Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
Los impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial; toda vez, que el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto al emitir la Resolución 347/ 2019, no consideró la prueba pericial para determinar el lucro cesante; y, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista I-364/2020, declararon inadmisible el recurso de apelación, con el argumento de que el mismo resulta inidóneo al haber sido planteado de forma directa, debido a que, por disposición del art. 344.I del CPC, contra los autos interlocutorios que resuelven incidentes solo procede el recurso de reposición con alternativa de apelación, sin considerar que el trámite de ejecución de sentencia fue iniciado con el procedimiento civil abrogado y que el recurso planteado fue presentado de forma extemporánea. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; ii) La norma procesal contenida en el art. 518 del Código de Procedimiento Civil abrogado y el derecho a la impugnación de los fallos judiciales; iii) El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2021 de 8 de julio, cursante de fs. 219 a 226 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las denuncias de vulneración del derecho al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, debiendo los Vocales demandados pronunciar uno nuevo ingresando y resolviendo la problemática planteada en el recurso de apelación interpuesto por los accionantes.
2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz y las denuncias de vulneración de los derechos a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0137/2023-S1 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 44408-2022-89-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 131/2021 de 8 de julio, cursante de fs. 219 a 226 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Rolando Yampasi Sacama en representación legal de Humberto Yampasi Villalobos y Estefanía Sacama Sajama contra Isaías Jorge Vargas Chambi y Carmen del Rio Quisbert Caba, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 18 de mayo y el 7 de junio de 2021, cursantes de fs. 64 a 67; y, 164 a 168 respectivamente, los accionantes a través de su representante legal manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso de interdicto de “adquirir” -lo correcto es recobrar- la posesión, respecto a un lote de terreno de 332,25 metros cuadrados, signado con el número 2, Manzana “C”, calle 3 de la urbanización Huayllani de Alto Achumani de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia 124/2010 de 13 de marzo, el ex Juez de Instrucción en lo Civil de la Capital del departamento de La Paz -ahora Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto-, declaró probada la demanda y dispuso la restitución del inmueble a favor de sus personas; asimismo, condenó al pago de costas procesales y el resarcimiento de daños y perjuicios de conformidad al art. 613 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC abrg.) -Decreto Ley 12760 de 6 de agosto de 1975-.
En ejecución de Sentencia, en la vía incidental solicitaron se realice la cuantificación de los daños y perjuicios sufridos al momento de producirse la eyección de su bien inmueble, dicho trámite se realizó conforme a la Disposición Transitoria Octava del CPC abrg.; aperturándose un periodo probatorio incidental de veinte días, en el cual, presentaron toda la prueba pertinente a fin de cuantificar el gasto realizado en la compra de material de construcción del muro perimetral de ladrillo con cemento y la puerta de garaje metálico que fueron destruidos por los demandados, quienes convirtieron dicho terreno y lugares adyacentes en una cancha de futbol; solicitaron también, el resarcimiento de lucro cesante por todo el tiempo que fueron privados de la posesión del inmueble en cuestión. El Juez de la causa, de oficio solicitó prueba adicional, para lo cual designó un perito del Colegio de Arquitectos a fin de valuar o cuantificar el muro perimetral y la puerta de garaje únicamente, dejando de lado el resarcimiento por lucro cesante, pese a que en obrados cursa un informe pericial elaborado por un profesional arquitecto, mismo que calculó el monto de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos) por pago de lucro cesante, informe pericial que fue de conocimiento de los demandados, quienes no manifestaron objeción alguna sobre el mismo. Una vez clausurado el periodo probatorio, la autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 347/2019 de 14 de agosto, declarando probado en parte el incidente de cuantificación de daños y perjuicios, respecto al muro de ladrillo y la puerta metálica; y, rechazando el pedido de pago por lucro cesante, argumentando que no se aportó prueba suficiente en relación a dicho punto; ante dicho Fallo, presentaron un recurso de apelación, a pesar de haber conocido la Resolución señalada al límite del vencimiento del plazo para interponer dicho recurso. Concedido el recurso de apelación, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, declaró INADMISIBLE el recurso de apelación, argumentando con base al art. 344.I del Código Procesal Civil (CPC) que los autos interlocutorios emergentes de la interposición de incidentes, únicamente pueden ser impugnados a través de un recurso de reposición con alternativa de apelación y no a través de la apelación directa, además de afirmar que la impugnación fue presentada fuera de plazo establecido en el art. 254.I del CPC , habida cuenta que se les habrían notificado con la Resolución recurrida el 27 de agosto de 2019, que el plazo de tres días para que puedan impugnar feneció el 30 de igual mes y año, y el recurso de apelación fue presentando el 2 de septiembre del mismo año; motivo por el cual, declararon inadmisible el recurso con imposición de costas y costos.
Denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto “los actos lesivos impugnados”, disponiendo que el Juez de primera instancia, dicte nueva resolución que resuelva la demanda incidental de cuantificación de daños y perjuicios por la eyección sufrida de su inmueble.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 215 a 218, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante legal, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando, manifestaron que: a) Se vulneró su derecho a la valoración de prueba pericial, debido a que, el incidente presentado contenía la descripción de los hechos y la suficiente carga probatoria para que pueda establecerse la cuantificación de daños y perjuicios por lucro cesante; no obstante a ello, tanto el Juez de la causa como los Vocales demandados no tomaron en cuenta los dictámenes periciales emitidos por un profesional arquitecto, informes que contienen todos los datos técnicos, análisis y conclusiones con relación a los daños y perjuicios, los que además del muro y de la puerta de garaje; recaen en el lucro cesante y frutos no percibidos, en razón a que transcurrieron quince años sin que sus personas puedan ingresar a su lote de terreno; b) El profesional arquitecto que emitió el informe pericial, se encuentra plenamente calificado para realizar avalúos y cálculo de daños y perjuicios de toda índole, toda vez que cuenta con estudios de especialización en dicha materia; y, c) El Juez de la causa tuvo la oportunidad de pedir aclaraciones y complementaciones respecto a la metodología aplicada por el perito, pero no lo hizo y de forma pura y simple emitió su Fallo sin considerar dicho dictamen pericial.
Isaías Jorge Vargas Chambi y Carmen del Rio Quisbert Caba, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. por informe escrito presentado el 16 de junio de 2021, cursante de fs. 188 a 190 vta. señalaron lo siguiente: 1) Los accionantes acusan que no se habrían considerado los antecedentes del litigio, lo establecido en la Disposición Transitoria Octava del CPC, así como el alcance del art. 518 del CPC abrg.; argumentos de los cuales, se puede inferir que lo que plantean es el cuestionamiento de la interpretación de la norma procesal aplicada al momento de emitir el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre; sin embargo, no explican por qué la labor interpretativa resulta ser insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, menos identifican las reglas de interpretación que hubieren sido omitidas; 2) Los impetrantes de tutela, no precisaron qué derechos o garantías fueron supuestamente lesionados, estableciendo el nexo de causalidad entre dichos derechos y la interpretación impugnada, conllevando todo ello a que la problemática planteada carezca de relevancia constitucional; y, 3) Se debe tener presente que el art. 90 del CPC, establece que los plazos transcurrirán en forma interrumpida y vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; en ese contexto, el buzón judicial no puede considerarse una ampliación o prórroga al plazo legal establecido, lo que demuestra que sus autoridades no vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes, debido a que ambas partes fueron sometidas a las mismas reglas de interpretación de la norma, tampoco consideran haber afectado el acceso a la justicia pronta y efectiva de los ahora accionantes y menos a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, respecto a la vulneración de los principios pro homine y verdad material, señalaron que la acción de amparo no tutela principios. Con base a estos argumentos, solicitan se deniegue la tutela impetrada. Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 16 de junio de 2021, cursante de fs. 196 a 198 vta., señaló que i) El peticionante de tutela identificó a la Resolución 347/2019 de 14 de agosto, como uno de los actos vulneratorios o lesivos por supuestamente no haber valorado el informe pericial, sin considerar que en virtud al principio de subsidiariedad no puede cuestionarse dicha Resolución, sino únicamente la última determinación emitida por el Tribunal de Alzada, como lo estableció la SCP 112/2014 de 10 de junio; ii) Respecto al informe pericial elaborado por el arquitecto Ariel Huanca Rodríguez, en el apartado III.3.3 de la Resolución 347/2019 se efectuó una valoración de dicho documento, oportunidad en la que se explicó los motivos del porque no correspondía considerarse para la cuantificación de daños y perjuicios respecto al lucro cesante, tomando en cuenta que las autoridades jurisdiccionales no están obligadas a asumir las conclusiones arribadas por los peritos; iii) La potestad de interpretación de la legalidad de las normas infra constitucionales y de valoración de la prueba, es privativa de las autoridades ordinarias, no pudiendo la jurisdicción constitucional reexaminar dicha labor, y si bien de forma excepcional puede hacerlo, deben concurrir los presupuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional, aspectos que no fueron explicados por los accionantes; iv) La notificación con la Resolución cuestionada fue practicada en Secretaría del Juzgado el 27 de agosto de 2019, actuado procesal que no fue efectuado en forma secreta como señalan los accionantes, puesto que se lo hizo en el marco de las previsiones establecidas en los arts. 82 y 84 del CPC; v) De acuerdo a la Disposición Transitoria Sexta del Código Procesal Civil, en los recursos ante el Tribunal de apelación debe observarse la normativa contenida en el actual Código Procesal Civil, razón por la cual, los Vocales obraron de forma correcta al aplicar dicha normativa; y, vi) Los accionantes para interponer el recurso de apelación respecto a la Resolución 347/2019 tenían hasta el día 30 de agosto de 2019 a horas 18:30, y su presentación en el Buzón Judicial no puede extender dicho plazo.
Willy Cristóbal Silva Mamani, mediante escrito presentado el 16 de junio de 2021, manifestó lo siguiente: a) Los accionantes no cumplieron con el principio de inmediatez, en razón a que la acción de amparo constitucional contra el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, debió haber sido interpuesta en el plazo de seis meses, dicho plazo precluyó el 25 de marzo de 2021 y la referida acción tutelar fue presentada tres meses después; y, b) Los accionantes a través de la presente acción tutelar, pretenden modificar una resolución mediante una nueva valoración de pruebas, aspecto que no está permitido. Teodora Silva Aduviri, Davir Heriberto Silva Mamani, Miguel Ángel Silva Mamani, Gregorio Mamani Saico, Pablo Conde Gihuacuti, Pablo Pinto Guampo y Remigio Pinto Siñani, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 179, 180, 183, 184. Respecto a la tercera interesada Sonia Maribel Silva Mamani, no consta su notificación con la presente acción de defensa.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 131/2021 de 8 de julio, cursante de fs. 219 a 226 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, disponiendo que se emita nueva Resolución en el plazo procesal correspondiente, conforme a los razonamientos expuestos en dicho Fallo, sin costas ni costos procesales; con base a los siguientes fundamentos, 1) En cuanto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, señalaron que solo debe considerarse el último acto lesivo, identificado como el Auto de Vista I-364/2020, el cual fue emitido dentro de un trámite incidental, y siendo que el procedimiento civil no prevé alguna instancia superior que pueda revisar dicha Resolución, procede la presentación de la acción de amparo constitucional; 2) Respecto a la inmediatez, el Auto de Vista en cuestión fue notificado a la parte accionante el 18 de noviembre de 2020 y la presente acción fue presentada el 18 de mayo de 2021, dentro del plazo establecido de seis meses; 3) Si bien el art. 344 del CPC, establece que las resoluciones que resuelven incidentes solo admitirán el recurso de reposición con alternativa de apelación, y el recurso de apelación de acuerdo a los arts. 256 y siguientes de la misma norma adjetiva civil, procederá contra sentencias y autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley; sin embargo, debe considerarse que el derecho a la impugnación se encuentra por encima del principio de legalidad, debido a que el mismo no puede estar sujeto a formalismos que ni siquiera la propia ley lo establecen, de ahí que, tomando en cuenta que el derecho a la impugnación es amplio, la presentación directa del recurso de apelación sobre una decisión que resolvió un incidente, no puede dar lugar a la declaratoria de inadmisibilidad sino que es obligación de las autoridades que conocen el recurso ingresar a su consideración de fondo, por lo que, corresponde conceder la tutela de forma parcial; y, 4) En relación a Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público en lo Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, corresponde denegar la tutela, debido a que la Sentencia emitida por dicha autoridad es modificable por el Auto de Vista ahora cuestionado.
Por Decreto Constitucional de 30 de septiembre de 2022 (fs. 232), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 8 de diciembre de 2022 (fs. 273); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En ejecución de la Sentencia 124/2010 de 13 de marzo, que declaró probada la demanda interdictal de recobrar la posesión, Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 347/2019 de 14 de agosto declaró probado en parte el incidente de cuantificación de pago de daños y perjuicios interpuesto por Humberto Yampasi Villalobos y Estefanía Sacama Sajama de Yampasi -ahora accionantes-, respecto al pago por el costo del muro de ladrillo y la puerta metálica del garaje, determinando el pago de Bs54 623, 55 (cincuenta y cuatro mil seiscientos veintitrés 55/100 bolivianos ) a favor de los impetrantes de tutela (fs. 35 a 37 vta.). II.2. Cursa diligencia de notificación en la que consta que Humberto Yampasi Villalobos y Estefanía Sacama Sajama de Yampasi, tomaron conocimiento del Auto Interlocutorio 347/2019, el 27 de agosto de 2019 a horas 11:20 (fs. 38). II.3. De acuerdo al certificado de envío a través del buzón judicial 10017, se advierte que los accionantes presentaron recurso de apelación contra la Resolución referida supra el 30 de agosto de 2019 a horas 23:41 (fs.41). II.4. Consta Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los ahora impetrantes de tutela, condenando en costas y con costos a la parte apelante (fs. 53 a 54 vta.). Resolución con la que fueron notificados los solicitantes de tutela el 18 de noviembre de 2020 (fs. 55).
Los impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial; toda vez, que el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto al emitir la Resolución 347/ 2019, no consideró la prueba pericial para determinar el lucro cesante; y, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista I-364/2020, declararon inadmisible el recurso de apelación, con el argumento de que el mismo resulta inidóneo al haber sido planteado de forma directa, debido a que, por disposición del art. 344.I del CPC, contra los autos interlocutorios que resuelven incidentes solo procede el recurso de reposición con alternativa de apelación, sin considerar que el trámite de ejecución de sentencia fue iniciado con el procedimiento civil abrogado y que el recurso planteado fue presentado de forma extemporánea. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; ii) La norma procesal contenida en el art. 518 del Código de Procedimiento Civil abrogado y el derecho a la impugnación de los fallos judiciales; iii) El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2019-S2 de 19 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando en el Considerando Segundo, que:
Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional. Entendimiento asumido también por las SSCC 252/00-R, 091/01-R y 0217/01-R, entre otras.
Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
Al respecto la SCP 1697/2013 de 10 de octubre señaló que: “…Diferente es la situación procesal en fase de ejecución de Sentencia conforme lo dispone el art. 518 del CPC, que previene: 'Las resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior'. En esta fase del proceso, el recurso de apelación ya no está condicionado a que prospere el de reposición, precisamente porque no procede este último y únicamente es viable la apelación directa en el efecto devolutivo por la celeridad que debe resguardarse en esta fase del proceso en 1El Considerando Cuarto, señala: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado. 2El FJ III.1, establece: “2) Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 3El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-”.
razón a que la ejecución se deferiría indefinidamente o durante un tiempo irrazonable, haciendo irrelevante el derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales debido a una ejecución de las Sentencias en lesión flagrante de un debido proceso sin dilaciones indebidas y con ello el quebrantamiento de una de las garantías más importantes de la existencia de un Estado de Derecho. Además, su cumplimiento encuentra sentido en aplicación del principio de legalidad en su vertiente procesal, que implica que el procedimiento civil de manera expresa establece que las resoluciones en ejecución de Sentencia son recurribles sólo en el efecto devolutivo, por lo mismo, dispone que el órgano jurisdiccional debe sujetar su actuación al marco establecido por ella, o lo que es lo mismo, no podrá salirse de los límites señalados (SSCC 0493/2004-R de 31 de marzo, 1522/2002-R de 16 de diciembre, entre otras). Ahora bien, este Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de configuración del Estado Plurinacional (art.1 de la CPE) de manera reiterada ha determinado que en un Estado Constitucional de Derecho el principio de constitucionalidad se superpone al principio de legalidad (Por todas la SCP 0112/2012) y que ello significa entre otras concepciones, en el plano procesal, la prescindencia de formalismos y ritualismos procesales en cualesquier materia cuando se trate de materializar derechos fundamentales y garantías constitucionales o cuando de su estricta observancia dependa su sacrificio. Lo que significa que ante la eventualidad que el justiciable haga uso al mismo tiempo o en un mismo memorial del recurso de reposición bajo alternativa de alzada en etapa de ejecución de Sentencia, el juzgador, atendiendo el principio de constitucionalidad, el principio pro actione y el principio iuria novit curia, deberá a efectos de materializar el derecho a impugnar una decisión judicial consagrado en el art. 180.II de la CPE conceder la apelación en el efecto devolutivo y rechazar la reposición, advirtiendo a la parte que en etapa de ejecución de Sentencia conforme reza el art. 518 del CPC, sólo procede la apelación directa, estándole prohibido al juez en un Estado Constitucional de Derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales, como en el caso, el derecho a impugnar una decisión judicial…” (el resaltado es nuestro).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental. Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras (las negrillas fueron añadidas). De igual forma la Norma Suprema establece el principio de reserva legal, por el que las restricciones a los derechos fundamentales consagrados en la misma, pueden ser después desarrolladas por una ley formal, conforme lo previsto por los arts. XXVIII de la Declaración Americana sobre 4El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido:
1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158)
2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158) 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)” 5El FJ III.2.2. refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de esta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa.
La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras).
Derechos y Deberes del Hombre (DADH) y 30 de la CADH, tal cual se señaló en la SC 004/2001 de 5 de eneroy DC 06/2000 de 21 de diciembre.
Los impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial; toda vez, que el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto al emitir la Resolución 347/ 2019, no consideró la prueba pericial para determinar el lucro cesante; y, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista I-364/2020, declararon inadmisible el recurso de apelación, con el argumento de que el mismo resulta inidóneo al haber sido planteado de forma directa, debido a que, por disposición del art. 344.I del CPC, contra los autos interlocutorios que resuelven incidentes solo procede el recurso de reposición con alternativa de apelación, sin considerar que el trámite de ejecución de sentencia fue iniciado con el procedimiento civil abrogado y que el recurso planteado fue presentado de forma extemporánea. En consideración a lo expuesto, cabe establecer con precisión si los accionantes de tutela observaron o no el principio de inmediatez característico de esta acción tutelar y que se constituyen en una condición esencial para activar el control tutelar de constitucionalidad. A fin de analizar lo indicado en el párrafo precedente, es imprescindible considerar los actuados desarrollados para establecer con precisión desde qué oportunidad corresponde iniciar el cómputo de los seis meses, como plazo establecido para la interposición de la presente acción tutelar y si la misma se encuentra dentro de dicho término legal. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Sentencia 124/2010 de 13 de marzo, que declaró probada la demanda interdictal de recobrar la posesión a favor de los solicitantes de tutela, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en ejecución de sentencia declaró probado en parte el incidente de cuantificación de pago de daños y perjuicios interpuesto por los ahora accionantes, solo respecto al pago del costo del muro y garaje (Conclusión II.1.). De acuerdo a la diligencia de notificación de fs. 38, se evidencia que los impetrantes de tutela fueron notificados con la Resolución 347/2019 el 27 de agosto de 2019 (Conclusión II.2.); en virtud al CERTIFICADO DE ENVÍO A TRAVÉS DEL BUZÓN JUDICIAL 10017 se sabe que los ahora accionantes presentaron recurso de apelación contra la referida Resolución el 30 de agosto de 2019 a horas 23:41 (Conclusión II.3.). Finalmente, por Auto de Vista I 364/2020 de 25 de septiembre, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los hoy solicitantes de tutela. Resolución con la que fueron notificados el 18 de noviembre de 2020 (Conclusión II.4.). Puntualizados estos antecedentes, en cuanto a la denuncia efectuada por el tercero interesado Willy Cristóbal Silva Mamani, en el memorial cursante de fs. 193 a 195 vta., sobre el incumplimiento del principio de inmediatez en la presentación de la presente acción tutelar, corresponde establecer que de acuerdo a lo determinado en el art. 129.II de la CPE y lo consignado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. En el presente caso, se advierte que, los ahora accionantes, con el Auto de Vista I-364/2020 fueron notificados el 18 de noviembre de 2020, y de acuerdo a la constancia del Sistema Integrado de Registro Judicial, Nurej 30381983 (fs. 68), los hoy solicitantes de tutela, interpusieron la presente acción de amparo constitucional el 18 de mayo de 2021, por consiguiente, se tiene por cumplido el mencionado principio, por haberse planteado la presente acción tutelar dentro del plazo de los seis meses establecidos por el art. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Correspondiendo en consecuencia ingresar al fondo de la problemática planteada. Asimismo, debe aclararse que bajo el principio de subsidiariedad, la revisión por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional en acciones de amparo constitucional, se efectuará a partir de la última actuación o la resolución que tienen la posibilidad de corregir, enmendar o anular las determinaciones asumidas por las autoridades de menor jerarquía. En ese sentido, se ingresará al análisis de los agravios expuestos por los accionantes solo respecto al Auto de Vista I-364/2020, emitido por los Vocales demandados. En el contexto referido, en cuanto a la denuncia de que los Vocales suscribientes del Auto de Vista I-364/2020 declararon inadmisible el recurso de apelación por considerar que resulta inidóneo al haber sido planteado de forma directa, debido a que contra los autos interlocutorios que resuelven incidentes solo procede el recurso de reposición con alternativa de apelación y que el mismo fue interpuesto de forma extemporánea. Al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, de acuerdo al art. 518 del CPC abrg., las resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. En el contexto referido, en el caso concreto, se tiene que los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al emitir el Auto de Vista I-364 de 25 de septiembre y declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los ahora accionantes, por considerar con base en el art. 344.I del CPC -vigente-, que contra los autos interlocutorios que resuelven incidentes solo procede el recurso de reposición con alternativa de apelación y que el recurso planteado fue presentado de forma extemporánea, no actuaron desde y conforme a la Constitución, aplicando una normativa inadecuada al caso, por cuanto debieron resolver el fondo del mismo en observancia de las normas del Código de Procedimiento Civil abrogado, inobservancia que ocasionó la vulneración de los derechos denunciados por la parte accionante, a pesar que, de forma expresa el entonces Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto de 3 de mayo de 2018, cursante a fs. 27 vta., concluyó con base a la Disposición Transitoria Octava parágrafo I de la Ley 439, que habiéndose iniciado los actos de ejecución de sentencia en vigencia del Código de Procedimiento Civil abrogado, a través de los mandamientos de lanzamiento, cursantes a fs. 433, 454 y 468, corresponde observar dicha normativa procesal civil. En ese sentido, correspondía a los Vocales hoy accionados, tomando en cuenta que el proceso se encontraba en fase de ejecución de sentencia iniciado antes de la vigencia plena del Código Procesal Civil, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 347/2019 de 14 de agosto, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en el marco de lo establecido en el art. 518 del CPC abrg. y no así los arts. 344.I y 254.I del CPC. Respecto al plazo para la interposición del recurso de apelación contra el Auto 347/2019, este debe ser computado de acuerdo al art. 220. I num.1 del CPC abrg., en razón de ello, los recurrentes tenían 10 días a partir de su legal notificación para presentar su impugnación, en ese sentido, revisando los antecedentes procesales, los impetrantes de tutela con la Resolución 347/2029 fueron notificados el 27 de agosto de 2019, de acuerdo a la diligencia de notificación de fs. 38, y en virtud al CERTIFICADO DE ENVÍO A TRAVÉS DEL BUZÓN JUDICIAL 10017 presentaron recurso de apelación directa el 30 de agosto de 2019, es decir, dentro del plazo establecido en el art. 220.I. numeral 1 del CPC abrg.; por lo que, correspondía a los Vocales suscribientes del Auto de Vista I-364/2020 ingresar a considerar el fondo del recurso y dar respuesta a los agravios planteados por los ahora accionantes, lo contrario en el marco del Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, significa lesionar los derechos de los accionantes restringiéndoles el acceso a la justicia, pues la garantía de la doble instancia permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los presuntos defectos existentes en la decisión pronunciada, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada. En relación a las denuncias respecto al Auto Interlocutorio 347/2019 de 14 de agosto emitido por Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público en lo Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se tiene que dicho fallo será objetó del Auto de Vista que deberán emitir los ahora accionados, por consiguiente dicho Auto Interlocutorio no puede ser objeto de la presente acción tutelar por lo que en relación al mismo corresponde denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada aunque con otros fundamentos, efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2021 de 8 de julio, cursante de fs. 219 a 226 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las denuncias de vulneración del derecho al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, debiendo los Vocales demandados pronunciar uno nuevo ingresando y resolviendo la problemática planteada en el recurso de apelación interpuesto por los accionantes.
2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz y las denuncias de vulneración de los derechos a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
6 El Considerando V.2, indica: “…el art. 7 de la Constitución Política del Estado ha establecido el principio de la reserva legal, por la que cualquier restricción a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sólo puede ser dispuesta mediante Ley de la República -disposición constitucional que es concordante con los arts. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos- no estándole permitido al Poder Ejecutivo establecer estas restricciones mediante un Decreto Supremo. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que, aún la ley, tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales, pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal, así lo dispone el art. 229 de la Constitución Política del Estado". 7El Considerando III.2, expresa: “…el principio de la reserva legal entendiéndose por éste la institución jurídica que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que por disposición de la Constitución deben ser desarrolladas en una Ley; es una institución que impone un límite tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo; a aquél, impidiendo que delegue sus potestades en otro órgano, y a éste, evitando que se pronuncie sobre materias que, como se dijo, deben ser materia de Ley”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0137_2023-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 18f9c13874fe1768c4300291d4da40e6e0c901a6b64084fbad0643ac5ed74165
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