Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de abril de 2023
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso; y, de los principios de legalidad, favorabilidad, pro actione o de la impugnación, certeza y proporcionalidad; toda vez que, el 24 de febrero de 2023, de forma abrupta fue sacada del colegio por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y funcionarios policiales de la FELCC y la FELCV, desconociendo su paradero al momento de la activación de la presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2023-S2 Sucre, 7 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 53894-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dara Isabel Callau Melgar en representación sin mandato de AA contra Lizeth Aizamani Quinteros, Fiscal de Materia; Defensoría de la Niñez y Adolescencia; Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); y, Harley Arnoldo Arauz Datzer.
Por memorial presentado el 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 34 a 39 vta., la accionante a través de su representante señaló que:
El 24 de febrero de 2023, aproximadamente a horas 8:30, acudieron al colegio donde estudiaba funcionarios policiales de la FELCC y FELCV, junto con personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado del departamento de Cochabamba, quienes la extrajeron bajo amenazas al personal de dicha unidad educativa, porque tenían una orden de secuestro emitida por la Fiscalía Departamental de Beni dentro de un proceso por la supuesta comisión del delito “…de sustracción o secuestro de menor interpuesta por [su] padre (…) Harley Arnold [A]raúser…” (sic) contra su madre, cuando en realidad sus progenitores tendrían un proceso familiar abierto en el Juzgado de Familia Primero de Trinidad del aludido departamento en fase de apelación, y “…el accionado Harley Arnoldo [A]rauzer no tiene la guarda legal…” (sic).
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso; y, de los principios de legalidad, favorabilidad, pro actione o de la impugnación, certeza y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 60 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Su presentación ante la Jueza de garantías y sea devuelta inmediatamente a su madre; y, b) Se deje sin efecto la persecución contra ella y su madre; así como, cualquier mandamiento que exista por la supuesta comisión del delito de sustracción de menor.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 115 a 117, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señaló que: 1) Harley Arnoldo Arauz Datzer -su padre- actuó de forma desleal al interponer la denuncia en su contra por la supuesta comisión del delito de sustracción; ya que, él autorizó su viaje al departamento de Cochabamba; en virtud a que, emergente de un proceso de divorcio con una acuerdo regulador homologado por sentencia, se acordó que: “…el padre tendría la guarda de su hija únicamente por el periodo de dos años…” (sic); autorizándose el traslado de la menor al referido departamento; por lo que, no hubo dicha sustracción; y, 2) En lo que respecta al Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, antes de proceder a ejecutar el requerimiento fiscal, debieron haber indagado los antecedentes del caso; ya que, no recibió ninguna ayuda de esas dependencias del Estado.
Lizeth Aizamani Quinteros, Fiscal de Materia, por informe escrito de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 113 a 114 vta., sostuvo que: i) Mediante proveído de 22 de igual mes y año, el Fiscal Departamental de Cochabamba la comisionó para dar cumplimiento a lo solicitado por Paulo Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia, de notificar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, a la FELCC, coordinar la toma de declaración informativa de Dara Isabel Cuéllar Melgar -madre de la infante-, y la ejecución de todas las medidas necesarias para recuperar y entregar a la menor a su progenitor; ii) El 24 del mismo mes y año se encontraba llevando a cabo una audiencia virtual con aprehendido;
empero, la madre de AA irrumpió su oficina golpeando la puerta, pretendiendo hablar con su persona sin entender razones; dado que, se rehusó a ser notificada con la orden de citación dispuesta en solicitud de cooperación; y, iii) Se considere los presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento indebido. La representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia de garantías manifestó que fue notificada con un requerimiento fiscal de la Fiscalía Departamental de Beni, ordenando su intervención en la recuperación de la menor y la entrega a su padre; para lo cual, se constituyó en la unidad educativa de la citada infante, en la que informó a la Directora de esa institución el motivo de su presencia; sin embargo, pese a la explicación, se contactaron con la madre de AA, lo cual generó una situación adversa a la menor, a quien el equipo multidisciplinario entrevistó y no mostró resistencia de retornar con su padre; por lo que, solicitó se declare la improcedencia de la acción de libertad. El Director de la FELCC -no señaló su nombre-, en audiencia de garantías manifestó que carece de legitimación pasiva para ser demandado; sin embargo, los funcionarios policiales ante la solicitud de cooperación efectuada por requerimiento fiscal, actuaron en el marco de la ley. Al operar en el caso la subsidiariedad excepcional, debe declararse la improcedencia de la acción de libertad. El Director de la FELCV -no indicó su nombre-, en audiencia de garantías, sostuvo que no tuvo participación alguna en el caso que dio lugar a la presente acción de defensa; por lo que, desconoció los antecedentes y la identidad de los funcionarios policiales que intervinieron; en tal sentido, pidió se identifique adecuadamente a los demandados. Harley Arnoldo Arauz Datzer, en audiencia de garantías, manifestó que interpuso una denuncia penal por el delito de substracción de menor contra Dara Isabel Callau Melgar -madre de su hija-, que se encontraba en curso y contaba con una “…sentencia de divorcio que habría homologado el documento transaccional de 24 de febrero de 2022, respecto a la guarda legal de su hija que habrían acordado con la accionante a su favor…” (sic); empero, con engaños la antes nombrada consiguió su autorización para llevar a la infante a la ciudad de Cochabamba, solo por vacaciones del 27 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023; sin embargo, transcurrido ese tiempo la menor no retornó a su lado; motivo por el cual, solicitó se declare su improcedencia por subsidiariedad.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 02/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 118 a 123 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El 24 de agosto de 2020, los padres de AA -accionante-suscribieron un documento en el que establecieron la guarda de la infante a favor del padre por el tiempo de dos años; dicha literal, fue homologada a través de la Sentencia 23/2020 de 5 de octubre, emitida por la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni; empero, la progenitora de la menor planteó varias demandas de revocatoria de guarda que fueron rechazadas y apeladas, no existiendo una resolución firme; b) El 3 de febrero de 2023, Harley Arnoldo Arauz Datzer -hoy demandado- presentó una denuncia por el delito de sustracción de menor, indicando que el 28 de diciembre de 2022, la madre de AA logró que su hija viaje a Cochabamba por vacaciones, incomunicándola de su padre desde ese momento; c) El 13 de febrero de 2023, la autoridad fiscal del citado departamento, emitió un requerimiento fiscal a fin de lograr la recuperación inmediata de la menor, mismo que fue efectivizado en el colegio de la niña el 24 de igual mes y año, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como por funcionarios policiales de la FELCC, ambos de Cochabamba, al existir un documento homologado por autoridad jurisdiccional competente que se encontraba vigente sin que exista otra determinación judicial que determine lo contrario; y, d) La madre de la menor no debió asumir medidas de hecho para obtener la guarda de su hija, desobedeciendo la ley y la eficacia de las determinaciones judiciales, siendo estas de cumplimiento obligatorio.
Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de ese Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Acuerdo Transaccional Pre-Desvinculatorio de 24 de agosto de 2020 (fs. 90 a 91 vta.). II.2. A través de Sentencia 123/2020 de 5 de octubre, la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, resolvió declarar: 1) Disuelto el vínculo matrimonial entre Harley Arnoldo Arauz Datzer -demandado y padre de AA- y Dara Isabel Callau Melgar -madre de AA-; 2) En ejecución de sentencia ordenó la cancelación de la Partida Matrimonial 15, Folio 15, Oficialía de Registro Civil COL 80302002, Libro 2, en el aludido departamento; y, 3) Se homologa el acuerdo regulador de divorcio suscrito entre partes de 24 de agosto de 2020, reconocido en sus firmas ante notario de fe pública (fs. 88 a 89 vta.).
II.3. Se tiene Auto Interlocutorio 425/2021 de 26 de agosto, pronunciado por la precitada Jueza, de admisión de demanda incidental de revocatoria de guarda interpuesta por Darla Isabel Callau Melgar; por medio del cual, de oficio modificó el régimen de visitas a fin de que recoja a su hija de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 y un domingo, y luego devolverla al hogar paterno (fs. 14 a 15). II.4. Consta Auto Definitivo 09/2022 de 15 de marzo, dictado por la aludida autoridad judicial, que en atención a la demanda incidental formulada por la madre de AA, en sustanciación y resolución, declaró improbada la demandada de revocatoria de guarda por no haberse demostrado la concurrencia de la causal establecida en el art. 216.II del Código de Familia y del Proceso Familiar (CFPF) y el presunto daño psicológico inferido por el progenitor a la menor (fs. 10 a 13 vta.). II.5. Mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, ante la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, la madre de AA recurrió en apelación el Auto Definitivo 430/2022 de 12 de septiembre, que rechazó su solicitud de cumplimiento de una sentencia ejecutoriada y la restitución de la custodia de su hija; pues, la guarda y tutela de la misma quedó a cargo del padre solo por dos años, mismos que se cumplieron el 24 de agosto de 2022 (fs. 2 a 3 vta.). II.6. Cursa Actas Notariales 32/2023 de 30 de enero, labrada por Érika Mertens Núñez Vela, Notaria de Fe Pública 7 de Beni, en cuyo contenido tiene una conversación extraída de los números telefónicos 72813454, del solicitante Harley Arnoldo Arauz Datzer y el 72812490 -se entiende de la madre de AA- (fs. 97 y vta.). II.7. Por memorial presentado el 1 de febrero de 2023, el padre de AA, solicitó a la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, a fin de que se haga cumplir la sentencia que emitió dicha autoridad y se le restituya la guarda de su hija menor de cinco años de edad, y sea mediante orden ejecutorial dirigida a la Directora de la citada Defensoría; por lo que, mereció la providencia de 6 de febrero de 2023, indicando que: “Efectivamente la guarda legal de la niña L.A.C. que fue conferida al progenitor por acuerdo de partes mediante documento de fecha 24 de Agosto de 2020 (…) reconocido en sus firmas ante Notario de fe pública la misma que no ha sido revocada ni modificada por otra resolución judicial es decir, que continua vigente…” (sic); la cual, corrió en traslado a la madre de la menor (fs. 105 a 108).
La accionante a través de su representante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso; y, de los principios de legalidad, favorabilidad, pro actione o de la impugnación, certeza y proporcionalidad; toda vez que, el 24 de febrero de 2023, de forma abrupta fue sacada del colegio por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y funcionarios policiales de la FELCC y la FELCV, desconociendo su paradero al momento de la activación de la presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0971/2019-S2 de 21 de octubre, indicó que: “La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala: Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)'. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, con el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: 'La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…'. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por la subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales. Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: '…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…'; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre” (énfasis adicionado).
Sobre el tema, la precitada SCP 0971/2019-S2, concluyó que: “Conforme al art. 57.I del CNNA, la guarda tiene por finalidad 'el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente, con carácter provisional. Es otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna' Así, en el artículo 58 del CNNA, indica las clases de guarda, señalando: a. Por desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en Materia de Familia; y b. La guarda otorgada por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña, niño o adolescente, sujeta a lo dispuesto en este Código. Ahora bien, respecto a la competencia, el art. 222.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- determina que: 'La guarda es competencia del Juzgado Público en Materia Familiar cuando es emergente de la desvinculación conyugal y excepcionalmente en caso de asistencia familiar, en las demás situaciones es atribución del Juzgado Público en Materia de Niñez y Adolescencia'. En esa línea, tal como lo establece la SCP 1028/2016-S3 de 28 de septiembre, señalo que: …en todos aquellos casos en los que exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor de edad -sea por acuerdo homologado o resolución judicial de guarda- mediando en consecuencia la intervención del juez especializado, dicha determinación debe ser respetada y cumplida en sus alcances y efectos por ambos progenitores, sin que ninguno de ellos pueda apartarse de esa decisión judicial... Sin embargo, tal como lo establece el art. 62 del CNNA 'La guarda podrá ser revocada mediante Resolución Judicial, de oficio o a instancia de parte, considerando los informes ordenados y después de haber oído a la niña, niño o adolescente', de ahí que el informe que deberá ser emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -instancia encargada de realizar el seguimiento a esta medida según dispone el art. 60.II del referido Código- y posteriormente ser escuchado la opinión de la niña, niño o adolescente; aspectos que deberán ser analizados y evaluados necesariamente por el juzgador a fin de revocar o no, la guarda. En ese sentido al considerarse la institución de la guarda de carácter provisional, la autoridad judicial podrá modificar dicha medida en cualquier tiempo, tal como lo establece, el art. 212.IV del CFPF, el cual aludiendo a la asignación de la guarda de los hijos, establece que: 'La autoridad judicial puede dictar en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, las resoluciones modificatorias que requiera el interés de las y los hijos'; sin que tal decisión pueda ser objeto de impugnación, conforme el art. 272.I de dicho Código” (el resaltado nos pertenece).
De la documentación arrimada al expediente remitido en revisión, se tiene el Acuerdo Transaccional Pre-Desvinculatorio de 24 de agosto de 2020; el cual, en su cláusula Segunda, plasmó el acuerdo de partes respecto a la custodia de la menor AA -accionante-, quien quedaría bajo la tutela, guarda y tenencia legal paterna “…por el plazo de dos años, a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo” (sic); asimismo, en la cláusula Sexta señala que dicho documento podrá ser homologado por cualquier autoridad judicial competente que conozca la causa de divorcio (Conclusión II.1); así también, cursa la Sentencia 123/2020 de 5 de octubre, emitida por la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, quien resolvió declarar: i) Disuelto el vínculo matrimonial entre Harley Arnoldo Arauz Datzer y Dara Isabel Callau Melgar; ii) En ejecución de sentencia ordenó la cancelación de la Partida Matrimonial 15, Folio 15, Oficialía de Registro Civil COL 80302002, Libro 2 en el aludido departamento; y, iii) Se homologa el acuerdo regulador de divorcio suscrito entre partes de 24 de agosto de 2020, reconocido en sus firmas ante notario de fe pública (Conclusión II.2).
De igual forma, cursa Actas Notariales 32/2023 de 30 de enero, labrada por Érika Mertens Núñez Vela, Notaria de Fe Pública 7 de Beni, en cuyo contenido transcribió una conversación del 27 de enero de 2023, suscitada entre los números telefónicos 72813454 del solicitante Harley Arnoldo Arauz Datzer y 72812490 -se entiende de la madre de AA-, de lo que se tiene lo siguiente “Buenas tardes me vas a mandar para comprar el uniforme de la niña y su lista de útiles El miércoles empiezan las clases 12:52” (sic), respondiendo Harley Arnoldo Arauz Datzer “Dara, lo que acordamos fue que la niña viaje a Cochabamba en sus vacaciones para estar contigo y retornaba a Trinidad el 18 de enero para pasar unas clases de apoyo antes de iniciar sus clases, yo confié en ti, pero t[ú] no has cumplido de devolver a la niña, por favor cumple lo acordado y dictaminado por la juez, no perjudique[s] a la niña que ya est[á] inscrita en la salle…” (sic [Conclusión II.6]). Mediante memorial de 1 de febrero de 2023, el padre de AA, solicitó a la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, a fin de que se haga cumplir la sentencia que emitió dicha autoridad y se le restituya la guarda de su hija menor de cinco años de edad, y sea mediante orden ejecutorial dirigida a la Directora de la señalada Defensoría; por lo que, mereció la providencia de 6 de febrero de 2023, refiriendo que “Efectivamente la guarda legal de la niña L.A.C. que fue conferida al progenitor por acuerdo de partes mediante documento de fecha 24 de Agosto de 2020 (…) reconocido en sus firmas ante Notario de fe pública la misma que no ha sido revocada ni modificada por otra resolución judicial es decir que continua vigente…” (sic); la cual, corrió en traslado a la madre de la menor (Conclusión II.7). En el caso en examen, la accionante a través de su representante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso; y, de los principios de legalidad, favorabilidad, pro actione o de la impugnación, certeza y proporcionalidad; toda vez que, el 24 de febrero de 2023, de forma abrupta fue retirada de su colegio por personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y funcionarios policiales de la FELCC y FELCV, desconociendo su paradero al momento de la activación de la presente acción de defensa. En virtud a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal estableció que es posible la presentación directa de esta acción tutelar en aquellos casos donde se encuentren involucrados los derechos de menores de edad, no siendo imprescindible agotar con anterioridad otros mecanismos de defensa.
Una vez precisado el problema jurídico y en atención a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en los casos donde exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor de edad sobre la guarda -sea por acuerdo homologado o resolución judicial-, mediando en consecuencia la intervención del juez especializado, dicha determinación debe ser respetada y cumplida en sus alcances y efectos por ambos progenitores, sin que ninguno de ellos pueda apartarse de esa decisión judicial. Ahora bien, de la documental aparejada por la representante de la impetrante de tutela, se tiene el Auto Interlocutorio 425/2021 de 26 de agosto, pronunciado por la precitada Jueza pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, de admisión de demanda incidental de revocatoria de guarda interpuesta por Darla Isabel Callau Melgar; por medio del cual, de oficio modificó el régimen de visitas a fin de que recoja a su hija de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 y un domingo, y luego devolverla al hogar paterno; posteriormente, a través del Auto Definitivo 09/2022 de 15 de marzo, dictado por la aludida autoridad judicial, que en atención a la demanda incidental formulada por la madre de AA, en sustanciación y resolución declaró improbada la demanda de revocatoria de guarda por no haberse demostrado la concurrencia de la causal establecida en el art. 216.II del CFPF, y el presunto daño psicológico inferido por el progenitor a la menor (Conclusiones II.3 y 4); actuados procesales de los que se puede advertir que la progenitora de la niña, si bien intentó la revocatoria de la guarda de su hija que ostenta el progenitor; empero, no se evidencia que fuera revocada; pues, como se tiene de los antecedentes cursantes en obrados, el Acuerdo Transaccional Pre-Desvinculatorio, homologado a través de la Sentencia 123/2020, continuaría vigente; en tal sentido, el progenitor ahora demandado sostuvo que la madre de su hija, con engaños consiguió su autorización para llevar a la infante a la ciudad de Cochabamba solo por vacaciones del 27 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023; sin embargo, transcurrido ese tiempo, la menor no retornó a su lado; por tal razón, en vigencia del prenombrado Acuerdo homologado, interpuso una denuncia contra la progenitora de la infante por la presunta comisión de substracción de menor; en virtud de la cual, la autoridad fiscal ordenó la recuperación de AA y la entrega a su padre, siendo efectivizada en cooperación por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y funcionarios policiales de la FELCC y FELCV. En ese entendido, la Sentencia 123/2020 que, entre otras, homologó el Acuerdo regulador de divorcio suscrito entre partes -progenitores de AA-de 24 de agosto de 2020, que otorgó la guarda de la niña al padre, emitida por la Jueza de la causa en observancia de la ley especial de la materia, esta determinación no puede ser quebrantada por el accionar unilateral de una de las partes; pues, la guarda se encuentra establecida a favor del progenitor; al respecto, la SCP 1028/2016-S3 de 28 de septiembre, sostuvo que: “…en todos aquellos casos en los que exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor de edad -sea por acuerdo homologado o resolución judicial de guarda- mediando en consecuencia la intervención del juez especializado, dicha determinación debe ser respetada y cumplida en sus alcances y efectos por ambos progenitores, sin que ninguno de ellos pueda apartarse de esa decisión judicial, casos en los cuales el progenitor que considere que esa decisión no es la más adecuada en relación al bienestar físico y psicológico del menor involucrado, debe acudir ante el Juez que conoció el conflicto familiar, de tratarse de hechos punibles corresponde recurrir de forma inmediata ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, instancias imparciales que definirán las medidas y determinaciones conducentes a garantizar el interés superior del menor. Así en el presente caso, al actuar el demandado de manera unilateral y sin dar aviso a la autoridad jurisdiccional competente, lo que hizo fue situar su actuación al margen de la legalidad y de la decisión previa de quien -aún en homologación- definió la guarda del menor” (el resaltado es nuestro); de modo que, la madre de la infante se encuentra obligada a respetar la guarda que ejerce el padre de la niña, en tanto el Acuerdo homologado se encuentre vigente. Por otra parte, con respecto a la pretensión de la devolución inmediata de AA al seno materno por parte de la representante, dicha solicitud concierne que sea puesta a conocimiento de la Jueza de la causa -en materia familiar-, más no así a la justicia constitucional, siendo la nombrada autoridad la idónea para resolver la misma; consiguientemente, incumbe denegar la tutela al respecto. De igual forma, en lo concerniente a la solicitud que se deje sin efecto la persecución igualmente pedida por la representante de la menor AA, además, cualquier mandamiento que exista por la supuesta comisión del delito de sustracción de menor (pese que en el caso de autos la problemática se circunscribe a la pretensión únicamente de la menor de edad AA), cabe señalar que la acción de libertad “…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro” (SCP 0037/2012 de 26 de marzo); de cuya naturaleza jurídica, se evidencia que la petición de la madre de la niña no se encuentra dentro del referido marco jurisprudencial, correspondiendo a la aludida progenitora acudir a la instancia pertinente, a efectos de obtener el pronunciamiento que requiere a través de esta acción de libertad; asimismo, cabe aclarar que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0135_2023-S2_id64306.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26be1e1b06c1753c75fb71ae0c014f2bbf544a8a1410be8cdc45aa10069e4c07
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