B.IA.LEGAL

SCP 0139/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46094-2022-93-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de Juez natural, a la defensa y a recurrir, por cuanto: 1) Fue indebidamente procesado por un Juez Sumariante con sede en la ciudad de La Paz, cuando la denuncia se realizó en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que dio lugar a que no tenga acceso a los actuados procesales, donde se insertó prueba falsa y a su vez se limitó su defensa imposibilitando la interposición de recursos intraprocesales; y, 2) Fue notificado con el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020 que establecía su sanción de siete días de arresto, sin que primero se tenga conocimiento de los motivos que determinaron tal imposición establecida en el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, impidiendo de este modo su derecho a recurrir. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 102 a 106, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haber ingresado al fondo de las problemáticas planteadas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. El principio de inmediatez como causal de denegatoria de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2023-S3 Sucre, 3 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46094-2022-93-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 011/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 102 a 106, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Alan Fernández Quispe contra Marcelo Juan Heredia Cuba, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 de noviembre y 1 de diciembre, ambos de 2021, cursantes de fs. 59 a 65, y de 69 a 70 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del Sumario Informativo Militar instaurado contra Carlos Enrique Nava Guzmán respecto a la compra y adquisición de repuestos para la aeronave CESSNA A-152 de una empresa proveedora en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue indebidamente designado como Juez Sumariante Alfredo Arias Pardo, Subinspector de las FAB, con asiento en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; no obstante, siendo el lugar de los hechos denunciados la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, correspondía por competencia territorial que el Sumario de referencia sea sustanciado por el Jefe de Estado Mayor de la III Brigada Aérea de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, continuando con dicho proceso anómalo desde el inicio, dicha autoridad incompetente resolvió ampliar el Sumario Informativo Militar en su contra y otros, ordenando se proceda a su citación a objeto de presentar la declaración indagatoria, diligencia que nunca fue realizada; no obstante, el 5 de abril de 2020 a raíz de una convocatoria efectuada vía teléfono prestó su declaración absolviendo todas las preguntas realizadas en la oportunidad; empero, sin que en ningún momento se le permitiera revisar el expediente con la finalidad de tomar razón de la prueba supuestamente existente en su contra. Así, dentro del citado sumario se emitió el “Dictamen Jurídico” 07/20-DJFAB-02 EMGFAB de 17 de abril de 2020, mediante el cual se le indilgó la comisión de faltas graves, decisión asumida por el Asesor Jurídico del Comando General de la FAB, considerando las pruebas consistentes en el acta de recepción de 4 de febrero de 2020 y documento de salida de material “ALMACEN GAE-21” de la misma fecha, documental a la que recién tuvo acceso producto de un anterior amparo constitucional instaurado al efecto, advirtiendo que dolosamente se insertó su nombre al pie de la firma de Dimar Alvarado Vela, considerando a su persona como Comandante de Escuadrón de Mantenimiento, cargo que nunca ocupó, de donde se infiere que la prueba falsa fue insertada con la finalidad de descargar la responsabilidad sobre su persona. Con dicha prueba falsa, el Comandante General de la FAB emitió el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB de 17 de abril de 2020, por el cual en relación a su persona se estableció la comisión de faltas graves previstas en el art. 10.22, 35 y 49 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23, siendo sancionado con siete días de arresto, a raíz de lo cual el “5” de junio de 2020 se le hizo entrega a su persona del Memorándum DEPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020 de la misma fecha, que materializó la sanción impuesta a su persona; sin embargo, de manera por demás alejada del procedimiento, no se le notificó con el señalado Auto Final, por lo cual ignoraba cuál el motivo de la sanción lo que le dejaba en total indefensión, es por ello que por memorial de 13 de julio de 2020; solicitó al Juez Sumariante se corrija el procedimiento y se notifique con el citado Auto Final, misma que no fue atendida, reiterando la misma el 13 de agosto de ese año, ante el Comandante General de la FAB que tampoco mereció respuesta. Posteriormente, intentando subsanar el procedimiento, cuando ya cumplió la sanción impuesta, el 5 de noviembre de 2020 fue notificado con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, sin que pueda presentar ningún recurso para hacer valer sus derechos por cuanto no se le franquearon las fotocopias legalizadas requeridas, por lo que observando el conducto regular el 19 de enero de 2021 presentó incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos en la que denunció la inserción de falsedades en los documentos que fundaron su sanción, y ante tanta insistencia el 15 de marzo ese año fue notificado con la providencia de 10 de ese mes y año donde se dispone la “IMPROCEDENCIA” de la impugnación, señalando de manera escueta “AL OTRSÍ 2.- Estese a lo dispuesto por el Art. 98 de la ‘LOFA’” (sic), de lo que se infiere que la autoridad accionada intentó mantener el dossier sumarial con el mayor hermetismo sin importar el daño que le causaba por el procesamiento por un Juez incompetente, fundando una sanción en prueba falsa y vulnerando los principios del debido proceso y los presupuestos legales establecidos en los arts. 4 y 73 de la Ley de Organización Judicial Militar y 82 y siguientes del Código de Procedimiento Penal Militar (CPPM), normativa que le concede el derecho de acceso a los actuados en Sumario Informativo Militar. Es así, que el 12 de abril de 2021 nuevamente solicitó al Comandante General de la FAB se extienda las fotocopias legalizadas; sin embargo, tampoco obtuvo respuesta alguna, por lo que el 26 de ese mes y año, interpuso acción de amparo constitucional donde la Sala Constitucional denegó la tutela señalando que el hecho denunciado ya había sido superado y sustraído el objeto de la acción; toda vez que el 2 de junio del mismo año, se le hizo entrega de la copia legalizada de todo el expediente, fecha a partir de la cual correspondería iniciar el cómputo de la inmediatez.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela impetrada, considera lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de Juez natural y a la defensa, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). Posteriormente en audiencia hace referencia a la vulneración del derecho a recurrir.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se anule obrados dentro del Sumario Informativo Militar 07/20 DJFAB-02-EMGFAB hasta la denuncia de 18 de marzo de 2020, debiendo nombrarse un nuevo Juez Sumariante dependiente de la III Brigada Aérea con asiento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; b) Se deje sin efecto el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020; y, c) Se condene al accionado en costas por haber impedido la entrega de copias legalizadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 20 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 95 a 101, con la presencia del accionante y accionado, ambos a través de sus representantes legales, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso lo expuesto en su memorial de interposición y ampliando al mismo en audiencia señaló a momento de notificarle con el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020, no se le notificó con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, con lo que se conculcó su derecho de recurrir en recurso de reconsideración y posteriormente mediante el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), practicándose la diligencia extrañada recién el 5 de noviembre de 2020, sin que pueda presentar ningún recurso para hacer valer sus derechos, por lo que con el afán de enderezar el procedimiento el 19 de enero de 2021 presentó incidente de actividad procesal defectuosa.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Marcelo Juan Heredia Cuba, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, a través de sus representantes legales por informe cursante de fs. 86 a 88 vta., señaló lo siguiente: 1) La vulneración de los derechos del accionante según manifiesta se habría activado con el Memorándum -DEPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020- de 17 de abril de 2020, en el cual fue sancionado con siete días de arresto, sin perjuicio de cumplir sus funciones asignadas en cumplimiento del Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, mismo que fue notificado al accionante en junio de 2020 de manera personal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por lo que de los antecedentes del caso se llega a establecer que la acción tutelar planteada se encuentra fuera de plazo; 2) De acuerdo a lo establecido por el procedimiento militar, no se agotó la vía administrativa, y en ese sentido no se cumplió con la subsidiariedad al no haberse agotado el procedimiento previsto en el art. 44 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23, que establece: ‘“Si un superior comprueba que un castigo ha sido aplicado injustamente, con exceso, parcialidad o incompetencia podrá modificarlo o suspenderlo’’’ (sic); en ese sentido, quien firma el citado Memorándum fue el Comandante General de la FAB, por lo que la representación a este Memorándum debería haberse realizado ante el superior en grado, es decir ante el Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado, aspecto que no se realizó y en tal sentido no se agotó la vía administrativa; y, 3) El accionante refiere que se vulneró su derecho constitucional al Juez natural fundando su petición en que el Sumario Informativo Militar debería haberse sustanciado por el Jefe de Estado Mayor de la III Brigada Aérea, constituido en Juez Sumariante para la Gran Unidad y que sin existir justificación alguna asumió competencia Alfredo Arias Pardo, Subinspector de la FAB con asiento en el Comando General ubicado en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, sobre lo cual se debe tener en cuenta que según lo establecido en el art. 98 de la Ley de Organización Judicial Militar referido a la jerarquía, se establece que: ‘“El juez sumariante será de superior graduación o mayor antigüedad al encausado. El Secretario será Oficial o Clase según corresponda’” (sic), en ese sentido el Juez Sumariante de la Gestión 2020, se encontraba a cargo de Imar Vidal Conde Lima, que se constituiría en un grado de menor jerarquía a la del encausado que se trataría de un Coronel como principal autor del hecho investigado en el Sumario Informativo Militar; siendo por esta razón que se constituye como Juez Sumariante Alfredo Arias Pardo, Sub Inspector de la FAB, procediéndose a la recepción de las correspondientes declaraciones informativas e indagatorias en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Nuestra Señora de La Paz. Aspectos por los cuales solicita se deniegue la tutela impetrada. En audiencia de la acción tutelar a través de sus representantes legales además de reiterar lo manifestado anteriormente, se sostuvo: i) De acuerdo al memorial interpuesto se tiene que el propio accionante manifiesta que fue notificado de manera irregular el 5 de abril de 2020 vía Whatsapp para que preste su declaración, debiéndose considerar que al respecto el art. 31 del CPPM, refiere que en caso de urgencia las notificaciones se podrán realizar de manera escrita o verbal o por cualquier otro medio que asegure la presencia del sindicado; en ese merito, el accionante al presentarse ante el Juez Sumariante dio por bien hecho ese acto procesal; ii) Por otra parte, si el accionante consideraba que la mencionada autoridad no estaba investida de la suficiente jurisdicción o competencia para conocer el caso, el accionante debió presentar alguna excepción prevista en el art. 308.2 del “C.P.P.” puesto que es de conocimiento que el Código de Procedimiento Penal Militar utiliza como norma supletoria el Código de Procedimiento Penal ordinario; sin embargo, se advierte que el accionante en ningún momento se opuso a la jurisdicción y competencia de la autoridad sumariante por lo que ante su pasividad el acto consentido no puede retrotraerse, siendo improcedente la interposición de la acción de amparo constitucional contra actos consentidos como lo establece el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); iii) Debe tenerse en cuenta que el propio accionante refiere que de haberse notificado con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, pudo haber acudido ante el Tribunal de Personal de las FF.AA., por lo que a partir de ello el mismo accionante asume que existen otras autoridades que podían dar solución a su conflicto refiriéndose al efecto al citado Tribunal de Personal que de acuerdo al art. 3 del Reglamento del Tribunal de Personal de las FF.AA., establece que el Tribunal de Personal de la FAB es el organismo de hacer cumplir las leyes y reglamentos; en ese sentido, una vez que se le realiza la entrega del señalado Auto Final, el accionante no acredita si concurrió ante el mencionado Tribunal de Personal en resguardo de sus derechos, por lo que no cumplió con el principio de subsidiariedad; iv) Se debe aclarar que el accionante no ha presentado una denuncia formal por la supuesta utilización de instrumentos falsificados conforme lo establece el art. 16 del CPPM; toda vez que, lo único que presentó simplemente fue un incidente, mismo que si consideraba insatisfactorio a sus intereses debió acudir ante el Tribunal de Personal de la FAB; y, v) Cuando una persona no está de acuerdo con la sanción que se le impone, debe acudir ante la autoridad llamada por Ley, en este caso ante el Tribunal de Personal de las FF.AA. en recurso de reconsideración y en su defecto el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de las FF.AA.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 011/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 102 a 106, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) A través del presente amparo constitucional se solicitó dejar sin efecto todos los antecedentes dentro del Sumario Informativo Militar “07/20 DJFAB-02-EMGFA” y también el Memorándum DPTO.I-PERS.AS.JURD. 105/2020, que sancionó al accionante con siete días de arresto, mismo que incluso ya fue cumplido por el precitado; en ese sentido, teniendo en cuenta que el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFA, fue notificado al impetrante de tutela el 5 de noviembre de ese año y el señalado Memorándum, en junio de igual año en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se advierte que hasta la interposición de la presente acción tutelar suscitada el 18 de noviembre de 2021, transcurrieron más de los seis meses previstos en el art. 129.II de la CPE; y, b) Al no haberse interpuesto la presente acción tutelar dentro del plazo establecido, no se puede ingresar a considerar los fundamentos de fondo que fueron planteados por el accionante, más aún cuando por proveído de 19 de noviembre de 2021, se le solicitó señale cuándo fue notificado o tuvo conocimiento del acto que vulnera sus derechos y garantías constitucionales, habiendo manifestado que fue notificado con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFA, el 5 de noviembre de 2020; asimismo, se tiene que el citado Memorándum que también fue identificado como el acto que vulneró sus derechos constitucionales, fue notificado en junio de 2020, por lo que, ambos actuados se encuentran fuera del plazo previsto por Ley, no correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la acción planteada. Vía enmienda, complementación y aclaración, el accionante solicitó se aclare cuál la razón para no considerar que fue el 2 de junio de 2021, que recién tuvo a su alcance las copias del dossier procesal, por lo que mal podía haber interpuesto recurso alguno en tiempo y forma oportuna si no sabía de qué trataba el proceso. Solicitud que fue declarada no ha lugar por la Sala Constitucional, señalando que el petitorio realizado en el amparo contemplaba dejar sin efecto el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFA y el Memorándum DPTO.I-PERS.AS.JURD. 105/2020, siendo la última diligencia que se practicó la del 5 de noviembre de 2020, en función a lo cual la acción presentada se encuentra fuera de plazo, habiendo considerado las propias fechas y aspectos referidos por el accionante en su demanda constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Inicial de Sumario Informativo Militar 07/20 DJFAB-04 EMGFAB.

de 1 de abril de 2020, instaurado contra Carlos Enrique Nava Guzmán por la compra y adquisición de repuestos para las aeronaves CESSNA A-152, FAB-136 y FAB-140 del Grupo Aéreo de Entrenamiento (GAE) “21” a la empresa Suministros y Servicios Aeronáuticos (SSA) por la suma de Bs43 636.-(cuarenta y tres mil seiscientos treinta y seis bolivianos), monto ya cancelado a la empresa sin que los repuestos fueran recibidos por el “SMA 3” (fs. 17 a 18). Sumario que fue ampliado contra Jhonny Alan Fernández Quispe -ahora accionante-, y otros, a partir del Auto Ampliatorio de Sumario Informativo Militar de 2 de abril de 2020 (fs. 19 y vta.). II.2. Por Informe de 10 de abril de 2020, el Juez Sumariante en relación al accionante concluyó que si bien su conducta no tiene relación con la no entrega oportuna de los repuestos para las aeronaves; sin embargo, estableció que la misma radica en la falta de control y conocimiento de sus funciones, en atención a lo cual elevó el referido Sumario Informativo Militar al Comandante General de la FAB para el posterior dictamen del Asesor Jurídico y Auto Final (fs. 29 a 38 vta.).

II.3. Cursa Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB de 17 de abril de 2020, por el cual el entonces Comandante General de la FAB dispuso Auto de Sanción Disciplinaria contra el accionante y otra, determinando siete días de arresto sin perjuicio de cumplir con sus funciones, sanción a ser cumplida en dependencias de la Unidad de su actual destino a partir de su legal notificación con dicho Auto Final (fs. 39 a 48). II.4. Por Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020 de 17 de abril, el entonces Comandante General de la FAB, hizo conocer al accionante la sanción impuesta a su persona de siete días de arresto en cumplimiento al Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, mismo que fue notificado en junio de 2020 (fs. 49 a 50). II.5. Cursa Diligencia de Notificación practicada al accionante el 5 de noviembre de 2020, con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, haciéndose constancia de la entrega de la fotostática legalizada de la referida Resolución (fs. 51). II.6. Mediante memorial presentado el 19 de enero de 2021, el accionante interpuso ante el Comandante General de la FAB impugnación en la vía incidental del Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB (fs. 52 a 56). II.7. Cursa providencia de 10 de marzo de 2021, por la cual Marcelo Juan Heredia Cuba, Comandante General de la FAB -ahora accionado- declaró improcedente el incidente de “ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA POR DEFECTOS ABSOLUTOS” (sic) interpuesto por el accionante (fs. 58).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de Juez natural, a la defensa y a recurrir, por cuanto: 1) Fue indebidamente procesado por un Juez Sumariante con sede en la ciudad de La Paz, cuando la denuncia se realizó en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que dio lugar a que no tenga acceso a los actuados procesales, donde se insertó prueba falsa y a su vez se limitó su defensa imposibilitando la interposición de recursos intraprocesales; y, 2) Fue notificado con el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020 que establecía su sanción de siete días de arresto, sin que primero se tenga conocimiento de los motivos que determinaron tal imposición establecida en el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, impidiendo de este modo su derecho a recurrir. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0956/2021-S3 de 24 de noviembre, sostuvo que: «El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” . En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, dispone que: “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En ese sentido, SCP 0055/2018-S1 de 16 de marzo, señaló lo siguiente: “El art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. Así la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señala: ‘Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’”» (las negrillas son agregadas).

III.2. El principio de inmediatez como causal de denegatoria de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0052/2022-S3 de 9 de marzo, señaló que: “El principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, se encuentra establecido en el art. 129.II de la CPE, que dispone: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. Por su parte el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’. En ese marco, el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, opera: i) Desde la comisión de los actos denunciados; y, ii) A partir de la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía (considerando que ese es el último actuado idóneo, que supuestamente vulnera los derechos alegados). La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, reiterada en la SCP 1265/2013-L de 9 de diciembre, estableció que: ‘…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática traída en revisión converge en la denuncia del indebido procesamiento del que habría sido objeto el accionante, quien plantea su reclamo a partir de los siguientes actos lesivos: i) El establecimiento del Juez Sumariante con sede en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, cuando la denuncia se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aspecto que dio lugar a que no tenga acceso a los actuados procesales, donde se insertó prueba falsa y a su vez se limitó su defensa imposibilitando la interposición de recursos intraprocesales; y, ii) La notificación previa con el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020 de 17 de abril, que establecía su sanción de siete días de arresto, sin que primero se ponga a su conocimiento el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB de la misma fecha, donde se establecía dicha sanción lo que imposibilitó a que tenga conocimiento de los motivos de tal imposición además de impedir su derecho a recurrir. Establecidos los actos vulneradores de derechos fundamentales referidos por el accionante, es importante tener conocimiento que conforme se establece de los antecedentes, los mismos surgieron a partir del Sumario Informativo Militar instaurado a causa de la compra y adquisición de unos repuestos para distintas aeronaves del GAE “21” donde; no obstante, de haber desembolsado el monto de dinero para su cancelación, dichos repuestos no fueron recibidos, sumario que en inició fue instaurado únicamente contra Carlos Enrique Nava Guzmán y que posteriormente fue ampliado contra el accionante y otros (Conclusión II.1). En dicho Sumario luego de todo el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal Militar (Conclusión II.2) se emitió contra el accionante Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, por el cual el entonces Comandante General de la FAB dispuso Auto de Sanción Disciplinaria contra el accionante, determinando siete días de arresto sin perjuicio de cumplir con sus funciones, sanción a ser cumplida en dependencias de la Unidad de su actual destino a partir de su legal notificación con dicho Auto Final, en función al cual se emitió el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020, donde la señalada autoridad hizo conocer al accionante dicha sanción, actuado notificado en junio de 2020 (Conclusiones II.3 y II.4). Asimismo de forma posterior cursa diligencia de notificación practicada al accionante el 5 de noviembre de 2020 con el citado Auto Final, haciéndose constancia de la entrega de la fotostática legalizada de la referida Resolución y donde se observa la firma del impetrante de tutela (Conclusión II.5). Con tales datos, y considerando las cuestionantes realizadas por la parte accionada no solo respecto a la observancia del principio de inmediatez sino también del principio de subsidiariedad, con carácter previo corresponde referirnos al respecto, a fin de verificar si evidentemente el accionante cumplió o no tales principios que son inherentes a la acción de amparo constitucional. Así, en lo que concierne al principio de subsidiariedad tal como lo establece la jurisprudencia comprendida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, con carácter previo a la interposición de la acción de amparo constitucional es deber del accionante agotar todos los mecanismos previstos en el ordenamiento a fin del resguardo y restablecimiento de los derechos considerados vulnerados, no siendo la acción de amparo constitucional un medio supletorio de los recursos o mecanismos de defensa existentes en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el caso de autos y conforme se detalla de antecedentes si bien resulta curioso que el accionante haya sido primero notificado con el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020 en junio de 2020, que establecía su sanción, y no así con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB que disponía tal imposición; sin embargo, es importante considerar que como lo sostiene la autoridad accionada en su informe, el accionante de conformidad al art. 44 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23, podía representar tal sanción ante la autoridad superior de quien la determinó, en este caso al ser tal sanción establecida por el Comandante General de la FAB, el accionante -según refiere la parte accionada- podía acudir ante el Comandante en Jefe de las FF.AA., aspecto que no fue negado por el impetrante de tutela, y si bien refiere que esta falta de notificación fue reclamada ante el Juez Sumariante y posteriormente ante el Comandante General de la FAB por memoriales de 13 de julio y 13 de agosto, ambos de 2020, respectivamente, sin que su falta de respuesta se constituya el acto lesivo denunciado, no es menos cierto que las mismas conforme se puntualizó precedentemente no eran las vías idóneas al efecto. Por otra parte, es también relevante hacer notar, que incluso el accionante en esta oportunidad considerando el inadecuado procedimiento que supuestamente se venía realizando, podía hacer uso del incidente de actividad procesal defectuosa; no obstante, tal como lo sostiene la parte accionada y corroborada por el accionante, el cual cumplió sin mayor reclamo la sanción impuesta. Ahora bien, otro aspecto importante a considerar a fin de verificar el cumplimiento del principio de subsidiariedad es el tema de la activación de los mecanismos procesales una vez que el accionante fue notificado con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, ocurrido el 5 de noviembre de 2020, oportunidad en la que el impetrante de tutela, como el mismo lo refirió, una vez teniendo conocimiento del señalado Auto Final podía activar el recurso de reconsideración o en su defecto el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de las FF.AA., mecanismos intraprocesales que tampoco fueron activados, interponiendo luego de más de dos meses de practicada su notificación, el incidente de actividad procesal defectuosa que fue declarada improcedente (Conclusiones II.6 y II.7) y que solo se la señala para evidenciar la demora en la actuación del accionante en relación al restablecimiento de sus derechos, improcedencia que además no se constituye el acto lesivo denunciado en esta acción tutelar. En esa línea de análisis, y toda vez que, la activación de los medios idóneos no fue un aspecto enteramente clarificado por las partes procesales de acuerdo a la normativa pertinente, otro aspecto que también limita la actuación de la jurisdicción constitucional es el tema del cumplimiento del principio de inmediatez. Así y conforme fue expuesto anteriormente; no obstante, de que el accionante considerara lesivo a sus derechos fundamentales que primero se le haya notificado con el Memorándum DPTO. I-PERS.AS.JURD. 105/2020, que estableció su arresto, y no así con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB que determinaba tal sanción, desconociendo los motivos de su imposición, extraña que practicada su notificación en junio de 2020, no haya activado la presente acción tutelar de considerar dicha actuación como vulneradora de sus derechos y garantías constitucionales, fecha a partir de la cual se advierte que evidentemente a la interposición de la presente acción tutelar ocurrida el 18 de noviembre de 2021, transcurrió más de los seis meses establecidos en el art. 129.II de la CPE, para la activación de la acción de amparo constitucional, con lo que a partir de esta perspectiva tampoco se logra cumplir con los presupuestos exigidos a fin de la consideración de fondo de la acción tutelar planteada, aspecto que conforme se refiere en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, no implica una simple y llana exigencia, sino que responde al tiempo prudente de tolerancia del acto lesivo que se acusa, por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos. Lo propio ocurre si al efecto consideramos como fecha de inicio del cómputo para la inmediatez el 5 de noviembre de 2020, oportunidad en la que el accionante fue notificado con el Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB, encontrándose igualmente fuera del termino establecido para la interposición de la acción de amparo constitucional, y no obstante, de que el accionante identifique como la fecha de inicio del cómputo el 2 de junio de 2021, oportunidad en la que a decir de su parte tuvo acceso a las fotocopias legalizadas de los actuados procesales producto de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta al efecto, sosteniendo que antes de esta fecha no tenía conocimiento del contenido del referido Auto Final por lo que no podía haber interpuesto mecanismo intraprocesal alguno, debe considerarse que fue el propio accionante quien refirió y remarcó que a raíz de su notificación con el citado Auto Final ocurrido el 5 de noviembre de 2020, el 19 de enero de 2021 interpuso el incidente de actividad procesal defectuosa evidenciados del contenido de este escrito que contrariamente a lo que manifiesta el accionante en esta acción tutelar, el mismo tenía conocimiento tanto del contenido del Auto Final 07/20 DJFAB-02-EMGFAB como de lo desarrollado en el proceso. Es en función a estos antecedentes y particularidades que presenta el caso que, al advertirse que el accionante no observó los principios característicos de la acción de amparo constitucional como en efecto lo son los principios de subsidiariedad e inmediatez, simplemente corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 102 a 106, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haber ingresado al fondo de las problemáticas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0139_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9fd737e57f0f4b99cacf6beef815729e940175f5c780a788040b8dd562cd289d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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