juicio oral, emitieron el Auto de Vista 36 de 3 de mayo de 2021, anulando totalmente la referida Sentencia. Por tal motivo, se vio obligada a recurrir de casación, siendo resuelta por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, mediante el cual no solo se negó su pronunciamiento sobre el fondo de la causa, sino atentó contra sus derechos y garantías constitucionales y convencionales, al declarar la inadmisibilidad de su recurso, con el argumento de que su persona no habría cumplido con las formalidades procesales exigidas por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, no hubo cumplido con los requisitos de admisibilidad al no haber descrito la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio invocado a tal efecto -extremo que sin embargo no es evidente-; bajo cuyo fundamento, le enviaron nuevamente a un tercer juicio penal, a sabiendas de su grave estado de salud, teniendo el derecho a ser protegida oportunamente por los jueces y tribunales; señalando además que, sus alegaciones serían “narraciones anecdóticas” o que entraría en el ámbito de lo subjetivo, afirmando incluso que no podrían ingresar a revisar el fondo de la causa, menos de manera excepcional, ante la inobservancia de los requisitos formales; generando que no se efectivicen sus derechos, pese a su calidad de víctima al ser madre de la mujer asesinada. Con la emisión del citado fallo, la referida Sala Penal no solo suprimió sus derechos, sino también demostró que el máximo tribunal de justicia actuó contrariamente al compromiso asumido por el Estado, en el caso “MZ”, tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el cual y mediante Acuerdo de Solución Amistosa de 11 de marzo de 2008, el Estado boliviano se comprometió a erradicar los prejuicios patriarcales machistas en la protección y respeto de los derechos humanos, especialmente los derivados de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); razón por la que, acudió ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado, al ser las instancias que tendrán que asumir una eventual demanda ante tribunales internacionales, si el caso ameritaba; alegando que, “…pese a [sus] reclamos a esos derechos a la justicia pronta y oportuna y el acceso a ella que no solo los señores vocales me negaron sino que ahora lo hacen los propios Ministros del Tribunal Supremo de Justicia solo y a decir suyo por incumplimiento de formulismos procesales…” (sic). El Auto Supremo 963/2021-RA que ahora acusa como lesivo para negarle sus derechos, incluso tomó como fundamento, parte de su respuesta al recurso de apelación restringida, dejando entender que los “ministros” apoyaron su negativa en un documento que no debió ser objeto de revisión al no haber entrado al fondo de la causa, mas no se dieron la tarea de revisar ni el Auto de Vista recurrido ni el “auto supremo” traído como precedente, pues en la respuesta al recurso de apelación formulado por el acusado -ahora tercero interesado- puso de manifiesto que la intención del “sentenciado” era que los Vocales revaloricen prueba; debido a que, ofrecieron y adjuntaron una que nunca fue producida en juicio, habiéndose ya solicitado en esa oportunidad la aplicación de normas Constitucionales y Convencionales, negativa de acceso a la justicia que implica la realización de un tercer juicio, en franco atentado a sus derechos de víctima.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a un recurso sencillo y rápido, y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4 inc. g) de la Convención de Belém do Pará.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto Supremo 963/2021-RA, “…CONMINANDO A LOS MINISTROS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NO SOLO LA ADMISIÓN [D]EL RECURSO DE CASACIÓN SINO A LA ANULACIÓN DEL AUTO DE VISTA Y QUE SE MANTENGA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA N° 09/20 DE FECHA 1RO DE OCTUBRE DE 2021 EMITIDA POR EL TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 147 a 152 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó de forma íntegra los argumentos expresados en la demanda tutelar, y ampliándolos añadió que: a) El fundamento mencionado por el Tribunal Supremo de Justicia es que presuntamente no se hubo cumplido con los arts. 416 y 417 del CPP; sin embargo, de la revisión del recurso de casación, se advirtió expresamente haber mostrado la contradicción existente entre el Auto de Vista 36 dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con el precedente contradictorio, ello en el entendido de haber procedido a la revalorización de la prueba; b) De la lectura del citado Auto de Vista y del precedente contradictorio adjunto al recurso, se puede evidenciar que existe discordancia; ya que, este último determinó expresamente la prohibición de revalorizar prueba por parte del Tribunal de alzada; de igual forma, el referido fallo nunca cumplió ni siquiera con los requisitos de forma que tienen los autos de vista dictados por los tribunales de justicia de todo el país; c) El Auto Supremo cuestionado a efectos de evitar la revisión y verificar el atentado contra el debido proceso, ha empleado como argumento la vigencia de formalismos, habiendo efectuado un análisis del recurso de apelación restringida, así como de la respuesta que presentaron de su parte; y, d) El Tribunal Supremo de Justicia con el fin de evitar analizar la citada Resolución de alzada que anuló la Sentencia 09/2020, resolvió cerrar las puertas a la víctima, “…ha decidido mostrar mediante este auto supremo, la no erradicación de la práctica machista que existe lamentablemente en el Tribunal Supremo de Justicia y por el cual también fue procesado justamente el Estado Boliviano en el caso M.Z....” (sic); solicitando que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, le conceda la tutela, anulando el Auto Supremo 963/2021-RA, y se ordene a los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que admitan el recurso de casación e ingresen a considerar el fondo del caso, al haberse cumplido con los requisitos de admisibilidad.

I.2.2. Informe de los demandados

Edwin Aguayo Arando, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 25 de agosto de 2022 -no consta su firma-, cursante de fs. 145 a 146 vta., manifestó que: 1) La pretensión de la peticionante de tutela no posee mérito; puesto que, no se basó en un argumento aparente, no pudiendo considerarse la lesión de derecho alguno ante el incumplimiento de un requisito de procedimiento básico como es la explicación, “…como tampoco podría constituirse igual ofensa, si a base del reclamo se trató de un documento de ausente aplicación y entendimiento forense de la norma procesal (…) no siendo suficiente la sola afirmación de lesión, el ataque a la autoridades jurisdiccionales (no ausentes de adjetivos innecesarios) y el natural descontento…” (sic); 2) El Auto Supremo 963/2021-RA, únicamente registró el contenido del memorial de casación presentado por la impetrante de tutela, concluyendo que los requisitos previstos en el art. 416 del CPP, no fueron cumplidos, “…así como un supuesto de flexibilización no tenía un argumento –salvando el enfoque jurídico, al menos narrativo- que permita abrir competencia, como sucedió” (sic); y, 3) Tal como se estableció en el fallo cuestionado, plantear el quebrantamiento de una regla procesal no justifica la apertura de competencia de manera extraordinaria; menos aún, cuando una petición no explicó de forma clara cuál fue la lesión objetiva proveniente del acto denunciado como gravoso, pretendiendo que la invocación de un derecho, garantía o principio previsto por la Constitución Política del Estado, “…sea una suerte de mantra, cuya repetición constante generará un resultado” (sic); en consecuencia, no incurrió en la vulneración de los derechos alegados por la solicitante de tutela. María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda y Olvis Eguez Oliva, Magistrado de la Sala Penal, ambos del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito alguno, tampoco asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 142.

I.2.3. Participación del tercero interesado

Windsor Andia Rivera, por memorial presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 128 a 132 vta., señaló que: i) La accionante realizó una descripción fáctica, subjetiva de los hechos, sin indicar que su recurso de casación fue presentado sin cumplir con los requisitos formales, tampoco invocó la existencia de defectos absolutos que hayan provocado la lesión de derechos fundamentales, o que se tenga que acudir a la flexibilización de los requisitos de admisibilidad, con una petición incongruente procesalmente; puesto que, con dicha impugnación pretendió anular el Auto de Vista 36 y se confirme la Sentencia 09/2020; ii) En el citado recurso no efectuó la argumentación para que el Tribunal Supremo de Justicia ingrese al fondo de su postulación; por el contrario, el Auto Supremo 963/2021-RA, luego de analizar los fundamentos normativos y doctrinarios, respondió de manera precisa la razón por la cual no admitió su recurso, al no haber establecido el derecho que fue restringido y que implique un defecto absoluto; iii) A través de esta acción tutelar la peticionante de tutela intenta sustituir un deficiente recurso de casación sin argumentos, mencionando tratados sobre el derecho de la no violencia de la mujer, con el afán de distraer la verdadera competencia de esta justicia constitucional, la misma que no puede reparar las deficiencias recursivas, sino para que se respeten los derechos de las partes en un sistema acusatorio penal; iv) La impetrante de tutela de forma incongruente solicitó la anulación de los referidos Auto Supremo y Auto de Vista, sin haber demandado a los Vocales que emitieron este último fallo, incumpliendo lo establecido en la “SCP 0231/2013 de 11 de octubre”, pretendiendo suplantar a la justicia ordinaria por la constitucional, y que esta cambie su competencia y ejercite una determinativa; y, v) La accionante omitió demostrar el agravio sufrido, el reclamo realizado y el acto ilegal u omisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, menos cumplió con los requisitos de admisibilidad del recurso de casación; por lo que, solicitó se deniegue la presente acción de defensa, al no haberse demostrado la transgresión de ningún derecho o garantía constitucional. Asimismo, en audiencia de garantías a través de su abogado, se ratificó en el informe supra presentado, añadiendo que: a) La solicitante de tutela señaló que este mecanismo constitucional se encuentra dentro de los seis meses; sin embargo, no adjuntó prueba fundamental para demostrar dicho extremo, como el formulario de notificación; por otra parte, no cumplió con lo previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, así como, con las reglas que establecen la excepcionalidad para ingresar al fondo de una petición, habiendo el Tribunal Supremo de Justicia resuelto conforme a los requisitos de admisibilidad; y, b) La prenombrada solo indicó que se vulneró su derecho a la justicia pronta y oportuna; sin embargo, no refirió de qué manera, cuál es el nexo de causalidad y la autoridad que lesionó sus derechos; por otra parte, no demostró ninguna situación que implique la revisión de la legalidad ordinaria, debiendo para ello cumplir ciertos requisitos, como demostrar que la resolución no fue motivada, congruente, si es producto de una valoración defectuosa de la prueba o por qué no se aplicaron correctamente las normas jurídicas, conforme sostuvo la SCP 0917/2021-S4 de 25 de noviembre; reiterando la denegatoria de la tutela impetrada.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Rose María Barrientos Ruiz, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías se adhirió al contenido de la acción de amparo constitucional interpuesta, alegando que: 1) Tanto el Ministerio Público como la parte denunciante, fueron víctimas de muchos procedimientos desleales, logrando que el proceso penal sustanciado no tenga un normal desenvolvimiento, al extremo de no haber sido legalmente notificada con el Auto de Vista 36 de la apelación restringida, vulnerando el derecho que tiene su persona al ser titular de la investigación; y, 2) El Auto Supremo 963/2021-RA, no solamente suprimió los derechos y garantías de la víctima -hoy impetrante de tutela- establecidos en la Constitución Política del Estado y en las Convenciones Internacionales, sino se pretendió dejar en la impunidad la muerte de su hija, incumpliendo el compromiso asumido por el Estado boliviano de velar por los derechos y garantías de las víctimas; por lo que, solicitó se conceda la tutela demandada y se anule el referido fallo.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 88/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 152 vta. a 157 vta., denegó la tutela solicitada, por no evidenciarse la vulneración de derechos, con base en los siguientes fundamentos: i) El recurso de casación interpuesto el 2 de julio de 2021 por la accionante, se limitó a mencionar el Auto Supremo 317/2003 de 13 de junio, sin concatenar este fallo a los agravios del caso en cuestión, “…y se permite además fundar una ausencia de pronunciamiento por el auto de vista de ciertos agravios, lo cual es incongruencia y además la aplicación de dos artículos del sistema convencional, que aunque no los haya mencionado, igual la autoridad jurisdiccional está obligada a aplicarlos…” (sic); por esa razón, el Tribunal Supremo de Justicia no admitió el recurso de casación al no existir materia sustancial para su consideración; ii) En aplicación del enfoque interseccional con perspectiva de género, la referida Sala Constitucional revisó el citado recurso de casación, advirtiendo que no cumplía con la carga argumentativa que permita al Tribunal Supremo de Justicia, ingresar al fondo de la problemática, porque no existió un nexo causal entre lo resuelto por el Auto de Vista 36 y el precedente contradictorio, “…bastaría la mención de vulneración de derechos y cuál es la interpretación realizada por el [A]uto de [V]ista para que el [T]ribunal casacional pueda aplicar el enfoque interseccional (…) que inclusive admitiendo no hay materia de fondo…” (sic);

y, iii) Para la justicia constitucional, esta situación se traduce en la ausencia de relevancia constitucional; puesto que, aún esa Sala Constitucional tutele la admisión del recurso de casación y disponga la misma, el resultado en el fondo no podría variar, porque dicha impugnación no cumplió con la carga argumentativa, a efectos de verificar una contradicción entre el precedente contradictorio, los derechos y garantías fundamentales invocados a título de agravio, y el Auto de Vista recurrido; razón por la cual, no se haría viable la concesión de la tutela en el presente caso de autos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Asako Inamine Takei -ahora accionante- contra Windsor Andia Rivera -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de asesinato, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 09/2020 de 1 de octubre, declarándolo autor y culpable de la comisión del ilícito acusado, imponiéndole la condena de treinta (30) años de presidio sin derecho a indulto (fs. 24 a 65 vta.). II.2. En virtud al recurso de apelación restringida interpuesta por el tercero interesado contra el fallo que antecede, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, emitió el Auto de Vista 36 de 3 de mayo de 2021, declarando admisible y procedente la impugnación planteada, y deliberando en el fondo anuló totalmente la Sentencia 09/2020, ordenando la reposición del proceso penal y el reenvío ante otro tribunal llamado por ley (fs. 11 a 17 vta.). II.3. Como resultado del recurso de casación formulado el 2 de julio de 2021 por la peticionante de tutela, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dictó el Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, declarando inadmisible el recurso interpuesto; fallo con el que fue notificada la nombrada el 4 de febrero de 2022 (fs. 3 a 9 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a un recurso sencillo y rápido, y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su persona contra Windsor Andia Rivera -hoy tercero interesado-, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 36 de 3 de mayo de 2021, bajo el argumento de no haber presuntamente cumplido con las formalidades procesales exigidas por los arts. 416 y 417 del CPP -extremo que no resulta evidente-; toda vez que, en el citado recurso dejó sentada la contradicción existente entre el fallo de apelación y el precedente invocado para tal efecto, cuestionando de forma concreta que el Tribunal ad quem para justificar su decisión, incurrió en una revalorización de los medios probatorios, como la prueba del guantelete, las declaraciones testificales y la pericial, lo que implicaba la concurrencia de defectos absolutos de imposible convalidación; pese a ello, le negaron la posibilidad de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, con argumentos totalmente formalistas señalando una supuesta inobservancia de los requisitos del recurso de casación, respaldando la persistencia y tolerancia de la violencia hacia la mujer, determinando enviarle a un tercer juicio penal, sin considerar su calidad de víctima y madre de una mujer asesinada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

Al respecto, la SCP 1693/2014 de 1 de septiembre, dispuso: “El derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones se encuentra consagrado en el art. 115 de la CPE, cuando señala lo siguiente: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. La norma constitucional citada hace ver que el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia es ‘el derecho protector de los demás derechos’ y, por lo mismo, es una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En ese fin de garantizar el acceso a la justicia y que esta sea pronta oportuna y sin dilaciones, la Constitución Política del Estado, es la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho a fin de que los mismos sean resueltos por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural, es facultad del Estado Plurinacional, emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley de Organización Judicial y la jurisdicción indígena originaria campesina. En ese orden de ideas, la SCP 1898/2012 de 12 de octubre, señaló los elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia, cuando refirió lo siguiente: ‘En ese orden de ideas, siguiendo la normativa señalada, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’. La línea jurisprudencial citada precedentemente estableció tres elementos constitutivos del derecho de acceso a la justicia; a) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción; b) Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el conflicto y; c) Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El recurso de casación en materia penal y el precedente contradictorio como requisito de admisibilidad

Al respecto, la SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, efectuando un análisis de la doctrina del derecho procesal, afirmó que: “…la casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación.

De los criterios doctrinales referidos, se infiere que la finalidad sustancial del recurso de casación es que las normas jurídicas del país sean interpretadas de manera uniforme por el Tribunal de casación en los casos particulares, creando así la jurisprudencia que se constituya en la fuente del derecho, para satisfacer el anhelo de goce material del principio de igualdad y el derecho a la seguridad jurídica” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, la SCP 0374/2019-S3 de 31 de julio, concluyó que: “…el recurso de casación se constituye en un medio de impugnación que la ley concede a las partes, a objeto de que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva una posible contradicción entre el fallo impugnado con otro dictado por la misma Sala Penal, por otro Tribunal Departamental de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la procedencia del recurso de casación, el primer párrafo del art. 416 del CPP establece que: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema’. De otro lado, con relación a los requisitos de admisibilidad, el art. 417 del Adjetivo Penal, dispone: ‘El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad’.

Respecto a la importancia del precedente contradictorio, la SCP 0895/2012 de 22 de agosto, analizando la constitucionalidad de los arts. 416 y 417 del citado Código desglosa cuatro elementos importantes: ‘…1) En la necesidad de uniformar la interpretación de la ley. Que es la tarea fundamental de la instancia de casación y, en general, de todas las cortes supremas sobre la base del principio de igualdad, tal como se expresa en el sentido de la isonomía aristotélica, ‘trata las situaciones iguales en modo igual’. Ya que si se producen resoluciones sucesivas incoherentes contravienen el principio de igualdad de tratamiento de los sujetos que recurren a la tutela jurisdiccional. ‘igualdad (y respeto) del precedente representan, respectivamente, el perfil espacial y el perfil temporal del más amplio principio normativo de coherencia’; 2) El segundo aspecto de suma trascendencia para la inclusión del precedente en casación en materia penal es la predecibilidad de las decisiones. Una praxis de precedentes uniformes reduce la conflictualidad y permite seguridad y programabilidad del tráfico jurídico. Las partes de una relación pueden valorar mejor las futuras consecuencias de sus acciones, precisamente en base a las directrices impartidas por consolidadas orientaciones jurisprudenciales; 3) En tercer lugar, la autoridad misma del Tribunal Supremo de Justicia. La coherencia interna determinada por decisiones estandarizadas en un sistema de precedentes produce un reforzamiento de la institución judicial en el cuadro de los poderes del Estado, que resulta al contrario debilitada por la disminución de credibilidad conexa a una jurisprudencia signada por contrastes, deserciones y oscilaciones; y, 4) Finalmente, la eficiencia, se resalta que una praxis jurisprudencial uniforme requiere de los jueces que se adecúen a una cantidad de trabajo intelectual incomparablemente menor de la requerida a quien se dedica a resolver cada caso en particular’. En ese sentido, el citado fallo constitucional determinó que: ‘…el precedente contradictorio se constituye en el elemento básico para la procedencia del recurso de casación y que éste cumpla su finalidad dentro del sistema procesal penal, cual es la de unificar la jurisprudencia, materializando el principio de seguridad jurídica de las partes en relación al principio de igualdad, en consecuencia, el requisito de invocar el precedente contradictorio a momento de interponer el recurso de apelación restringida responde a la finalidad del recurso de casación conforme se señaló precedentemente, sin que pueda desvirtuarse la misma por quien recurre de casación, pretendiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, prescinda de precedentes contradictorios, e ingrese a analizar aspectos que no fueron observados por los tribunales o jueces inferiores’. Llegando a concluir que: ‘…la exigencia de invocar el precedente contradictorio a quien recurre de casación, no se constituye en un ritualismo o formalismo que impida el acceso a la justicia, por cuanto conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos precedentes, dicho requisito responde a la procedencia y objeto del recurso de casación, porque define su alcance y objeto, ello implica que de no exigirse la existencia de precedente contradictorio se estaría desnaturalizando el recurso de casación y los cuatro elementos que definen su configuración procesal desarrollados en el párrafo precedente’” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La flexibilización de requisitos de admisibilidad del recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos

Sobre el particular, la SCP 0128/2015-S1 de 26 de febrero, sostuvo que: “…el Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido una nueva doctrina que estableció, de manera excepcional, como causal de admisión del recurso de casación, las denuncias vinculadas a defectos absolutos en el proceso, determinando una flexibilización en la exigencia de observar dichos requisitos, entre ellos, de identificar y adjuntar el precedente contradictorio, cuando se trate de las referidas denuncias. Así, a través de los Autos Supremos 026/2012, 312/2012-RA, 062/2013-RA y 77/2013-RA, se estableció: ‘…un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) la necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenido en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ’. La cita de la línea jurisprudencial precedente, resultaría insulsa si el Tribunal Supremo de Justicia, no hubiera precisado que: ‘Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional’ (Autos Supremos 026/2012 de 29 de febrero y 312/2012 de 30 de noviembre)” (el resaltado y subrayado es propio).

III.4. Análisis del caso concreto

Descrito el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Asako Inamine Takei contra Windsor Andia Rivera por la presunta comisión del delito de asesinato, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 09/2020 de 1 de octubre, declarándolo culpable por el ilícito acusado, imponiéndole la pena de treinta (30) años de presidio sin derecho a indulto, frente a tal determinación, el nombrado interpuso recurso de apelación, dando lugar a que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, emita el Auto de Vista 36 de 3 de mayo de 2021, declarando admisible y procedente la impugnación planteada, y deliberando en el fondo anuló totalmente la Sentencia recurrida, ordenando la reposición del proceso penal y el reenvío ante otro Tribunal llamado por ley; fallo de alzada que motivó que la peticionante de tutela formulase recurso de casación; a tal efecto, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, declarando inadmisible el recurso interpuesto, por incumplir con los presupuestos de admisibilidad. Ahora bien, establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes a la presente causa, se advierte que la hoy accionante interpuso este mecanismo constitucional, denunciando entre otros aspectos, que el citado fallo contendría una “burda fundamentación”, que la referida Sala Penal declaró inadmisible el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 36, con el argumento de no haber presuntamente cumplido las formalidades procesales que exigen los arts. 416 y 417 del CPP, lo cual no sería evidente; toda vez que, en el citado recurso expuso la contradicción existente entre el fallo de apelación y el precedente invocado, habiendo cuestionado que el Tribunal ad quem para justificar su decisión, incurrió en una revalorización de los medios probatorios (prueba del guantelete, declaraciones testificales y pericial), actuación que importaba un defecto absoluto de imposible convalidación; pese a ello, le negaron la posibilidad de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, con argumentos formalistas, manifestando supuesta inobservancia de los requisitos del recurso de casación, respaldando así la tolerancia de violencia hacia la mujer, determinando enviarle a un tercer juicio oral, sin considerar su calidad de víctima y madre de una mujer asesinada. En ese entendido, esta justicia constitucional, con la finalidad de establecer la verosimilitud de los argumentos expuestos por la impetrante de tutela, ingresará a resolver la problemática planteada, para luego determinar si la alegada supresión de derechos y garantías constitucionales resulta ser evidente; a tal efecto, incumbe verificar en primera instancia lo expresado en el medio recursivo postulado, de cuya revisión se tiene los siguientes argumentos: a) Todos los autos de vista, así como el Auto Supremo 317/2003, cumplen los requisitos esenciales de toda resolución judicial; empero, el Auto de Vista 36 no observó los requisitos de forma esenciales de toda resolución judicial; puesto que, no tiene asignado un número, no existe individualización de las partes, no se consignó el nombre de la víctima, el número de la sentencia que anuló; asimismo, no realizó un test de admisibilidad y simplemente admitió el recurso sin análisis alguno, para fundamentar exclusiva y únicamente los agravios traídos por el recurrente y darlos por probados, sin tomar en cuenta las alegaciones efectuadas por el Ministerio Público y su defensa, al momento de contestar el recurso; b) El Auto Supremo 317/2003 mencionado por el Auto de Vista impugnado, refiere lo siguiente: “‘De acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de norma[s] sustantivas, en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o las sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello no existe doble instancia y el tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos; declarar procedente o improcedente la apelación restringida o anular total o parcialmente la sentencia’”; empero, hace lo contrario a lo que la doctrina legal que trae a colación -se entiende al Auto de Vista 36-; c) De la contrastación efectuada del citado Auto de Vista con el Auto Supremo 317/2003 citado como precedente, este si tiene número e individualiza a las partes, constan todos los nombres incluso de la víctima, figura la sentencia y las resoluciones que se deja sin efecto, realiza un test de admisibilidad y recién ingresa a fundamentar, mas no solo los agravios expresados por el recurrente, sino el expuesto por todas las partes; en consecuencia, el Auto de Vista recurrido, no solo contiene defectos de forma sino de fondo, haciendo lo que la propia doctrina prohíbe, al realizar una revalorización detallada y pormenorizada de la prueba, detallando y relatando algunos actuados ocurridos en etapa preliminar y/o preparatoria, como si hubiera estado de forma presencial en dichos momentos, revalorizando la prueba, incluso trae ejemplos, como el caso de la prueba del guantelete, asignándole títulos nobiliarios como “Reyna de las Pruebas” y a lo largo de su redacción, efectiviza juicios valorativos, sobre las declaraciones testificales, la prueba pericial y otros elementos sin límite alguno, acusando al Tribunal de instancia, que actuó de forma ilegal, tratando de anular los criterios jurídicos y ponderativos propios de los miembros del Tribunal de Sentencia, dejando la evidencia de una total parcialización con el sentenciado, a quien concedió todas sus alegaciones para luego anular la sentencia y ordenar un juicio de reenvío ante otro tribunal;

d) No se le atendieron los derechos y garantías constitucionales reconocidos como víctima y querellante, descritos en los arts. 11, 76 y 78 del CPP, menos los derechos de su hija en su condición de mujer que fue asesinada por su propio esposo, quien no solo no respetó la vida de su hija, sino que fue su verdugo desde hace mucho tiempo atrás; citando la Convención de Belém do Pará, en sus arts. 3 y 4 numerales a, b, f y g, mismos que fueron invocados en la respuesta a la apelación restringida y que tampoco fueron tomados en cuenta en el mencionado Auto de Vista, contrariamente a la Sentencia donde el Tribunal de juicio, si cumplió con sus compromisos; empero, la estructura del Auto de Vista recurrido, respalda la persistencia y tolerancia de la violencia contra la mujer; y, e) La decisión asumida por la citada Sala Penal al momento de resolver, es contradictoria al precedente dictado por el propio Tribunal Supremo de Justicia, el cual no solo prohibió revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales, sino manda garantizar los derechos y garantías constitucionales, los tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley; extremos estos últimos que fueron obviados por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al emitir el Auto de Vista 36 venido en casación. En función a dichos argumentos, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 963/2021-RA que declaró inadmisible el recurso de casación, expresando los siguientes fundamentos que sustentaron su decisión: 1) El recurso de casación de entrada es inadmisible, por el abierto incumplimiento de las normas exigidas para la interposición del recurso de casación previstas en el art. 416 y ss. del CPP, o la falta de argumentación ante la eventual consideración de existencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación, que no se presentó en el citado recurso; 2) Los desarreglos con lo decidido por el Tribunal de apelación, tendrían que ver con una supuesta revalorización de la prueba, no atender las respuestas al recurso de apelación restringida y adoptar una postura favorable al imputado; sin embargo, “…en ningún momento se ofrece ningún tipo de elemento jurídico procesal que no sea la postura particular, el adjetivo, o el descontento. Así pues, el señalamiento de revalorización de prueba, se limita al solo adjetivo, y la afirmación del recurso, no brinda ni su base fáctica, menos aún, los parámetros procesales que hagan posible un eventual análisis…” (sic);

3) Pasa lo propio, con lo alegado en torno a los argumentos efectuados en el trámite del recurso de apelación restringida que: “…superando la narración anecdótica, no denotan mayor precisión legal; por otro lado, la mención de normas convencionales, a la par del hilo conductor del recurso, solo demuestran presencia como apoyo al desarreglo con los resultados del proceso, no hallándose en medio, cumplimiento alguno de requisitos procesales que permitan abrir la competencia de esta Sala” (sic);

4) Si bien, en el merituado recurso se hizo referencia al Auto Supremo 317/2003, solo fue nominal, habiéndose tan solo efectuado una narración en el memorial, “…más no, como ordenan los arts. 416 y ss del CPP, engranarse a un eventual señalamiento de contradicción, que obliga al que recurre en esta vía argumentar una situación de hecho similar a partir de la que se entienda existe contradicción entre un fallo emitido con anterioridad al que se recurre con el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; no bastando, a ese fin una afirmación taxativa de incumplimiento” (sic);

5) Si bien la posibilidad de una apertura extraordinaria de competencia en casación es posible a partir de la flexibilización de requisitos procesales, la misma se halla condicionada a la relación argumentada de vulneración de derechos o garantías constitucionalmente tuteladas, emergentes del proceso; aspecto que no se presentó en el recurso en análisis, al no haberse mencionado cuál era el derecho restringido, en que forma lo fue y bajo qué efectos, “…siendo que, una relación de descontentos con el resultado del proceso o bien la especulación sobre lo concluido en fase de revisión, o incluso, que la postura del Tribunal de apelación no coincida con las pretensiones de la parte, de ninguna manera pueden ser tomadas en cuenta como argumento suficiente para una eventual flexibilización de requisitos…” (sic); y,

6) El indicado recurso no explicó cuál era la manifestación en el proceso, del acto o actos que se estime generador del defecto, como tampoco se apreció la magnitud que el mismo haya tenido sobre la lesión al derecho que se entienda vulnerado o restringido; “…situación que hace que el recurso decaiga en inadmisible” (sic).

Precisados los antecedentes, a efectos de analizar y resolver la problemática planteada, es preciso señalar que, la jurisprudencia plasmada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que el recurso de casación, se constituye en un medio de impugnación que la ley concede a las partes, para que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva una posible contradicción entre el fallo impugnado con otro dictado por la misma Sala Penal, por otro Tribunal Departamental de Justicia, o por la Sala Penal del citado Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, para que el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria adquiera competencia y pueda resolver en derecho, es imperativo que el recurrente dé cumplimiento a los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del Código Adjetivo Penal, referido al plazo de presentación y a la obligación de invocar el precedente contradictorio, el cual se constituye en el elemento básico para la procedencia del recurso de casación y que éste cumpla su finalidad dentro del sistema procesal penal, cual es la de unificar la jurisprudencia, razón por la cual, la invocación citada no se instituye en un mero ritualismo o formalismo que impida el acceso a la justicia; por cuanto, dicha exigencia responde a la procedencia y objeto mismo del citado recurso, al definir su alcance y esencia. No obstante de lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia estableció de manera excepcional como causal de admisión del recurso de casación, las denuncias vinculadas a defectos absolutos en el proceso, determinando una flexibilización en la exigencia de observar los citados requisitos, entre ellos, identificar y adjuntar el precedente contradictorio; empero, emerge para la parte recurrente la obligación de detallar con precisión, la restricción o disminución del derecho o garantía, identificar al mismo tiempo el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotación de orden constitucional, todo ello conforme se ha glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

En el caso en concreto y como fue definido en el planteamiento del objeto procesal, se tiene que la impetrante de tutela, en su recurso de casación manifestó entre lo más relevante, que el Auto de Vista 36 recurrido adolecía de requisitos de forma, al no haber precisado datos que identifiquen al proceso, pues se omitió consignar el nombre de las partes, el número de la Sentencia que anulaba, entre otros, y de requisitos de fondo esenciales, como el hecho de haber efectuado una revalorización detallada de la prueba, concretamente cuestionó que el Tribunal de apelación haya postulado criterios sobre la prueba del guantelete, así como, el hecho de haber realizado juicios valorativos sobre la prueba testifical, la pericial y otros elementos, cuando dicha labor se encuentra proscrita por la normativa procesal penal y por la doctrina, sumado al hecho de haber fundamentado su decisión únicamente con base en los agravios mencionados por el recurrente, parcializándose con el mismo al anular la sentencia y ordenar un nuevo juicio de reenvío ante otro tribunal; por otro lado, alegó falta de atención de sus derechos y garantías constitucionales reconocidos como víctima y querellante, invocando la Convención de Belém do Pará, alegatos que sin embargo, no fueron considerados en el Auto de Vista dictado en grado de apelación. Por consiguiente, la determinación asumida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resultaba ser contradictoria al precedente adjunto y que fue dictado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto del citado recurso de casación, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo 963/2021-RA emitido, alegó que, si bien existe la posibilidad de una apertura extraordinaria de competencia en casación y que la misma, es posible a partir de la flexibilización de requisitos procesales; la cual se hallaba condicionada a una relación argumentada de vulneración de derechos o garantías constitucionalmente tuteladas, emergentes del proceso; aspecto que consideró no se habría presentado en el recurso en análisis, al no haberse mencionado cuál era el derecho restringido, en que forma lo fue y bajo qué efectos; arguyendo además que, el medio recursivo era inadmisible, por el incumplimiento de las normas exigidas para su interposición, previstas en el art. 416 y ss del CPP, o la falta de argumentación ante la eventual consideración de existencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación, que no se presentó en el mismo.

Tomando en cuenta el razonamiento expresado por la referida Sala Penal, se advierte que la accionante denunció en su recurso de casación, que el Auto de Vista 36 impugnado no solo contendría defectos de forma sino también de fondo, al haber efectuado la revalorización detallada de la prueba, lo que dio lugar a la anulación de la Sentencia 09/2020, ordenando el reenvío ante otro Tribunal, cuando inicialmente este fallo declaró culpable al acusado por el ilícito de asesinato, condenándole a cumplir la pena de treinta años de presidio, aspecto que la impetrante de tutela, lo vincula con la transgresión de sus derechos constitucionales a la vida, a la igualdad y al acceso a la justicia, en su condición de madre de la víctima, invocando la Convención de Belém do Pará, la cual sin embargo no fue considerado en el citado Auto de Vista, cuestionando que el fallo dictado por el Tribunal de apelación es contradictorio al precedente emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto de antecedentes, el contenido expuesto en el recurso de casación contra el Auto de Vista 36, si bien no cumple con los presupuestos exigidos para su admisión vía precedente contradictorio (Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional), son suficientes para establecer que, sí cumplió con los presupuestos exigidos para acceder a la flexibilización de los requisitos del recurso de casación; es decir: la formulación de las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, proveyendo los antecedentes de hecho generadores del recurso; precisando el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; detallando con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, finalmente, explicando el resultado dañoso emergente (Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional); en consecuencia, el Auto Supremo cuestionado a través de este mecanismo tutelar, en cuanto concierne a las denuncias formuladas por la solicitante de tutela en su medio recursivo, se traduce y constituye en un acto jurisdiccional de carácter omisivo, que en los hechos provoca una negativa de acceso a la jurisdicción respecto de la accionante, pues se tiene que omitió considerar el entendimiento expresado por el propio Tribunal Supremo de Justicia, así como, por el Tribunal Constitucional Plurinacional en diversos fallos mencionados en el Fundamento Jurídico citado, referido a la posibilidad extraordinaria de flexibilizar los requisitos de admisibilidad del recurso de casación.

Por lo precedentemente señalado, con la emisión del Auto Supremo 963/2021-RA por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se evidencia la vulneración del derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva que asiste a la accionante, pues no obstante del argumento expresado en el citado fallo, se evidencia que la impetrante de tutela: i) Hizo mención a los antecedentes fácticos que generaron el recurso de casación; ii) Detalló que, como consecuencia de las omisiones de forma y la revalorización de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación, se restringió y/o se disminuyeron sus derechos y garantías, a la vida, a la igualdad, así como sus derechos de víctima concatenado con el derecho al acceso a la justicia; iii) Explicó el resultado dañoso que provocó el defecto denunciado en torno al Auto de Vista 36, como es el hecho de someterla a un tercer juicio por el reenvío asumido; y, iv) Precisó las consecuencias procesales con relevancia constitucional, traducida en el hecho de no haberse considerado el tiempo de duración que tiene la causa penal, producto de un anterior juicio de reenvió. Develando ello que, se identificaron las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos en el proceso; por consiguiente, constituye obligación del Tribunal de casación, una vez admitido el recurso de casación, verificar la verosimilitud de dicha alegación. La determinación adoptada por las autoridades demandadas, se constituye en una restricción odiosa y arbitraria del derecho citado precedentemente, máxime si se tiene en cuenta que, uno de los fines primordiales encomendados a la instancia casacional es la de precautelar la correcta observancia de las normas procesales penales, al ser estas de orden público y por tal sentido de cumplimiento obligatorio; ello en sintonía con la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE. Ahora bien, es evidente que la excepcional flexibilización de los requisitos que uniforman al recurso de casación, no implica que quien pretenda acogerse a dicha posibilidad, se limite a efectuar una simple narración de los defectos que se pudieran haber generado, al contrario, la parte recurrente debe tener la pertinencia de vincular su denuncia con la concurrencia de defectos procesales absolutos, lo que ciertamente aconteció en los hechos, al haber la impetrante de tutela: primero, identificado los defectos de forma; y, segundo, haber precisado los elementos, a partir de los cuales asumió la existencia de defectos de fondo, los cuales sin duda se sobreentiende están relacionados con el art. 169 del CPP, ello por supuesto que importaba el hecho de que, las autoridades de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia penal, materialicen la flexibilización del recurso de casación, para luego ingresar al fondo de las cuestiones planteadas. Concluyéndose en tal sentido que, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia no reparó en el hecho de que la accionante dio cumplimiento a los presupuestos de flexibilización del citado recurso; por consiguiente, la decisión de declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, importa la supresión del derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, pues incluso, los de casación, se encuentran en la obligación de abordar un análisis con enfoque interseccional y con perspectiva de género, herramientas que fueron desarrollados en la SCP 0513/2021-S3 de 18 de agosto, al tratarse la impetrante de tutela en una mujer constituida en víctima dentro del proceso penal, del cual deviene la presente acción tutelar, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 88/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 152 vta. a 157 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, por haber evidenciado la supresión del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, vinculado con el derecho de acceso a la justicia, dejando sin efecto el Auto Supremo 963/2021-RA de 26 de octubre, pronunciado por los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando que las actuales autoridades emitan uno nuevo, en observancia de los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0139_2024-S2.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 66ff580da750a9e7edc881a28b4d1df65c524c687fc671608419ad10582d6f89

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