Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2023
Deniega la tutela
El accionante, por intermedio de su representante legal, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; en virtud a que, el Oficial de Diligencias demandado, le notificó de forma indebida con el fallo que resolvió el recurso de apelación restringida que planteó contra la Sentencia de 5 de marzo de 2015, incumpliendo las nuevas formas de notificación telemáticas dispuestas a partir de la pandemia por COVID-19, las cuales fueron observadas en anteriores diligencias realizadas por dicho servidor de apoyo jurisdiccional en la tramitación del recurso indicado; y, los Vocales demandados, en vez de enmendar de oficio el error del aludido funcionario, convalidaron la merituada notificación dando lugar a la ejecutoria de la Sentencia mencionada; extremo que, recién fue de su conocimiento al ser notificado por el Juzgado de origen con la referida ejecutoria y la emisión del mandamiento de condena respectivo, coartándole de este modo la posibilidad de formular los recursos de casación y/o de actividad procesal defectuosa. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 269 a 274, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2023-S4 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 46306-2022-93-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 022/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 269 a 274, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ricardo Vásquez Cadima en representación legal de Rene Simón Orellana Carballo contra Mirtha Mabel Montaño Torrico y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Luis Alfredo Montaño Aranibar, Oficial de Diligencias, de la mencionada Sala Penal Primera.
Por memoriales presentados el 31 de enero de 2022, cursante de fs. 1; y, 91 a 96; y, el de subsanación el 8 de febrero del mismo año (fs. 179 a 180), el accionante, por intermedio de su representante legal; manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por Álvaro Giovanni Vargas Vega en su contra por la presunta comisión del delito de estafa por conversión de acciones, el Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, dictó la Sentencia de 22 de mayo de 2013; misma, que siendo anulada y ordenada su reposición dio lugar a la emisión de la Sentencia de 5 de marzo de 2015, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del referido departamento; fallo contra el cual, el 8 de abril del año precitado, interpuso recurso de apelación restringida, señalando como domicilio procesal la calle Bolívar E-639, mezzanine, oficina 4, del edificio “El Profesional”, en cuya tramitación, mediante Auto de 8 de febrero de 2021, se efectuó el señalamiento de audiencia respectivo y se le designó a Alfonso Pablo Camacho Escobar, como defensor de oficio; decisión que fue notificada a los teléfonos de su abogado José Ricardo Vásquez Cadima, al 76433443; y, al teléfono del referido defensor al 72226053, ambos vía WhatsApp; así como, la posterior reprogramación de la audiencia de fundamentación oral, determinada mediante proveído de 11 del mes y año indicados; lo cual evidencia que, Luis Alfredo Montaño Aranibar, Oficial de Diligencias, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora codemandado–, efectuó dichas notificaciones en cumplimiento a los Instructivos 05/2020, 08/2020 y 01/2021, emitidos por la Sala Plena del aludido Tribunal, que determinó que esas diligencias debían ser realizadas a través de medios telemáticos en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la pandemia por COVID-19; las cuales, por su carácter excepcional deben ser cumplidas con prioridad a otras disposiciones; y, lo ordenado por los arts. 160 y 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; empero, habiéndose pronunciado el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2021, que declaró improcedente su recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia condenatoria en su contra, advirtiendo que esa decisión podía ser objeto de recurso de casación según lo estipulado por el art. 417 del adjetivo penal, el nombrado Oficial de Diligencias, el 19 de noviembre del año mencionado, procedió a notificarlo con dicho fallo en su domicilio procesal que señaló seis años atrás, es decir, en la calle Bolivar E-639, mezzanine, oficina 4, del edificio “El Profesional”, diligencia en la que indica que no se encontró a su abogado y que se hubiese dejado una copia de ley en presencia de la testigo Nathaly Rebeca Peredo Pérez. Añadió que, en la precitada notificación no se acompañó una fotografía que pueda acreditar que el funcionario de apoyo jurisdiccional y la testigo estuvieron presentes en dicha oficina; por lo que, se hubiese inobservado lo previsto por el art. 164 del CPP, dando lugar a la nulidad de esa diligencia conforme a lo estipulado por el art. 166 del Código referido; además que, tampoco se le notificó de modo alguno al defensor de oficio que en su momento se le designó, impidiendo de este modo que pueda interponer el recurso de casación respectivo; por todo ello, los Vocales –hoy demandados–, debieron cumplir estas disposiciones y garantizar sus derechos fundamentales; sin embargo, en contrario, procedieron a consentir y convalidar su ilegal notificación, al emitir de oficio el decreto de 29 de noviembre de 2021, que en los hechos significa la ejecutoria de la resolución de su apelación restringida, notificado en tablero en la fecha precitada, teniendo conocimiento efectivo del Auto precitado, recién el 11 de enero de 2022, cuando vía WhatsApp se le notificó con el Auto de 6 de igual mes y año, pronunciado por el Juez de la causa, imposibilitándole de igual manera plantear incidente de saneamiento procesal por defectos absolutos, al ser causa de nulidad de acuerdo a lo estipulado por el art. 169 inc. 3) del referido cuerpo legal, consumándose todo esto con el mandamiento de condena de 11 de enero de 2022, que le fue entregado el 13 del año y mes señalados. Finalmente, concluyó remarcando que el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2021, al tener carácter definitivo debió notificársele en su domicilio real o en presencia de un testigo idóneo; aclaró a su vez, que la información de contacto fue puesta en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, con un memorial de apersonamiento, misma que también esta consignada en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital y el registro público de abogados del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
El impetrante de tutela, a través de su representante legal, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la diligencia realizada por el Oficial de Diligencias codemandado, el 19 de noviembre de 2021; b) Que los Vocales demandados, ordenen se le notifique conforme a los Instructivos 05/2020, 08/2020 y 01/2021; y, los arts. 160 y 163 del CPP; y, c) Que el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, remita el expediente a la Sala Penal “Segunda” (sic), a fines correspondientes.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 267 a 268 vta., presentes el apoderado del solicitante de tutela y el tercero interesado acompañado de su abogado; y, ausente las autoridades y el servidor de apoyo jurisdiccional demandados; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante su representante legal y defensa técnica, se ratificó in extenso en los términos expuestos en su demanda de acción de amparo constitucional.
Mirtha Mabel Montaño Torrico y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Primera –titular– y Segunda –convocado–, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 21 de febrero de 2022, cursante a fs. 190 y vta.; señalaron que, no existe identificación de la acción atribuida a sus autoridades, que pueda ser considerada y/o resuelta a través de esta acción de defensa. Luis Alfredo Montaño Aranibar, Oficial de Diligencias, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 21 de febrero de 2022, cursante a fs. 193 y vta.; manifestó que, la notificación ahora cuestionada, se la practicó en la última dirección señalada por el impetrante de tutela, conforme a lo establecido por el art. 163 del CPP; y, la SSCCPP 1270/2012 de 19 de septiembre y 1261/2011 de 16 de septiembre, dejándose la diligencia por cédula en presencia de testigo; en virtud de lo cual, se tiene que el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2021, fue notificado en su integridad, dejándose copia auténtica y totalmente legible como corresponde; así como, constancia de la fecha y hora de su realización, vale decir, el 19 de noviembre del año referido, a las 13:46, habiendo por ello cumplido a cabalidad los requisitos exigidos por el precepto precitado.
Álvaro Giovanni Vargas Vega, por intermedio de su abogado, en audiencia; refirió que: 1) Habiendo sido víctima del delito de estafa viene “peregrinando” por una resolución justa y oportuna por más de once años; y, 2) La acción de defensa planteada se contradice porque cuestiona que no se le hubiese notificado vía WhatsApp, cuando la ley prevé que la notificación con los autos definitivos debe ser realizada de forma personal o en el domicilio señalado por la parte; a su vez, el art. 160 del adjetivo penal, estipula que cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado a la oficina gestora, no pudiendo alegar a su favor la falta de notificación; entonces, tal omisión es atribuible al solicitante de tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 022/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 269 a 274, denegó la tutela impetrada; bajo los siguientes fundamentos: i) Dado que, no se está cuestionando el Auto de Vista sino la notificación del mismo, la norma procesal penal prevé al efecto en su art. 169 inc. 3), el incidente de actividad procesal defectuosa; ii) En el memorial del recurso de apelación restringida en cuestión, en su Otrosí Segundo, especificó expresamente que a los fines de dicho recurso se señalaba como domicilio procesal la calle Bolívar E-639, mezzanine, oficina cuatro, del edificio “El Profesional”, sin que posteriormente se hubiese puesto en conocimiento un cambio de domicilio; y, iii) No se agotó los medios dispuestos por los arts. 163 al 167 del CPP; por lo que, no se observó el principio de subsidiariedad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia de 5 de marzo de 2015, dictada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Álvaro Giovanni Vargas Vega –ahora tercero interesado–, en contra de Rene Simón Orellana Carballo –hoy accionante–, se declaró al procesado autor y culpable de la comisión del delito de estafa, imponiéndole la sanción de tres años y seis meses de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones del nombrado departamento; y, multa de Bs750.- (setecientos cincuenta bolivianos), a cancelar al tercer día de ejecutoriado dicho fallo, con costas, daños y perjuicios a favor de la víctima, averiguables una vez que el mismo adquiera la calidad de firme y ejecutoriado (fs. 106 a 112 vta.). II.2. A través del memorial presentado el 9 de abril de 2015, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia de 5 de marzo del mencionado año, solicitando que el Tribunal de alzada anule el fallo impugnado (fs. 120 a 131). II.3. Por Auto de Vista de 3 de septiembre de 2021, Mirtha Mabel Montaño Torrico y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Primera –titular– y Segunda –convocado–, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandados–, determinaron declarar improcedente el recurso de apelación restringida descrito en la Conclusión previa; consecuentemente, confirmó el fallo impugnado; decisión que le fue notificada al solicitante de tutela el 19 de noviembre de 2021, en su domicilio procesal ubicado en la calle Bolívar E-639, mezzanine, oficina 4, del edificio “El Profesional”, donde consta que se dejó copia de ley en presencia de testigo (fs. 153 a 161; y, 242). II.4. Consta notificación procesal realizada el 11 de enero de 2022, a Rene Simón Orellana Carballo con el Auto de 6 de igual mes y año, vía WhatsApp al teléfono 76433443 (fs. 170).
El accionante, por intermedio de su representante legal, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; en virtud a que, el Oficial de Diligencias demandado, le notificó de forma indebida con el fallo que resolvió el recurso de apelación restringida que planteó contra la Sentencia de 5 de marzo de 2015, incumpliendo las nuevas formas de notificación telemáticas dispuestas a partir de la pandemia por COVID-19, las cuales fueron observadas en anteriores diligencias realizadas por dicho servidor de apoyo jurisdiccional en la tramitación del recurso indicado; y, los Vocales demandados, en vez de enmendar de oficio el error del aludido funcionario, convalidaron la merituada notificación dando lugar a la ejecutoria de la Sentencia mencionada; extremo que, recién fue de su conocimiento al ser notificado por el Juzgado de origen con la referida ejecutoria y la emisión del mandamiento de condena respectivo, coartándole de este modo la posibilidad de formular los recursos de casación y/o de actividad procesal defectuosa. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0331/2019-S4 de 5 de junio, instituyó que: “La acción de amparo constitucional, establecida en el art. 128 de la CPE, procede: ‘…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’. A su vez, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar tiene por objeto: ‘…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir’.
Corresponde precisar que la acción de amparo constitucional, se encuentra establecida en el art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual expresa que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental, la ley o la presente Convención; precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el art. 410 de la CPE, mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional Plurinacional en el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, estableció que el amparo constitucional: Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Norma Suprema, denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural. De donde se concluye, que esta acción constitucional se constituye en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no restablecieron el derecho lesionado. Acción tutelar que se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez, tal como señala el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esta acción ‘…se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, toda vez que, no sustituye o reemplaza a los recursos o instancias preestablecidas en el ordenamiento jurídico; y, en atención al principio de inmediatez, corresponde a los accionantes cuidar que esta acción sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme señala el art. 129.II de la Norma Suprema, que determina el plazo de seis meses computable a partir del conocimiento del hecho o producida la notificación con el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para impugnarlos o, si existieran, a partir del momento en que se agotó la última instancia. La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional, señaló lo siguiente: ‘Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección. (…) En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva’. En ese contexto, el Tribunal Constitucional en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, refiriéndose a la subsidiariedad indicó que, debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda la acción de amparo constitucional. Asimismo, la SC 0492/2003-R de 15 de abril, sobre el mismo tema puntualizó que: ‘…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras que no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo...’. Con ese antecedente, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional desarrolló reglas y subreglas de aplicación general que fueron determinadas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, determina: ‘Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’. En esa línea, la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, entendimiento que guarda relación con lo determinado en la SCP 0058/2015-S2 de 3 de febrero ; a su vez, cita a la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre, la cual señaló que la acción de amparo constitucional no procede si existen otros mecanismos procesales idóneos para atacar la lesión o amenaza. De las normas y sentencias constitucionales citadas precedentemente, se concluye que la acción de amparo constitucional se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, es decir, toda persona que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato esté previsto en la vía administrativa o judicial o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional, toda vez que, no es sustitutiva de otros medios o recursos legales” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
Sobre el particular, la SC 1261/2011-R de 16 de septiembre, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “Respecto a la corrección de la actividad procesal defectuosa por la vía incidental, este Tribunal, a través de la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, ha establecido en una problemática similar que: ‘En ese orden, el art. 169.3 del CPP al referirse a los defectos absolutos de la actividad procesal, señala que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones o Tratados internacionales vigentes y el citado Código. Para el efecto, de conformidad con lo establecido por los arts. 314 y 315 de igual normativa, las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente. A su vez el art. 407 del CPP referido a la apelación restringida señala que: «Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia de conformidad a lo previsto por los arts. 169 y 370 de este Código». En ese sentido, siempre que sea posible, el Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumplimiento el acto omitido, conforme se encuentra señalado en el art. 168 del CPP. Consecuentemente, la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’” (las negrillas nos pertenecen). Así también, debe tenerse presente que el art. 167 del CPP, modificado por la Ley 1173, sobre la procedencia y oportunidad del planteamiento del incidente de actividad procesal defectuosa; estipula que: “I. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, en el bloque de constitucionalidad y en el presente Código. Las partes sólo podrán observar el acto defectuoso cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto y éste les haya causado perjuicio concreto o indefensión. II. Los planteamientos de actividad procesal defectuosa, deberán ser formulados por una sola vez en el plazo de diez (10) días de haber sido notificado el acto acusado de defectuoso, caso contrario operará el principio de convalidación y preclusión. La jueza o el juez deberá resolverlo conforme al Artículo 314 de este Código, antes de la conclusión de la etapa preparatoria. III. Los incidentes sobrevinientes podrán ser presentados y resueltos en la etapa de juicio oral, de conformidad a lo previsto en los Artículos 344 y 345 de este Código. No obstante, los elementos de prueba podrán ser analizados durante el juicio y en su caso provocar su exclusión. IV. Cuando el acto defectuoso no pueda ser saneado ni convalidado, la jueza o el juez deberá declarar su nulidad, señalando además a cuáles otros actos alcanza la nulidad por su conexión directa. Los actos nulos no producirán ningún efecto” (las negrillas fueron agregadas).
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por Álvaro Giovanni Vargas Vega –ahora tercero interesado–, en contra de Rene Simón Orellana Carballo –hoy impetrante de tutela–, el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 5 de marzo de 2015; la cual, declaró al procesado autor y culpable de la comisión del delito de estafa, imponiéndole la sanción de tres años y seis meses de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones del nombrado departamento; y, multa de Bs750.-, a cancelar al tercer día de ejecutoriado dicho fallo, con costas, daños y perjuicios a favor de la víctima, averiguables una vez que el mismo adquiera la calidad de firme y ejecutoriado (Conclusión II.1); en virtud de lo cual, a través de memorial presentado el 9 de abril de 2015, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia de 5 de marzo del año anotado, impetrando que el Tribunal de alzada anule el fallo impugnado (Conclusión II.2.); obteniendo en respuesta, la emisión del Auto de Vista de 3 de septiembre de 2021, dictado por Mirtha Mabel Montaño Torrico y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Primera –titular– y Segunda –convocado–, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora codemandados–; mediante el cual, determinaron declarar improcedente el recurso aludido, confirmando en consecuencia, el fallo impugnado; decisión que le fue notificada al accionante el 19 de noviembre del año anotado, en su domicilio procesal ubicado en la calle Bolívar E-639, mezzanine, oficina 4, del edificio “El Profesional”, donde consta que se dejó copia de ley en presencia de testigo (Conclusión II.3). En ese contexto, el impetrante de tutela, considera que la notificación referida supra es indebida, porque incumpliría las nuevas formas de notificación telemáticas dispuestas a partir de la pandemia por COVID-19, las cuales fueron observadas en anteriores diligencias realizadas por el Oficial de Diligencias demandado en la tramitación del recurso indicado; y, por otro lado, alegó que los Vocales demandados, en vez de enmendar de oficio el error del aludido funcionario, convalidaron la merituada notificación dando lugar a la ejecutoria de la Sentencia mencionada; extremo que, recién fue de su conocimiento al ser notificado por el Juzgado de origen con la referida ejecutoria y la emisión del mandamiento de condena respectivo, coartándole de este modo la posibilidad de formular los recursos de casación y/o de actividad procesal defectuosa. Ahora bien, con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, debe tenerse presente que el alcance de la tutela de la acción de amparo constitucional, se rige bajo los principios de inmediatez y subsidiariedad; implicando éste último que, esta garantía constitucional podrá ser interpuesta siempre que no existan otros recursos o medios en la vía ordinaria o administrativa para impugnarlos o, si existieran, a partir del momento en que se agotó la última instancia (Fundamento Jurídico III.1); en cuyo entendido, corresponde considerar ahora lo establecido en el razonamiento jurisprudencial y normativo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que instituyó que, para la corrección de la actividad procesal defectuosa que pueda suscitarse dentro de los procesos penales, el adjetivo penal a previsto la vía incidental; en cuyo marco, el art. 167.I del CPP, modificado por la Ley 1173, ha estipulado que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, en el bloque de constitucionalidad y en el presente Código”, precepto acorde al mandato del art. 169 inc. 3) del adjetivo penal, que al referirse a los defectos absolutos de la actividad procesal; determina que, no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: “Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código”. En ese marco, en el caso de análisis; se advierte que, si bien el hoy solicitante de tutela alega que la notificación hoy cuestionada transgrede el marco normativo vigente al efecto; y, que por esto no tuvo conocimiento efectivo del Auto de Vista de 3 de septiembre de 2021, sino hasta el 11 de enero de 2022, cuando vía WhatsApp se le notificó con el Auto de 6 de igual mes y año, pronunciado por el Juez de la causa (Conclusión II.4); al respecto, debe tenerse presente que desde el momento que tuvo conocimiento de la presunta irregularidad indicada; es decir, desde el 11 de enero de 2022, el mismo tenía la vía incidental establecida en el párrafo previo, para reclamar ante el Juez a cargo del control jurisdiccional de la causa, las cuestiones hoy planteadas en la jurisdicción constitucional; empero, aquello no ocurrió, pretendiendo de este modo que la presente acción tutelar sea un medio alternativo o sustitutivo de la jurisdicción ordinaria. Por consiguiente, al no haber el hoy accionante utilizado oportunamente la vía incidental prevista por la jurisdicción ordinaria como medio de defensa idóneo para la protección de los derechos fundamentales ahora reclamados de tutela, antes de la interposición de la presente acción de defensa, este Tribunal se encuentra impedido de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la problemática planteada; correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 269 a 274, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0135_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 54d8ad2cca67fa7413a07db6f861567bc938f6c21ca8e835d87f4f197cba24fa
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