B.IA.LEGAL

SCP 0137/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
50602-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en contra del menor de edad NNN, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, solicitó la cesación a la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 223/2022 de 2 de junio que concedió la misma, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas entre las cuales se encuentra, la obligación de presentar garantes solventes; sin embargo, tal determinación se constituye en excesiva y carece de fundamentación y motivación puesto que no consideró que la Ley 548, en su art. 288 no establece la posibilidad de aplicar tal medida y que tampoco se puede recurrir a otra norma supletoria para su consideración. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de La Paz constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia dispone: CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la disposición inserta en el Auto Interlocutorio 223/2022 de 2 de junio, referente a “…la obligación de presentar dos garantes solventes con bienes inmuebles, los cuales se comprometan y garanticen a presentar al adolescente cuando sea requerido por la autoridad competente, y a correr con los gastos de recaptura en caso de fuga del adolescente” (sic), de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables
  2. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0137/2024-S1 Sucre, 17 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 50602-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Martha Chuquimia Corine en representación sin mandato de menor de edad, contra Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 7, se expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, seguido contra menor de edad en conflicto con la ley penal, por el delito de suministro de sustancias controladas, signado con el NUREJ 204004619 y CUD 201102062200029 solicitó la cesación a la detención preventiva, concediéndose la misma mediante Resolución 223/2022 de 2 de junio, que otorgó medidas sustitutivas de conformidad al art. 288 de la Ley 548 de 17 de julio de 2014; entre las cuales, se le impuso de manera gravosa, la obligación de presentar dos garantes solventes con bienes inmuebles. En consecuencia, al determinar tal medida de manera excesiva, generó la imposibilidad de que el menor de edad pueda conseguir su libertad, puesto que no consideró que la Ley 548, no expresa norma alguna que posibilite la imposición de garantes de cualquier tipo, y que el art. 288 de la misma ley, es el que establece las posibilidades sobre las cuales se puede aplicar las medidas sustitutivas a este grupo vulnerable; no pudiendo recurrirse a otra norma de forma supletoria, puesto que solo se pueden aplicar artículos de otras leyes, cuando estas no sean contrarias a los derechos y garantías del menor de edad. Recayendo la resolución que dispuso las medidas sustitutivas, en una indebida fundamentación y motivación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela, denunció la vulneración de los derechos a la libertad citando al respecto a los arts. 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH) y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y se deje sin efecto la presentación de dos garantes solventes, con inmueble propio registrado en Derechos Reales, manteniéndose las demás medidas impuestas.

I.2. Audiencia y Resolución del Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, ratifico in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe cursante de fs. 10 a 12 solicitó se deniegue la tutela solicitada con base en los siguientes argumentos: a) Mediante Resolución 223/2022 de 2 de junio, se dispuso la cesación a la detención domiciliaria, del menor de edad en conflicto con la ley, debiendo cumplir otras medidas de carácter personal; entre ellos: “…la obligación de presentar dos garantes con bienes inmuebles los cuales se comprometan y garanticen con los gastos de recaptura en caso de fuga del adolescente” (sic). Medidas que debían ser cumplidas en el plazo de setenta y dos horas y que al incumplimiento de las mismas serán revocadas de oficio; b) En obrados se puede evidenciar el Oficio para la Dirección de Migración y siete días después presentó el respectivo arraigo. Cursando además, acusación formal por el Ministerio Público de 2 de junio de 2022; c) Es evidente que el art. 291 de la Ley 548, señala que cuando su duración exceda de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal o de noventa días en caso de pluralidad de imputados, cesa la detención; sin embargo, el presente proceso ya cuenta con acusación; por lo que, para solicitar la acción de libertad debe concentrarse en tales aspectos; y, d) Por ende, solicitó, se rechace la acción de libertad por ser improcedente y no cumplir con los presupuestos del art. 46 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17, denegó la tutela con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante refirió la existencia de un procesamiento indebido por ser excesivas las medidas sustitutivas impuestas al establecer la presentación de dos garantes solventes sin considerar el principio de proporcionalidad y agravando la situación jurídica del menor de edad; teniendo que, si bien se está atacando un procesamiento indebido, no es menos cierto que debemos entender que toda autoridad jurisdiccional al emitir sus resoluciones o determinaciones lo hacen bajo un principio de racionabilidad; es decir, que debe existir un equilibrio entre la motivación y la fundamentación para dictar una resolución; 2) Dentro de un proceso penal se debe precautelar la presencia del imputado para que se prosiga el juicio oral y contradictorio y si bien se debe considerar que el imputado es menor de edad; empero, debe entenderse que las medidas impuestas por la autoridad ahora demandada devienen del desarrollo de todas las pruebas presentadas; es decir, que si bien se impuso la medida de presentar garantes solventes con bienes inmuebles donde se comprometen y garantizan durante la investigación pagar los gastos de recaptura en caso de fuga del adolescente considerado como procesamiento indebido. No es menos cierto que se está precautelando la presencia del ahora adolescente en el juicio oral público y contradictorio, a razón de que la parte impetrante de tutela no desvirtuó el riesgo procesal de familia, ni demostró que tendría una actividad lícita; 3) Al considerar la motivación y fundamentación de la determinación de la parte accionada, se estaría desvirtuando la naturaleza de la Acción de Libertad y para tal efecto no se pueden revisar los fundamentos que determinaron dicha Resolución y en consecuencia, se ha cumplido con todos los parámetros correspondientes; 4) Siendo que las medidas cautelares impuestas son modificables en cualquier momento conforme lo proviene el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En la presente audiencia la parte peticionante de tutela no llego a demostrar de manera objetiva, fehaciente que la autoridad demandada esté limitando o restringiendo su derecho a la libertad por un procesamiento indebido.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 15 de noviembre de 2022, cursante a fs. 27, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 8 de abril de 2024 (fs. 46); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 223/2022 de 2 de junio, a través del cual se dispuso el cese de la detención preventiva del adolescente NNN emitiéndose entre otras, la medida cautelar consistente en “la obligación de presentar dos garantes solventes con bienes inmuebles, los cuales se comprometan y garanticen a presentar al adolescente cuando sea requerido por la autoridad competente, y a correr con los gastos de recaptura en caso de fuga del adolescente” (sic). Determinación asumida que en resumen, se basó en los siguientes fundamentos: i) En su acápite denominado “considerando” señala que, la solicitud de cesación se la realizó al amparo de lo establecido por el art. 291.1 inc. c) de la Ley 548, refiriendo que el 1 de marzo de 2022, se llevó la audiencia de aplicación de medidas cautelares, y que ya transcurrieron más de cincuenta días hábiles, sobrepasando el plazo establecido por la Ley 548; además, a objeto de desvirtuar riesgos procesales, presentó un carnet de identidad y certificado de nacimiento, manifestando que cuenta con familia, además de un certificado de no violencia y de antecedentes penales, además, libreta escolar de la gestión 2022 y certificación de la Unidad Educativa Luis Alberto Pabón, a través de la cual certifica estaría cursando sus estudios; ii) En su apartado denominado “CONSIDERANDO I” señaló que la representación del Ministerio Público, refirió que ya se cuenta con pliego de acusación contra el adolescente, además de indicar no tener observación sobre la documentación presentada por el adolescente respecto al domicilio y familia, agregando que no se desvirtuó el riesgo procesal referente al peligro efectivo para la sociedad y que del análisis de su libreta escolar, el mismo no sería un estudiante regular; iii) En su “CONSIDERANDO II” señaló que: que la solicitud se funda en lo establecido por el art. 290 inc. c) de la Ley 548 refiriendo que el plazo a la detención preventiva transcurrió de forma abundante; no cursando hasta la hora de la audiencia la acusación formal; además, respecto a los riesgos procesales, sobre la vertiente familia, por la documentación presentada y no observada, se tiene por desvirtuado, considerando que la madre del menor se encuentra también presente y de similar forma para la vertiente domicilio, ya que existe documentación que acredita donde habita y que tampoco fue observado por el Ministerio Público; estos aspectos permiten dar por desvirtuado el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) puesto que se probó que el adolescente tiene domicilio, actividad lícita y contaría con un arraigo natural, social y económico que permite entender que el mismo se someterá al proceso. Respecto a la observación del Ministerio Público, de que el menor sería un riesgo para la sociedad, se tiene que tal aspecto, no se encuentra contemplado por la ley 548 como requisito para las medidas cautelares. En ese sentido, en aplicación del art. 291 inc. c) que refiere la cesación: “…cuando su duración exceda de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal, o de noventa días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente…” (sic); y que al haber valorado de forma integral bajo el principio de proporcionalidad, legalidad, favorabilidad, legalidad, sana crítica y considerando que los plazos son improrrogables y perentorios, que corresponde la cesación a la detención preventiva (fs. 38 a 39 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en contra del menor de edad NNN, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, solicitó la cesación a la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 223/2022 de 2 de junio que concedió la misma, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas entre las cuales se encuentra, la obligación de presentar garantes solventes; sin embargo, tal determinación se constituye en excesiva y carece de fundamentación y motivación puesto que no consideró que la Ley 548, en su art. 288 no establece la posibilidad de aplicar tal medida y que tampoco se puede recurrir a otra norma supletoria para su consideración. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables

Al respecto, la jurisprudencia constitucional, mediante la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció lineamientos sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, señalando que en los supuestos en los que la norma prevea medios idóneos de defensa; es decir, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través del habeas corpus -ahora acción de libertad-.

De igual manera, la SC 0589/2011-R de 3 mayo se pronunció respecto a la subsidiariedad excepcional, no obstante, estableció la inaplicabilidad de ese instituto procesal cuando se trate de la tutela del derecho a la vida; en tal sentido precisó:

“El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:

“No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción” (el resaltado es nuestro).

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado constantemente fallos que en congruencia y en armonía entre sí, promueven la protección de los grupos que se encuentran en vulnerabilidad, de modo que, dichas Sentencias Constitucionales son aplicables a todos los tipos de acciones tutelares, como es el caso de la acción de libertad -más aun por el principio de informalidad que goza-ya que es el medio de defensa idóneo para garantizar, proteger y/o tutelar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal y de locomoción; consecuentemente, no es posible exigir el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos para su activación cuando se tratare de personas integrantes de grupos vulnerables, quienes tienen atención prioritaria, tal como la SCP 0998/2014 de 5 de junio se pronunció sobre la abstracción del principio de subsidiariedad al tratarse de adultos mayores, mujeres embarazadas trabajadoras, niños -entre otros-, pese que no se hubieran agotado los medios de impugnación previstos por la norma por corresponder estos a grupos de atención prioritaria; reflexión constitucional, que a su vez fue secundado por la SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril.

De igual forma la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre, señaló que:

Sobre este tópico, la SCP 1564/2014 de 1 de agosto, desarrolló el siguiente entendimiento: ´La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa” (el resaltado nos pertenece).

2 En su Fundamento Jurídico III.3, secundando lo establecido en la SCP 0055/2013 de 11 de enero que señaló: `…de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad…´.

Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados” (el resaltado es nuestro).

Bajo el mismo criterio la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medio de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.

Consecuentemente, es posible concluir en que, es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales al tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado.

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en contra del menor de edad NNN, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, solicitó la cesación a la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 223/2022 de 2 de junio que concedió la misma, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas entre las cuales se encuentra, la obligación de presentar garantes solventes; sin embargo, tal determinación se constituye en excesiva y carece de fundamentación y motivación puesto que no consideró que la Ley 548, en su art. 288 no establece la posibilidad de aplicar tal medida y que tampoco se puede recurrir a otra norma supletoria para su consideración De las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene la existencia del Auto Interlocutorio 223/2022, que determinó el cese de la detención preventiva del adolescente NNN emitiéndose entre otras, la medida cautelar consistente en: “…la obligación de presentar dos garantes solventes con bienes inmuebles, los cuales se comprometan y garanticen a presentar al adolescente cuando sea requerido por la autoridad competente, y a correr con los gastos de recaptura en caso de fuga del adolescente” (sic [Conclusión II.1]). Con carácter previo corresponde referir lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que estableció la imposibilidad de exigir el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos para la activación de la vía constitucional cuando se trate de personas integrantes de grupos vulnerables por requerir los mismos de atención prioritaria. Es así que en el presente caso, al abordarse la situación de un menor de edad que corresponde abstraer la barrera de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad e ingresar al fondo de lo impetrado, examinando, si los argumentos expuestos en la problemática son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela. Por lo referido, en primera instancia corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones determinó que: la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Ahora bien, la parte accionante, refiere que al disponerse medidas cautelares diferentes a la detención preventiva, se impuso al menor de edad, entre otras, la obligación de presentar dos garantes solventes y que tal disposición, al ser de imposible cumplimiento, vulnera su derecho a la libertad; entonces, el presente análisis, parte de la revisión de la Ley 548, que respecto a la imposición de medidas cautelares en su art. 288 dispuso que:

“ARTÍCULO 288. (MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). La Jueza o el Juez podrá disponer razonablemente, la aplicación de una o varias de las siguientes medidas cautelares: a. Obligación de presentarse ante la Jueza o Juez, con la periodicidad que esta autoridad determine; b. La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad, que no tenga antecedentes penales; c. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o reunirse con determinadas personas;

d. Abstenerse de comunicarse con determinadas personas, siempre que no afecte su derecho a la defensa; e. Arraigo; f. La obligación de permanecer en su propio domicilio, con el cuidado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; y g. Detención preventiva”. Ahora bien, en primera instancia, se tiene que la SCP 0162/2018-S4 de 30 de abril, determinó que la restricción del derecho a la libertad de un menor de edad, en el régimen procesal penal para adolescentes, requiere cumplir con criterios para su aplicación, teniendo entre ellos, al principio de legalidad o intervención legislativa que se entiende como el sometimiento pleno a la Constitución y la ley, entendiendo que debe observarse indefectiblemente la existencia de una norma jurídica que establece los supuestos de restricción del derecho a la libertad y las cuestiones procedimentales que acompañan su aplicabilidad; es así, que en el caso de adolescentes, se debe considerar que el art. 288 de la ley 548, dispone cuales son las medidas cautelares a aplicarse a este grupo vulnerable y por ende, al tratarse de un régimen especializado cuyo instituto de medidas cautelares se encuentra plenamente regulado, no corresponde abstraer disposiciones de otras leyes, aspecto que se puede corroborar con lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta de la misma ley, que en su parágrafo II, indicó que “Los procesos contra personas adolescentes tramitados con la Ley N° 1970, Código de Procedimiento Penal, de 25 de marzo de 1999, se sujetarán a lo establecido por la norma citada, salvo lo previsto en relación a las medidas cautelares y el régimen de medidas socio-educativas, que se sujetarán a lo establecido por el presente Código”. Teniendo entonces, que los límites marcados para la imposición de medidas cautelares en la Justicia Penal para Adolescentes, deben encontrarse dentro del marco de lo dispuesto por el art. 288 de la Ley 548. Aspecto que permite evidenciar, que en el presente caso, la Jueza ahora demandada, al imponer como medida cautelar la presentación de garantes solventes, incurrió en agravio al salirse de los límites establecidos por ley; incurriendo además, en una indebida fundamentación y motivación de la resolución al no aplicar adecuadamente dicha norma referente a las medidas cautelares y no justificar su aplicación. Además, debe considerarse que la imposición de medidas cautelares, debe responder al carácter instrumental de las mismas, y por ende, su aplicabilidad exige un análisis de proporcionalidad que justifique la necesidad de su establecimiento; sin embargo, de la revisión in extenso del Auto Interlocutorio 223/2022 (Conclusión II.1) no se evidencia que la autoridad demandada justifique de forma fundada y motivada, porque la medida referente a la presentación de garantes solventes, responde a la necesidad del proceso en sí, teniendo en cuenta, que el análisis de proporcionalidad se lo ejecuta además, en relación a los riesgos procesales vigentes, de los cuales, la resolución ahora cuestionada dio a entender no se encuentran vigentes. En consecuencia, se establece que la disposición de aplicar la medida cautelar referente a la presentación de garantes solventes, no se encuentra debidamente fundada ni motivada, encontrándose directamente relacionada a su derecho a la libertad, puesto que por esta medida, el mismo se encuentra impedido de hacer efectiva la misma, correspondiendo así conceder la tutela solicitada. Por lo señalado, se tiene que la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de La Paz constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia dispone: CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la disposición inserta en el Auto Interlocutorio 223/2022 de 2 de junio, referente a “…la obligación de presentar dos garantes solventes con bienes inmuebles, los cuales se comprometan y garanticen a presentar al adolescente cuando sea requerido por la autoridad competente, y a correr con los gastos de recaptura en caso de fuga del adolescente” (sic), de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una

garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.

3 En su Fundamento Jurídico III.2, citando la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre.

4 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

6 En su Fundamento Jurídico III.1 dispuso que: Principio de legalidad o intervención legislativa.- El sometimiento pleno a la Constitución y la ley, constituyen la base del principio de legalidad; por un lado, importa la observancia de la indefectible existencia de una norma jurídica (ley formal y material) que establezca objetivamente los supuestos de restricción del derecho a la libre locomoción, y por otro las cuestiones procedimentales que acompañan su aplicabilidad. En criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este principio, dentro del espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe entenderse como aquel en el cual, la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado al de legitimidad, ya que solo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0137_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f3c58aa60b829cede7af450e953cb7d7b52bfea64781679923155e6665841f9

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