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SCP 0136/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50360-2022-101-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; a la presunción de inocencia, juez natural, defensa y a la libertad; indicando que, el Vocal demandado declaró improcedente su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 553/2022, el cual determinó la continuidad de su detención preventiva; sin tomar en cuenta que, al ser acusado formalmente el 31 de agosto de 2022, correspondía que el Fiscal de Materia asignado al caso, fundamente las razones por las que debía persistir la decisión de su detención preventiva; aspecto que fue soslayado por el Juez a quo, quien tampoco tomó en cuenta que desvirtuó el riesgo procesal contenido en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 596/2022 de “11” de septiembre, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la duración de la detención preventiva una vez presentada la acusación fiscal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2025-S2 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50360-2022-101-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 596/2022 de “11” de septiembre, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Pereira Mamani en representación sin mandato de Freddy Germán Mamani Huarachi contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, mediante Auto Interlocutorio “262” -lo correcto y en adelante es 320-/2022 de 1 de junio, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva por el plazo de tres meses para la realización de actos investigativos -declaración anticipada en Cámara Gesell y pericia psicológica de la víctima-; posteriormente, en atención a su solicitud, la mencionada autoridad fijó audiencia de situación jurídica para el 31 de agosto de ese año a horas 8:30; sin embargo, “tres minutos antes” del inicio, el Fiscal de Materia asignado al caso, en lugar de fundamentar la continuidad de la extrema medida que le fue impuesta, presentó acusación formal. A pesar de dicha omisión, la citada autoridad judicial, por Auto Interlocutorio 553/2022 de esa fecha, mantuvo vigente la extrema medida, sosteniendo que el Ministerio Público solicitó el plazo de tres meses a efectos de la investigación, sin considerar que no efectuó tal labor; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, quien, a través de Auto de Vista 251/2022 de 8 de septiembre, confirmó el Auto Interlocutorio impugnado. Dicha decisión carece de fundamentación, motivación y congruencia, ya que, repitió lo expresado en el mencionado fallo, sin explicar la necesidad de mantenerlo detenido preventivamente; tampoco atendió los agravios que plasmó en el medio de impugnación, reclamando que el Fiscal de Materia asignado al caso vulneró sus derechos al acusarlo formalmente poco antes de celebrarse la audiencia de situación jurídica de 31 de agosto de 2022 y que, en el tiempo de su detención preventiva, los actos investigativos que debía realizar no fueron llevados a cabo; sin embargo, el Vocal demandado, refirió que, al existir una acusación formal, debía aplicarse la SCP 0693/2021-S2 de 25 de octubre, asumiendo argumentos que no fueron expuestos por el Ministerio Público, mostrando parcialidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; a la presunción de inocencia, al juez natural, a la defensa y a la libertad; citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 251/2022 y ordenando a la autoridad demandada emita uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 26, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: a) El Fiscal de Materia asignado al caso, en audiencia de 31 de agosto de 2022, mencionó en cuatro líneas: “'…Señor Juez se tiene acusación formal presentado en fecha 31 de agosto a horas 08:37 a.m. en cuanto a la misma a la situación jurídica pedimos la persistencia de la detención preventiva…'” (sic); en tal sentido, no fundamentó conforme establece el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las razones por las que consideraba debía mantenerse vigente su detención preventiva; a pesar de aquello, el Juez de la causa aplicó el art. 221 del citado Código -sin que el señalado Fiscal hubiera referido el mismo-; en consecuencia, el Vocal demandado asumió que el Ministerio Público realizó la fundamentación de la persistencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, vulnerando así el principio de juez natural e imparcial; b) En el recurso de apelación incidental que formuló, explicó la imposibilidad de la concurrencia del citado peligro procesal para la víctima, debido a su estado de salud, pues, al padecer de paraplejia, no le es posible desplazarse, condición que demostró con los certificados médicos y placas fotográficas que presentó, los que no fueron considerados por el Vocal demandado al momento de emitir el Auto de Vista 251/2022, quien determinó mantener la medida cautelar impuesta; y, c) En los delitos relacionados a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las situaciones jurídicas de los detenidos quedan en total indefensión, dado que, la detención preventiva parece ser la regla y no la excepción.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito, cursante de fs. 17 a 18 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) El accionante no presentó agravio alguno ante el Tribunal de alzada respecto al momento de la presentación de la acusación formal por el Fiscal de Materia asignado al caso, por lo que, en aplicación del art. 398 del CPP, tal aspecto no correspondía ser considerado en el Auto de Vista 251/2022; 2) El Ministerio Público solicitó la persistencia de la detención preventiva, no su ampliación, razón por la cual, mediante Auto Interlocutorio 553/2022, el Juez a quo dispuso la continuidad de la extrema medida con base en la SCP 0693/2021-S2, que estableció que el Fiscal de Materia asignado al caso no puede solicitar la ampliación de la detención preventiva en etapa de juicio, sino su continuidad; asimismo, el impetrante de tutela, en cualquier momento, puede solicitar la cesación a la detención preventiva, acreditando que enervó los riesgos procesales latentes, siendo que, en el caso, persiste el peligro procesal del art. 234.7 del CPP; 3) El Juez a quo, al valorar el informe médico de 24 de agosto de 2022 no observó ningún elemento de convicción objetivo que corrobore lo alegado en el mismo, tendiente a demostrar la necesidad de disponer la detención domiciliaria; y, 4) Respecto al presunto abuso de la detención preventiva, los casos a los que hace referencia como precedentes no son aplicables al caso concreto, ya que cuentan con presupuestos fácticos distintos; al margen de ello, el presente caso se trata de un delito de violación con agravante a una menor, por lo que se deben aplicar los estándares relativos al interés superior de los menores y la atención prioritaria a mujeres víctimas de violencia sexual.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 596/2022 de “11” de septiembre, cursante de fs. 27 a 31, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no cuestionó ante el Tribunal de alzada el hecho de que se hubiera presentado el pliego acusatorio tres minutos antes de llevarse a cabo la audiencia pública de situación jurídica de 31 de agosto de 2022, por lo que, no resulta pertinente el reclamo efectuado respecto al ad quem sobre ese particular; ii) En cuanto a la persistencia de la detención preventiva, de acuerdo a la SCP 0693/2021-S2, una vez presentado el pliego acusatorio, ya no es pertinente disponer la ampliación de la extrema medida, sino tan solo la continuidad de su persistencia, por lo que, en “…esta fundamentación no se requiere mayor ampliación en sus fundamentos…” (sic); asimismo, en la etapa de juicio oral se debe acreditar los riesgos procesales contenidos en el art. 233 del CPP; es decir, riesgo de fuga y obstaculización, de ahí que se puede solicitar la cesación a la detención preventiva, por lo que, la ampliación de la detención preventiva, cuando existe acusación, no es pertinente, puesto que está dispuesta para la etapa cautelar; iii) La SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, sentó la protección inmediata a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, concluyendo que en dicho caso prevalecía el derecho de los menores de edad, razón por la cual, no se pretende generar inseguridad jurídica al accionante, “…sino que se está haciendo una valoración integral de la presente causa…” (sic), siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém Do Pará), recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que establecen un carácter reforzado en casos similares al presente; iv) La SCP “12/2021-S3” señaló que, al momento de juzgar con perspectiva de género y con un carácter reforzado, “…no es procedente disponer una cesación a la detención preventiva cuando existiría vulneración a los derechos de personas vulnerables…” (sic), razón por la cual, la jurisdicción constitucional debe analizar “…en su integridad los fundamentos fácticos para disponer una cesación a la detención preventiva máximo aun cuando se trata pues de una situación jurídica donde también una menor de edad supuestamente ha sido transgredida en su situación sexual…” (sic); y, v) Sobre la enfermedad del impetrante de tutela “…en la cual estaría colcomiendo y no existiría medios adecuados en el penal de San Pedro (...) no ha sido debidamente fundamentado en la audiencia de situación jurídica...” (sic); pues, el nombrado solo hizo referencia el informe médico y que, por su situación de salud, pidió se pueda disponer su detención domiciliaria, más no desvirtuó el riesgo procesal de fuga, por lo que, el ad quem resolvió adecuadamente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene informe médico expedido el 24 de agosto de 2022 por el médico -nombre ilegible- del Área de Salud y Rehabilitación Social del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, correspondiente a Freddy Germán Mamani Huarachi -accionante-, el cual señala en la “impresión diagnóstica” que padece de “Ulcera de presión grado lll” y “paraplejia de miembro inferior”; por lo que, “…se sugiere valoración por especialidad de cirugía en Hospital de ll Nivel Barrios Mineros en día hábil (lunes a viernes)…” (sic [fs. 198 del Anexo 1]). II.2. Del acta de registro de audiencia pública de situación jurídica de 31 de agosto de 2022, inherente al proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación con agravante; se tiene que, el Fiscal de Materia asignado al caso, refirió que ese mismo día se presentó acusación formal y señaló que: “…en cuanto a la situación jurídica pedimos la persistencia de la detención preventiva” (sic); por su parte, el abogado del antes nombrado, haciendo constar que solamente estaba latente el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, pidió incorporar prueba -relativa al estado de salud de su defendido-, para desvirtuarlo por lo cual, solicitó detención domiciliaria. (fs. 341 y vta. del Anexo 2). II.3. Por Auto Interlocutorio 553/2022 de 31 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, declaró “…CON LUGAR Y PROCEDENTE…” (sic) el petitorio del representante del Ministerio Público, respecto a la continuidad de la detención preventiva del solicitante de tutela; y, “SIN LUGAR E IMPROCEDENTE” (sic) la detención domiciliaria impetrada por el nombrado (fs. 342 a 343 del Anexo 2). II.4. A través de Auto de Vista 251/2022 de 8 de septiembre, Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, declaró “IMPROCEDENTE” el recurso de apelación presentado por el accionante y, en consecuencia, “CONFIRMA” el Auto Interlocutorio 553/2022 (fs. 363 a 367 del Anexo 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; a la presunción de inocencia, juez natural, defensa y a la libertad; indicando que, el Vocal demandado declaró improcedente su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 553/2022, el cual determinó la continuidad de su detención preventiva; sin tomar en cuenta que, al ser acusado formalmente el 31 de agosto de 2022, correspondía que el Fiscal de Materia asignado al caso, fundamente las razones por las que debía persistir la decisión de su detención preventiva; aspecto que fue soslayado por el Juez a quo, quien tampoco tomó en cuenta que desvirtuó el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, con base en su estado de salud acreditado por la documentación pertinente; por lo que, debió darse curso a su detención domiciliaria. Ante ello, el Vocal demandado señaló que el Ministerio Público no podía solicitar la ampliación de la detención preventiva, ya que, ésta solo es posible en la etapa preparatoria y ante actos investigativos; al impetrar la persistencia de la medida de extrema ratio, actuó de manera correcta, ya que, con la presentación del pliego acusatorio, se pasa a la etapa de juicio oral; en consecuencia, si el accionante pretendía la cesación de la detención preventiva, podría solicitarla en esa fase y desvirtuando los riesgos procesales vigentes, por lo que, lo determinado por el Juez a quo fue correcto; es decir, la continuidad de la medida extrema, debiéndose considerar también que el caso involucra a una persona de población vulnerable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la duración de la detención preventiva una vez presentada la acusación fiscal

Una de las características de las medidas cautelares es su carácter meramente instrumental al proceso principal; en este sentido y respecto a la detención preventiva, se tiene que, la SCP 0827/2013 de 11 de junio, recordó: “…la detención preventiva debe ser limitada en el tiempo, de tal modo que su duración responderá única y exclusivamente a los fines del proceso, lo contrario significa hacer abuso de dicha medida tornándola en una pena anticipada y, en consecuencia, implica vulneración de la garantía de la presunción de inocencia, entendida desde su verdadera dimensión dentro del proceso penal”. Ahora bien, conforme el art. 233 del CPP, se establecen básicamente tres requisitos para la procedencia de la detención preventiva durante la etapa preparatoria, que son: a) La probabilidad de autoría o participación criminal; b) Riesgos procesales; y, c) El tiempo para la realización de actos de investigación. En este sentido, una vez se hubiese determinado la detención preventiva, en el marco del tercer supuesto -el tiempo para la realización de actos de investigación-, cabe la posibilidad de que el Ministerio Público pueda solicitar la ampliación de la extrema medida, alegando que se requiere mayor tiempo para la investigación. Ello se fundamenta en lo previsto por la última parte del art. 233 del CPP, el cual establece: “El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso…”; sin embargo, cuando el proceso avanza a la etapa de juicio oral tras la presentación de la acusación formal, la instrumentalidad de la medida cautelar se modifica en su fundamento inicial, al no existir ya, actuados pendientes de investigación. Asimismo, la SCP 0693/2021-S2, hace notar que el art. 233.3 de la norma Adjetiva Penal, referido a la determinación de un plazo específico para la realización de los actos investigativos, remite a la necesidad de producir prueba; ante lo cual, razona que: “…sí la ampliación está determinada por la falta de realización de actos investigativos, no es viable su aplicación en una etapa del proceso en que no se lleven a cabo dichos actos de recolección, como bien sucede en la etapa de juicio oral y la recursiva”; aquello implica que, luego de presentada la acusación, ya no existe la necesidad de establecer un término o plazo explícito para la producción de prueba por parte del Ministerio Público; vale decir, la detención preventiva ya no está sujeta a un plazo explícito, sino a la existencia de riesgos procesales, lo que, en su caso, la parte procesada debe desvirtuar.

III.2. Análisis del caso concreto

Convocada la audiencia de situación jurídica de 31 de agosto de 2022, en la que debía analizarse el cumplimiento del plazo solicitado por el Fiscal de Materia, se constata que, tres minutos antes de dicho acto, el nombrado presentó un pliego acusatorio; en consecuencia, el Juez de la causa, entendió que se produjo el cambio de etapa procesal, siendo ese el motivo de la apelación planteada. Al respecto, el Vocal demandado advirtió que el Fiscal de Materia asignado al caso solicitó la "persistencia" de la detención preventiva con base a lo determinado en el penúltimo párrafo del art. 233 del CPP, tomando en cuenta la persistencia del peligro contenido en el art. 234.7 del referido Código; dispuesto en el Auto Interlocutorio 320/2022 de 1 de junio; es decir, en el caso concreto, la autoridad demandada verificó que, durante la audiencia de situación jurídica, en la cual debía analizarse el plazo y su posible ampliación, ante la presentación del pliego acusatorio y, el consecuente cambio de etapa procesal a la de juicio oral, el mismo dejó de tener relevancia, debiendo el accionante desvirtuar los riesgos procesales que sustentaban su detención preventiva. Ahora bien, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada sostuvo que el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP se mantenía vigente, a pesar de lo alegado por el impetrante de tutela, quien presentó un certificado médico forense que determinaba una condición de "paraplejia"; sin embargo, a criterio del Vocal demandado, el prenombrado no fundamentó cómo es que este ya no estaría latente, limitándose a sostener que no existirían condiciones para su atención, sin que dicha afirmación se desprendiera del certificado médico presentado y que, por el contrario, el accionante, aún en su estado de salud, podría recibir atención en el mismo centro penitenciario o, en su caso, solicitar una salida autorizada en resguardo de su derecho a la salud, debiendo considerarse también que, además, las medidas cautelares, por su carácter temporal, son modificables en el tiempo; por consiguiente -concluye la autoridad demandada-, el impetrante de tutela no demostró que hubiese cesado el peligro para la víctima, máxime si se toma en cuenta que el presunto hecho delictivo habría ocurrido encontrándose ya en condición de paraplejia. En ese contexto, respecto a este punto, se verifica la existencia de una motivación suficiente, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 596/2022 de “11” de septiembre, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0136_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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